TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 20 de Septiembre de 2016
206º y 157º

ASUNTO: AH1C-V-2001-000105

PARTE ACTORA: JOSE ASUNCION BRAO RUSSIAN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº 260.632.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: abogado MARCOS DAMASO RIVERO, debidamente inscrito en el inpreabogado bajo los Nros. 32.800 y ANA VICTORIA MARRERO DE BRAVO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº 1.867.789.
PARTE DEMANDADA: MELIDA GONZALEZ DE ALVAREZ, venezolana por naturalización, por ser oriundo de la Península Ibérica (Galicia), mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº 2.998.295
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: FERNADO VARGAS LANDER, abogado en ejerció, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 17.163
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS.
- I -
Antecedentes.

Conoce este Órgano Jurisdiccional de la presente solicitud que por Distribución que hiciera el Juzgado Distribuidor de Turno de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de mayo de 2001, contentivo del juicio que por DAÑOS Y PREJUICIOS, incoara el ciudadano JOSE ASUNCION BRAVO RUSSIAN contra la ciudadana MELIDA GONZALEZ DE ALVAREZ, en fecha 08 de junio de 2001, se dictó auto mediante el cual se admitió la presente demanda ordenándose el emplazamiento de la ciudadana MELIDA GONZALEZ DE ALVAREZ, mediante edicto de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. La parte actora alega que su propiedad se encuentra afectada por la casa-quinta propiedad de la parte demandada denominada BAIROA, en la cual se viene presentando desde el año 1994 una controversia, debido al empeño de sus propietarios de hacerle a dicho inmueble ampliaciones de cierta magnitud, violando el espacio aéreo diferencial de diez centímetros (10cm) cuya construcción se apoyaba en la pared de la vivienda, perjudicando la seguridad de la misma, como es el de desprenderse las paredes, inundaciones, etc; que estos hechos fueron reconocidos por MANUEL ALVAREZ IGLESIA, hoy difunto, cónyuge de la parte demandada, quien ante de su deceso, había firmado un documento publico en la Notaria Vigésima Novena de Caracas, de fecha 18 de marzo de 1996, registrado bajo el Nº .-66, Tomo 16, conjuntamente con sus demandantes.
En fecha 25 de abril de 1995 la parte actora le confiere a su cónyuge, la ciudadana ANA VICTORIA MARRERO DE BRAVO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº 1.867.789.
En fecha 17 de julio de 2001 el TRIBUNAL QUINTL DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ordeno darle entrada a la causa y en cual solicito el y la constitución de l tribunal en el sitio que se indico con el fin de realizar la inspección judicial que fue solicitada. En fecha 19 de julio del mismo año, la parte actora le confiere un poder especial al ciudadano MARCOS DAMASO RIVERO, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 32800.
La ciudadana MELIDA GONZALEZ DE ALVAREZ en su oportunidad para contestar opone la cuestión previa prevista en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el defecto de forma de la demandada, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el articulo 346 del mismo Código por medio del cual alega cuyo resarcimiento el actor demanda.
En fecha 23 de noviembre de 2001, el apoderado de la parte actora suscribe diligencia con el fin de subsanar la cuestión previa opuesta por la demanda, y en fecha 30 de noviembre de 2001, el Tribunal procede a declarar que la parte actora no subsano la cuestión previa prevista en el ordinal 6º del articulo 346 de Código de Procedimiento Civil a cuyos efecto establece que se “debe entenderse que quedo abierta la articulación probatoria de ocho días de despacho prevista en el articulo 352 del Código de Procedimiento Civil.
Dentro de lapso de promoción de pruebas presento el apoderado de la parte actora en fecha 14 de diciembre de 2001 diligencia pretendiendo subsanar la Cuestión Previa alegada por la parte demandada, consignando junto a diligencia informe de inspección técnica suscrito por el Ingeniero José Emilio Ruiz con observaciones y fotos, y en fecha 17 de diciembre de 2001, la parte demandada presenta escrito de dos conclusiones.
En fecha 07 de agosto de 2002 fue consignadas las pruebas promovidas por la parte actora.
En fecha 20 de septiembre de 2002 el Juez JOSÉ E. RODRIGUEZ NOGUERA se aboco al conocimiento de la causa y posteriormente la Jueza ANGELINA M. GARCIA HERNANDEZ se aboca a la causa en fecha 9 de abril de 2003, esta misma observa que la presente causa se encontraba paralizada se ordena notificar a la parte demandada y a tal efecto ordena librar la boleta de notificación.
En fecha 28 de octubre de 2003, compareció el apoderado actor, consignó acta de defunción del actor, y solicitó se dictara sentencia en la presente causa
En fecha 1 de noviembre de 2004 el ciudadano FERNANDO VARGAS LANDER, apoderado judicial de la parte actora solicita a este juzgado decretar la perención a la presente causa.

- II -
Motivación para decidir

Vista la secuencia de los actos de impulso procesal efectuados en autos, este órgano jurisdiccional para decidir hace las siguientes consideraciones: “…La figura jurídica de perención de la instancia, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva...” (Vid. sentencia numero RC-01092, expediente número 06-673 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).-

El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”.

En el mismo orden de ideas, el artículo 269 del Código Adjetivo señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.

Los artículos anteriormente reproducidos, señalan que la perención se verifica cuando el proceso se paraliza por inactividad procesal y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al Juez de la causa a que de oficio se pronuncie sobre la extinción del procedimiento, en virtud de lo establecido por la institución jurídica de la perención, es decir, que de la norma anterior se desprende la facultad que tiene el juez de declarar la perención de oficio, cuando se configuren de autos todos sus supuestos necesarios para ello.
En este sentido, y siguiendo el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado que cuando se trate de cualquier otro pronunciamiento que no sea la sentencia de mérito, no existe impedimento para decretar la perención. Y tal señalamiento se dejó sentado mediante sentencia Nº 2.148 de fecha 14 de septiembre de 2004, indicando a tal efecto lo siguiente:
“El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:
‘...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.’.
Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de la parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia Nº 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señaló:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia’. (…).
En el caso en el que se dictó la sentencia citada, se encontraba la causa al igual que en el presente, a la espera de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en particular de la Sala Político Administrativa, pero en ambos se trataba de una decisión interlocutoria.
En ese orden de ideas se indicó en la sentencia citada:
‘…que el acto judicial objeto del presente recurso de revisión, es la decisión del 30 de enero de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa, en el proceso correspondiente al recurso de nulidad interpuesto por el hoy solicitante, contra la resolución número DGAC-002 dictada por la Contraloría General de la República, en el cual la parte recurrente apeló, el 18 de abril de 1996, del auto que declaró inadmisible la prueba de testimonial promovida, se ordenó pasar el expediente al ponente a los fines de decidir la incidencia, posteriormente, el 2 de julio de 1997, la parte actora solicitó pronunciamiento sobre la referida apelación. En ese estado la causa principal se paralizó por un período superior a un año, por lo que, la representación de la Contraloría General de la República solicitó se decretara la perención, el 21 de julio de 1998.
De lo anterior se desprende que en la referida causa no se había dicho ‘vistos’ y estaba pendiente una decisión interlocutoria con relación a la mencionada apelación, razón por la cual no puede pretenderse la aplicación del criterio vinculante establecido por esta Sala con relación a la institución de la perención, que según lo expuesto, conduce a la anulación de las sentencias posteriores al 1 de junio de 2001 que declaren la perención en causas paralizadas por más de un año después de ‘vistos’.
Siendo así, estima la Sala que, en el caso planteado, la parte actora debió impulsar el procedimiento y ante su falta de actividad operó la perención de la instancia prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo declaró la Sala Político- Administrativa a través de su decisión del 30 de enero de 2003, objeto del presente recurso de revisión”. (Subrayado del texto y Resaltado de esta)

El anterior criterio fue ratificado, por la misma Sala Constitucional, de nuestro más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, mediante sentencia número 66 de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014), Expediente No. 2014-11, al analizar la decadencia y extinción de la acción por falta de interés procesal en las causas paralizadas o inactivas, en la cual señaló:

“El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 416/2009).
Al respecto, la Sala ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 256/2001).
En tal sentido, la Sala ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Este criterio se estableció en el fallo de esta Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., en los siguientes términos:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”.

El referido criterio, según el cual, debe declararse la pérdida del interés procesal por abandono del trámite, aun estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante y la falta de impulso procesal de la misma por más de (1) un año ha sido ratificado por esta Sala Constitucional, en sentencias nros. 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras”.

De las Jurisprudencias antes transcritas y del minucioso estudio de las actas procesales que conforman el presente expediente, constata este juzgador, que desde el día 28 de octubre del 2003, fecha en la cual se el apoderado actor consignó acta de defunción y solicito sentencia, hasta la publicación de la presente decisión ha transcurrido 12 años, tiempo que supera holgadamente el lapso necesario para que opere la perención de la instancia sin que la parte actora haya realizado actuación alguna que impulse este procedimiento, y como quiera que tales hechos guardan estrecha relación con la norma contenida en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, obligatoriamente debe este juzgador concluir que en este juicio ha operado la perención de la instancia. Y ASÍ SERÁ DECLARADO EXPRESAMENTE EN LA PARTE DISPOSITIVA DEL PRESENTE FALLO.-
-III-
Decisión
Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243 y 267, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente causa que por DAÑOS Y PERJUICIOS, incoara el ciudadano JOSE ASUNCION BRAO RUSSIAN, contra la ciudadana MELIDA GONZALEZ DE ALVAREZ, ambas partes plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo.
Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los 20 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EL JUEZ,

WILSON GERARDO MENDOZA PEDRAZA.-
LA SECRETARIA,

ABG. ANA JULIA JIMENEZ.-
En esta misma fecha, siendo las 2:39 PM previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

Abg. ANA JULIA JIMENEZ.-
WGMP/AJJU/FCMP
Asunto: AH1C-V-2001-000105