TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
Sala 2 Corte de Apelaciones Penal - Valencia
Valencia, 10 de Marzo de 2015
Años 204º y 156º

ASUNTO: GP01-R-2015-000050
PONENTE: DEISIS DEL CARMEN ORASMA DELGADO.-

Cursan en esta Sala las actuaciones correspondientes al Recurso de Apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal de la Sala de Flagrancia, Abg. WILMER VARGAS, en la audiencia de presentación de imputado, de fecha 02 de Febrero de 2015, con efecto suspensivo de conformidad con lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, contra la decisión dictada en Sala en esa misma fecha, por el Juez de Primera Instancia en función de Control Nº 06 del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, mediante el cual acordó la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, a la imputada PERDOMO MORALES ALCIRA COROMOTO, por la presunta Comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el articulo 322 EN RALACION CON EL ARTICULO 319 ambos del Código Penal. Expuesto en Sala, alegatos por la Defensa y publicado el auto motivado por la Jueza a quo, se remite la actuación a la Corte de Apelaciones.

En fecha 04 de Febrero de 2015, se dio cuenta en esta Sala de Corte de Apelaciones, del recurso de apelación, correspondiendo la ponencia a quién con tal carácter suscribe Abg. DEISIS ORASMA DELGADO.-

En fecha 19-02-2015, asume nuevamente el conocimiento del presente recurso la Jueza Superior Nº 06 MORELA GUADALUPE FERRER BARBOZA, luego de reincorporarse del disfrute legal de sus vacaciones correspondientes por ley, las cuales fueron aprobadas por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, constituyéndose la Sala conjuntamente con las Juezas Superiores integrantes de esta Sala Nº 02 de Corte de Apelaciones Jueza Nº 04 ELSA HERNANDEZ GARCIA y Nº 05 DEISIS ORASMA DELGADO

Cumplidos los extremos de ley, se procede a verificar los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación, exigidos de conformidad con lo establecido en los artículos 428 y 439 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de proceder a decidir el fondo de conformidad con lo establecido en el artículo 374 ejusdem, en los siguientes términos:

PRIMERO: Se declara legitimado el representante de la Fiscalía de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, Abogado WILMER VARGAS, para interponer el presente recurso.

SEGUNDO: El recurso fue interpuesto en la audiencia de presentación de imputado de fecha 02 de Febrero de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se considera temporáneo.

TERCERO: Se trata de una decisión apelable y en consecuencia se declara admitido.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 432 y 374 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala pasa a pronunciarse sobre la cuestión planteada, en los siguientes términos:

PLANTEAMIENTO DEL RECURSO

En la audiencia de presentación de imputado de fecha 02 de Febrero de 2015, la Jueza a quo acordó MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, a la imputada ALCIRA COROMOTO PERDOMO MORALES, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, en los siguientes términos:
“…PRIMERO: efectivamente nos encontramos ante la presencia de hechos punibles que merecen pena privativa de libertad, el cual no se encuentra prescrito dada la data de su ocurrencia, tal como lo ha calificado provisionalmente el Ministerio Público, como lo es: USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el Art. 322 del Código penal

Venezolano en relación al Art. 319, Existiendo plurales elementos de convicción para que en esta etapa primigenia se presuma la autoría del imputada, tal como se desprende del acta policial suscrita por los funcionarios aprehensores, dando cabida de esta manera, a la presunción legal de peligro de fuga, visto la entidad del delito, es por lo que este Juzgado Se aparta de la solicitud de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD y le Decreta una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de conformidad con lo establecido el Art. 242 Ordinales 3, 4 , 6 y 9 Presentación cada 5 días, Prohibición de acercarse a los familiares de la victima y Prohibición de salida del Estado Carabobo...”

Siendo que, una vez pronunciada la decisión donde se acordó la Medida Cautelar Sustitutiva a Privativa de Libertad, el representante del Ministerio Público, apeló de la misma en los siguientes términos:

“…El Ministerio Publico interpone en este avcto de Conformidad con los establecido 374 y 430 del COPP, ejerce el Recurso de Apelación con efecto suspensivo, en virtud que muy respetuosamente manifiesto estar en DESACUERDO con la Medida Otorgada por el Tribunal, por cuanto si bien es cierto la Ciudadana Alcira Perdomo no posee antecedentes, ni registro policiales, no es menos cierto que se esta en presencia de un hecho punible cuyo limite máximo de la pena excede de los 10 años de prisión, lo que hace evidente y puede presumirse el peligro de fuga, establecido en el Art 237, del COPP, por otra parte el Ministerio Publico considera necesario Resaltar que de las actuaciones que conforman el presente expediente que la ciudadana que figura como imputada en el presente acto, pretendió lograr la entrega de un cadáver de un ciudadano con quien compartió una relación por el tiempo de un año aproximadamente y en su intento de logra la entregar del cadáver esta ciudadana presento copia simple de una cedula de identidad con datos falso del hoy occiso Así mismo fundamenta el efecto suspensivo del Mencionado código, en virtud de las multiplicidad de victimas ya que sus familiares consanguíneos lograron alertar a las autoridades y de no ser de por ellos lograría la entrega del cadáver, afectando de esta manera a los familiares del hoy occiso, quien por derecho son quienes deben tramitar la entrega del cuerpo sin vida de su familiar…”

La defensa por su parte expuso lo siguiente:

“…Si bien es cierto es un derecho que tiene de ejercer la Apelación no suspende la ejecución de su decisión antes decretada, el ministerio publico pretende hacer uso del efecto suspensivo en atención a las múltiples victimas, que ninguna están acreditadas legalmente dado que no presentaron ningún documentó legal como lo es la partida de matrimonio o la cedula laminada del hoy occiso. Como se acredita la relación consanguíneo del hermano, este delito atenta es contra la fe publica, la victima es el estado venezolano, no un particular, el delito lo fundamento bajo el Código Penal, el capitulo define muy bien la cualidad de victima que es el Estado Venezolano, no se pueden acreditar multiplicidad de victima ya que no se individualizaron solicito se Desestime el Efecto Suspensivo…”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Al analizar la apelación interpuesta por el representante del Ministerio Público, en la audiencia de presentación de imputado, esta Sala observa que el mismo se centra en apelar de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa Judicial de Libertad, acordada a la ciudadana ALCIRA COROMOTO PERDOMO MORALES, ejerciendo el efecto suspensivo que establece el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando su desacuerdo con la mencionada medida, al considerar que en el caso de marras se esta en presencia de un hecho punible cuya pena probable a imponer presume el peligro de fuga además manifiesta el recurrente que del contenido de las actuaciones presentadas, culpan a la imputada de autos en los hechos que se ventilan.

La Sala advierte que el efecto suspensivo deviene de la interposición de un recurso de apelación que se presente en la audiencia de presentación de imputado, en atención al contenido del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal con vigencia anticipada que establece:

Artículo 374. La decisión que acuerde la libertad del imputado o imputada es de ejecución inmediata, excepto, cuando se tratare de delitos de: homicidio intencional, violación,; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas, y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, o cuando el delito merezca pena privativa de libertad que exceda de doce años en su límite máximo, y el Ministerio Público ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia, en cuyo caso se oirá a la defensa, debiendo el Juez o Jueza remitirlo dentro de las veinticuatro horas a la Corte de Apelaciones.
En este caso, la Corte de Apelaciones considerará los alegatos de las partes, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de recibo de las actuaciones.”

Al respecto la Sala estima necesario realizar las siguientes consideraciones: Del artículo trascrito, en primer lugar se desprende que el delito imputado por el Ministerio Público, es el de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el articulo 322 en relación al articulo 319 ambos del Código Penal, el cual en su limite máximo supera los doce años, por lo que aplica el contenido citado; y en segundo lugar que la decisión que acuerde la libertad del imputado o imputada tendrá efecto suspensivo hasta que la corte de apelaciones dicte la respectiva resolución en cuanto a la apelación interpuesta, no asistiendo la razón a la defensa en cuanto a este aspecto, es por lo que se concluye que la juzgadora a quo, actuó en total apego al contenido legal señalado, aplicando el efecto suspensivo a la medida que acordara, tratándose de una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD.

En tal sentido la Sala Constitucional, en sentencia 592 de fecha 25 de marzo de 2003, estableció:

“Ahora bien, en desarrollo de la Constitución, y con total apego a los derechos fundamentales allí enunciados, el legislador patrio promulgó el Código Orgánico Procesal Penal, el cual se erige como un instrumento jurídico que resguarda los derechos y garantías constitucionales del imputado y el acusado. De esta forma, el artículo 1° del referido Código establece la obligación de respetar el debido proceso, de acuerdo al derecho previsto en el artículo 49 de la Carta Magna, en relación con el cual esta Sala ha sostenido lo siguiente:

“El derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. En este sentido, la Sala, mediante decisión del 15 de marzo de 2000, (caso: Enrique Méndez Labrador), señaló la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva” (Sentencia n° 2174 de esta Sala, del 11 de septiembre de 2002, caso: Transporte Nirgua Metropolitano C.A.).

“…Con base en lo anterior, resulta menester examinar las pretendidas infracciones constitucionales; y al respecto, se observa que corre inserta a los folios 25 al 29 del expediente, copia del acta de la audiencia de presentación del aprehendido ante el Tribunal de Control, en la cual consta que el juez acordó la libertad del imputado dado que consideró írrita su detención, por no estar precedida de la orden correspondiente, expedida por un tribunal competente. De acuerdo a lo plasmado en dicha acta, “el Ministerio Público a través de lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito (sic) el efecto suspensivo de la decisión dictada por este Tribunal”; por ende, el juez acordó tal efecto, conforme a la norma referida.
En relación a lo anterior, visto que el juzgador actuó con total apego a la Ley, puesto que fundamentó su decisión en el artículo 374 de la Ley procesal penal, resulta menester examinar dicha disposición, la cual es del siguiente tenor:
“Cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad menor de tres años en su límite máximo y el imputado tenga antecedentes penales; y, en todo caso, cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad de tres años o más en su límite máximo, el recurso de apelación que interponga en el acto el Ministerio Público contra la decisión que acuerde la libertad del imputado, tendrá efecto suspensivo (...)”
Por lo tanto, cuando el juzgador acuerde la liberación del imputado y el Ministerio Público ejerza el recurso de apelación contra tal decisión, la misma se suspenderá provisionalmente, mientras se tramita el conocimiento del caso en alzada. Así, es posible afirmar que se trata de una medida de naturaleza instrumental y provisional, cuya eficacia está limitada en el tiempo, por cuanto la suspensión se extingue al dictarse la decisión de alzada, sea que confirme o que revoque la providencia apelada. De esta forma, y sin que ello contraríe el carácter garantista de los derechos del imputado y del acusado que caracteriza al Código Orgánico Procesal Penal, éste prevé expresamente el efecto suspensivo en referencia, a fin de asegurar la posibilidad de aplicar, posteriormente, la sanción privativa de libertad, en caso de que se revoque la decisión impugnada; ello, al objeto de garantizar la aplicación de la Ley penal y, por tanto, tutelar los bienes jurídicos que a través de ella se protegen….” (Subrayados de esta Sala Nº 2)

En consecuencia proceden quienes integran esta Sala de Corte de Apelaciones, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, a cuyos efectos observa:

De los argumentos expuestos por el recurrente, no se observa punto o aspecto impugnado del fallo, que es lo que enmarca la competencia de la Corte de Apelaciones al resolver, como lo dispone el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, limitándose a cuestionar el pronunciamiento emitido por el a quo, que acordó la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa Judicial de Libertad de la ciudadana antes mencionada, verificando argumentos como la presunción del peligro de fuga considerable a la imposición de la pena que prevé el ilícito imputado y así como la multiplicidad de victimas. En razón de lo expuesto, a los fines de dar tutela judicial, esta Sala aprecia:

En el presente caso, se observa del texto el fallo impugnado, que la Juzgadora A-quo, en la oportunidad de la audiencia de presentación de imputados al resolver sobre la medida privativa judicial de libertad, solicitada por el Ministerio Público, en contra de la ciudadana imputada, no acogió la solicitud del Ministerio Público de imponer Medida Privativa Judicial de Libertad, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, dejando plasmado que no se encontraba demostradas las exigencias previstas en el artículo 236 del texto adjetivo penal, en cuanto a que fue desvirtuado el peligro de fuga en razón de la presentación de la residencia fija del de la procesada de autos y además la a quo verifico argumentos tales como la proporcionalidad del hecho que se ventila con la medida que solicita la Vindicta Publica. La Juzgadora a quo procedió a explanar su fundamento fáctico y jurídico en los siguientes términos:

“…Oídas las partes en Audiencia, este Tribunal Sexto en Funciones de Control, se pronuncia de la siguiente manera: PRIMERO: Se encuentra efectivamente acreditado la comisión de un hecho punible, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita según la data de su concurrencia, como lo es el delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el Art. 322 en relación al Art. 319 del Código Penal Venezolano Vigente. SEGUNDO: Ahora bien consta en las actuaciones acta de entrevista de fecha 31-01-2015, realizada a la ciudadana PERDOMO MORALES ALCIRA COROMOTO, quien compareció de manera espontánea a rendir declaración por ante el Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, igualmente consta en las actuaciones inspección técnica Criminalistica Nro 7558, donde se deja constancia del examen macroscopico del cadáver , quedando registrado en los libros de la referida morgue bajo el numero de ingreso A-236-14, bajo el nombre de Vásquez medina Jorge Antonio , así mismo no existen elementos de convicción, que acrediten la verdadera identidad del occiso Vásquez Medina Jorge Antonio, (manifestando la ciudadana Millán chirinos Tatiana Alejandra ex -esposa del occiso, quien que la verdadera identidad del hoy occiso Frank Eudomar Soto Navarro ).
La declaración de la imputada PERDOMO MORALES ALCIRA COROMOTO, quien aporto en sala tener una residencia fija, no presenta conducta predelictual , es por lo que se puede desvirtuar el peligro de fuga.
No obstante, hoy en día la privación Judicial Preventiva de libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, solo puede ser dictado en todos aquellos caso en los cuales , no existe razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal con otra medida de coerción personal menos graves y distinta la medida de privación Judicial preventiva de Libertad .
En tal sentido, debe señalarse, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados , que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige , tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del estado y a la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios
Por ello del análisis de todas y cada una de las circunstancia facticas que reposan en las actuaciones y acompañadas las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad , deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad , magnitud del daño cuantía de la pena , peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad , lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida imponer .
Asimismo, en aras de garantizar en todo momento el principio de Afirmación de Libertad, considera quien aquí decide que se ve satisfecho el aseguramiento al proceso con la imposición de una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 242 numerales, 3ª, 4ª, 6º y 9º del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.
En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA la inmediata libertad de la imputada PERDOMO MORALES ALCIRA COROMO, y, se decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 242 numerales, 3ª. 4ª 6º y 9º del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en: numeral 3ª presentación cada 5 días por ante la oficina de alguacilazgo, 4ª prohibición de salida del estado Carabobo , numeral 6º: Prohibición de acercarse a los familiares de la víctima y numeral 9º: estar atento al desarrollo del presente proceso, debiendo acudir a los llamados del tribunal en Función de Control y el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el Art. 322 en relación al Art. 319 del Código Penal Venezolano Vigente. Se decreta la aprehensión como legal bajo los parámetros del artículo 234 del Código Orgánico procesal Penal. Se autoriza el procedimiento por la vía ordinaria. Se acuerdan las copias solicitadas por las partes.
…(Omisis)…
DECISIÓN
Oída la exposición de las partes el Tribunal de conformidad a lo establecido en el Artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, en observancia del delito que imputa el Ministerio Público se encuentra previsto en esta norma, admite el EFECTO SUSPENSIVO, en consecuencia se ordena remitir las actuaciones a la Corte de Apelaciones de este Circuito. Así mismo se mantiene detenida la Ciudadana. ALCIRA COROMOTO PERDOMO MORALES. Quedando las partes Notificadas en Audiencia. Regístrese, déjese copia debidamente certificada de la presente decisión CUMPLASE...”

Advirtiendo, esta Sala de Corte de Apelaciones, del contenido de la decisión recurrida, que el control jurisdiccional, realizado por la Jueza de Control se ajusta a derecho, al apartarse de la Solicitud de Medida Judicial Privativa de Libertad que hiciera el Ministerio Público al considerar como consecuencia de ello inexistente el peligro de fuga, y procedente la concesión de una medida cautelar Sustitutiva a la Privativa Judicial de Libertad. En consecuencia se desprende que la decisión dictada por la Jueza A-quo, en relación al análisis que se hizo del Peligro de Fuga en el presente caso y la proporcionalidad del hecho ventilado con la Medida que solicitara la Vindicta Publica (Medida Judicial Privativa de Libertad), se encuentra debidamente motivada conforme a la excepción del Principio de Exhaustividad, que impera en las motivaciones judiciales realizadas en esta primera fase del proceso. Cabe destacar, que en la audiencia de presentación no está obligado el Juez de Control, ni se lo permiten las normas procesales, a hacer la apreciación formal de las pruebas como si se tratara de resolver el fondo del asunto sino la verificación de la existencia de los elementos señalados en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, por mandato constitucional que faculta al Juez a autorizar la privación de libertad, o en su lugar está obligado a decretar una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, en los términos que establece la Ley, como razonada y prudentemente lo ha determinado el Juez a quo en el presente asunto.

Ahora bien, observa esta Sala que en el sistema acusatorio penal venezolano, cuando se aplica el sistema de la sana critica, no basta que el Juez se convenza a si mismo y lo manifieste en su sentencia, sino que amerita que mediante el razonamiento y la motivación el fallo demuestre a los demás la razón de su convencimiento, basado en la sana critica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia que dan base a su determinación judicial; es por lo que la juzgadora a quo con el análisis de los elementos de convicción presentados por la representación Fiscal, logra justificar en su motivación de manera detallada, precisa y coherente cómo arribó al convencimiento de que los elementos presentados por la Vindicta Pública, no son suficientes para inculpar al imputado en el presente caso, y llenar los extremos de los artículos 236 y 237 de la ley adjetiva penal, para dictar una Medida Privativa Judicial de Libertad, y en su lugar considera que se ve satisfecho el aseguramiento del proceso con la imposición de una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numerales 3, 4, 6 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, con el cual garantiza las resultas del proceso.
De lo anterior constata esta alzada, en contraposición a lo aducido por el recurrente, que el auto dictado en fecha 02-02-15 y debidamente motivado en fecha 03-02-2015, cumple con lo establecido en el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, en lo que respecta a la fundamentacion de los fallos de los Tribunales de Instancia, tal como se reseño ut supra, por lo que no encuentra este Tribunal Colegiado, violación alguna que permita aplicar el contenido de los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECLARA.

Por último, cabe destacar que la decisión recurrida cumple con todos los requerimientos establecidos en la ley, cuya aplicación respetó el debido proceso y la tutela judicial efectiva que ampara a la imputada de autos, siendo necesario señalar que el hecho de haberse decretado una medida cautelar sustitutiva de libertad a la Ciudadana ALCIRA COROMOTO PERDOMO MORALES, no desvirtúa los principios rectores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes procesales, puesto que tal decreto se encuentra contemplado como mecanismo a utilizar por los jueces de la República, sin que ello implique vulneración del principio de inocencia, razón por la cual no le asiste la razón al recurrente en la causa, siendo lo procedente y ajustado a derecho declarar sin lugar el recurso planteado. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA
En base a las anteriores consideraciones, esta Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones en lo Penal y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el representante de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público Abg. WILMER VARGAS en la audiencia de presentación de imputado, de fecha 02 de Febrero de 2015, con efecto suspensivo de conformidad con lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión dictada en Sala en esa misma fecha, por la Jueza de Primera Instancia en función de Control Nº 06 del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, mediante el cual acordó MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, a la imputada ALCIRA COROMOTO PERDOMO MORALES, por la presunta Comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el articulo 322 en relación con el articulo 319 ambos Código Penal.

Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes. Remítase de inmediato las presentes actuaciones al Tribunal de Primera Instancia en función de Control N° 06 de este Circuito Judicial Penal.

LAS JUEZAS DE SALA

DEISIS DEL CARMEN ORASMA DELGADO
Ponente

ELSA HERNANDEZ GARCIA MORELA FERRER BARBOZA

El Secretario

Abg. Carlos López Castillo.

En la misma fecha, se cumplió con lo ordenado.

El Secretario.-