JUEZ PONENTE: ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO EXPEDIENTE Nº AP42-R-2015-000608 En fecha 25 de mayo de 2015, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, oficio N° 1030 de fecha 13 de mayo de 2015, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante el cual remitió expediente contentivo del recurso por abstención interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por el abogado Rafael Ramones, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 51.474, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA LAS PALMAS 3000 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo en fecha 5 de octubre de 2010, bajo el Nº 34, Tomo 112-A, contra la DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO. Dicha remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el aludido Juzgado Superior el 17 de marzo de 2015, que oyó en un solo efecto el recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de marzo de 2015, por el apoderado judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 2 de marzo de 2015, que ratificó la medida cautelar innominada acordada el 29 de noviembre de 2013. En fecha 28 de mayo de 2015, se dio cuenta a esta Corte y se ordenó la aplicación del procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; concediéndose dos (2) días correspondientes al término de la distancia, se fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes para que la parte apelante fundamentara la apelación interpuesta y se designó ponente al Juez Alexis José Crespo Daza. En fecha 30 de junio de 2015, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación, la cual certificó que “(…) desde el día dos (2) de junio de dos mil quince (2015), inclusive, fecha en la cual inició el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), inclusive, fecha en la cual culminó el referido lapso, transcurrieron diez (10) días de despacho correspondientes a los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 y 25 de junio de 201. Asimismo, se deja constancia que transcurrió un (sic) (2) días continuos del término de la distancia correspondientes a los días 29 y 30 de mayo de 2015 (…)” ordenándose pasar el expediente al Juez ponente a los fines legales consiguientes. Vista la diligencia presentada por el abogado Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles, en su carácter de Juez Integrante de este Órgano Jurisdiccional, mediante la cual se inhibió del conocimiento de la causa, conforme a lo previsto en el numeral 1º del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y declarada con lugar mediante sentencia Nº 2015-000663 de fecha 21 de julio de 2015, se ordenó remitir el expediente a la Corte Accidental correspondiente. Posteriormente, en virtud de la reconstitución de este Órgano Jurisdiccional efectuada el 10 de mayo de 2016, dada la incorporación del abogado VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS, y mediante sesión de esa misma fecha, fue elegida la nueva Junta Directiva, la cual quedó constituida de la siguiente manera: ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO; Juez Presidente, FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO; Juez Vicepresidente y VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS, Juez. Igualmente, esta Corte se abocó al conocimiento de la causa al estado en que se encontraba y en fecha 20 de junio de 2016, se reasignó la ponencia al Juez ponente ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines que dictara la decisión correspondiente. En fecha 28 de septiembre de 2016, los apoderados judiciales de la parte recurrida, consignaron diligencia mediante el cual solicitaron que fuera decidida la causa y copia simple del poder que acredita su representación en la causa. Examinadas las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones: -I- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR -De la competencia. Previo a cualquier pronunciamiento, corresponde a esta Alzada verificar su competencia para conocer el presente asunto, para lo cual observa que dentro del ámbito de competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se encuentra el conocimiento de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, la cual establece que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son los competentes para conocer de las apelaciones y las consultas de ley, de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de lo cual esta Corte resulta COMPETENTE para conocer como Alzada natural de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso-administrativa en materia de función pública. Así se declara. -Del recurso de apelación interpuesto. Determinada la competencia de este Órgano Jurisdiccional, corresponde conocer acerca del recurso del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 2 de marzo de 2015, que ratificó la medida cautelar innominada acordada el 29 de noviembre de 2013 en el marco del recurso por abstención interpuesto; para lo cual resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece que “(…) [d]entro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte de contestación a la apelación. La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación” (Destacado de esta Corte). Del artículo transcrito, se evidencia que la parte apelante tiene la obligación de presentar dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a aquél en que se dé inicio a la relación de la causa, el escrito en el cual indique las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su apelación y en caso de no cumplir con esta obligación legal, el Juez procederá a declarar de oficio el desistimiento de la apelación. Igualmente, esta Corte, debe señalar que la fundamentación de la apelación puede realizarse por anticipado incluso en el mismo acto en el cual se ejerce el recurso de apelación, lo cual, no se constata del examen de las presentes actas procesales, esto, de conformidad con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1.350 de fecha 5 de agosto de 2011 (caso: Desarrollos las Américas.) Conforme a ello, se observa que mediante auto de fecha 28 de mayo de 2015, esta Corte ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes para que la parte apelante fundamentara la apelación. Posteriormente en fecha 30 de junio de 2016, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación y se ordenó pasar el expediente al Juez ponente, a los fines que dictara la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se certificó que “(…) desde el día dos (2) de junio de dos mil quince (2015), inclusive, fecha en la cual inició el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), inclusive, fecha en la cual culminó el referido lapso, transcurrieron diez (10) días de despacho correspondientes a los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 y 25 de junio de 201. Asimismo, se deja constancia que transcurrió un (sic) (2) días continuos del término de la distancia correspondientes a los días 29 y 30 de mayo de 2015 (…)”; evidenciándose que en dicho lapso la parte apelante no consignó escrito alguno indicando las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamentara su apelación, resultando aplicable la consecuencia jurídica prevista en el citado artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide. No obstante lo anterior, observa este Órgano Jurisdiccional que mediante sentencia Nº 1.542, de fecha 11 de junio de 2003, caso: Municipio Pedraza del Estado Barinas, ratificada mediante sentencia Nº 150 de fecha 26 de febrero de 2008, caso: Monique Fernández Izarra, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que es obligación de todos los Tribunales Contencioso Administrativos, entre ellos esta Corte, en los casos donde opere la consecuencia jurídica del desistimiento tácito de la apelación, examinar de oficio y de forma motivada el contenido del fallo apelado con el objeto de constatar si el mismo: a) no viola normas de orden público y b) no vulnera o contradice interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal, sobre el sentido y aplicación que debe dársele a determinadas normas del ordenamiento jurídico para garantizar su armonía con las disposiciones del Texto Fundamental. En atención al criterio referido y tomando en consideración que no se desprende del texto del fallo apelado -el cual riela inserto del folio 67 al 80 del expediente judicial- que el A quo haya dejado de apreciar la existencia de alguna norma de orden público y, tampoco se aprecia que sobre la resolución del asunto exista algún fallo vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que deba aplicarse; esta Corte declara DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en consecuencia, FIRME la sentencia dictada el 2 de marzo de 2015, que ratificó la medida cautelar innominada acordada el 29 de noviembre de 2013 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. Así se decide. -II- DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2015, que ratificó la medida cautelar innominada acordada el 29 de noviembre de 2013 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en el marco del recurso por abstención interpuesto por el abogado Rafael Ramones, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad Mercantil CONSTRUCTORA LAS PALMAS 3000 C.A., contra la DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME la sentencia apelada. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión y remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veinticinco (25) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. El Presidente ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO Ponente El Vicepresidente, FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO El Juez, VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS La Secretaria, JEANNETTE M. RUÍZ G. EXP. Nº AP42-R-2015-000608 EAGC/1 En fecha _____________ ( ) de _______________ de dos mil dieciséis (2016), siendo la (s) ____________ de la ____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2016-_______________ La Secretaria.