REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
-EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-
Valencia, veintiocho de enero de dos mil dieciséis
205º y 156º
SENTENCIA INTELOCUTORIA
CON FUERZA DE DEFINITIVA
EXPEDIENTE GP02-N-2013-000166
PARTE ACCIONANTE 3-A JOHNSON CONTROLS ANDINA, C.A.
APODERADO DE LA PARTE ACCIONANTE: JUAN CARLOS PRO RISQUEZ, RAMON J. ALVINS S., ERNESTO ANDUEZA GALENO, VICTORINO J. TEJERA PEREZ, FERNANDO A. PLANCHART P., ALBERTO F. RAVELL N., TOMAS N. ALFONZO-LARRAIN, ISABELLA CILIBERTO VINEY y ESTHER CECILIA BLONDET. INSCRITO EN EL INPREABOGADO BAJO LOS Nros. 41.184, 26.304, 28.680, 66.383, 92.567, 92.670, 98.663, 82.060 y 70.731, respectivamente.
ACTO ADMINISTRATIVO: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 52-2003 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2003.
ÓRGANO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECURRIDO: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUIN, DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO.
MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa:
PRIMERO: Se inició el presente procedimiento mediante recurso de nulidad presentado en fecha 28 de Agosto del 2003 por ante el Juzgado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por los abogados JUAN CARLOS PRO RISQUEZ, LUIS ERNESTO ANDUEZA GALENO y VANESSA BUSTILLOS GALAVIS, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 41.184, 28.680 Y 96.244, respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la entidad de trabajo 3-A JOHNSON CONTROLS ANDINA, C.A., en contra de la Providencia Administrativa No. 52-2003 de fecha 5 de mayo de 2003., emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Guacara, San Joaquin, Diego Ibarra del Estado Carabobo.
SEGUNDO: La presente causa fue asignada a este Juzgado, conforme a distribución realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de fecha 11 de Junio de 2013, proveniente del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, sede Valencia, en virtud de declinatoria de competencia realizada por el Tribunal remitente, por lo que mediante auto de fecha 12 de Junio de 2013, se le da entrada al expediente.
TERCERO: Mediante auto de fecha 17 de Junio de 2013, la Juez se aboca al conocimiento de la causa y ordena notificar a la parte accionante del abocamiento.
CUARTO: Que consta en autos que la última actuación de la parte accionante se corresponde al 14 de Noviembre de 2006, la cual se corresponde a la diligencia suscrita por el abogado Oscar A. Ghersi, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 85.158, mediante la cual solicita a la Corte decline su competencia al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Regiòn Central.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Se desprende de autos, que desde la actuación de la parte accionante, de fecha 14 de Noviembre de 2006, hasta la presente fecha, transcurrió más de un (01) año sin actividad de parte capaz de impulsar el proceso.
Del análisis de las actuaciones del expediente de marras, este Tribunal advierte que en el caso específico ha ocurrido una inactividad de la parte accionante en virtud que no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento durante más de un (01) año, lo que hace aplicable la extinción de la causa de pleno derecho.
Al respecto, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.........”.
Mediante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrado LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, Expediente N° 05-2083, caso amparo Constitucional seguido por el ciudadano YVAN RAMÓN LUNA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 7.469.048, ejercieron acción de amparo constitucional contra la decisión del 12 de abril de 2005, dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se puntualizó:
“… (omissis)… Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia.
En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil-…”
En consecuencia, al constituir la perención una institución de orden público, habiendo operado la misma, este Tribunal declara consumada la perención y extinguida la instancia en este juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ASÍ SE DECLARA.
Por las consideraciones antes expuestas, y al haber transcurrido más de un (01) año sin actividad procesal de las partes, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el juicio de nulidad de acto administrativo seguido por la entidad de trabajo 3-A JOHNSON CONTROLS ANDINA, C.A.
No hay condenatoria en costas conforme a lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Notifíquese de la presente decisión al ciudadano Procurador General de la República, conforme a lo previsto en el Decreto con Fuerza y rango de Ley de la Procuraduría General de la República.
Publíquese y Regístrese. Déjese copia de archivo.
Dada, sellada y firmada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los veintiocho (28) días del mes de Enero del año dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La Juez,
BEATRIZ RIVAS ARTILES
La Secretaria,
YAJAIRA MARTÍNEZ
En la misma fecha se dictó, público y registró la anterior sentencia, siendo las 03:14 p.m.
La Secretaria,
YAJAIRA MARTÍNEZ
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