REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, 30 de junio de 2016 206º y 157º ASUNTO: AP11-V-2014-000743 PARTE DEMANDANTE: Ciudadano IDRISS ABDULLAHI, de nacionalidad nigeriana, mayor de edad y titular del pasaporte Nº A040007024. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado JULIO CÉSAR SÁNCHEZ RAMOS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-13.068.451 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 90.735. PARTE DEMANDADA: Ciudadanos ANTONIO FERNANDO TEDINO FRANCESCA y TERESITA ROSALGELA BARZE, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.216.075 y V-6.072.184, respectivamente. MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS (PERENCIÓN ANUAL) - I - SÍNTESIS DEL PROCESO Este proceso se inició por demanda de indemnización de daños y perjuicios incoada en fecha 19 de junio de 2014, la cual fue admitida, a los efectos de interrumpir la prescripción, por auto dictado en fecha 10 de abril de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. La última actuación procesal verificada en esta causa fue el auto dictado en fecha 13 de abril de 2015, mediante el cual se dio por recibido en oficio Nº ONRE/O/00484/2015, de fecha 16 de Marzo de 2015, proveniente del Consejo Nacional Electoral, en respuesta al oficio N° 0698, emanado por este Juzgado en fecha 08 de octubre de 2014, mediante el cual se le solicitó información acerca del último domicilio de los demandados en esta causa judicial. En esa misma fecha, fueron acordadas copias certificadas solicitadas por la representación judicial de la parte actora. - II - MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” En este estado de cosas, resulta oportuna la cita de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, contenida en decisión de fecha 22 de septiembre de 1993, en la que se estableció lo siguiente: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.” (Resaltado de este Tribunal) - III - DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese y déjese copia.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 2º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 30 de junio de 2016. 206º y 157º. El Juez, Abg. Luis R. Herrera G. El Secretario, Abg. Jonathan Morales En esta misma fecha, siendo las 1:13 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario, Abg. Jonathan Morales Asunto: AP11-V-2014-000743