TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 12 de diciembre de 2016
Años: 206° de Independencia y 157° de la Federación

EXPEDIENTE Nº: 11.076
DEMANDANTE: MARILIN DURANT.
DEMANDADO: UNIVERSIDAD DE CARABOBO.
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD.

- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inicia por recurso de nulidad, presentado en fecha 24 de octubre de 2006, por la ciudadana MARILIN DURANT, titular de la cedula de identidad Nº V-4.451.967, asistida por los abogados TIBISAI PEREZ y JESUS BELANDRIA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 7.555 y 17.612, contra la UNIVERSIDAD DE CARABOBO.
En fecha 25 de octubre de 2006, se le dio entrada al presente recurso de nulidad, y se anotó en los libros respectivos.
En fecha 07 de diciembre de 2006, se dictó auto de admisión y se ordenó librar las notificaciones respectivas.
En fecha 18 de septiembre de 2007, se agregó comisión debidamente cumplida por el Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 18 de septiembre de 2007, se agregó oficio Nº 22-F6-453-07, de la Fiscalía Sexta de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, dejando constancia que fue designado por la Fiscalía General de la República.
En fecha 15 de marzo de 2008, se agregó oficio Nº 22-F6-0165/08, de la Fiscalía Sexta de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, solicitó celeridad procesal.
En fecha 29 de abril de 2009, mediante diligencia la ciudadana MARILIN DURANT, asistida por la abogada NADIUSKA LIZARRAGA ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 106.066, solicitó se libre cartel.
En fecha 19 de mayo de 2009, mediante diligencia la ciudadana Carina Osio, en función de alguacil de este Juzgado Superior, dejó constancia que fue debidamente practicada las notificaciones Nº 3.629/1.340 y 3.630/1.341.
En fecha 29 de mayo de 2009, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que libradas todas las notificaciones, se ordenó librar cartel de emplazamiento.
En fecha 25 de junio de 2009, mediante diligencia la ciudadana MARILIN DURANT, asistida por la abogada NADIUSKA LIZARRAGA ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 106.066, dejó constancia que retiro cartel de emplazamiento.

En fecha 29 de junio de 2009, se agregó escrito de los abogados MARIELA SARAVIA y LUIS EDUARDO HENRIQUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 22.446 y 102.405, apoderados de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, parte recurrida, solicitaron perención.
En fecha 06 de julio de 2009, mediante diligencia la ciudadana MARILIN DURANT, asistida por la abogada NADIUSKA LIZARRAGA ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 106.066, dejó constancia que consignó ejemplar del diario “EL NACIONAL”, donde se publico cartel de emplazamiento.
En fecha 23 de septiembre de 2009, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que vencido el lapso de comparecencia, se fijaron 20 días de despacho para que las partes presenten sus alegatos.
En fecha 02 de octubre de 2009, se dictó auto mediante el cual se ordenó abrir pieza Nº II, para un mejor manejo del expediente.
En fecha 02 de octubre de 2009, mediante diligencia la abogada ROXANA MARIELA SARAVIA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 22.446, apoderada judicial de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, parte recurrida, dejando constancia que consignó copia certificada de antecedentes administrativos.
En fecha 05 de octubre de 2009, escrito de oposición a la solicitud de la perención, por parte de la abogada NADIUSKA LIZARRAGA ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 106.066, apoderada de la ciudadana MARILIN DURANT.
En fecha 23 de octubre de 2009, escrito de promoción de pruebas de la abogada NADIUSKA LIZARRAGA ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 106.066.
En fecha 04 de noviembre de 2009, alegatos de la abogada ROXANA MARIELA SARAVIA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 22.446, apoderada judicial de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, parte recurrida.
En fecha 05 de noviembre de 2009, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que no fue solicitado el lapso probatorio, en consecuencia se fijó para el 5to día de despacho la primera etapa del juicio.
En fecha 12 de noviembre de 2009, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que terminó la primera etapa del juicio, se fijó para el 8vo día de despacho para que las partes presenten informe oral.
En fecha 27 de noviembre de 2009, se dictó auto mediante el cual se difirió acto de presentar informes, para el 5to día de despacho siguiente.
En fecha 10 de diciembre de 2009, se dictó auto mediante el cual se difirió acto de presentar informes, para el 5to día de despacho siguiente.
En fecha 11 de enero de 2010, siendo las 1:20 de la tarde, tuvo lugar acto de informe oral, se dejó constancia de la no comparecencia de la ciudadana MARILIN DURANT, igualmente se dejó constancia de la comparecencia de la abogada ROXANA MARIELA SARAVIA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 22.446, apoderada judicial de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, parte recurrida.
En fecha 12 de enero de 2010, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que comenzó la segunda etapa del juicio, se suspendió el presente acto para el vigésimo día de despacho.
En fecha 09 de marzo de 2011, mediante diligencia el abogado FRANKLIN LÓPEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.095, solicitó abocamiento.
En fecha 05 de agosto de 2011, se dictó auto mediante el cual la ciudadana GERALDINE LÓPEZ BLANCO, en función de Jueza Provisoria, se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 29 de noviembre de 2016, se agregó oficio Nº F81NN-0122-2016, de la Fiscalía Octogésima Primera Nacional de Derechos y Garantías Constitucionales y Contencioso Administrativo Valencia, solicitó perención.
En fecha de 01 Diciembre de 2016, en la condición de Juez Superior LUÍS ENRIQUE ABELLO GARCÍA, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo del 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa.

-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En primer término, es imperioso señalar el origen de la palabra “perención”, es por ello que para el tratadista Castelán (1989, 10), la definición de esta institución surge de su propia etimología; para este autor, perención, proviene del perimere peremptum, que significa extinguir, a instancia de instare, que es la palabra compuesta de la preposición in y el verbo stare. De ahí, que para algunos autores la Perención de la Instancia sea “el aniquilamiento o muerte de ésta por la inacción en el proceso durante el tiempo marcado por la Ley”. Anteriormente, la perención era considerada como una pena que buscaba castigar al litigante negligente. Actualmente, se admite que cuando las partes dejan abandonado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en la continuación, y desisten tácitamente de la instancia; a este respecto Pineda (1980, 18), expresa tal y como lo han referido algunos procesalistas, que ella:
“… se basa en una presunción de consentimiento de las partes de querer dejar las cosas en el estado que ha alcanzado la relación jurídica procesal y en muchos aspectos hasta sin que se efectúe el acto trascendental del proceso que es la sentencia definitiva.”

Es por esto, que siendo cónsonos con las mismas ideas, hay que considerar que un proceso normal concluye con la sentencia, o sea, con la declaración de voluntad de la Ley hecha por el órgano jurisdiccional y en virtud de la cual se cumple uno de los fines del Estado, esto es, proteger el orden jurídico, mediante un procedimiento, accesible a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, y sobre todo rápido, celero, porque de lo contrario, y siguiendo las enseñanzas de Couture (1961, 10), la “justicia lenta es peor que la injusticia”. Pero, excepcionalmente, el proceso puede terminar por otras causas, entre ellas la Perención de la Instancia que equivale a la extinción del proceso, por causa atribuible no al Estado, sino a las partes que permanecen inactivas durante un plazo determinado tal y como lo señala la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 41, basado en una presunción de abandono o renuncia de las partes a la instancia.

Es por ello, que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del proceso por las partes que en él intervienen, vista su inactividad dentro del plazo que ha establecido la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, por lo que basta que ocurra la falta de gestión procesal para que se cumpla su declaratoria, es decir, la inercia de las partes; pero también ocurre cuando se evidencia la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, sin que la parte que tenga la carga de impulsar el proceso realice algún acto de impulso, o cuando la parte encargada de impulsar el proceso no cumpla con las obligaciones prescritas por el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisprudencia.

En efecto, se trata la perención entonces, de una institución netamente procesal desde que constituye uno de los medios de terminación del proceso distintos a la sentencia. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación (unos bilaterales y otros unilaterales, transacción y desistimiento del procedimiento después de contestada la demanda), este no está vinculado a la voluntad de las partes ni del Juez sino a condiciones objetivas fundamentalmente fácticas que deben confluir a los fines de su materialización.

A este respecto, Rengel Romberg en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Editorial Ex Libris, Caracas, 1991, Tomo II, página 349, define la perención, señalando que:
“es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.”

Señala el eminente procesalista en referencia, que para que la perención se materialice, la inactividad debe estar referida a las partes, que:
“debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso”.

En este sentido, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil vigente, aplicable supletoriamente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, regula la perención de la instancia, en los siguientes términos:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención....”

Asimismo, el artículo 269 ejusdem, determina que:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

Siguiendo esta misma línea argumentativa, en concordancia con las normas ut supra transcritas y el criterio establecido por la Sala de Casación Civil, de fecha 20 de diciembre de 2001, Expediente Nro. AA20-C-1951-000001, debe entenderse que la perención procederá siempre que se trate de una paralización del proceso, cuando la misma verse sobre un acto de procedimiento, y no basta simplemente que sea un acto de mero trámite de instrucción o sustanciación realizada por la parte, como por ejemplo sustituir el poder a otro abogado, para evitar que perima la instancia, ya que como ha sostenido tanto la doctrina, como la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la jurisprudencia, es necesario que haya transcurrido un (01) año sin que se realice ningún acto de impulso procesal en la causa, se requiere igualmente que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de impulso procesal, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de impulso, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de revisión del expediente y otras similares, así como tampoco se considera actos de impulso procesal de las partes, las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia, etc. y finalmente hay que resaltar, que la demora en el dictamen de la sentencia, no produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa….” debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones…”.

Es por ello, que siendo acordes con los criterios anteriores, es oportuno destacar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 18 de enero de 2006 (caso: Sara Francheschi de Corao, y otros, v/s Ministerio del Interior y Justicia), señaló lo siguiente:
“La perención de la instancia es un modo de terminación anormal del proceso que se verifica por la no realización, en un período mayor de un año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso…”.

Entonces tenemos que, la figura procesal en referencia constituye, así, un medio diseñado por la ley con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de causas en las cuales no existe interés por parte de los sujetos procesales en su continuación, tal y como Sentencia dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.).
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que éstas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención (Vid. Sentencia de esta Sala Nro. 0669 del 13 de marzo de 2006).

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.451 del 22 de junio de 2010, que establece en su Título IV, Capitulo I, Sección Tercera, la institución procesal de la Perención, se estableció lo siguiente:
“Artículo 41. “Perención. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.”

De la norma anteriormente transcrita, se desprende, que la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho lapso a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el Tribunal podrá, sin más trámites, declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte (Vid. sentencias de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 00038 del 19 de enero de 2011, y Nro. 00546 de 28 de abril de 2011).

En razón de lo anteriormente mencionado, quien decide considera pertinente señalar además de lo ya dicho, que mediante decisión Nro. 1378, en fecha 5 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, nos encontramos que lo dictaminado por la referida, menciona que la perención también se produce aún en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, estado que debe entenderse como el referido a la decisión de fondo (Vid., entre otras, de la mencionada Sala, sentencias Nro. 0650, 1.473 y 0645 de fechas 6 de mayo de 2003, 7 de junio de 2006 y 3 de mayo de 2007, respectivamente).

Ahora bien, examinadas las actas procesales que integran el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 05 de agosto de 2011 (fecha del último abocamiento), hasta la fecha del presente dictamen, inacción que genera inexorablemente la procedencia de la perención, pues se determinó que la causa se encontraba en la fase de trámite, o sea no se encontraba en la etapa de sentencia, por lo que al estar paralizada por más de un (01) año ocasiona que irremediablemente opere la perención, configurándose de este modo, los requisitos de procedencia de esta Institución, independientemente de los actos subsiguientes, ya que como se dijo, ésta es de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público. Ello en razón de que la inacción continuada de las partes, no es más que una renuncia a la justicia oportuna y un signo presumible de la falta de necesidad de las partes de obtener un pronunciamiento a su favor de parte de este órgano jurisdiccional, causándose implícitamente la decadencia y extinción de la acción. Así se decide.

- III -
DECISIÓN

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN y en consecuencia la EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA.

PUBLUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Juez Superior,

Abg. Luis Enrique Abello García.
La Secretaria,

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
En la misma fecha, siendo las once (11:00 am) se publicó y registró la anterior decisión y se libro boleta de notificación a la ciudadana MARILIN DURANT, titular de la cedula de identidad Nº V-4.451.967, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez. LEAG/DVPM/A
Designado en fecha 20 de Mayo de 2015, mediante Oficio Nro. CJ-15-1458