REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA Valencia, 12 de junio de 2015 Años 205º y156º Asunto: GP02-N-2011-000187 PARTE DEMANDANTE: FUNDACION INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD) institución creada mediante decreto emanado del Gobernador del Estado Carabobo, signado con el No. 623/305-A de fecha 27 de diciembre de 1993, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo, edición extraordinaria No. 490 de la misma fecha y registrados sus estatutos por ante la Oficina Subalterna del primer Circuito de Registro del Distrito Valencia del Estado Carabobo en fecha 10 de febrero de 1994, bajo el No. 24, folios 1 al 5, Protocolo Primero, Tomo No. 20. Apoderadas judiciales: Abogadas ROSA ISABEL SANCHEZ, LUISA ELENA MENDOZA SEQUERA, MARIEN ALEJANDRA LENCE CORVO, MONICA PATRICIA UZCATEGUI BALZA y ROSANA NATALY PAREDES ESCALONA inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 68.230, 35.128, 135.445, 142.174 y 141.826 (folios 07-09). ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA RECURRIDA: Providencia Administrativa No. 0071-2011 dictada en fecha 16 de febrero de 2011 por la Inspectora del Trabajo Municipios Valencia, Parroquias El Socorro, Santa Rosa, La Candelaria, Miguel Peña, Municipios Libertador, Bejuma Montalbán y Carlos Arvelo, expediente No. 069-2010-01-00042. ASUNTO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA La presente demanda de Nulidad fue introducida en fecha 12 de junio de 2012 por la abogada MARIEN LENCE CORVO inscrito en el IPSA bajo el No. 135.445, actuando en su carácter de apoderado judicial de la FUNDACION INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD), constante de 06 folios y anexos en 15 folios. Por auto de fecha 19 de septiembre de 2011 se dio por recibida la demanda, admitiéndose por auto de fecha 21 de septiembre de 2011 y librándose las respectivas notificaciones. El alguacil del Tribunal en fecha 27 de enero de 2012 el alguacil informó la notificación efectiva al Ministerio Público; en fecha 29 de febrero de 2012 informó la imposibilidad de notificar al tercero; en fecha 02 de marzo de 2012 informó la notificación efectiva a la Inspectoría del Trabajo. Mediante diligencia de fecha 27 de marzo de 2012 la abogada LUISA ELENA MENDOZA, solicita la notificación del Procurador General de la República y al tercer interesado. Previa solicitud de la parte recurrente, por auto de fecha 30 de mayo de 2012, se libró boleta al tercero interesado y exhorto para la notificación del Procurador General de la República (folios 105-109) Por auto de fecha 03 de octubre de 2012, se abocó al conocimiento de la causa la Jueza, Abogada EDUARDA DEL CARMEN GIL y se libraron las respectivas comunicaciones. Comparece el alguacil en fecha 16 de noviembre de 2012 e informa la notificación practicada a la Inspectoría del Trabajo César “Pipo” Arteaga, al Ministerio Público; asimismo en fecha 31 de enero de 2013 informó la notificación efectiva a la parte recurrente; ahora bien, se estiman necesarias las siguientes consideraciones para proveer sobre la sustanciación de la causa en los siguientes términos: I DE LA COMPETENCIA En primer término, corresponde a este órgano jurisdiccional pronunciarse en torno a su competencia para conocer la demanda de nulidad de marras, en función de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: Mediante sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectoría del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. En efecto, a través del referido fallo la Sala Constitucional señaló: En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara. En función de lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. En consecuencia y por cuanto la presente demanda persigue la nulidad de la Providencia Administrativa No. 0071-2011 dictada en fecha 16 de febrero de 2011 por la Inspectora del Trabajo Municipios Valencia, Parroquias El Socorro, Santa Rosa, La Candelaria, Miguel Peña, Municipios Libertador, Bejuma Montalbán y Carlos Arvelo, expediente No. 069-2010-01-00042, se declara la competencia para conocer el presente asunto. Así se declara. Ahora bien, en sintonía con la anterior resolutoria, este órgano jurisdiccional considera que la pretensión de nulidad deducida en la presente causa requiere el proveimiento de una sentencia declarativa que, a su vez, amerita se transite por un proceso que permita el examen de los elementos probatorios que darán plena certeza al juzgador para dictar su sentencia, lo que escapa del marco competencial que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo confiere a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y se corresponde con las funciones propias de los Tribunales de Juicio del Trabajo, tal como se desprende del Título II de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de sus artículos 17 y 18, todo lo cual se compadece con la naturaleza del procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para los casos como el de marras, lo cual quedó establecido en la Sentencia N° 977 del 5 de agosto de 2011 de la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal. En fuerza de tales consideraciones, acepta la competencia para conocer y decidir la presente causa tal como lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena en fecha 07 de agosto de 2012. Así se declara. II DE LA PERENCION DE LA INSTANCIA Determinada, como ha sido, la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer la causa y luego de revisadas las actuaciones que conforman el presente expediente, se advierte que la última actuación de parte ocurrió en fecha 27 de marzo de 2012 la recurrente impulso las notificaciones, y abocada como fue la nueva Jueza fue notificada la recurrente en fecha 31 de enero de 2013, y hasta la presente fecha ha transcurrido más de un -01- año sin que haya ejecutado algún acto procesal tendente a la prosecución de la causa, por lo que se estiman necesarias las siguientes consideraciones: El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Juez, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.” A partir del dispositivo anteriormente transcrito, puede deducirse que la figura procesal de la perención encuentra justificación, por una parte, en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar Justicia; y por la otra, en la presunción de abandono del procedimiento de la parte sobre quien recae la carga de dar el impulso procesal necesario, vista su inactividad durante el plazo de un (1) año establecido por la ley, lo cual comporta la extinción del proceso. Como consecuencia de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No hay condenatoria en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA. Publíquese, regístrese y déjese copia. En Valencia, a los (12) días del mes de junio de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación. La Jueza, ABG. EDUARDA DEL CARMEN GIL La Secretaria, ABG. MARIA LUISA MENDOZA. En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 09:20 a.m. La Secretaria, ABG. MARIA LUISA MENDOZA EXP.GP02-N-2011-000187 12/06/2015 EG/dc.-