REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL Valencia, 19 de septiembre de 2016 206° y 157° Exp. N° 3380 SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 3845 El 25 de febrero de 2016 la abogada Maria Sanabria Muñoz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.270, actuando en su carácter de apoderada judicial del BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26 de noviembre del 2002, bajo el Nº 35, Tomo 725-A Qto. e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el número J-30984132-7, con domicilio procesal en Avenida Bolívar, Torres Stratos, piso 6 oficina 6-7, Valencia estado Carabobo, interpuso recurso contencioso tributario conjuntamente con solicitud de suspensión de efecto, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº RL/2015-11-494 de fecha 30 de noviembre de 2015 emanada de la DIRECCION DE HACIENDA DEL MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO. El 17 de febrero de 2016 se le dio entrada a dicho recurso y le fue asignado el Nº 3380 al respectivo expediente, librando las notificaciones de ley correspondientes. En fecha 27 de julio de 2016 el alguacil del Tribunal consignó la ultima boleta de notificación ordenada en la entrada correspondiente al Alcalde del municipio Valencia del estado Carabobo. Estando las partes a derecho y siendo la oportunidad legal procesal correspondiente para admitir o no el presente recurso contencioso tributario, el tribunal observa: Los actos recurridos, son actos administrativos de efectos particulares, que fueron impugnados por ante la autoridad competente, dentro del lapso legal correspondiente así, constatada la legitimidad de las personas que se presentaron como representantes de la recurrente y no constando en autos oposición alguna, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, considera cumplidos los extremos de admisión del presente recurso contencioso tributario, conforme a lo previsto en el artículo 273, 274 y 275, razones por la que ADMITE dicho Recurso en cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva. Con respecto a la solicitud de suspensión de los efectos intentada por la contribuyente; observa este juzgador que la recurrente de forma sucinta invoca el contenido del artículo 270 del Código Orgánico Tributario vigente, sin aportar elementos probatorios que hagan presumir la comprobación de los requisitos de procedencia, limitándose a indiciar “…solicito se sirva declarar, previo al fondo y con ocasión a la admisión de este recurso, la SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE ESTE ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO (Resolución Nº RL/2015-11-494) de manera principal, mediante este Recurso Contencioso Tributario, de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código Orgánico Tributario vigente, por la existencia del peligro de daño por mora (periculum in mora) y de la presunción de buen derecho (fumus boni iuris) que se desprende de todo lo alegado…”(Folio 39) ( Negrillas de la recurrente). “…En el presente caso, podemos constatar que, efectivamente el derecho invocado resulta creíble ya que, existe una potencial y razonable verosimilitud de que se han irrespetado una muy importante cantidad de reglas y preceptos, legales y constitucionales, en materia tributaria y se ha mantenido un nivel de coherencia entre los diferentes elementos que las constituyen…” “En cuanto al periculum in mora, en el caso específico de la Resolución aquí impugnada, si el Municipio Valencia resuelve ejecutarla, desconociendo la más reciente jurisprudencia -que antes se refirió-, incurría en el vicio del falso supuesto de hecho y derecho, al pretender exigirle a nuestro representado una suma que no debe, partiendo de un acto administrativo viciado de nulidad absoluta, lo cual será demostrado a lo largo del recurso planteado, lo que causaría un grave perjuicio económico con las consecuencias financieras que en su flujo de caja ello generaría, configurándose el segundo supuesto para que se materialice la suspensión de los efectos del acto.” En consecuencia, considera el juez que no deben suspenderse los efectos del acto recurrido, por no haber concurrencia de los requisitos antes identificados y por considerar que en este caso sólo debe pronunciarse cuando exista concurrencia de los dos institutos jurídicos o en la eventualidad se haya iniciado la ejecución del crédito tributario por la administración tributaria en el transcurso del proceso, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE EFECTOS. Así se decide Notifíquese mediante boleta al Alcalde y Sindico Procurador del municipio Valencia del estado Carabobo con copia certificada una vez que la parte provea lo conducente de conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, al Contralor General de la República, al Contribuyente y al ciudadano Fiscal Octogésimo Primero del Ministerio Público a Nivel Nacional. Igualmente, se deja constancia que para la notificación de la Contraloría General de la República se comisiona suficientemente al Juzgado (Distribuidor) del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien se le librará despacho con las inserciones correspondientes, participándole que en este caso están involucrados los intereses patrimoniales de la República, por lo tanto la falta de impulso no es óbice para el cumplimiento de esta comisión. De igual forma se le concede, respectivamente, dos (02) días como término de la distancia de conformidad con lo establecido en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo se deja constancia que la administración tributaria no hizo oposición a la admisión del recurso contencioso tributario por cual una vez que conste en autos la última boleta de notificación, a partir del primer (1er) día de despacho siguiente quedara el juicio abierto a prueba de conformidad con lo establecido con los artículos 274 y 275 del Código Orgánico Tributario. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Año 206° de la Independencia y 157° de la Federación. El Juez, Abg. Pablo José Solórzano Araujo. La Secretaria Suplente, Abg. Amalia Martinez. En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado La Secretaria Suplente, Abg. Amalia Martinez Exp. N° 3380 PJSA/am/jt