REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de Puerto Cabello Puerto Cabello, veinticinco de julio de dos mil dieciséis 206º y 157º ASUNTO: GH22-X-2016-000002 SOLICITANTE: BANCO PROVINCIAL, S.A. NULIDAD DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 243/2013, DE FECHA 29-OCTUBRE -2013, EXPEDIENTE Nº 067-2013-03-00191 MOTIVO: AMPARO CAUTELAR. SENTENCIA INTERLOCUTORIA Admitido como ha sido el presente recurso de nulidad; aperturado el respectivo cuaderno de medidas; y estando en la oportunidad procesal correspondiente, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre la medida de Amparo Cautelar solicitada por el la entidad de trabajo Banco Provincial, S.A, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al respecto se observa; Considera la legislación venezolana, la posibilidad de efectuar una pretensión de Amparo Constitucional conjuntamente con un recurso contencioso administrativo de anulación de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en este caso, el Juez en forma breve, sumaria y efectiva conforme a lo establecido en el articulo 22 ejusdem si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos mientras dure el juicio, es decir, la pretensión de Amparo Constitucional conserva su naturaleza cautelar, mientras duren los juicios de anulación, quedando a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional competente para conocer de la causa principal decretar tal medida si lo considera procedente para la protección constitucional. Y ASI SE DECLARA. Ahora bien la accionante, fundamentó su solicitud de amparo cautelar constitucional en la presunta violación de los siguientes derechos constitucionales; Derecho a la Defensa y al Debido Proceso: Señaló la accionante, que la providencia administrativa dictada por la Inspectoria del Trabajo usurpó funciones propias del órgano jurisdiccional al tramitar un reclamo con prescindencia absoluta de lo contemplado en el artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, y prosigue señalando en relación al Fumus Boni Iuris, que “ En el presente caso, de las actas del expediente administrativo consignado y de los alegatos de hecho y de derecho explanados se puede evidenciar la presunción del fumus bonis iuris constitucional, (olor de buen derecho) en relación a la violación al debido proceso de acuerdo a la actuación desarrollada por inspector del trabajo, en la aplicación del proceso de reclamo de conformidad con el artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, lo cual a todas luces redundo en la violación al derecho a la defensa del accionante ” y prosigue… “Y al tratarse de un reclamo por salario y bono de alimentación retenido, y mi representada negó la existencia de la relación laboral para el momento del reclamo puesto que ya había finalizado la misma a través de la culminación de un contrato a tiempo determinado, el mismo no se trata de situaciones de hecho sino de la reclamación de derechos laborales substanciales e irrenunciables que ameritan un proceso contencioso”…”En tal sentido el inspector del trabajo violó el debido proceso, al aplicarle al justiciable un procedimiento no establecido en la ley , todo lo cual redundó en la violación asimismo del derecho a la defensa del recurrente.” Precisado lo anterior y con el objeto de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto recurrido, pudiendo ello constituir un atentado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; pasa este Tribunal a revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo constitucional solicitada por la accionante. En tal sentido, debe analizarse el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante. En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in límine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. Así las cosas, en referencia a los derechos a la defensa, y al debido proceso denunciados, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido manteniendo en criterio pacífico que los mismos implican el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa y finalmente, el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes. Ahora bien, de la manifestación contenida en el escrito libelar, y de la revisión efectuada a las actas que conforman el expediente pudo constatarse que efectivamente mediante solicitud de reclamo por concepto de Bono de Alimentación y Salario retenido (Subrayado nuestro) se aperturó procedimiento de conformidad con el artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, donde la Inspectoria de trabajo admitió la solicitud y se apertura procedimiento, el cual fue notificado a la parte recurrente; de igual manera se fijó Audiencia de Reclamo y Acto de contestación a la reclamación por Bono de Alimentación y Salario retenido, al cual acudió la entidad de trabajo reclamada; se recibe escritos de las partes, remitiéndose el expediente a la ciudadana Inspectora para su decisión, y por último se observa decisión motivada de la autoridad administrativa del Trabajo (folio 53), y su respectiva notificación, circunstancias éstas que permiten concluir en la no existencia en autos de hechos violatorios al derecho a la defensa y al debido proceso Y así se declara; Por lo que resulta forzoso concluir en la no existencia en autos del fumus boni iuris o presunción de buen derecho a favor de la recurrente que haga presumir que la Administración violó el derecho a la defensa y al debido proceso de la recurrente. Así se declara. DECISIÓN Atendiendo a los razonamientos antes señalados, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, en sede contencioso administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar, incoada por la entidad de trabajo Banco Provincial, S.A; a través de apoderada judicial. Publíquese, regístrese y déjese copia para su posterior archivo. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo sede Puerto Cabello, a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación. Dr. ALFREDO CALATRAVA SANTANA JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO. Abg. DINA PRIMERA ROBERTIS. SECRETARÍA.