REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
EXTENSION PUERTO CABELLO.
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DE LOS MUNICIPIOS PUERTO CABELLO Y JUAN JOSE MORA
Puerto Cabello, dos de mayo de dos mil dieciséis
206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL: GP31-V-2014-000059
ASUNTO: GP31-V-2014-000059
PARTE DEMANDANTE: MADELEINE CAROLINA FERREIRA TOVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-17.824.390.-
PARTE DEMANDADA:
MOTIVO: TRANSPORTE ROGIL C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 14 de Marzo de Mayo del año 2.005, bajo el Nro 48, Tomo 267-A.-
Desalojo (Local Comercial)
RESOLUCIÓN Nº 2016-000089 Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva
SEDE: Civil
Se inicia el presente procedimiento por demanda por Resolución de Contrato, presentada por la ciudadana MADELEINE CAROLINA FERREIRA TOVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-17.824.390, actuando debidamente asistido por el abogado Manuel Antonio Ferreira Tovar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 156.089, contra el TRANSPORTE ROGIL C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 14 de Marzo de Mayo del año 2.005, bajo el Nro 48, Tomo 267-A, representada por su Presidente ROGELIO GIL YANES, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 11.102.777, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito en fecha 12/05/2014, siendo admitida por este Tribunal en fecha 15/05/2014; en consecuencia se emplazo a la demandada al segundo (2do) día de despacho siguiente a que constara en autos su citación para que diera contestación a la demanda.
En fecha 26/05/2014, compareció la accionante asistida por su abogado y presento escrito de reforma de la demanda; en la misma fecha y por diligencia separada, asistida por el abogado Manuel Ferreira, otorgo poder Apud acta a los abogados Fátima Ferreira, Ali Granados y el abogado asistente.
En fecha 02/06/2014, revisada como fue la reforma al escrito de demanda presentada por el accionante, el tribunal admitió nuevamente la demanda y se emplazo a la demandada al segundo (2do) día de despacho siguiente a que constara en autos su citación para que diera contestación a la demanda.
En fecha 05/06/2014, compareció el abogado Manuel Ferreira actuando en su carácter de apoderado judicial de la demandante consigno las copias simples de libelo y del auto de admisión a fin de que se practicara la citación de la demandada.
En fecha 25/06/2014 (F. 42) compareció el ciudadano Luís Guillermo Sánchez Ferrer, actuando en su carácter de Alguacil de este Circuito Judicial Civil y expuso que se traslado en fecha 18/06/2014 al domicilio indicado de la demandada, y una vez ubicado en el sitio fue atendido por la ciudadana Michel Vargas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.-14.972.479, en su carácter de Secretaria de la demandada, quien le manifestó que el Presidente no se encontraba para el momento de su visita, en consecuencia consignaba la compulsa con su respectivo recibo de citación sin firmar para que fuese agregado a los autos.
Ahora bien, vista la falta de impulso procesal en que ha incurrido la parte solicitante, sin que hasta la presente fecha haya acudido por ante este despacho a instar el procedimiento, el Tribunal observa:
-I-
I.1.- La Sala de Casación Civil de la Extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 22/09/1993, expediente Nº 92-0439, juicio Banco República C.A. Vs. Alejandro Saturno Santander, asienta:
“… La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuente con este fin, la perención esta concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención materia de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes de que este entre en fase de sentencia, esto es, al día siguiente del vencimiento del término para presentar las observaciones de los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expende a todos los actos procesales anteriores y posteriores, salvo aquellos a que se refiere el artículo 270 del C.P.C., es decir, que la perención no impida que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos…”
I.2.- Asimismo, la Sala de Casación Civil en añeja Sentencia número 0071, del 15 de Marzo de 1995, expediente Nº 94-0721; juicio Ricardo Carrascosa De Mena Vs. Dolores Armada Valdez de Reza, expone lo siguiente:
“… Esta norma… tiene como razón de ser, el evitar que cualesquiera sea el interés del actor, éste puede incoar una demanda, obteniendo incluso a veces medidas preventivas… y luego dejar inactivo el expediente con evidente perjuicio del principio de celeridad procesal y del demandado…si bien el legislador previo una sanción muy grave, como es la perención, la misma está condicionada a que el demandante no cumpla con las obligaciones que le impone la Ley… Estas obligaciones están configuradas tanto por la cancelación de los derechos arancelarios,…, como por aquellos actos tendentes a lograr la citación del demandado…”
I.3.- De los extractos jurisprudenciales anteriormente expuestos, se desprende la naturaleza de orden público y verificable de derecho que contiene en su esencia la institución de la perención de la instancia, no susceptible de ser relajada, ni ser renunciable por las partes, que se causa por la inactividad de las partes durante el proceso y antes que entre en la fase de sentencia.
-II-
II.1.- El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
El artículo 269 ejusdem, prescribe: La perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.
II.2.- Ahora bien, desde el 05/06/2014 (F. 40) fecha en que compareciera el apoderado del demandante por ante este Tribunal a consignar los recaudos necesarios para la practica de la citación del demandado, hasta la fecha actual, ha transcurrido un (01) año, diez (10) meses y veintisiete (27) días, sin que la parte actora impulsara el proceso, desprendiéndose de ello que la inactividad procesal del actor en el presente asunto ha superado el lapso previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.-
II.3.- Por lo antes expuesto, se concluye entonces, que en la presente causa ocurrió la perención anual de la instancia Y; ASI DE OFICIO SE DECLARA.-
-DISPOSITIVA-
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara de oficio:
PRIMERO: Consumada la PERENCION ANUAL y PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso establecido en el encabezamiento del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que la parte actora impulsara la presente demanda por Resolución de Contrato, interpuesta por la ciudadana MADELEINE CAROLINA FERREIRA TOVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-17.824.390, como parte demandante, contra el TRANSPORTE ROGIL C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 14 de Marzo de Mayo del año 2.005, bajo el Nro 48, Tomo 267-A, como parte demandada; y en consecuencia EXTINGUIDO el presente proceso.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: En obsequio al derecho a la defensa, y en virtud que la presente decisión procede de oficio, notifíquese a la parte solicitante, conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil y a los efectos del inicio del lapso establecido en los Artículos 269, 288 y 298eiusdem; que comenzara a correr a partir de que conste en autos la notificación aquí ordenada.-
Publíquese y déjese copia de la presente decisión el copiador de sentencias correspondiente.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello.- En Puerto Cabello, a los dos (02) días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis (2.016).
Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. JOSE ANTONIO SOSA LOZANO
LA SECRETARIA JUDICIAL
ABG. FRANCIS JULIETH SEQUERA PARRA
En la misma fecha, siendo las 03:24 de la tarde, se dictó y publicó la anterior decisión. Se expidió copia certificada para el archivo.
LA SECRETARIA JUDICIAL
ABG. FRANCIS JULIETH SEQUERA PARRA
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