REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 03 de Mayo de 2016
Años: 206° de Independencia y 157° de la Federación
Expediente Nro. 14.125
Parte demandante: CASTRO OLGUIN HARREY SAMUEL
Parte demandado: ESTADO CARABOBO.
Objeto del Procedimiento: Querella Funcionarial
- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
El presente procedimiento se inicia en fecha 20 de junio de 2011, por el ciudadano Castro Olguin Harrey Samuel, titular de la cedula de identidad Nro 12.522.335, asistido por este acto por los abogados Humberto Maestre y Zhanya Almarat Inscritos en instituto de previsión del abogado bajo los Nros. 67.347 y 69.478 respectivamente, a los fines de interponer demanda de Nulidad contra el Estado Carabobo.
En fecha 30 de junio de 2011 se da entrada y se anota en los libros respectivos bajo la dirección de la Juez Provisorio, Geraldine López Blanco.
En fecha 15 de julio de 2011 se admite la demanda, bajo la dirección de la Juez Provisorio, Geraldine López Blanco.
En fecha 31 de octubre de 2011, solicita avocamiento, la abogada Zhanya Almarat, Inscrita en instituto de previsión del abogado bajo los Nro. 69.478
En fecha 02 de noviembre de 2011,, se aboca el Juez Provisorio José Madriz.
En fecha 06 de marzo de 2012, presenta el escrito de Pruebas, la representante de la Entidad federal Carabobo, la Abogada Claudia Silva, Inscrita en instituto de previsión del abogado bajo el Nro. 125.295.
En fecha 14 de marzo de 2012, se realizo la audiencia preliminar, se dejo constancia de la no comparecencia de la parte querellante ni representante alguno, la parte querellada solicito apertura de lapso probatorio.
En fecha 23 de marzo de 2012, la abogada Zhanya Almarat. Inscrita en instituto de previsión del abogado bajo los Nro. 69.478, apoderada de la parte actora presenta su escrito de pruebas.
En fecha 23 de marzo de 2012, la abogada Ángela Pérez, Inscrita en instituto de previsión del abogado bajo los Nro. 129.718, presenta su escrito de pruebas.
En fecha 29 de marzo de 2012, la abogada Claudia Silva, Inscrita en instituto de previsión del abogado bajo los Nro 125.295, presenta su escrito de oposición a las pruebas promovidas por el querellante.
En fecha 03 de abril de 2012, este tribunal se pronuncio sobre las pruebas promovidas por la parte actora., con respecto a los Capítulos I y II, resulto intrascendentes emitir pronunciamiento sobre lo reproducido, en cuanto a lo Contenido en los Capítulos III, IV y V, se admiten y se ordena intimar al procurador General del Estado Carabobo.
En fecha 03 de abril de 2012, este tribunal se pronuncio sobre las pruebas promovidas por la parte querellada., con respecto al Capítulo I, este Juzgado advierte que aun cuando la caducidad puede ser declarada en cualquier estado y grado de la causa, este Tribunal se pronunciara al respecto mediante puntos previos en la sentencia de merito. En cuanto a l Capitulo II, se admite por no ser contraria a derecho, ilegal ni impertinente.
En fecha 27 de abril de 2012, solicita se fije audiencia definitiva, la abogada Claudia Silva, Inscrita en instituto de previsión del abogado bajo los Nro 125.295, apoderada de la parte actora.
En fecha 16 de mayo de 2012, se realizó la audiencia definitiva., las partes solicitaron otros verificar otros medios probatorios que permitan esclarecer con objetividad la realidad de los hechos.
En fecha 31 de mayo de 2012 se dicto auto para mejor proveer, de conformidad al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción contencioso Administrativa, supletoriamente con el artículo 514 ordinal 2 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 23 de julio de 2012 el alguacil de este despacho deja constancia de haber practicado la notificación dirigida al Gobernador del Estado.
En fecha 01 de agosto de 2012, la abogada Claudia Silva, Inscrita en instituto de previsión del abogado bajo los Nro. 125.295, apoderada de la parte actora, consigno el punto de cuenta Nro. 3 de fecha 20 de junio de 2005 suscrito por el Gobernador de Carabobo.
En fecha 03 de mayo de 2016 se aboca el Juez Luís Enrique Abello García sobre la presente causa.
-I-
CONSIDERASIONES PARA DECIDIR
Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso lo circunscribe el ciudadano José Aparici, titular de la cedula de identidad Nro 7.081.568, asistido por este acto por el abogado Andrés Beltrán Perdomo y Pedro Verastegui Arteaga Inpreabogado Nro 15.143 y 1.323 respectivamente, a los fines de interponer demanda de Nulidad contra Concejo Municipal de Valencia del Estado Carabobo.
Ahora bien, constata este Juzgado que desde el 01 de agosto de 2012, el recurrente presenta su informe, ratificando los fundamentos de la Apelación, desde ese entonces no ha existido actividad efectuada por la parte demandante tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a esta Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:
“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.
En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)’.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)’.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
‘…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de juni o de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.
Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte accionante desde el 01 de agosto de 2012, es decir, más de tres (03) años sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.
Anexo copia certificada del auto de fecha 03 de mayo de 2016, mediante el cual el Juez Luís Enrique Abello García, se aboca al conocimiento de la causa.
EL JUEZ SUPERIOR,
LA SECRETARIA,
ABG. LUIS ENRIQUE ABELLO GARCÍA.
ABG. DONAHIS PARADA.
LEAG/DVPM/YA
Dializado________
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