REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Exp. Nº KP02-G-2013-000025
En fecha 08 de agosto de 2013, fue recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, escrito presentado por las abogadas María Alejandra Cardozo e Isabel Castro Dávila, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 92.186 y 170.053 respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO LARA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, ciudadana Amalia Sáez, por amenazas a la garantía del derecho a la propiedad.
En fecha 09 de agosto de 2013, se recibió en este juzgado el presente recurso. Mediante auto de fecha 16 de septiembre del mismo año, se dictó auto admitiendo la acción interpuesta
Mediante diligencia del 08 de agosto de 2014, la abogada María Cardozo, ya identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignó diligencia a través de la cual manifestó que desistía del presente procedimiento.
Revisadas las actas procesales este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:
I
DE LA DEMANDA INTERPUESTA
Mediante escrito consignado en fecha 08 de agosto de 2013, la parte actora alegó como fundamento de su demanda y medida las consideraciones de hecho y de derecho señaladas a continuación:
Que “Es el caso ciudadana Jueza, que dentro de la superficie del inmueble en referencia, la Alcaldía del Municipio Iribarren enclavó una valla metálica lo suficientemente visible, en la que publico lo siguiente: “AQUÍ SE CONSTRUIRA LA PLAZA HUGO CHAVEZ”, y en la parte inferior izquierda se puede observar claramente el logo Institucional de la Alcaldía del Municipio Iribarren, en el que dice: “ALCALDIA DE IRIBARREN. CON AMALIA BARQUISIMETO GANA”, situación que está Amenazando la posesión pacifica del bien perteneciente a la Gobernación del Estado Lara”. (Mayúsculas y negritas de la cita).
Alegó que “(...) cabe a destacar que el Consejo Comunal “Mama Pancha”, organizado igualmente en Asociación Civil y Organización Comunitaria de Vivienda y Habitad “La Esperanza”, en reiteradas comunicaciones dirigidas al Gobernador del Estado Lara, ha planteado al Ejecutivo la necesidad que posee la comunidad ubicada en la Concha Acústica, de ejecutar un proyecto habitacional que solucione el déficit de viviendas; siendo la última de ellas de fecha 03 de octubre del año 2011, en la cual solicitan “…que el lote de terreno para el desarrollo habitacional ubicado en la calle 25 entre carreras 15 y 16, el cual hemos venido tramitando a través del Consejo Comunal Mama Pancha, sea DONADO a nuestra Organización Civil de Vivienda (O.C.V.) la Esperanza.” (…)”. (Mayúsculas y negritas de la cita).
Que, “(…) procurando dar prioridad como corresponde el derecho de los larenses a tener una “vivienda digna”, en fecha 25 de julio de 2012, el ciudadano Gobernador del Estado Lara, Henri Falcón Fuentes, remitió al Coordinador de la Comisión de Enajenación de Bienes e inmuebles procediera a realizar el proceso de Enajenación bajo la modalidad de Donación de los terrenos antes señalados, a la Asociación Civil y Organización Comunitaria de Vivienda y Habitad “La Esperanza” (…)”. (Mayúsculas y negritas de la cita).
Finalmente, “Que sea declarado CON LUGAR la presente pretensión y en consecuencia se ORDENE a la ciudadana Profesora Amalia Sáez, en su carácter de Alcaldesa del Municipio Iribarren, restituya la situación jurídica infringida, la cual se materializa en la amenaza del derecho de propiedad de la Gobernación del estado Lara al pretender darle un uso distinto al inmueble que le pertenece, cuyo elemento de decidir el uso le corresponde única y exclusivamente a su propietario, la Gobernación del Estado Lara.
II
DEL DESISTIMIENTO
En fecha 08 de agosto de 2014, la parte demandante, consignó diligencia mediante la cual señaló que “(…) DESISTO de la presente acción por vías de hecho incoada, por lo que solicito la homologación del presente desistimiento con el posterior cierre y archivo del expediente (…)”.
III
DE LA COMPETENCIA
Primeramente, debe este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.
En este sentido, se debe indicar que el fuero atrayente de los distintos órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso administrativa, se encuentra delimitado en las disposiciones previstas por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que –salvo disposición en contrario- la regla es que en esta materia deba prevalecer una competencia especializada para conocer de los litigios en los cuales sea parte la Administración Pública.
Es claro pues, que el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa se delimita en razón de que en esa relación jurídico procesal debe intervenir una persona jurídico estatal ya sea de derecho público o privado, y en donde primordialmente se someten a control judicial actos, hechos y relaciones jurídico administrativas, estos es, conductas originadas por la actividad administrativa.
Así, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010, reimpresa por error material y publicada en la Gaceta Oficial N° 39.451, del 22 de junio de 2010, se concibió un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente de su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.
En el presente asunto, el legitimado activo está representado por un instituto autónomo perteneciente al Estado Lara, con lo cual ha encontrado operatividad los artículos 7, 8, 9 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y para el caso en concreto lo previsto en el artículo 25 numeral 1 eiusdem, cuyo contenido es el siguiente:
“Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…)
1. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede, de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
…omissis…”.
La anterior disposición consagra la competencia en razón del carácter orgánico para el conocimiento de acciones de contenido patrimonial, limitando la competencia de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, al conocimiento de aquellas demandas interpuestas contra la República, los estados, municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa en la cual alguno de los entes mencionados ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración, si la cuantía del asunto no excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), salvo que su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal.
En este sentido, cabe determinar si en el presente caso se encuentran satisfechos los anteriores requisitos, para lo cual se observa:
En primer lugar, para el caso de autos la demanda ha sido interpuesta por un instituto autónomo adscrito a la Gobernación del Estado Lara contra un particular, por lo que se encuentra cubierto el primer requisito.
En segundo lugar, se observa que al ostentar la legitimación activa un órgano de la Administración Pública Estadal, opera el fuero atrayente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y no estando atribuido su conocimiento a otro Tribunal, se estima satisfecho igualmente este requisito.
Por último, se desprende del escrito libelar que la presente acción no excede las treinta mil (30.000) unidades tributarias que como límite de competencia en razón de la cuantía tienen los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, encontrándose cubierto dicho requisito.
Por lo tanto, este Juzgado en estricto acatamiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, determina que se encuentra verificada su competencia para conocer y decidir el presente asunto, y así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Conforme a las disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, al lado de la solución jurisdiccional de la litis que se perfecciona con la sentencia definitiva que ha de ser dictada, existe la resolución convencional de la controversia, esto es, que las partes llevan a los Jueces sus respectivas peticiones poniendo fin al proceso, siendo que a estos modos anormales de terminación del proceso la doctrina los ha denominado “equivalentes jurisdiccionales”, “autocomposición de la litis” o “resolución convencional del proceso”.
En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico se permite la autocomposición procesal en cualquier estado y grado del proceso, la cual presenta diversas formas de manifestación, a saber: i) Bilaterales (transacción y conciliación), siendo necesario para su configuración que medie la voluntad de todas las partes intervinientes en el juicio, es decir, que las mismas presentan un carácter consensual; ii) Unilaterales (desistimiento y convenimiento de la demanda), que operan ya sea por voluntad del actor (desistimiento) o del demandado (convenimiento), sin necesidad del consentimiento expreso de la otra parte, salvo que se efectúe después del acto de contestación de la demanda. (Vid. RENGEL ROMBERG, Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, pág. 32y sig.).
En el presente caso, la parte demandante presentó su desistimiento al procedimiento instaurado, lo que lleva a esta Instancia Judicial a citar lo previsto en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente en materia contencioso administrativa por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales disponen:
“Artículo 263. En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.
Artículo 264. Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”.
Por su parte, el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, contempla lo siguiente:
“Artículo 265. El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria.”
Se desprende de las disposiciones transcritas, la posibilidad que tienen las partes a través del mecanismo de autocomposición procesal (desistimiento), de determinar los límites de las situaciones jurídicas controvertidas, y de allí que -esencialmente- tenga efectos declarativos con carácter de cosa juzgada.
Efectivamente, el artículo 264 trascrito supra exige del Juez la obligación de constatar antes de otorgar la homologación del desistimiento, que el mismo no verse sobre materias en las cuales esté prohibida la transacción, así como verificar que las partes que suscriban el acuerdo posean capacidad para disponer de las cosas comprendidas en el mismo.
Así pues, la institución del desistimiento como forma de autocomposición procesal constituye uno de los medios alternativos de resolución de conflictos de que disponen la partes para llegar a un termino satisfactorio de sus respectivas pretensiones y poner fin a un determinado juicio; por lo que observado el desistimiento presentado y cumpliendo dicho acto con las disposiciones constitucionales y legales que lo regulan, el juez ante el cual se presente el desistimiento, está en el deber de impartirle la correspondiente homologación otorgándole el carácter de cosa juzgada.
Ahora bien, precisada la inequívoca intención de la representación judicial de la parte demandante de dar por concluido el juicio, este Órgano Jurisdiccional debe -a los fines de proceder a la homologación o no del desistimiento presentado- tener en cuenta principalmente las facultades conferidas para tal actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas del ordenamiento jurídico vigente aplicables, con el propósito de constatar si se encuentra facultada dicha representación judicial para desistir de la presente demanda de contenido patrimonial.
En tal sentido, en este caso concreto se observa de las actas procesales que integran el expediente judicial lo siguiente:
Que el gobernador del Estado Lara ciudadano Henri Falcón, mediante acta autoriza expresamente a la abogada María Alejandra Cardozo Tua, ya identificada a desistir del recurso por vías de hecho de la causa KP02-G-2013-000025, que cursa ante este Juzgado, intentado por la Procuraduría General del Estado Lara, contra la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, (folio 67 del presente expediente), el cual en ningún momento le fue revocado ni limitado respecto a tal actuación.
Por lo tanto, demostrada la capacidad de la referida abogada para desistir en el presente asunto, y visto igualmente que no es contrario al orden público, a las buenas costumbres ni tampoco se encuentra sujeta a materias que estén prohibidas, siendo inequívoca su manifestación. En consecuencia, se estima que el formal desistimiento del procedimiento presentado por la parte demandante, debe tenerse como realizado y con todos sus efectos jurídicos, y así se decide.
Finalmente, se deja constancia que en el presente caso no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que el desistimiento presentado se hizo con anterioridad al acto de contestación.
V
DECISIÓN
En razón de lo anterior, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO del procedimiento presentado la abogada María Alejandra Cardozo Tua, ya identificada, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en la presente demanda de contenido patrimonial interpuesta contra la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, de conformidad con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
SEGUNDO: se le otorga el carácter de cosa juzgada, en los términos previstos en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Se ordena el archivo oportuno del presente asunto.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
El Juez Temporal,
José Ángel Cornielles Hernández
La Secretaria Temporal,
Lisbet Yelitza Antillano Brito
Publicada en su fecha a las 03:00 p.m.
La Secretaria Temporal,
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