REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 11 de agosto de 2017 207 y 158º ASUNTO: KP02-N-2015-000098 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: PULIO COLOMBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.673.140. APODERADOS JUDICIALES PARTE DEMANDANTE: BENILDES JIMENEZ y JUAN HERNANDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 199.834 y 205.182 respectivamente. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Providencia Administrativa Nº 1477, de fecha 17 de diciembre de 2014, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Lara, sede Pedro Pascual Abarca en el expediente signado con el Nº 013.2013-01-00055. TERCERO INTERESADO: C.A. AZUCA, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 02 de julio de 1984, bajo el Nº 51, tomo 5-E; con última modificación inscrita en el mismo organismo en fecha 23 de marzo de 2006, bajo el Nº 56, tomo 13-A, folio 294. MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO El procedimiento se inició con demanda presentada en fecha 06 de marzo de 2015, sometida a distribución por la Unidad correspondiente, la recibió este Tribunal el día 30 de marzo de 2014, admitiéndola en esa misma oportunidad. Libradas y practicadas las notificaciones que ordena la Ley (folios 185 al 219 de la pieza 01), se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia de Juicio Oral y Pública (folios 220 y 221 pieza 1). Llegada la fecha y anunciada la misma conforme a la ley, se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante y el tercero interesado, por lo que se oyeron los alegatos y se dejó constancia de las pruebas consignadas, pronunciándose sobre la admisión de las mismas en fecha 24 de mayo de 2016, y en ese mismo auto, se apertura el lapso para la presentación de los informes escritos. En fecha 16 de junio de 2016, el abogado CÉSAR LAGONELL ÁNGEL, designado Juez Suplente, se abocó al conocimiento de la presente causa, en virtud de lo cual, mediante sentencia interlocutoria de fecha 20 de octubre de 2016, ordenó la reposición de la causa al estado en que se celebre la Audiencia de Juicio respectiva, ordenando las notificaciones establecidas por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El 21 de marzo de 2017, el abogado RALFHY HERRERA AZUAJE, en virtud de la designación como Juez Suplente, emanada de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento del presente asunto, fijando oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio (folio 59 de la pieza 02), la cual tuvo lugar el día 31 de mayo de 2017, fecha en la que se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante y el tercero interesado, se oyeron los alegatos y se dejó constancia de las pruebas promovidas; pronunciándose sobre la admisión de las mismas en 08 de junio de 2017, dejando constancia de la apertura del lapso para la presentación de los informes escritos. Ahora bien, en fecha 03 de agosto de 2017 (folio 120 de la pieza 02), quien suscribe, Abogada NAILYN LOUISANA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, designada Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y debidamente juramentada por ante la Rectoría de esta Circunscripción Judicial se ABOCÓ al conocimiento de la presente causa, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Vencido el lapso previsto en el referido artículo, esta Juzgadora procede a emitir pronunciamiento bajo las siguientes consideraciones: M O T I V A El artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela considera al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Para que el proceso pueda cumplir tal elevado cometido, debe ofrecer garantías formales y sustanciales, cuya efectividad es atribuida a los órganos judiciales. En este sentido, no se puede pasar por alto la oportunidad para destacar que, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, “Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa orientarán su actuación en los principios de justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad e inmediación” (Subrayado de este Juzgado). Con relación al principio de inmediación, la Sala Constitucional en sentencia N° 952 de 17 de mayo de 2002 (caso: Milena Adele Biagioni), estableció que “la finalidad de la audiencia oral es que el órgano jurisdiccional tenga contacto directo con las partes, de manera que ciertos aspectos del caso, quizá difíciles de expresar a través de la forma escrita, sean más fácilmente apreciados. Es por ello necesario que el juzgador y las partes estén en contacto directo, sin mediación alguna. Sólo circunstancias absolutamente excepcionales, podrían eventualmente justificar una relajación del mencionado principio”. Asimismo, en fecha 22 de diciembre de 2003, la referida Sala, en sentencia Nº 3744, resaltó lo siguiente: (…) El principio de inmediación se caracteriza porque el juez que ha de dictar la sentencia, debe presenciar personalmente la incorporación de las pruebas en las audiencias destinadas a ello, debe dictar decisión, es decir, los jueces que han de pronunciar la sentencia, deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtienen su conocimiento, siendo que al finalizar el debate, regido por el principio de concentración de la prueba, o en un lapso inmediato a dicha finalización, debe el juez proceder a sentenciar. Como un elemento de la inmediación, a los actos regidos por dicho principio deben concurrir las partes personalmente. (Resaltado de la Sala). Así pues, visto que el iter procesal de las demandas de nulidad, se encuentra estructurado por una audiencia de juicio, presidida por el juez, en la cual las partes y los interesados deben concurrir para exponer sus alegatos y defensas y donde podrán promover sus medios de pruebas, considera quien suscribe prudente puntualizar que, cuando se produce el abocamiento de un nuevo juez para conocer de una causa ya iniciada, corresponde fijarse la celebración de otra audiencia que garantice el contacto directo del juzgador con las partes, de manera que los pormenores del caso pudiesen ser apreciados más fácilmente, para luego dictar la decisión correspondiente, puesto que de lo contrario se quebrantaría el derecho al debido proceso y el principio de inmediación aludido, todo ello con fundamento en lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 633 de fecha 26 de mayo de 2014. De lo antes expuesto y en virtud que la causa ha sido conocida previamente por jueces designados, siendo el último de éstos, el Juez Suplente Abogado RALFHY HERRERA AZUAJE, quien ha escuchado los alegatos de las partes y emitido pronunciamiento de las pruebas promovidas por éstas, supuesto fáctico en el que la Sala ha señalado que el nuevo Juez debe fijar la instalación de otra audiencia oral que garantice un contacto directo del juzgador con las partes, de manera que los pormenores del caso pudiesen ser apreciados más fácilmente, para luego dictar la decisión correspondiente; en consecuencia, ante la doctrina señalada, y a los fines de garantizar el debido proceso previsto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el principio de inmediación establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Juzgadora repone la causa al estado de que se celebre la audiencia de juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 82 eiusdem, todo ello con fundamento en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente conforme a lo previsto en el artículo 31 de la ley adjetiva contencioso administrativa. Así se decide. D I S P O S I T I V A Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, la Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Reponer la causa al estado de que se celebre la audiencia de juicio de conformidad con previsto en el artículo 82 Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. SEGUNDO: Se ordena fijar fecha y hora para celebrar la audiencia de juicio por auto expreso, una vez precluìdo el lapso para ejercer el recurso que corresponda y venzan los privilegios procesales de la República. TERCERO: No hay condenatoria en costas porque ésta decisión no se refirió al fondo de la controversia y se dictó de oficio. CUARTO: Se ordena notificar de la presente decisión al Procurador General de la República de conformidad con lo previsto en el Artículo 98 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Firmada y sellada en el despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los once (11) días del mes de agosto de 2.017. Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. ABG. NAILYN LOUISANA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA JUEZ SECRETARIA En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 3:29 p.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.- SECRETARIA