TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA LIBERTADOR LOS GUAYOS NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
VALENCIA, 22 DE JUNIO DEL AÑO 2016.
AÑOS 206° Y 157°

SOLICITANTES: MARIA BEATRIZ GARCÍA URRIOLA y ALEX ASCHAID DOMINGUEZ GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V-17.504.249 y V-17.980.631 respectivamente, asistidos en este acto por la abogada KARLA MOGOLLÓN FIGUEREDO, inscrita en el IPSA bajo el N° 95.522.
MOTIVO: DIVORCIO MUTUO CONSENTIMIENTO
EXPEDIENTE Nº: 9529

NARRATIVA:
Del presente expediente se observa lo siguiente:
Por escrito presentado en fecha 21 de abril del 2016, los ciudadanos MARIA BEATRIZ GARCÍA URRIOLA y ALEX ASCHAID DOMINGUEZ GONZÁLEZ venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V-17.504.249 y V-17.980.631 respectivamente, asistidos en este acto por la abogada KARLA MOGOLLÓN FIGUEREDO, inscrita en el IPSA bajo el N° 95.522, solicitaron el DIVORCIO de conformidad con lo establecido en los artículos 185 y 189, del Código Civil y la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 02 de junio de 2015, expediente 12-1163, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Marchan.
En fecha 02 de mayo del 2016, se admite la solicitud fijando la audiencia de conciliación para el quinto día siguiente al auto de admisión, a los fines de que los solicitantes comparezcan personalmente por ante este Tribunal a las 10:00 de la mañana, con el objeto de ratificar su petición de Divorcio 185 de Mutuo consentimiento, asimismo se ordenó la Notificación del Fiscal especializado en Materia Civil y Familia del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial para dentro de los Diez (10) días de Despacho siguiente a su Notificación a fin de que exponga lo que creyera conveniente, se libró la boleta de Notificación.
El día 17 de mayo de 2016, siendo las 10:00 de la mañana tuvo lugar la audiencia de mediación de conformidad con el artículo 257 Constitucional del contenido se desprende el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.
En fecha 24 de mayo del 2016, comparece el Alguacil del Tribunal a los fines de consignar la boleta de Notificación firmada por la Fiscal del Ministerio Público en materia de Niño, Niña, Adolescente y Familia de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 24 de mayo del 2016, comparece por ante este Despacho la Abogada KAREM BRUNEY TORRES SEIJAS, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interina Décima Séptima del Ministerio Publico Especial para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del Estado Carabobo y manifiesta que no tiene nada que objetar en la Solicitud de Divorcio.
En fecha 21 de junio de 2016, comparecen los ciudadanos MARIA BEATRIZ GARCÍA URRIOLA y ALEX ASCHAID DOMINGUEZ GONZÁLEZ, supra identificados, donde confieren Pode Apud Acta a la abogada KARLA MOGOLLÓN FIGUEREDO, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 95.522 para que en su nombre sostenga defienda y mantenga sus intereses.
ALEGATOS DE LAS PARTES:
Que en fecha 08 de febrero de 2013, contrajeron matrimonio por ante la Oficina de Registro Civil de la Unidad Civil de la Parroquia San Juan de Guanaguanare, Municipio Guanare, Estado Portuguesa, según se evidencia en Acta de Matrimonio No. 09, Folio 09, año 2013, la cual acompañaron marcada “A”.
Que fijaron su último domicilio conyugal en la Avenida Principal, Residencias Valle Fresco III, piso 8, apartamento 8-2, sector Paseo La Granja, avenida Cementerio, Municipio Naguanagua del estado Carabobo. Que no procrearon hijos y que si adquirieron bienes.
Que de común y mutuo acuerdo han convenido y decidido separarse.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal.
En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.
De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.
De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem).
Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Así, debe ser interpretada en el sentido que –manifestada formalmente ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo 185-A del Código Civil–, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la solicitud, debe otorgar oportunidad para probarlos, ya que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional), así como para el desarrollo integral de las personas (artículo 75 eiusdem), mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado (artículo 75 ibidem).
Así tenemos que, en Sentencia de la Sala Constitucional con carácter vinculante, se realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y establece que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, incluyéndose el mutuo consentimiento.
En el presente caso, cumplidos como han sido los trámites procesales, y en razón de que los cónyuges MARIA BEATRIZ GARCÍA URRIOLA y ALEX ASCHAID DOMINGUEZ GONZÁLEZ, supra identificados, de mutuo consentimiento han manifestado ante este Tribunal su voluntad de suspender la vida en común, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY declara:
CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO (MUTUO CONSENTIMIENTO) de los ciudadanos MARIA BEATRIZ GARCÍA URRIOLA y ALEX ASCHAID DOMINGUEZ GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V-17.504.249 y V-17.980.631 respectivamente, y en consecuencia declara DISUELTO el vinculo matrimonial por ellos contraídos por ante la Oficina de Registro Civil de la Unidad Civil de la Parroquia San Juan de Guanaguanare, Municipio Guanare, Estado Portuguesa, tal y como se evidencia de la respectiva acta de Matrimonio acompañada a la presente solicitud.
Particípese al Registro Civil correspondiente, así como al Registro Principal del Estado.
En cuanto a los bienes adquiridos durante la unión conyugal, procédase a la liquidación y partición en su debida oportunidad procesal conforme a la Ley.
Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 248 ejusdem.
Dada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En Valencia a los veintidós (22) días del mes de Junio de 2016. Año 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO

Abg. YOVANI RODRIGUEZ CANTERO
LA SECRETARIA TEMPORAL

Abg. GRISEL SANGRONIS
En la misma fecha se publicó, siendo las 2:30 de la tarde y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.
LA SECRETARIA TEMPORAL

Abg. GRISEL SANGRONIS

Exp. 9529-2016
YRC/GS/YP