TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL SUPERIOR OCTAVO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
CON SEDE EN CARACAS

En fecha 18 de abril de 2008 se recibió por redistribución las actas que conforman el presente Expediente, de conformidad con los Artículos 1, 2 y 4 de la Resolución Nº 2007-0017 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela el 9 de Mayo de 2007; publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.701 el 8 de Junio de ese mismo año, se atribuyó competencia a los Tribunales Superiores Primero, Segundo y Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital para conocer de las causas en materia contencioso administrativa y en virtud de tal atribución pasaron a denominarse Tribunales Octavo, Noveno y Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas; e instrumentándose un sistema para redistribuir las causas que cursan en los Juzgados Superior Primero y Superior Tercero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en acatamiento a lo contenido en Acta Nº 2008-003 de fecha 18 de Abril de 2008, se procedió al acto de redistribución en forma pública, correspondiéndole el conocimiento del presente asunto a este órgano jurisdiccional, quien la signó con el Nº 0533.
En fecha 08 de julio de 2010, este Tribunal se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó notificar a la parte recurrente a los fines de la continuación de la causa, asimismo, en fecha 16 de noviembre del 2015, se dicto auto ordenando librar boleta por cartelera dirigida a la parte recurrente con el fin de notificarle de que una vez que constara en autos la consignación de la misma, comenzaría a computarse los tres (03) días de despacho establecidos en los artículos 26 y 49 numeral 4 de la Carta Magna.
En fecha 20 de enero de 2016, el ciudadano Alguacil de este Despacho dejó constancia de que vencido como se encontraba el lapso de publicación de dicha boleta en la cartelera del tribunal consignó la boleta librada a la parte recurrente a los autos.
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 03 de julio de 1995, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Acción de Amparo por el ciudadano Juan Bautista Matheus, asistido en este acto por el abogado Rómulo Hernández Hernández, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.26.318, en contra de la Alcaldía del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda.
Mediante auto de fecha 03 de julio de 1995, dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, le dio entrada a la presente causa.
En fecha 06 de octubre de 1995, el Juzgado Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo dictó auto admitiendo el presente recurso.
El 17 de noviembre de 1995, se abrió a pruebas la presente causa, siendo admitidas por el Tribunal antes mencionado el 08 de enero de 1996
En fecha 08 de abril del 1996, se dejo constancia que comenzó a transcurrir la segunda etapa de la relación de la causa, la cual se venció en fecha 15 de mayo de 1996, prorrogada por treinta (30) días continuos.
El 25 de junio de 1996, el Juzgado Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo dijo “Vistos”
II
DEL RECURSO
Los apoderados judiciales de la parte accionante solicitaron la nulidad del Acto Administrativo contenido en el acuerdo Nº 95-010, del Acta de sesión celebrada el día 29 de abril de 1995, suscrito por los Concejales Ciudadanos: Victoria Machado De Suszko, Belkis Quintero De Hernández, Carmen Mosquera, José Gregorio Guzmán y Pedro Crespo.
Señala que el 14 de diciembre de 1992 fue proclamado y posesionado de su credencial de concejal principal del Municipio Plaza del Estado Miranda, por un periodo de tres (03) años.
Arguye que el 18 de enero de 1995, fue designado vice-presidente de la Cámara Municipal, y el 30 de marzo de 1995, la Juez Cuarto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, dicta auto de detención contra los ciudadanos: Arnaldo González Klirint, María De García, Santos Campos, Sinforoso Fajardo, por la comisión del delito de Peculado Doloso y Culposo respectivamente
El 29 de abril de 1995, procedieron a despojar al recurrente de su investidura como Concejal titular del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, mediante acuerdo Nº 95-010.
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Como punto previo, observa este Tribunal Superior que, en fecha 02 de noviembre de 1992 el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante auto expreso dijo “Vistos”, no evidenciándose en autos alguna actuación de la parte accionante desde el 18 de abril de 2008, donde la parte recurrente consigno diligencia revocando poder otorgado al abogado Rómulo Hernández, y otorgando poder especial a los abogados Víctor Bermúdez y Pedro Vallenilla.
Al respecto, observa este Juzgador Superior, que: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 956 del 1 de Junio de 2001, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, señaló:
“[…]
(…) la perención de la instancia, al menos en los procesos de naturaleza civil, o de los que se guíen por el Código de Procedimiento Civil, sólo funciona cuando existe inactividad de las partes, y no cuando después de vista la causa surge inactividad del juez, cuando no sentencie en los términos señalados en las leyes para ello, con lo que se paraliza la causa.
[…]
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
[…]
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
[…]
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.
[…]
No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
[…]
De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción.
[…]”
La misma Sala Constitucional, en Sentencia Nº 1245 del 16 de Junio de 2005, con Ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, señaló:
“[…]
(…), es jurisprudencia reiterada de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho “vistos” –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción del proceso por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva, pero sí puede suponer que haya desaparecido cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos, en el que desde febrero de 1972 no hay constancia de actuación alguna.
En consecuencia, en virtud de que ha transcurrido un largo tiempo desde la oportunidad en que la extinta Corte Suprema de Justicia dijo “vistos” y ante la falta de certeza acerca de la vigencia de la ordenanza impugnada, esta Sala ordena solicitar a las empresas recurrentes que:
1) Informen si conservan, separada o conjuntamente, el interés para continuar este proceso.
[…]”.
Por tanto, cuando la causa se encuentra paralizada, en estado de sentencia, sin que las partes hayan realizado ningún acto de impulso procesal se entenderá como una pérdida del interés procesal de dicha causa, por ser éste el criterio por el cual se determinó el decaimiento de la acción por falta de interés. Ahora bien, para que proceda tal declaratoria de decaimiento de la acción por falta de interés procesal, deben concurrir los siguientes supuestos: El juicio se encuentre en suspenso y en etapa de sentencia; el actor no inste al Juez a cumplir con su obligación de dictar sentencia; se haya sobrepasado el término señalado por la Ley para que opere la prescripción del derecho objeto de la pretensión y; que el Juez de la causa antes de dictar el decaimiento de la acción y su consecuente extinción, notifique al actor para que éste explique los motivos de su inactividad, por lo que este Tribunal Superior debe analizar las actas que conforman el presente expediente, a fin de verificar si el anterior criterio puede ser aplicado al caso de autos, y al respecto observa inserto en el Expediente Principal:
- Folio 200, diligencia suscrita por la parte recurrente revocando poder otorgado al abogado Rómulo Hernández, y otorgando poder especial a los abogados Víctor Bermúdez y Pedro Vallenilla, siendo esta la última vez que impulsa el presente recurso.
- Folio 199, auto por medio del cual el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el 25 de junio de 1996, dijo “Vistos”;
De lo anterior verifica este Tribunal Superior que, en el caso de autos concurren 2 supuestos para que proceda la declaratoria de decaimiento de la acción por falta de interés procesal, esto es, el juicio se encuentra suspendido en etapa de sentencia desde el 25 de junio de 1996 y la parte recurrente, desde el 04 de junio de 1998 no ha instado al Juez a cumplir con su obligación de dictar sentencia, por cuanto no se observa inserta en autos alguna actuación al respecto.
En cuanto al tercer supuesto, esto es, se haya sobrepasado el término señalado por la Ley para que opere la prescripción del derecho objeto de la pretensión, observa este Tribunal Superior que: A tenor de lo señalado por la Sala Constitucional en Sentencia Nº 956, parcialmente transcrita supra: “si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción”, de aquí que, el lapso que sirve de parámetro para declarar la pérdida del interés es el establecido para intentar la acción, por lo que deben aplicarse los lapsos previstos en el Artículo 1977 del Código Civil, el cual establece:
“Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley.
La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años”.

Ahora bien, observa este Tribunal Superior que el Artículo in commento distingue entre acciones reales y personales, teniendo las primeras por finalidad obtener judicialmente la declaración de un derecho que no afecta a una persona sino a una cosa, mientras que las segundas configuradas para exigir de una persona el cumplimiento de una obligación líquida o exigible. Al respecto, debe este Juzgador aclarar que las acciones que se ventilan ante la jurisdicción contencioso administrativa no se enfocan bajo esta clasificación como se observa del estudio de las acciones contencioso administrativas, las cuales están dirigidas a obtener la nulidad de un acto administrativo de carácter general o particular a través del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad o una Demanda contra un Ente u Organismo Público, por lo que para poder aplicar el lapso de prescripción en este tipo de acciones debe analizarse el objeto del acto administrativo impugnado, esto es, la materia o contenido a que se refiere y que dió origen a la interposición del recurso y de esta forma asimilarlo a lo que sería una acción real o personal, determinando de esta forma el lapso de prescripción a aplicar en el caso concreto.
Así las cosas, observa este Órgano Jurisdiccional inserto en el Expediente Principal, Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con acción de Amparo por el ciudadano Juan Bautista Matheus, asistido en este acto por el abogado Rómulo Hernández Hernández, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.26.318, en contra de la Alcaldía del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda., tal y como se evidencia al Folio 11:
“(…) La nulidad por razones de ilegalidad del Acto Administrativo contenido en el Acuerdo Nº 95-010, del Acta de sesión celebrada el día 29 de abril de 1995, suscrito por los Concejales Ciudadanos: Victoria Machado De Suszko, Belkis Quintero De Hernández, Carmen Mosquera, José Gregorio Guzmán y Pedro Crespo, y en consecuencia sea declarado su nulidad. (…)”
De aquí que, verificando este Juzgador que el objeto de la pretensión está consustanciado con su titular, puede considerarlo como un derecho personal, entendido éste como el vínculo jurídico que se establece entre dos personas, del acreedor al deudor y, por tanto, debe aplicar al caso de autos el lapso de prescripción decenal, a objeto de establecer un marco temporal que permita evidenciar si el tiempo transcurrido desde la fecha en que el presente recurso entró en estado de sentencia hasta el momento de dictar la presente decisión superó el lapso de 10 años, y de ese modo considerar cumplido el cuarto requisito para declarar la pérdida de interés.
Así las cosas, este Tribunal Superior con vista a que las últimas actuaciones tal y como se indicó con anterioridad, datan de fecha 25 de junio de 1996 auto por medio del cual el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital dijo “Vistos”, y diligencia de fecha 04 de junio de 1998, mediante la cual la parte revoca poder otorgado al abogado Rómulo Hernández, y otorgando poder especial a los abogados Víctor Bermúdez y Pedro Vallenilla impulsando la presente causa por última vez, por cuanto no se evidencia en autos alguna actuación desde las fechas in commento, que haga presumir a este Juzgador la existencia del interés procesal de la parte accionante, por lo que, transcurriendo 8 años desde que compareció la representación judicial de la parte recurrente y actuando en la presente causa en la que revoco poder otorgado al abogado Rómulo Hernández, y otorgando poder especial a los abogados Víctor Bermúdez y Pedro Vallenilla, hasta el momento en que este Tribunal Superior procede a efectuar el respectivo pronunciamiento, aunado al hecho de que no se observa en el caso de autos alguna violación al orden público, este Órgano Jurisdiccional considera cumplido el cuarto requisito, esto es, se haya sobrepasado el término señalado por la Ley para que opere la prescripción del derecho objeto de la pretensión, y así se declara.
Finalmente, en cuanto al cuarto y último requisito, esto es, el Juez de la causa antes de dictar el decaimiento de la acción y su consecuente extinción, notifique al actor para que éste explique los motivos de su inactividad, observa este Tribunal Superior inserto en el Expediente Principal:
- Folio 201, auto del 08 de julio de 2010, por medio del cual este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital se abocó al conocimiento de la presente causa, y observando que la parte querellante no ha realizado ninguna actuación procesal que dé continuidad a la causa desde el 18 de abril de 2008, lo cual pudiera suponer una pérdida de interés procesal en que se sentencie, ordenó notificar a la parte querellante, para darle continuación a la presente causa
- Folio 206, constancia del 20 de enero de 2016 por medio de la cual el ciudadano Alguacil de este Tribunal Superior expone:
“(…) Vencido como se encuentra el lapso de la publicación por cartelera consigno boleta de notificación (…) dirigida a ciudadano Juan Bautista Matheus.(…)”
Por tanto, y visto tal y como se indicó con anteriormente que el 16 de noviembre de 2015, este Tribunal Superior ordeno notificar a la parte querellante con el objeto de que compareciera a impulsar la presente causa, sin que se presentara a tal fin, se considera cumplido este requisito, esto es, el Juez de la causa antes de dictar el decaimiento de la acción y su consecuente extinción, notifique al actor para que éste explique los motivos de su inactividad, y así se declara.
De aquí que, visto que de la lectura de las actas procesales que conforman el presente expediente quedó evidenciado que la parte querellante no ha realizado alguna actuación ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital o ante este Tribunal Superior que pueda constituir un impulso procesal, estando la presente causa paralizada en estado de sentencia por falta de impuso procesal por un tiempo que supera el término de la prescripción decenal, y habiéndose notificado al accionante a fin de que informara a este Órgano Jurisdiccional si tenía interés en que se le sentencie, y en caso afirmativo manifestara su excusa, el cual no compareció, este Juzgado tiene por cumplidos los requisitos concurrentes previstos en la Sentencia Nº 956 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, parcialmente transcrita supra, por lo que, aunado al hecho de que con la aplicación del criterio in commento en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público, debe forzosamente declarar la EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA por PÉRDIDA DEL INTERÉS en el presente recurso, y así se decide.