REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO Valencia, 29 de junio de 2016 Años: 206° de Independencia y 157° de la Federación EXPEDIENTE Nº: 6.236 DEMANDANTE: CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS. DEMANDADO: POLICIA DEL ESTADO CARABOBO. MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL. - I - BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES El presente procedimiento se inicia por querella funciona, presentado en fecha 09 de abril del 1997, interpuesta por el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9678.474, asistido por el abogado RAFAEL PEREZ CASTILLO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.221, respectivamente, contra la POLICIA DEL ESTADO CARABOBO. En fecha 09 de abril de 1997, se dio entrada y se anotó en los libros correspondientes. En fecha 14 de abril de 1997, se dictó auto mediante el cual se solicitó expediente administrativo, se libró las notificaciones correspondientes. En fecha 27 de mayo de 1997, mediante diligencia el alguacil del Tribunal dejó constancia que de haber practicado la notificación de los oficios Nº 0456 y 0457. En fecha 23 de marzo de 1998, se dictó auto mediante el cual se solicitó nuevamente el expediente administrativo, se libró la notificación correspondiente. En fecha 16 de abril de 1998, mediante diligencia el alguacil del tribunal dejó constancia que fue practicada la notificación del oficio Nº 0348. En fecha 28 de abril de 1998, mediante escrito la parte querellada dejó constancia que el expediente administrativo fue consignado en original, se anexa copia de recibido. En fecha 20 de mayo de 1998, mediante diligencia el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9678.474, asistido por la abogada MARÍA LEÓN inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº30.864, solicitó admisión de la querella. En fecha 19 de junio de 1998, se admitió la presente querella funcionarial, se libraron las notificaciones correspondientes. En fecha 14 de julio de 1998, el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9678.474 consignó planilla de pago del Banco Industrial de Venezuela Nº 851107 de copias certificadas. En fecha 28 de 07 de 1998, mediante diligencia el alguacil del tribunal dejó constancia que fue practicada la notificación de los oficios Nº 0708, 0709 y 0710. En fecha 13 de agosto de 1998, fue consignado escrito de contestación del ciudadano Comandante General de la Policía del Estado Carabobo JOSÉ FRANCISCO BLANCO DÍAZ titular de la cedula de identidad Nº V-1.362.878, asistido por el abogado JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.053. En fecha 17 de septiembre de 1998, se dictó auto mediante el cual se fijó para el quinto día comenzar la primera etapa del juicio. En fecha 29 de septiembre de 1998, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que comenzó la primera etapa del juicio, se suspende al acto para el quinto día siguiente. En fecha 14 de octubre de 1998, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que continuó y terminó la primera etapa del juicio. Se fija la segunda etapa del juicio para el día siguiente de despacho. En fecha 15 de octubre de 1998, presentó informes el ciudadano Comandante General de la Policía del Estado Carabobo JOSÉ FRANCISCO BLANCO DÍAZ titular de la cedula de identidad Nº V-1.362.878, asistido por la abogada MAYRA MENÉNDEZ ROMÁN inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.617. En fecha 19 de octubre de 1998, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que comienza la segunda etapa del juicio, se suspendió el acto para el vigésimo día de despacho siguiente. En 20 de octubre de 1998, se dictó auto mediante el cual se ordenó abrir pieza II. En fecha 30 de noviembre de 1998, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que continuó y terminó la segunda etapa del juicio. En fecha 13 de enero de 1999, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que se difiere publicación de sentencia por 29 días continuos. En fecha 10 de junio de 1999, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que el tribunal fijará la oportunidad para dictar sentencia. En fecha 10 de febrero de 2000, mediante diligencia el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9678.474, asistido por el abogado JOSÉ FRANCISCO ORTEGA inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº39.852 solicitó abocamiento. En fecha 14 de febrero de 2000, se dictó auto mediante el cual la juez temporal DANILA GUGLIELMETTI FRESCHI se abocó al conocimiento de la causa. En fecha 06 de julio de 2000, se dictó auto mediante el cual la juez provisoria FLOR TORTOLERO SALAZAR se abocó al conocimiento de la causa. En fecha 26 de julio de 2000, mediante diligencia el alguacil del Tribunal dejó constancia que consignó copia de boletas de notificación. En fecha 05 de octubre de 2000, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que por haberse encargo la juez temporal DANILA GUGLIELMETTI FRESCHI, se fijaron 30 días continuos para sentenciar. En 26 de octubre de 2000, se revocó por contario imperio el auto dictado en fecha 05 de octubre de 2000, se libró la notificación correspondiente. En fecha 10 de enero de 2001, mediante diligencia el alguacil del Tribunal dejó constancia que consignó copia de boletas de notificaciones. En fecha 23 de enero 2001, mediante diligencia la abogada ALIX ALFONZO inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº41.119 solicitó copia simple de los folios 108, 109 y 110. En fecha 23 de enero de 2001, se dictó auto mediante el cual se confirió copia simple solicitada por la abogada ALIX ALFONZO inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº41.119. En fecha 24 de abril de 2001, mediante diligencia el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9.678.474 asistido por la abogada DAMARYS CAÑIZARES inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº78.901 solicitó abocamiento. En fecha 24 de abril de 2001, mediante escrito el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9.678.474 confiere poder apud acta a la abogada DAMARYS CAÑIZARES inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº78.901. En fecha 03 de mayo de 2001, mediante auto el juez temporal RAFAEL ORTIZ ORTIZ se abocó al conocimiento de la causa, se libraron las notificaciones correspondientes. En fecha 10 de enero de 2002, mediante diligencia la abogada DAMARYS CAÑIZARES inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº78.901 solicitó abocamiento. En fecha 29 de enero de 2002, mediante diligencia la abogada DAMARYS CAÑIZARES inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº78.901 solicitó sentencia. En fecha 21 de febrero de 2002, se dictó auto mediante el cual la juez temporal DANILA GUGLIELMETTI FRESCHI se abocó al conocimiento de la causa, se libraron las notificaciones correspondientes. En fecha 02 de abril de 2002, mediante diligencia el alguacil del Tribunal dejó constancia que consignó copia de boletas de notificación. En fecha 08 de mayo de 2002, se dictó auto mediante el cual se fijaron 30 días continuos para sentenciar. En fecha 10 de junio de 2002, se dictó auto mediante el cual el juez suplente JOSÉ DIONISIO MORALES BAEZ se abocó al conocimiento de la causa. En fecha 14 de junio de 2002, se dictó auto mediante el cual se difiere publicación de la sentencia por 30 días continuos. En fecha 29 de octubre de 2002, la abogada DAMARYS CAÑIZARES inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº78.901 solicitó abocamiento. En fecha 14 de abril de 2003, DAMARYS CAÑIZARES inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº78.901 solicitó abocamiento. En fecha 21 de octubre de 2003, mediante diligencia el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9.678.474, asistido por el abogado WILLIAMS LATTUF RODRIGUEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº54.668 solicitó abocamiento. En fecha 08 de diciembre de 2003, se dictó auto mediante el cual el juez temporal GUILLERMO CALDERA MARÍ se abocó al conocimiento de la causa, se libraron las notificaciones correspondientes. En fecha 07 de junio de 2004, mediante diligencia el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9.678.474 otorgó poder apud especial al abogado JUAN CARLOS ZAMORA inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº94.886. En fecha 10 de junio de 2004, mediante diligencia el alguacil del tribunal dejó constancia que consignó copia de boletas de notificación. En fecha 07 de julio de 2004, se dictó auto mediante el cual se fijaron 30 días continuos para sentenciar. En fecha 09 de agosto de 2004, se dictó auto mediante el cual se difiere publicación de sentencia por 30 días continuos. En fecha 20 de septiembre de 2004, mediante diligencia el abogado de JUAN CARLOS ZAMORA inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº94.886 solicitó sentencia. En fecha 31 de octubre 2006, mediante diligencia el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9.678.474, asistido por el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709 solicitó abocamiento. En fecha 1 de noviembre de 2006, el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9.678.474 otorgó poder apud acta al abogado al abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709. En fecha 06 de febrero de 2007, se dictó auto mediante el cual el juez provisorio OSCAR LEÓN UZCATEGUI se abocó al conocimiento de la causa, se libraron las notificaciones correspondientes. En fecha 06 de octubre de 2008, se agregó escrito de la fiscalía sexta del Ministerio Público circunscripción judicial del Estado Yaracuy mediante el cual solicitó sentencia. En fecha 15 de diciembre de 2009, mediante diligencia el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709 solicitó se practiquen las notificaciones. En fecha 23 de febrero de 2010, mediante diligencia el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709 solicitó se practiquen las notificaciones. En fecha 26 de febrero de 2010, se dictó auto mediante el cual se ordenó actualizar las boletas de notificación de abocamiento. En fecha 07 de febrero de 2011, mediante diligencia el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709 solicitó abocamiento. En fecha 25 de marzo de 2011, se dicto auto mediante el cual la juez provisoria GERALDINE LÓPEZ BLANCO se abocó al conocimiento de la causa, se libraron las notificaciones correspondientes. En fecha 05 de agosto de 2011, mediante diligencia la alguacil del Tribunal dejó constancia que consignó copia de las boletas de notificación debidamente practicadas. En fecha 08 de noviembre de 2011, mediante diligencia el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709 solicitó abocamiento. En fecha 12 de abril de 2012, se dictó auto mediante el cual el juez provisorio JOSÉ GREGORIO MADRIZ DÍAZ se abocó al conocimiento de la causa se libraron las notificaciones correspondientes. En fecha 04 de octubre de 2012, mediante escrito el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709 sustituyó poder a los abogados DEYSI DANIELA LEON MADROÑERO y MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 188.345 y 188.377. En fecha 13 de noviembre de 2012, mediante diligencia el alguacil del Tribunal dejó constancia que consignó copia de boletas debidamente practicadas. En fecha 13 marzo de 2013, mediante diligencia el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709 solicitó sentencia. En fecha 28 de mayo de 2014, mediante diligencia el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709 solicitó sentencia. En fecha de 29 junio de 2016, en la condición de Juez Superior, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo del 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa. -I- CONSIDERASIONES PARA DECIDIR Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe en querella fncionarial, interpuesta por el ciudadano CARLOS GIBSON MUJICA RUMBOS titular de la cedula de identidad Nº V-9678.474, asistido por el abogado RAFAEL PEREZ CASTILLO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.221, respectivamente, contra la POLICIA DEL ESTADO CARABOBO. Ahora bien, constata este Juzgado que desde el 28 de mayo de 2014, fecha en la cual la parte querellante solicitó sentencia, no ha existido actividad efectuada tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a este Juzgado a presumir la pérdida del interés procesal. En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante fallo Nº AP42-N-1987-006929 año 2010, caso: “PROMOCIONES INMOBILIARIAS COSMOS, S.A. Vs. COMISIÓN PARA EL REGISTRO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA”, la cual “(…omissis…) Asimismo, cabe destacar que dentro de los requisitos constitutivos del derecho de acción se encuentra el interés procesal, como aquel que nace al instaurarse el proceso y se integra al titular del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, se hace necesario observar lo establecido en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente: “…Artículo 16: Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente…” Conforme a dicha norma, se evidencia que el interés procesal constituye uno de los fundamentos del ejercicio de la acción, que no sólo debe estar presente en el momento de su ejercicio, sino que debe mantenerse a lo largo del proceso para que el juez se pronuncie sobre el mérito o fondo de la controversia.” Asimismo en necesario resaltar el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 956, de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”: “…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos. Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”. En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que: “…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (…omissis…). En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe: ‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho e special o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis…). Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben‘…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’) El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de juni o de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”. Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte demandante desde el 28 de mayo de 2014, fecha en la cual la parte querellante solicitó sentencia, es decir, más de diez (10) años sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgado, en principio, declarar la pérdida del interés. En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes. En consecuencia, este Juzgado considera conveniente notificar a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara. Anexo copia certificada del auto de fecha 29 de junio de 2016, mediante el cual el Juez Luis Enrique Abello García, se aboca al conocimiento de la causa. EL JUEZ SUPERIOR, ABG. LUÍS ENRIQUE ABELLO GARCÍA. LA SECRETARIA, LEAG/DVPM/Ale Exp. 6.236 ABG. DONAHIS VICTORIA PARADA MÁRQUEZ.