TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: EFRÉN NAVARRO
EXPEDIENTE Nº AP42-R-2015-001060

En fecha 12 de noviembre de 2015, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, oficio Nº 15-1406 de fecha 4 de noviembre de 2015, emanado del Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, anexo al cual remitió el expediente contentivo de demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daño emergente interpuesto por el ciudadano ADRIAN JEMMOTTE, titular de la cédula de identidad Nº V-12.891.619, debidamente asistido por el Abogado Raúl Pérez Medina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro. 138.497, contra el ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, titular de la cédula de identidad Nº V-6.327.528 y solidariamente a la empresa SEGUROS LA PREVISORA, C.A.

Dicha remisión, se efectuó en virtud de haber sido oído en ambos efectos en fecha 4 de noviembre de 2015, el recurso de apelación ejercido en fecha 30 de octubre de 2015, por la Abogada Solimar Trinidad Armas Triana, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 93.397, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Luciano Mesa Cabeza, contra la sentencia dictada en fecha 10 de agosto de 2015, por el referido Juzgado Superior, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso interpuesto.

En fecha 24 de noviembre de 2015, se dio cuenta a la Corte y se dio inicio a la relación de la causa. En esta misma oportunidad, se designó Ponente al Juez EFRÉN NAVARRO y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho más ocho (8) días continuos como término de la distancia, para que la parte apelante presentara el escrito de fundamentación de la apelación.

En fecha 19 de enero de 2016, vencido como se encontraba el lapso fijado en el auto de fecha 24 de noviembre de 2015, se ordenó a la Secretaría de esta Corte practicar el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación.

En esa misma fecha, la Secretaría de esta Corte dejó constancia que desde el día 24 de noviembre de 2015, fecha en que se dio inicio a la relación de la causa, exclusive, hasta el 14 de enero de 2015, fecha en la que terminó la relación de la causa, inclusive, transcurrieron diez (10) días de despacho, correspondientes a los días, 3, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de diciembre de 2015; los días 12, 13 y 14 de enero de 2016. Igualmente, transcurrió ocho (8) días del término de la distancia correspondiente a los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2015; los días 1º y 2 de diciembre de 2015. En esa misma oportunidad, se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente, a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente.

En fecha 13 de abril de 2016, esta Corte prorrogó el lapso para decidir la presente causa de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 6 de junio de 2016, se reconstituyó esta Corte.

En fecha 12 de julio de 2016, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, y se dejó constancia que venció el lapso de ley otorgado de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

En fecha 23 de enero de 2017, en virtud de la incorporación del Juez Emilio Ramos, se reconstituyó la Junta Directiva de la Corte, quedando conformada de la siguiente manera: EMILIO RAMOS, Juez Presidente; MARÍA ELENA CENTENO GUZMÁN, Juez Vicepresidente; EFRÉN NAVARRO, Juez.

En fecha 14 de febrero de 2017, la Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previa las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

En fecha 23 de septiembre de 2013, el ciudadano Adrian Jemmotte, debidamente asistido por el Abogado Raúl Pérez Medina, interpuso demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daño emergente contra el ciudadano Luciano Mesa Cabeza y solidariamente a la empresa Seguros la Previsora, C.A., con base en las consideraciones siguientes:

Expuso, que “El día 28 del mes de julio del año en curso, a las 11:00 AM, mi representado conducía el vehículo de su propiedad, marca FIAT, tipo SEDAN, modelo PALIO, color ROJO, clase AUTOMOVIL, placa AA363LY, serial de Carrocería 9BD17159462761733, venia bajando por el Centro Comercial LLIYA, Sector Los Olivos Puerto Ordaz, Estado Bolívar en sentido Contrario venia una camioneta blanca cuando (…) intempestivamente cruzo para entrar al centro comercial, trate de esquivarlo pero el otro carro bajo la velocidad y yo frene implantado contra el otro vehículo marca TOYOTA, modelo HILUX, clase CAMIONETA, color BLANCA, Año 1997, SERIAL DE CARROCERIA RN859700754, PLACAS 38JFAB, conducido por su propietario el ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad Nº 6.327.528, maniobrando en forma imprudente choco violentamente con el primero de los nombrados, causándole un impacto tal que puso en peligro la vida de mi Representado…” (Mayúsculas y negrillas del original).

Señaló, que “El valor de los daños ocasionados al vehículo de mi Representado, asciende a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs 120.000,00) según experticia levantada por la Dirección de Tránsito Terrestre…” (Mayúsculas y negrillas del original).

Agregó, que “De conformidad con lo establecido en el articulo 192 y 212 de la Ley del Tránsito y Transporte Terrestre, se presume la responsabilidad del conductor Nº 2, en virtud de que venía a exceso de velocidad, cuestión que subsume dentro del supuesto contenido de dicha norma (…) Al momento de ocurrir el accidente el ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, anteriormente mencionado se encontraba bajo los efectos del alcohol, por eso su conducta de imprudencia, negligencia e impericia al no percatarse al momento de cruzar la calle para entrar al centro comercial. (…) Asimismo son solidariamente responsables de los daños causados por el accidente, el propietario del vehículo y la empresa aseguradora, de conformidad con las previsiones del artículo 192 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre que, literalmente reza: Articulo 1-196: ‘la obligación de reparación, se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito’…” (Mayúsculas y negrillas del original).

Adujo, que “…el ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, parte demandada en presente juicio en su informe de accidente vial ‘proporciono los datos de la empresa aseguradora y numero de póliza correspondiente la cual es la PREVISORA Nº 60121518 y su fecha de vencimiento es 09-12-2013, la cual dicha empresa de seguro informo a mi representado que solo cubriría una parte del daño hasta una suma de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00), teniendo conocimiento de estos daños ocasionados por la conducta irresponsable, negligente del conductor…” (Mayúsculas y negrillas del original).

Finalmente, solicitó “…de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 212 de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre y 1.185, 1.196 y 1.193 de Código Civil Venezolano y los artículos 859 y 864 del código Procesal Civil Venezolano, el conductor del vehículo Nº 2 ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, parte demandada en presente juicio, solidariamente a los representantes legales de la empresa PREVISORA C.A., propietario del vehículo marca TOYOTA, modelo HILUX, clase CAMIONETA, color BLANCA, Año 1997, SERIAL DE CARROCERIA RN859700754, PLACAS 38JFAB, respectivamente, domiciliado en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para que cancelen a mi representado las cantidades reclamadas en la presente demanda o en defecto de ello sean condenadas por este tribunal a pagar a la parte demandada lo siguiente: PRIMERO: La cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs 120.000,00) por conceptos de daños materiales, de acuerdo a la reclamación cuantificada, según experticia levantada por la Dirección de Tránsito Terrestre. SEGUNDO: La cantidad que resulte del cálculo de la experticia complementaria del fallo, por concepto de lucro cesante, tal como descrito y solicitado, LUCRO CESANTE de la presente demanda. TERCERO: La cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (20.000,00) por concepto de daño Emergente según reclamaciones. CUARTO: Indexación judicial sobre el momento condenado a pagar por concepto de indemnización por daño material y demás reclamaciones. SEXTO: (sic) Las costas y costos del presente procedimiento…” (Mayúsculas y negrillas del original).

II
DE LA DECISIÓN APELADA

En fecha 10 de agosto de 2015, el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, dictó sentencia mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar la demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daño emergente, fundamentándose en las consideraciones siguientes:

“Como punto previo, debe este Juzgado proceder al análisis de la defensa opuesta por la representación judicial de la codemandada, la empresa aseguradora C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA, atinente a la falta de cualidad, aduciendo que el demandado LUCIANO MESA CABEZA, no es titular de ninguna póliza de seguros suscrita con su representada.
El autor Luis Loreto, (1.976), en su obra ‘Excepción por Falta de Cualidad y Ensayos Jurídicos’. Ediciones Vega Rolando, S.R.L., Caracas – Venezuela, precisa algunos conceptos doctrinarios referente a la noción de cualidad, los cuales se transcriben a continuación:
(…)
En el caso de autos, la falta de cualidad del sujeto pasivo o demandado, está referido a la legitimatión ad causam la cual debe entenderse como la idoneidad de la persona para actuar en juicio, como titular de la acción, en su aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de merito, tal señalamiento es para distinguirlo de la llamada legitimatión ad procesum la cual concierne a un presupuesto procesal para comparecer en juicio, que no es el caso planteado en juicio, pues tanto los hechos alegados en la demanda como los fundamentos de derechos, orientan a que el problema que en este caso debe descartar el Juez es lo atinente a la legitimación o cualidad (legitimación ad causam). En este sentido este Juzgador destaca que la pretensión de la parte actora, consiste en demandar formalmente tanto al ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, como la empresa DE SEGUROS LA PREVISORA, para que respondan por los daños materiales derivados de accidente de tránsito.
En cuenta de lo anterior resulta necesario partir del derecho común, en cuanto al régimen legal del contrato, establecido en el Código Civil, al efecto se observa las disposiciones legales siguientes:
(…)
De estas disposiciones, se desprende que las obligaciones deben cumplirse en la forma en que han sido contraídas y que, tratándose del contrato bilateral, en caso de incumplimiento por una de las partes, la otra puede, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución o cumplimiento o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.
En razón de ello, para que se configure la pretensión de cumplimiento de contrato es necesario que: a) Que se trate de un contrato bilateral. b) Que haya incumplimiento del contrato, vale decir, se produzca la inejecución de la obligación por la parte demandada. Para los casos de incumplimiento parcial, el Juez determinará la procedencia de la acción, ateniéndose a la voluntad de las partes. c) Que el incumplimiento se origine por culpa de la parte demandada, puesto que si el contrato se incumple por causa no imputable, no habrá lugar a intentar la acción.
En cuenta de los dispositivos legales ya citados, se distingue que resulta necesario la aplicación de las normas especiales sobre el contrato de seguro contenido en el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publicado en la Gaceta Oficial No. 5.553 Extraordinario de fecha 12-11-2001, destacándose las siguientes:
(…)
Las normas transcritas ut supra establecen que en el contrato de seguro la empresa aseguradora responderá por los siniestros asegurados en los términos establecidos en la póliza de seguros, teniendo la obligación de indemnizar al beneficiario en los términos establecidos en el contrato de seguro. Por su parte, el asegurado, tiene la obligación fundamental de pagar la prima y cumplir las demás obligaciones establecidas en el contrato. Así que forma parte también, muy importante, de la regulación legal de la relación contractual entre el demandante y la demandada las disposiciones del contrato de seguro celebrado entre ellos.
No obstante lo anterior ciertamente se obtiene de actas que la parte demandada Luciano Meza Cabeza, no ha suscrito contrato de seguro con la empresa aseguradora demandada, sino que tal vinculación deriva de la circunstancia de que el conductor del vehículo No 2, ciudadano Luciano Meza, en el informe del accidente vial levantado por el funcionario del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre, distinguido Filadelfo Vanegas, aportó los siguientes datos de la empresa aseguradora, ‘La Previsora’, Nro. De Poliza ‘60121518’, con fecha de vencimiento ‘09-12-13’, (ver folio 8); pero ante tal señalamiento la empresa aseguradora aquí demandada, arguye que el demandado ‘LUCIANO MESA CABEZA, no es titular de ninguna póliza de seguros suscrita con mi representada, circunstancia esta que se verifica con la venta que le hiciere el verdadero tenedor de dicha póliza, ciudadano JOSE RAFAEL ANGULO BOLAÑOS, mismo que al vendedor del vehículo al demandado LUCIANO MESA CABEZA, no lo subrogo en relación al contrato de seguro, vale decir que no realizaron los tramites correspondientes ante las oficinas administrativas de mi representada para tal fin.” En relación a este aspecto el Decreto Con Fuerza De Ley Del Contrato De Seguro establece lo siguiente:
(…)
Como se puede observar, ambas normas tipifican un lapso de caducidad para la tramitación y aceptación del seguro de póliza, y en cuenta de ello se distingue que ciertamente el primer propietario del vehículo No. 2, marca TOYOTA, modelo HILUX, clase CAMIONETA, color BLANCA, Año 1997, SERIAL DE CARROCERIA RN859700754, PLACAS 38JFAB; era el ciudadano José Rafael Angulo Bolaños, y en conformidad con los dispositivos legales en referencia se desprende que en los casos de adquisición de vehículos, tanto el adquirente como quien transfiere la propiedad, con la finalidad de que el primero de los nombrados continué gozando del beneficio previsto en el contrato de póliza de seguro, ambos sujetos deben cumplir con las siguientes cargas, como es el deber de dirigirse por escrito a la empresa aseguradora para comunicarle la sustitución del asegurado, el tomador en este caso el ciudadano JOSE RAFAEL ANGULO BOLAÑOS, actuando como tenedor debió por lo menos con 15 días hábiles de anticipación participar el cambio de propietario a la DE SEGUROS LA PREVISORA, y sobre este aspecto no consta en autos que se haya efectuado tales requerimientos; aunado a la circunstancia que si ciertamente cursa en autos al folio 116, Cuadro de recibo de cancelación emitido por seguros LA PREVISORA a nombre del ciudadano José Rafael Angulo Bolaños con fecha 09 de diciembre de 2012, indicando que la vigencia de la póliza comprende desde 09-12-2012, hasta 09-12-2013, el mencionado ciudadano quien era el primer propietario como ya se señaló del vehículo identificado con el No. 2, falleció el 14 de Enero de 2013, ello se extrae de la copia del acta de defunción cursante al folio 133 de la pieza judicial, y dicho vehículo paso a ser propiedad del codemandado Luciano Mesa Cabeza, el 16 de agosto de 2013, según se desprende de la copia de Registro de Vehiculo, el cual consta en este expediente en el folio 118 de la pieza judicial; ocurriendo el accidente aquí cuestionado el 28 de julio del 2013, tales actuaciones se aprecian y valoran de conformidad con los artículos 1363 y 1359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dada su no impugnación por las partes; por lo que en atención a la propiedad de vehículos la Sala Constitucional en sentencia Nº 1197 del 6 de julio de 2001 (caso Carlos E. Leiva Arias) y posteriormente en sentencia Nº 1544 del 13 de agosto del mismo año, dispuso:
(…)
Por lo que bajo estas premisas se obtiene que si bien es cierto para el momento del accidente el demandado Luciano Meza no era el propietario, sino que era la persona que conducía el vehículo identificado con el No. 2 en las actuaciones de tránsito, para ese entonces el tenedor de la póliza y propietario del vehículo, ciudadano José Rafael Angulo Bolaños, ya había fallecido; y no consta en autos que el hoy demandado LUCIANO MESA CABEZA, nuevo propietario del vehículo quien señaló ser beneficiario de la póliza de seguros cuyos efectos se demandan, haya traído a los autos el cumplimiento de la carga atribuida en la norma in comento, artículos 67 y 68 del Decreto Con Fuerza De Ley Del Contrato De Seguro, para ser acreditado como asegurado-beneficiario de la empresa aseguradora, por lo que siendo ello así se declara con lugar la falta de cualidad alegada por la representación judicial DE SEGUROS LA PREVISORA, por carecer legitimatio ad causam, pues no está acreditada como empresa aseguradora del codemandado Luciano Meza Cabeza propietario del vehículo marca Toyota, modelo Hilux, clase Camioneta, color Blanca, año 1.997, serial de carrocería RN859700754, placas 38JFAB, por los motivos antes expuestos, y así se establece.
Del fondo
Establecido lo anterior pasa este Juzgado analizar lo pretendido por el actor, en cuanto al reclamo de daños materiales derivados de accidente de tránsito, y en tal sentido se distingue, que el actor en su libelo de demanda en cuanto a la ocurrencia de los hechos señala lo siguiente:
(…)
Ante los hechos así delatados se observa que el expediente administrativo levantado con ocasión al accidente de tránsito, fue promovido por el propio actor el cual se aprecia y valora de conformidad con los artículos 1363 y 1359 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnado en juicio, y de él surge una presunción tantum de certeza en relación a su contenido, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que se resalta la Copia del informe de accidente vial suscrito por el ciudadano FILADELFO VANEGAS funcionario del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transito y Transporte Terrestre, en cuya Acta Policial inserta al folio 10, expone lo siguiente:
(…)
Ahora bien, del croquis efectuado por el mencionado funcionario del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transito y Transporte Terrestre, se distingue ciertamente que la ruta en la que transitaba el vehículo identificado No. 2, era el canal en sentido contrario al canal en que se desplazaba el vehículo identificado con el No. 3, conducido por el demandante ciudadano Adrian Jemmotte, siendo el caso que el vehículo identificado No. 2, el cual era conducido por el ciudadano Luciano Meza Cabeza, se dispuso a cruzar la vía para entrar al Centro Comercial, en tal caso el conductor del vehículo identificado con el No. 2, al cruzar una vía de doble canal, le imponía cerciorarse de poder hacerlo sin riesgos para sí y para terceros, postergando la maniobra hasta constatar la libre circulación, en efecto el Reglamento de la Ley de Transito Terrestre, prevé en sus disposiciones reglamentarias lo siguiente:
(…)
Es así que conforme a las citadas normas, se colige claramente, que el conductor del Vehículo identificado con el No. 2, ciudadano Luciano Meza Cabeza, al cruzar una vía de doble canal, no observó, ni tomó las precauciones necesarias, lo cual se traduce en que no haya riesgo de que se produzca una colisión, valga señalar, que al cruzar la vía de doble canal se debe realizar con tal grado de ponderación, que no exista ningún riesgo de choque o colisión, es decir, cuando no venga ningún vehículo circulando por el canal contrario, por lo que volviendo al caso de autos, es evidente que tal y como se desprende del croquis de tránsito, cuyo documento administrativo de Tránsito, no fue impugnado con contraprueba en contrario, y al no haberse hecho así, queda claro la responsabilidad del conductor del vehículo N° 2, vale decir, el vehículo conducido por el accionado, en relación a la invasión del canal de circulación por donde se desplazaba el vehículo propiedad del actor, al cruzar ambos canales de circulación para tomar la vía contraria de circulación. Dicho medio de prueba goza de una presunción tamtum de certeza, que no fue desvirtuada con prueba plena en contrario, y de lo cual se obtiene la responsabilidad en el accidente del vehículo No. 2, Placas 38JFAB, Clase: CAMIONETA, Marca: TOYOTA, Modelo HILUX, Año 1997, Color: BLANCO , Serial de Carrocería: RN859700754; conducido por el ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, pretendió cruzar sin haber observado la debida prudencia de que se acercaba el vehículo identificado en las actuaciones de transito con el N° 03, Placas: AA363LY , Clase: AUTOMOVIL, Marca: FIAT, Modelo: PALIO , Año: 2006, Color: ROJO, Serial: de Carrocería: 9BD17159462761733; conducido por el demandante de autos, ciudadano ADRIAN JEMMOTTE, por lo que se produjo la colisión y los daños accionados; por ello, si el demandado, hubiere dado cumplimiento a lo señalado en los artículos 249, 250, 251, 252, 253, y 262, del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, no hubiere sucedido el siniestro y por ende no se hubieran causados los daños demandados, lo cuales se generan por la propia imprudencia del vehículo del codemandado Luciano Meza Cabeza, al cruzar la vía sin tomar las precauciones que el Reglamento de la Ley de Tránsito demandan; por lo que tal prueba administrativa concatenada a la exposición el mencionado demandado ante el funcionario de transito, en la cual manifiesta lo siguiente: “Desplazándome por la vía Italia sentido hacia Alta Vista a la altura del C.C GIGIA me dispongo a entrar al estacionamiento de dicho centro comercial, al cruzar me percate de que venia un vehiculo a la altura de la estación de servicio así dándome oportunidad de acceder a dicho establecimiento ya que había una distancia prudente para maniobrar, ya en la rampa de acceso al establecimiento dicho vehiculo impacta en el lateral derecho de mi vehiculo”. En cuenta de lo así declarado conforme al contenido normativo supra citado, era el vehículo N° 02 conducido por el ciudadano Luciano Meza Cabeza el que debe cerciorarse previamente de que puede cruzar la vía Italia para entrar al estacionamiento del Centro Comercial, ubicado al frente del canal que resulta ser en sentido contrario al que se desplazaba dicho vehículo identificado con el No. 2, sin peligro para el resto de los vehículos que circulan por ella, y así se establece.
No obstante lo anterior la representación judicial de la parte demandante en la audiencia preliminar, aduce que el ciudadano Luciano Meza Cabeza, estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que además de constituir un hecho nuevo, no delatado en el libelo de demanda, le recae la carga de probar tal afirmación de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que volviendo al caso sub-examine no consta en autos examen alguno que se le haya practicado al conductor del vehículo No. 2, que evidencia que para el momento del accidente haya en estado de ebriedad.
Valga señalar que el autor FREDDY ZAMBRANO, en su obra de comentarios a ‘Ley en materia de Tránsito y Transporte Terrestre’, que la misma introduce una presunción iuris tantum de responsabilidad, por el daño causado en accidente de tránsito, en contra del conductor que se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o que conduzca a exceso de velocidad, y según la cual, se presume que es el responsable del accidente salvo prueba en contrario, explicando a continuación dicho autor que:
(…)
Sobre lo anterior este Tribunal Superior debe destacar un elemento de suma importancia que se desprende del artículo 194 de la Ley de Transporte Terrestre para poder establecer la existencia de esa presunción de culpabilidad iuris tantum, y es que al conductor deberá realizarse la correspondiente prueba toxicológica que es la indicada para establecer la certeza científica de los grados de alcohol o sustancias psicotrópicas en la sangre.
El referido artículo es claro al establecer imperativamente que al conductor ‘se le practicará el examen toxicológico correspondiente’, y luego adiciona que tal examen ‘podrá’ realizarse a través de pruebas e instrumentos científicos por parte de las autoridades competentes del transporte terrestre al momento de levantar el accidente. En contraste a esta, la anterior norma reformada en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre del año 2001 (ex artículo 129), más bien atemperaba el procedimiento estableciendo que tal examen podía omitirse en caso de la utilización de pruebas e instrumentos científicos, no así en el caso de la Ley de Transporte Terrestre vigente (2008), que ahora impele al cumplimiento del examen pudiendo efectuarse por la autoridad de tránsito con instrumentos científicos.
Asimismo dispone el artículo 194 de la comentada Ley, que esos mecanismos e instrumentos para la práctica del examen para determinar el grado de alcohol y sustancias estupefacientes en la sangre, serán desarrollados en el Reglamento de la Ley, disponiendo efectivamente el vigente Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre en cuanto al grado alcohólico, en su artículo 419 lo siguiente:
(…)
En consideración a las normas citadas, se distingue que para poder determinar tal alteración fisiológica u orgánica, es impretermitible un examen que determine científicamente la afectación en la persona, y así se pueda establecer si de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre vigente, tiene una tasa de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por 1.000 centímetros cúbicos.
El examen de alcoholemia, que de acuerdo con el artículo 194 de la Ley de Transporte Terrestre y el artículo 419 del supra referido Reglamento también puede efectuarse o cumplirse con la utilización de un instrumento llamado ‘alcoholímetro’ por parte de la autoridad administrativa de tránsito en el mismo momento de levantamiento del accidente, funcionario quién además tiene el deber de describir con precisión en el acta policial o en las diligencias que practique, el procedimiento seguido en la prueba dejando constancia de los datos necesarios para la identificación y características del instrumento de detección empleado según establece el numeral 1 del artículo 422 del Reglamento ya citado.
Ahora bien, de las actas procesales del presente expediente se constata que la parte actora no demostró el alegato en cuanto a que el demandado Luciano Mesa Cabeza, se encontraba en estado de embriaguez para el momento del accidente, y sólo consignó como medios de prueba junto al libelo de demanda, los documentos que conforman las actuaciones del funcionario de tránsito respecto a tal accidente.
Del examen de las actuaciones de tránsito promovidas se encuentran conformadas por: copias del formulario informe del accidente de tránsito que es llenado por los funcionarios al levantar el accidente, el levantamiento planimétrico gráfico del accidente o croquis, y el acta policial levantada por el mismo funcionario al día siguiente del accidente para dejar constancia de este ante el Departamento de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre.
Del informe del accidente de tránsito objeto del presente juicio se desprende, que el funcionario de tránsito estableció que el accidente consistió en una colisión entre vehículos y procedió a completar la información del informe, en las casillas destinadas a especificar las condiciones de lugar, fecha y hora del accidente, la identificación de los conductores y la descripción de los vehículos involucrados, sus condiciones de seguridad, las condiciones de la vía y del clima o de visibilidad, la existencia de obstáculos, los daños causados; y se constata, un recuadro dedicado a establecer las infracciones verificadas por el vigilante de tránsito, siendo que en modo alguno se hizo el señalamiento que el conductor del vehículo No. 2, presentase síntoma de ingesta alcoholica, aunado que tampoco consta en autos que se haya practicado en cumplimiento con el artículo 194 de la Ley de Transporte Terrestre y los artículos 417 y 419 del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, el examen toxicológico al conductor del Vehículo identificado con el No. 2., Luciano Mesa Cabeza ni mucho menos se dejó constancia que se haya utilizado el instrumento científico llamado alcoholímetro para llegar a la certeza de que haya consumido alcohol, por tanto se desestima lo alegado por la parte demandante que el codemandado ciudadano Luciano Mesa Cabeza venía conduciendo bajo los efectos del alcohol, y así se establece.
Asimismo se observa que la representación judicial del codemandado Luciano Meza Cabeza, aduce la circunstancia que denuncia el ocultamiento de las lesiones graves sufridas por su representado en el accidente de tránsito aquí cuestionado, pues a su decir el ciudadano Luciano Meza Cabeza fue hospitalizado, en la Clinica La Esperanza C.A., y fue intervenido quirúrgicamente, arguyendo sobre este aspecto que el funcionario actuante obstruyó a la administración de justicia, pues alteró o modificó evidencias y datos que aperturaron la averiguación penal correspondiente a lesiones gravísimas, y a tal efecto consignó copia del Informe medico suscrito por el Doctor Amador Cerrea M., donde señala como diagnostico de ingreso, politraumatismo, fractura articular de clavicula derecha, cursante al folio 112 de la pieza judicial.
En análisis de tal planteamiento este Tribunal Superior, observa que el mencionado informe médico al tratarse de una copia simple de un documento privado, carece de valor probatorio a tenor de lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a ello la sentencia No. 0259 de fecha 19 de Mayo de 2.005 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado lo siguiente:
(…)
Es así que en aplicación de la anterior jurisprudencia, el mencionado medio probatorio, relativo al Informe médico suscrito por el Doctor Amador Cerrea M., donde señala como diagnostico de ingreso, politraumatismo, fractura articular de clavicula derecha, inserto al folio 112 de la pieza judicial, carece de valor probatorio, aunado a la circunstancia, que dicho informe médico, al emanar de un tercero debió ser ratificado en juicio, para cumplirse los extremos legales previstos en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, cuya carga no cumplió la representación judicial de codemandado Luciano Meza Cabeza, a lo que se adiciona la circunstancia que esa representación judicial no trajo a juicio prueba en contrario que desvirtuara la Copia del informe de accidente vial suscrito por el ciudadano FILADELFO VANEGAS funcionario del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transito y Transporte Terrestre, cuyo expediente administrativo cursa del folio 8 al 14 de la pieza judicial, documentos administrativo que ya fue valorado ut supra, por lo que siendo ello así se desestima las lesiones y la denuncia de obstrucción de administración de justicia formuladas por la representación judicial del codemandado Luciano Meza Cabeza, y así se decide.
Así las cosas, es evidente que el demandado incurrió en infracción de las normas de tránsito al no tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar la maniobra de cruce lo cual se analizó ampliamente ut supra, y por tanto, a consideración de quien aquí decide, se infringió lo establecido en los artículos 249, 250, 251, 252, 253, y 262, del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre ya transcritos ut supra del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, en concordancia con el numeral 10 del artículo 169 de la Ley de Transporte Terrestre; por lo tanto, al realizar una maniobra que aún y cuando es realizada comúnmente por los conductores, tal maniobra no es permitida, ya que el conductor del vehículo identificado con el No. 2, debe cruzar la calle de doble canal bajo su riesgo, por lo que al no cerciorarse y tomar la debida ponderación para efectuar el cruce, irrespeta así las normas de tránsito; en consecuencia, el ciudadano Luciano Meza Cabeza es responsable de los daños causados con ocasión de la maniobra realizada por el vehículo de su propiedad, cuando efectuaba el cruce en la vía Italia para acceder a la entrada del Estacionamiento del Centro Comercial LLIYA, ubicado en sector los Olivos de Puerto Ordaz, y que conducía el día 28 de julio de 2013, y así se decide.-
El encabezamiento del artículo 1.185 del Código Civil dispone: ‘El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo…’. De esta norma se colige que el efecto principal del hecho ilícito, es que hace surgir para el agente del daño una situación de responsabilidad civil frente a la víctima; es decir, cuando alguien incurre en un hecho ilícito asume la obligación de repararle a la víctima el daño causado. En el presente caso, existe un hecho ilícito extracontractual, consistente en el hecho de que el ciudadano Luciano Mesa Cabeza, al conducir el vehículo identificado con el No. 2, Placas 38JFAB, Clase: CAMIONETA, Marca: TOYOTA, Modelo HILUX, Año 1997, Color: BLANCO , Serial de Carrocería: RN859700754; pretendió cruzar sin haber observado la debida prudencia de que se acercaba el vehículo identificado en las actuaciones de transito con el N° 03, Placas: AA363LY , Clase: AUTOMOVIL, Marca: FIAT, Modelo: PALIO , Año: 2006, Color: ROJO, Serial: de Carrocería: 9BD17159462761733; conducido por el demandante de autos, ciudadano ADRIAN JEMMOTTE, por lo que se produjo la colisión y los daños accionados; por ello, si el demandado, hubiere dado cumplimiento a lo señalado en los artículos 249, 250, 251, 252, 253, y 262, del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, no hubiere sucedido el siniestro y por ende no se hubieran causados los daños demandados, lo cuales se generan por la propia imprudencia del vehículo del codemandado Luciano Meza Cabeza, al cruzar la vía sin tomar las precauciones que el Reglamento de la Ley de Tránsito demandan y ello hace generar una culpa, entendida ésta como el hecho ilícito imputable a su autor o la actividad consistente en lesionar un derecho de otro sin poder alegar un derecho superior o por lo menos equivalente, vale decir, sin poder invocar un motivo legítimo, y así se establece.
Conforme a todo lo anteriormente expuesto, al haberse demostrado plenamente el hecho ilícito extracontractual, como es la culpa del codemandado Luciano Meza Cabeza conductor del vehículo identificado con el No. 2, en las actuaciones administrativas de tránsito, ello acarrea su responsabilidad en relación con el daño, por lo que se debe declarar la procedencia de la indemnización de los daños demandados, en contra del referido ciudadano Luciano Mesa Cabeza, por la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 120.000,oo), que es el monto fijado por en el Acta Avalúo, cursante al folio 7 de la pieza judicial, realizado por el perito autorizado por la autoridad administrativa competente; la cual se aprecia y valora de conformidad con los artículos 1363 y 1359 del Código Civil, dado su no impugnación en juicio; y así se decide.
En cuanto al pedimento de lucro cesante, se observa que el mismo es el daño experimentado por la víctima por la pérdida de la ganancia esperada a la cual tenía derecho, sobre ello el artículo 1273 del Código Civil, prevé, que los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor por la utilidad de que se le haya privado, y el cual no puede extenderse a otras, siendo que para ello se requiere una expectativa legítima y natural respecto del aporte o ingreso que dejo de percibir, y en tal sentido los aportes probatorios son necesarios para llevar al convencimiento del Tribunal que motivado al daño, dejó de percibir ingresos económico, y el actor no lo hizo, siendo que ello no puede ser presumidos bajo circunstancia alguna, dado que resulta imposible prever actitudes y voluntades futuras y mucho menos traducir éstas a lenguaje patrimonial, sobre todo si se tiene en cuenta que el trabajo, sus frutos y su aprovechamiento es eventual de cada persona, por lo que siendo ello así la parte actora tenía la carga procesal de probar el ingreso económico que dejó de percibir, hecho éste que no demostró por lo que en consecuencia se desestima el reclamo de Lucro cesante formulado por la representación judicial de la parte actora en su libelo de demanda, y así se establece.
En lo relativo al daño emergente por la suma de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,oo), formulado por la parte actora en su libelo de demanda, este Tribunal Superior, observa que la representación judicial del actor son sólo mencionado más no es evidenciado, ni demostrado con ningún género de pruebas, por tanto se desestima el reclamo daño emergente por la señalada suma, y así se establece.
Como corolario de todo lo anteriormente expuesto este Juzgado debe declarar con lugar la falta de cualidad de la empresa aseguradora C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA, para ser demandada en la presente causa, y asimismo declarar parcialmente con lugar la demanda incoada por el ciudadano ADRIAN JEMMJOTTE contra el ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, y así se establecerá en la dispositiva de este fallo…” (Mayúsculas del original).

III
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse en relación a su competencia para conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo en materia contencioso administrativa, le corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo conocer en segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el numeral 7, artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Con base en las consideraciones realizadas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de octubre de 2015, contra la sentencia dictada en fecha 10 de agosto de 2015, por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar. Así se declara.

IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Determinada la competencia de esta Corte para conocer del recurso de apelación interpuesto, se pasa a decidir el mismo en los siguientes términos:

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 92, establece lo siguiente:

“Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contengan los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte dé contestación a la apelación.
La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación” (Resaltado de la Corte).

En aplicación del artículo transcrito, se evidencia que la parte apelante tiene la carga de presentar dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente, el escrito en el cual indique las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su apelación y en caso de no cumplir con esta obligación legal, el Juez procederá a declarar el desistimiento del recurso de apelación.

En el caso sub iudice, se desprende de los autos que conforman el presente expediente, que desde el día 24 de noviembre de 2015, fecha en que se dio inicio a la relación de la causa, exclusive, hasta el 14 de enero de 2015, fecha en la que terminó la relación de la causa, inclusive, transcurrieron diez (10) días de despacho, correspondientes a los días, 3, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de diciembre de 2015; los días 12, 13 y 14 de enero de 2016. Igualmente, transcurrió ocho (8) días del término de la distancia correspondiente a los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2015; los días 1º y 2 de diciembre de 2015. En esa misma oportunidad, se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente, a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente.

Conforme a lo anterior, se desprende que la parte apelante no consignó dentro del señalado lapso, así como tampoco con anterioridad al mismo, escrito en el cual indicara las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta el recurso de apelación, por lo que resulta aplicable la consecuencia jurídica del desistimiento del recurso de apelación, previsto en el citado artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Conforme a lo anterior, esta Corte declara DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de octubre de 2015, por la Abogada Solimar Trinidad Armas Triana, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Luciano Mesa Cabeza, contra la sentencia dictada en fecha 10 de agosto de 2015, por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Así se decide.

Ahora bien, observa esta Corte que mediante sentencia Nº 1.542 de fecha 11 de junio de 2003 (caso: Municipio Pedraza del estado Barinas), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que es obligación de todos los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los casos donde opere la consecuencia jurídica del desistimiento tácito de la apelación, examinar de oficio y de forma motivada el contenido del fallo apelado con el objeto de constatar si el mismo: a) no viola normas de orden público y, b) no vulnera o contradice interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal, sobre el sentido y aplicación que debe dársele a determinadas normas del ordenamiento jurídico para garantizar su armonía con las disposiciones del Texto Fundamental.

De data más reciente es la sentencia Nº 150 de fecha 26 de febrero de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República (caso: Monique Fernández Izarra), mediante la cual se reiteró el criterio ut supra citado, estableciéndose lo que a continuación se expone:

“Conforme a lo dispuesto en el párrafo 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como ley procesal aplicable al caso, la sanción al incumplimiento de la carga de fundamentar el recurso de apelación consiste en que ésta se tenga como desistida, lo que conlleva la extinción del procedimiento en segunda instancia y la consecuente declaratoria de firmeza del fallo apelado, salvo dos importantes excepciones establecidas por la aludida disposición, como se observa de su texto:
De la norma surgen dos importantes excepciones que impiden al juez de la Alzada declarar firme el fallo aun cuando hayan operado las condiciones para declarar el desistimiento de la apelación o la perención de la instancia, de ser el caso; a saber: (i) que el fallo o acto recurrido violente normas de orden público y (ii) que por expresa norma legal corresponda al Tribunal Supremo de Justicia el control jurídico de la decisión o acto de que se trate.
Interesa en el presente caso destacar que la Sala ha ampliado las anteriores excepciones, fijando también como obligación del juez de Alzada la de examinar que el pronunciamiento jurisdiccional no contraríe interpretaciones dadas por esta Sala Constitucional en el ejercicio de la labor de interpretación encomendada por el Constituyente de 1999 en el artículo 335 del Texto Constitucional vigente. En tal sentido, dejó sentado en sentencia N° 1.542 del 11 de junio de 2003, caso: ‘Municipio Pedraza del Estado Barinas’, que:
(…)
Tal imperativo precisa entonces que la labor de juzgamiento en las instancias correspondientes no se limita a la mera confrontación de la inactividad de la parte en el cumplimiento de la carga prevista en la ley procesal, sino que exige un examen por parte del juez de Alzada de los elementos cursantes a los autos para verificar, de forma razonada, que no existe vulneración de alguna norma de orden público o que no se ha obviado la aplicación de algún criterio vinculante dimanado de esta Sala que obligue a su corrección oficiosa, antes de declarar la firmeza del fallo apelado…” (Destacado de esta Corte).
Ello así, aprecia esta Corte que en el caso de autos el Juzgado A quo declaró Parcialmente Con Lugar la presente demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daño emergente interpuesto contra el ciudadano Luciano Mesa Cabeza y subsidiariamente a C.N.A. de Seguros La Previsora, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública.

Así, conforme a los criterios de la Sala Constitucional expuestos, vista la no consignación en autos de las razones o fundamentos del recurso de apelación interpuesto, no procede en forma inmediata declarar firme el fallo apelado, siendo que este Órgano Jurisdiccional deberá revisar dicho fallo en relación a aquellos aspectos de orden público que pudieron ser afectados, como sería el caso de la competencia.

En efecto, observa esta Corte que el Juzgado A quo en su sentencia declaró, “Con Lugar la FALTA DE CUALIDAD de la empresa aseguradora C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA, para ser demandada en la presente causa (…) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano Adrian Jemmjotte contra el ciudadano Luciano Mesa Cabeza, y en consecuencia queda condenado a pagar la suma de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 120.000,00). (…) Se ordena aplicar la indexación judicial sobre el monto reclamado…” (Mayúsculas del original).

Ahora bien, pasa esta Corte a revisar el fallo apelado y en ese sentido considera oportuno en primer lugar, destacar que la competencia es el ámbito en la materia, el grado o el territorio dentro del cual un Tribunal puede ejercer su respectiva autoridad; siendo ello así, cuando un recurso se interpone ante un Juez incompetente, o éste llegue a serlo por una incompetencia sobrevenida, puede de oficio declararla y dependiendo del caso, remitirlo al que considere competente.
Ello así, observa esta Corte que el Juzgado de Instancia como Punto Previo declaró la falta de cualidad de la empresa aseguradora C.N.A de Seguros La Previsora, en la presente demanda por cuanto, “…para el momento del accidente el demandado Luciano Meza no era el propietario, sino que era la persona que conducía el vehículo identificado con el No. 2 en las actuaciones de tránsito, para ese entonces el tenedor de la póliza y propietario del vehículo, ciudadano José Rafael Angulo Bolaños, ya había fallecido; y no consta en autos que el hoy demandado LUCIANO MESA CABEZA, nuevo propietario del vehículo quien señaló ser beneficiario de la póliza de seguros cuyos efectos se demandan, haya traído a los autos el cumplimiento de la carga atribuida en la norma in comento, artículos 67 y 68 del Decreto Con Fuerza De Ley Del Contrato De Seguro, para ser acreditado como asegurado-beneficiario de la empresa aseguradora, por lo que siendo ello así se declara con lugar la falta de cualidad alegada por la representación judicial DE SEGUROS LA PREVISORA, por carecer legitimatio ad causam, pues no está acreditada como empresa aseguradora del codemandado Luciano Meza Cabeza propietario del vehículo marca Toyota, modelo Hilux, clase Camioneta, color Blanca, año 1.997, serial de carrocería RN859700754, placas 38JFAB, por los motivos antes expuestos, y así se establece…” (Mayúsculas del original).

Ahora bien, el ciudadano Adrian Jemmotte interpuso la presente demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daños emergentes derivados de un accidente de tránsito contra el ciudadano Luciano Meza Cabeza y la empresa aseguradora C.N.A de Seguros La Previsora por la cantidad de ciento cuarenta mil bolívares (Bs.F 140.000,00).

En este sentido, observa esta Corte que en virtud de la sobrevenida declaratoria de falta de cualidad de la empresa aseguradora C.N.A de Seguros La Previsora, la relación jurídico procesal se encuentra compuesta por dos (2) sujetos particulares, como lo son el ciudadano Adrían Jemmontte y Luciano Meza Cabeza, sin presencia ninguna de una persona jurídica de derecho público.

Lo anterior, pone de manifiesto tres (3) aspectos fundamentales: 1) tanto el demandado como el demandante son personas naturales de carácter particular, 2) la demanda está soportada en una pretensión de carácter patrimonial, cuyo propósito es condenar al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios, y 3) dicha reclamación es originada en una presunta responsabilidad de carácter extracontractual derivada de un accidente de tránsito, por parte de un particular.

En ese sentido, la parte actora pretende obtener del ciudadano Luciano Meza Cabeza, la reparación de los daños que se le ocasionaron con motivo de un accidente de tránsito, todo ello de conformidad con la responsabilidad solidaria del conductor y del propietario del vehículo, preceptuada en el artículo 192 de la Ley de Transporte Terrestre, publicada en la Gaceta Oficial número 38.985, de fecha 1 de agosto de 2008, la cual en el artículo 212 establece respecto al órgano jurisdiccional competente lo siguiente:

“Artículo 212. El procedimiento para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se hayan ocasionado daños a personas o cosas, será el establecido para el juicio oral en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de daños.
La acción se interpondrá por ante el Tribunal competente según la cuantía del daño, en la circunscripción donde haya ocurrido el hecho”(Destacado de esta Corte).

De lo ut supra transcrito, se desprende que el procedimiento previsto para tramitar los casos como el autos será el previsto en el Código de Procedimiento Civil para los juicios orales, señalando además que corresponde conocer de esas acciones a los órganos jurisdiccionales que sean competentes por la cuantía en el lugar donde se haya producido el hecho, por lo que no queda duda que la competencia corresponde a la Jurisdicción especial de tránsito por mandato legal.

Ello así, considera este Órgano Jurisdiccional que la jurisdicción contencioso administrativa es Incompetente en virtud de la falta de cualidad declarada a la empresa aseguradora C.N.A. de Seguros La Previsora, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, para conocer del fondo de la presente demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daño emergente interpuesto por el ciudadano Adrian Jemmotte contra el ciudadano Luciano Mesa Cabeza.

Ello así, el Juzgado de Instancia erró al entrar a conocer y decidir del fondo de la presente demanda sin ser el Juez Natural conforme a lo ut supra establecido, en consecuencia, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, REVOCA PARCIALMENTE el fallo dictado en fecha 10 de agosto de 2015, en cuanto al fondo del mismo, siendo esto, la responsabilidad declarada al ciudadano Luciano Mesa Cabeza, y la condenatoria al pago de la suma de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 120.000,00) e indexación judicial sobre el monto reclamado.

En consecuencia, resulta forzoso para esta Corte DECLINAR la competencia para el conocimiento de la demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daño emergente interpuesto por el ciudadano Adrian Jemmotte, contra el ciudadano Luciano Mesa Cabeza, y solidariamente a la empresa Seguros La Previsora, C.A., al Juzgado de Primera en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, por ser este Órgano Jurisdiccional el especialista en la materia de tránsito en la mencionada jurisdicción. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 30 de octubre de 2015, por la Abogada Solimar Trinidad Armas Triana, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Luciano Mesa Cabeza, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, en fecha 10 de agosto de 2015, que declaró Parcialmente Con Lugar demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daño emergente interpuesto por el ciudadano ADRIAN JEMMOTTE, debidamente asistido por el Abogado Raúl Pérez Medina, contra el ciudadano LUCIANO MESA CABEZA, y solidariamente a la empresa SEGUROS LA PREVISORA, C.A.

2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto.

3. REVOCA PARCIALMENTE la sentencia, en consecuencia DECLARA:

3.1.- FIRME la decisión respecto a la aseguradora.

3.2.- la INCOMPETENCIA de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de la demanda por cobro de daños materiales, lucro cesante y daño emergente intentada por el ciudadano Adrian Jemmotte, contra el ciudadano Luciano Mesa Cabeza.

3.3.- DECLINA la competencia para conocer de la demanda por daños y perjuicios en el Juzgado de Primera en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

3.4.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Distribuidor de Primera en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

3.5.- REMITASE copia certificada de la presente sentencia al Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado Distribuidor de Primera en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los _________________ ( ) días del mes de _________________ del año dos mil diecisiete (2017). Años 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Juez Presidente,

EMILIO RAMOS

La Juez Vicepresidente,

MARÍA ELENA CENTENO GUZMÁN
El Juez,

EFRÉN NAVARRO
Ponente

La Secretaria Accidental,

MARGLY ELIZABETH ACEVEDO

Exp. Nº AP42-R-2015-001060
EN/

En fecha______________________________ ( ) de __________________________ de dos mil diecisiete (2017), siendo la(s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

La Secretaria Accidental,