REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL Barquisimeto, veinticinco de abril de dos mil dieciséis 206º y 157º ASUNTO: KP02-N-2008-000512 Consta al último folio del escrito que encabeza las presentes actuaciones que en fecha 17 de diciembre de 2008, fue interpuesto escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad por el abogado Marco Antonio Aponte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.747, en su condición de apoderado judicial de la SOCIEDAD CIVIL RUTA 15, inscrita por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 30 de junio de 1975, bajo el Nº 60, folios 272 al 278 vto., protocolo 1º, tomo 13 y reformado sus estatutos por acta de asamblea de socios inscrita por ante la Oficina Subalterna (hoy Inmobiliaria) del Segundo Circuito de Registro del Distrito Iribarren del Estado Lara, en fecha 26 de octubre de 1987, bajo el Nº 40, folios 1 al 5, protocolo 1º, tomo I, la primera de ellas, y la segunda, el 14 de diciembre de 1995, bajo el Nº 32, tomo 17, protocolo 1º; contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 00471, de fecha 14 de octubre de 2008, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, SEDE PEDRO PASCUAL ABARCA, en la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago salarios caídos incoada por el ciudadano Genaro Saavedra, titular de la cédula de identidad Nº 2.599.954. Sustanciado el procedimiento conforme a las previsiones aplicables, en fecha 13 de octubre de 2010, se dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda interpuesta. Asimismo en fecha 27 de noviembre de 2012, fue ratificada la sentencia por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo; declarándose firme el fallo dictado. Así pues, se desprende que en fecha 1 de febrero de 2013, se recibió nuevamente en este Órgano Jurisdiccional el presente asunto; siendo que la última actuación corresponde al auto de fecha 13 de abril de 2015, a través del cual fue devuelto el asunto que por error involuntario la Corte solicitó. En esta misma fecha, se aboca al conocimiento de la presente causa la Abg. María Alejandra Romero Rojas, en virtud de su designación como Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Lo descrito supra permite observar, concretamente respecto a la fecha en que se realizó el último acto procesal, que el expediente se encuentra en un evidente e inequívoco estadio que deja entrever su paralización por un lapso superior a un (01) año, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, es decir, el asunto ha sido desprovisto de manera prolongada de actuaciones procesales de impulso o continuación del procedimiento a instancia de la parte interesada. Tal situación, conlleva a sostener, sin perjuicio del derecho que tienen las partes intervinientes de realizar las diligencias que consideren pertinentes y en la oportunidad que así lo deseen, que en la actualidad existe en la causa una ausencia de interés en la consecución de actuaciones procesales que la hagan permanecer activa, independientemente del estado en que se encuentra, pues el interés no sólo es esencial para la interposición de una determinada pretensión, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, lo cual se extiende a sus distintas fases o etapas, en virtud que resulta inútil y gravoso para la función jurisdiccional, la acumulación o guarda de un asunto en el que -actualmente- no existe interesado. En este sentido, se aprecia que el interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a esta instancia judicial, ha debido mantenerse presente hasta la efectiva realización y materialización de la tutela judicial invocada, lo que también implica la ejecutoria del fallo que le resultó favorable, puesto que ello supone igualmente la realización de actos procesales de impulso que devienen del interés propio del derecho individual que ostenta por una circunstancia o situación real que elevó ante este órgano de administración de justicia, la cual le fue reconocida con la finalidad de evitar un daño a su situación jurídica particular. Ahora, si bien con lo descrito no se pretende razonar sobre la pérdida del interés procesal como una sanción en los términos de una extinción de la acción, en razón de no ser el punto de análisis ni valoración; no menos cierto es que sí entiende este Juzgado Superior que por el largo tiempo transcurrido sin actos de procedimiento, ha desaparecido hasta la presente fecha, el interés procesal en la consecución del proceso, al menos en su fase de ejecución, en virtud de no haber constancia en el expediente de la comparecencia de parte interesada. Así, advertida la existencia de una total inactividad en el presente procedimiento, sin que efectivamente se haya realizado acto alguno que demuestre un interés en su continuación, considera oportuno esta Juzgadora, sin que se cuestione el derecho de las partes de activar nuevamente la causa, ordenar la remisión del expediente a la sede del archivo judicial de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que proceda al archivo para su resguardo, conservación y cuidado. En consecuencia, se ORDENA el archivo del expediente. La Jueza Provisoria, Abg. María Alejandra Romero Rojas La Secretaria Temporal, Abg. Yinarly Jaime Rivas Seguidamente se archivó constante de trescientos tres (303) folios útiles.