REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
EXTENSION PUERTO CABELLO
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
Puerto Cabello, siete de noviembre de dos mil dieciséis
206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL: GP31-V-2015-000195
ASUNTO: GP31-V-2015-000195
DEMANDANTE: Rosa Antonia Sánchez Linares, cédula de identidad No. 8.173.112
ABOGADA ASISTENTE: Elizabeth Rojas Hernández, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 121.582
CITADOS: Arturo José Marti Carvajal, Rubén Darío Marti Carvajal, Marianela Del Socorro Marti Carvajal, Cruz Milagros Martí de Márquez, José Gregorio Martí Carvajal, Maria de Lourdes Martí Carvajal y Marvys Yusvel Martí Sánchez, cédulas de identidad Nros. 3.883.116, 6.433.951, 4.719.197, 6.158.658, 9.956.140, 9.956.139 y 14.537.239, respectivamente
MOTIVO: Mero Declarativa de Unión Concubinaria
EXPEDIENTE: GP31-V-2015-000195
RESOLUCIÓN No.: 2016-000105 Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva
Se encuentra referido el presente asunto a demanda Mero Declarativa de Unión Concubinaria, interpuesta por la ciudadana Rosa Antonia Sánchez Linares, cédula de identidad No. 8.173.112, asistida por la abogada Elizabeth Rojas Hernández, quien pretende declaración judicial de concubinato que dice mantuvo con el ciudadano que dice mantuvo con el ciudadano Darío Antonio Marti, fallecido en fecha 24/10/2015, quien era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 1.429.458, Admitida la demanda en fecha 13 de enero de 2016, se ordenó la citación de los ciudadanos Arturo José Marti Carvajal, Rubén Darío Marti Carvajal, Marianela Del Socorro Marti Carvajal, Cruz Milagros Martí de Márquez, José Gregorio Martí Carvajal, Maria de Lourdes Martí Carvajal y Marvys Yusvel Martí Sánchez, la notificación del Fiscal del Ministerio Público, y el emplazamiento mediante Edicto de todo el tenga interés directo y manifiesto en el asunto.
DE LA PERENCIÓN BREVE CONSUMADA
En fecha 06 de julio de 2004, mediante sentencia No. 537 la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dilucido el problema de la perención breve. A tal efecto, la Sala consideró oportuno conciliar las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de 30 días siguientes a la admisión de la demanda, con el principio de justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.
En tal sentido, la Sala estableció que “…la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. ..”
De tal manera, que las obligaciones del demandante a los fines del cumplimiento de la citación personal deben necesariamente realizarse en el lapso de treinta días siguientes a la admisión de la demanda, de lo contrario surge la perención como una sanción al incumplimiento de tales obligaciones. Es preciso aclarar, pues así lo estableció la Sala en la citada sentencia que no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma, por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días.
Pues bien, en el caso de autos evidencia este Tribunal que en fecha 13 de enero de 2016, se admitió la demanda ordenándose la notificación a la Fiscal del Ministerio Público, y la publicación el edicto, y la citación de los interesados en el presente juicio, a los fines de la contestación a la demanda; evidenciándose de las actas procesales que la parte actora, no cumplió con el deber de suministrar los medios y recursos necesarios a los fines de la de la notificación a la Fiscal y de igual manera no cumplió con las cargas inherentes a la citación dentro del lapso correspondiente, siendo, pues desde el 13 de enero de 2016, fecha en que fue admitida la demanda hasta la presente ha transcurrido con creces el lapso de 30 días en los cuales ocurrió fatalmente la perención breve,
En este orden de ideas, en fecha 01 de junio de 2001, mediante sentencia No. 956 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció: “Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad”.
De allí entonces, que encontrándose este Tribunal ante los supuestos para la perención breve, es forzoso declararla en el caso de autos, con fundamento a lo expresado anteriormente y sobre la base de la disposición legal establecida en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, produciendo con ello la perención de la instancia. Así se decide.
DECISION
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara Consumada la Perención, en consecuencia la extinción del proceso en la demanda Mero Declarativa de Unión Concubinaria, interpuesta por la ciudadana Rosa Antonia Sánchez Linarez, antes identificada.
Se ordena la notificación de la parte demandante, conforme a lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, parte infine. Líbrese boleta de notificación.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Puerto Cabello a los siete días del mes de noviembre de 2016, siendo las 12:38 de la tarde. Año 206º de la Independencia y 157° de la Federación.
Publíquese, regístrese y anótese en los libros respectivos, déjese copia para el copiador de sentencia.
La Juez Provisorio
Abogada Marisol Hidalgo García
La Secretaria
Abogada. Yuraima Escobar Ortega
En la misma fecha previa formalidades de ley, se cumplió lo ordenado.
La Secretaria
Abogada. Yuraima Escobar Ortega
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