REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA Valencia, 21 de octubre de 2015 Años 205º y156º Asunto: GP02-N-2013-000421 Parte demandante: GRUPO NUNES BISPO, C.A. (TIENDAS VAGOOS SHOPS) inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 10 de agosto de 1998, bajo el No.53, Tomo 69-A. ABOGADOS ASISTENTES: Abogados ARMANDO MANZANILLA MATUTE y DOUGLAS FERER RODRIGUEZ inscritos en el IPSA bajo los Nos. 14.020 y 67.281 Actuación administrativa recurrida: Providencia Administrativa No. 16 de fecha 09 de marzo de 2001 emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos, Carlos Arvelo, Bejuma, Montalbán y Miranda del Estado Carabobo. Asunto: Recurso de Nulidad.- I Al presente expediente, se le dio entrada el 19 de septiembre de 2013, con motivo de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte que declinó la competencia ante los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo de fecha 25 de julio de 2013; se estiman necesarias las siguientes consideraciones para proveer sobre la sustanciación de la causa en los siguientes términos: DE LA COMPETENCIA En primer término, corresponde a este órgano jurisdiccional pronunciarse en torno a su competencia para conocer la demanda de nulidad de marras, en función de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: Mediante sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectoría del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. En efecto, a través del referido fallo la Sala Constitucional señaló: En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara. En función de lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. En consecuencia y por cuanto la demanda de marras persigue la nulidad de la Providencia Administrativa No. 16 de fecha 09 de marzo de 2001 emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos, Carlos Arvelo, Bejuma, Montalbán y Miranda del Estado Carabobo, se declara la competencia para conocer el presente asunto. Así se declara. Ahora bien, en sintonía con la anterior resolutoria, este órgano jurisdiccional considera que la pretensión de nulidad deducida en la presente causa requiere el proveimiento de una sentencia declarativa que, a su vez, amerita se transite por un proceso que permita el examen de los elementos probatorios que darán plena certeza al juzgador para dictar su sentencia, lo que escapa del marco competencial que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo confiere a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y se corresponde con las funciones propias de los Tribunales de Juicio del Trabajo, tal como se desprende del Título II de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de sus artículos 17 y 18, todo lo cual se compadece con la naturaleza del procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para los casos como el de marras, lo cual quedó establecido en la Sentencia N° 977 del 5 de agosto de 2011 de la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal. En fuerza de tales consideraciones, acepta la competencia para conocer y decidir la presente causa que fue declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 25 de julio de 2013, según el resultado de la distribución aleatoria, equitativa y automatizada realizada a través del sistema IURIS2000. Así se declara. DE LA PERENCION DE LA INSTANCIA Determinada, como ha sido, la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer la causa y luego de revisadas las actuaciones que conforman el presente expediente, se advierte que la causa se inició en fecha 20 de junio de 2001. En fecha 21 de junio de 2001 el Juzgado Primero de Primera de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo libró oficio a la Inspectoría del Trabajo solicitando los antecedentes administrativos relacionados con el asunto planteado, cuyas resultas corren insertas a los folios 55 al 107. Por auto de fecha 30 de julio de 2001 se admitió el recurso y se libraron las respectivas boletas de notificación. Por auto de fecha 17 de septiembre de 2001 se agregó a los autos, publicación del cartel de emplazamiento. Corre a los folios 118 al 119 escrito de informes presentado por la parte recurrente. En fecha 31 de enero de 2002, el Juzgado Primero de Primera de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo se declaró INCOMPETENTE y declino la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En fecha 14 de febrero de 2002 el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo le da entrada. Corre a los folios 130 al 134, decisión dictada en fecha 07 de enero de 2003 se declara INCOMPETENTE y plantea el CONFLICTO DE COMPETENCIA NEGATIVO ordenando la remisión del expediente al máximo Tribunal. En fecha 20 de septiembre de 2005 la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo declara que, la competencia corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo (folios 163-168). Por auto de fecha 25 de julio de 2013 se aboca al conocimiento de la causa la Jueza Temporal, abogada EGLEE BRITO DE GARCIA y en la misma fecha declina la competencia ante los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. De igual modo se ha advertido que desde el 06 de noviembre de 2001 fecha en que la parte recurrente presentó escrito de informes, hasta la fecha de hoy, ha transcurrido más de un -01- año sin que se haya ejecutado algún acto procesal tendente a la prosecución de la causa, por lo que se estiman necesarias las siguientes consideraciones: El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Juez, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.” A partir del dispositivo anteriormente transcrito, puede deducirse que la figura procesal de la perención encuentra justificación, por una parte, en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar Justicia; y por la otra, en la presunción de abandono del procedimiento de la parte sobre quien recae la carga de dar el impulso procesal necesario, vista su inactividad durante el plazo de un (1) año establecido por la ley, lo cual comporta la extinción del proceso. Como consecuencia de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No hay condenatoria en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Publíquese, regístrese y déjese copia autorizada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA, a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º. De la Federación. La Jueza, Abg. EDUARDA DEL CARMEN GIL. La Secretaria, Abg. MARIA ELENA FUENTES En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las10:47am. La Secretaria, Abg. MARIA ELENA FUENTES GP02-N-2013-000421 21/10/2015 EG/.-