TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 16 de junio de 2016
Años: 206° de Independencia y 157° de la Federación

EXPEDIENTE Nº: 5.818
DEMANDANTE: FARMACIA COMERCIO, S.R.L.
DEMANDADO: DIRECCIÓN REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD.

- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inicia por recurso de nulidad, presentado en fecha 25 de agosto del 1995, interpuesta por los ciudadanos RAMON MELENDES ADRIAN y JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ titulares de las cedulas de identidad Nº V-9.229.850 y 7.009.663, actuando en su condición de representantes legales de la FARMACIA COMERCIO, S.R.L., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nº 59, Tomo 7-A, en fecha 27 de abril de 1993, asistidos por los abogados ALFREDO ELOY BURGOS BRICEÑO y GIOCONDA BURGOS ARENAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 4.143 y 49.883, respectivamente, contra la DIRECCIÓN REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
En fecha 25 de agosto de 1995, se dio entrada y se anotó en los libros correspondientes.
En fecha 29 de agosto de 1995, mediante escrito el ciudadano RAMON MELENDES ADRIAN, titular de la cedula de identidad Nº V-9.229.850, asistido por los abogados ALFREDO ELOY BURGOS BRICEÑO y GIOCONDA BURGOS ARENAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 4.143 y 49.883, dejó constancia que consignó Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias sobre la Transferencia de los Servicios de Salud Pública y anexos.
En fecha 30 de agosto de 1995, este Tribunal dicto auto mediante el cual solicitó los antecedentes administrativos y se ordenó librar las notificaciones correspondientes.
En fecha 30 de agosto de 1995, mediante diligencia el ciudadano Alguacil del Tribunal, dejando constancia que fueron entregados los oficios de notificación Nº 0358 y 0359.
En fecha 15 septiembre de 1995, la ciudadana ALIX GAMBOA, titular de la cedula de identidad Nº V-6.442.667, asistida por la abogada CARELIA BOLIVAR DE TORRES inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 50.672, se consignó escrito de contestación.
En fecha 09 de octubre de 1995, se admitió el presente recurso, y se ordenó librar las notificaciones correspondientes.
En fecha 24 de octubre de 1995, mediante diligencia el ciudadano Alguacil del Tribunal, dejando constancia que fueron entregados los oficios de notificación Nº 0414 y 0415.
En fecha 03 de noviembre de 1995, el ciudadano RAMON MELENDES ADRIAN, titular de la cedula de identidad Nº V-9.229.850, asistido por los abogados ALFREDO ELOY BURGOS BRICEÑO y GIOCONDA BURGOS ARENAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 4.143 y 49.883, mediante escrito dejó constancia que se oponen al escrito de contestación de la demanda.
En fecha 29 de noviembre de 1995, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que no se apertura el lapso probatorio en consecuencia se fijó para el quinto día de despacho comenzar la primera etapa de relación en el presente juicio.
En fecha 12 de diciembre de 1995, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que comenzó la primera etapa de relación en el presente juicio.
En fecha 15 de enero de 1996, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que continuó la primera etapa de relación en el presente juicio.
En fecha 18 de enero de 1996, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que comenzó la segunda etapa de relación en el presente juicio.
En fecha 21 de febrero de 1996, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que continúa la segunda etapa de relación en el presente juicio.
En fecha 25 de marzo de 1996, se dictó auto mediante el cual se difiere la publicación de la sentencia.
En fecha 16 de junio de 2016, en la condición de Juez Superior, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo del 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa.

-I-
CONSIDERASIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe en recurso de nulidad, interpuesta por los ciudadanos RAMON MELENDES ADRIAN y JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ titulares de las cedulas de identidad Nº V-9.229.850 y 7.009.663, actuando en su condición de representantes legales de la FARMACIA COMERCIO, S.R.L., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nº 59, Tomo 7-A, en fecha 27 de abril de 1993, asistidos por los abogados ALFREDO ELOY BURGOS BRICEÑO y GIOCONDA BURGOS ARENAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 4.143 y 49.883, respectivamente, contra la DIRECCIÓN REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
Ahora bien, constata este Juzgado que desde el 25 de marzo de 1996, fecha en la cual se dictó auto mediante el cual se difiere la publicación de la sentencia, no ha existido actividad efectuada tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a este Juzgado a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante fallo Nº AP42-N-1987-006929 año 2010, caso: “PROMOCIONES INMOBILIARIAS COSMOS, S.A. Vs. COMISIÓN PARA EL REGISTRO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA”, la cual

“(…omissis…)
Asimismo, cabe destacar que dentro de los requisitos constitutivos del derecho de acción se encuentra el interés procesal, como aquel que nace al instaurarse el proceso y se integra al titular del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, se hace necesario observar lo establecido en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente:
“…Artículo 16: Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente…”
Conforme a dicha norma, se evidencia que el interés procesal constituye uno de los fundamentos del ejercicio de la acción, que no sólo debe estar presente en el momento de su ejercicio, sino que debe mantenerse a lo largo del proceso para que el juez se pronuncie sobre el mérito o fondo de la controversia.”

Asimismo en necesario resaltar el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 956, de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:

“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.
En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
(…omissis…).
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho e
special o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis…).
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben‘…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de juni o de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte demandante desde el 25 de marzo de 1996, fecha en la cual se dictó auto mediante el cual se difiere la publicación de la sentencia, es decir, más de veinte (20) años sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgado, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgado considera conveniente notificar a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.
Anexo copia certificada del auto de fecha 16 de junio de 2016, mediante el cual el Juez Luis Enrique Abello García, se aboca al conocimiento de la causa.
EL JUEZ SUPERIOR,

ABG. LUÍS ENRIQUE ABELLO GARCÍA.
LA SECRETARIA,

ABG. DONAHIS VICTORIA PARADA MÁRQUEZ.

Exp. 5.818
LEAG/DVPM/Ale