JUEZ PONENTE: ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO EXPEDIENTE Nº AP42-R-2016-000726 En fecha 6 de diciembre de 2016, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el oficio N° TS9º CARCSC 2016-1155 de fecha 28 de noviembre de 2016, emanado del Juzgado Superior Noveno en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual remitió copias certificadas del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo interpuesto por el ciudadano CARLOS VICENTE TORREALBA TOVAR, titular de la cédula de identidad N° V-10.888.824, actuando en su propio nombre y representación, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 201.741, contra el MUNICIPIO AUTONÓMO TOMAS LANDER DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Dicha remisión se efectuó en virtud del auto dictado en fecha 3 de noviembre de 2016 por el aludido Juzgado Superior, mediante el cual oyó en un solo efecto el recurso de apelación incoado el 2 de noviembre de 2016, por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra el auto de admisión de pruebas dictado el 31 de octubre de 2016, que declaró respecto a la prueba documental y el mérito favorable de los autos, que su valoración correspondería al momento de emitir pronunciamiento en torno al asunto planteado, e inadmisible la prueba de informes promovida en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En fecha 14 de diciembre de 2016, se dio cuenta a esta Corte y se ordenó la aplicación del procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; concediéndose un (1) día continuo como término de la distancia y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes para la fundamentación de la apelación. Asimismo, se designó ponente al Juez Presidente ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO. En fecha 8 de febrero de 2017, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación, la cual certificó que “...desde el día diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017), inclusive, fecha en la cual inició el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día dos (02) de febrero de dos mil diecisiete (2017), inclusive, fecha en la cual culminó el referido lapso, transcurrieron diez (10) días de despacho correspondientes a los días, 10, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de enero de dos mil diecisiete (2017) y al día 2 de febrero de dos mil diecisiete (2017). Asimismo, se deja constancia que transcurrió un día (1) días continuo del término de la distancia correspondiente a los días 15 de diciembre de 2016…” y en razón a ello, se ordenó pasar el expediente al Juez ponente a los fines que dictara la decisión correspondiente, el cual pasa a pronunciarse en los términos siguientes: -I- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR -De la competencia. Previo a cualquier pronunciamiento, corresponde a esta Alzada verificar su competencia para conocer el presente asunto, para lo cual observa que conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, son los competentes para conocer de las apelaciones y las consultas de ley, de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de lo cual esta Corte resulta COMPETENTE para conocer como alzada natural de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso-administrativa. Así se declara. -Del recurso de apelación interpuesto. Determinado lo anterior, corresponde a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo conocer acerca del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente contra el auto de admisión de pruebas dictado por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 31 de octubre de 2016, que declaró respecto a la prueba documental y el merito favorable de los autos que su valoración correspondería al momento de emitir pronunciamiento en torno al asunto planteado, e inadmisible la prueba de informes promovida en el recurso interpuesto; para lo cual resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece que “[d]entro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte de contestación a la apelación. La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación…” (Resaltado y corchetes de esta Corte). Del artículo transcrito, se evidencia que la parte apelante tiene la obligación de presentar dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a aquél en que se dé inicio a la relación de la causa, el escrito en el cual indique las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su apelación y en caso de no cumplir con esta obligación legal, el Juez procederá a declarar de oficio el desistimiento de la apelación. Igualmente, esta Corte debe señalar que la fundamentación de la apelación puede realizarse por anticipado incluso en el mismo acto en el cual se ejerce el recurso de apelación, lo cual no se constata del examen de las presentes actas procesales, esto, de conformidad con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1.350 de fecha 5 de agosto de 2011, caso: Desarrollos las Américas. Conforme a ello, se observó que mediante auto de fecha 14 de diciembre de 2016, esta Corte ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; concediéndose un (1) día continuo del término de la distancia y fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes para que la parte apelante fundamentara la apelación interpuesta. Posteriormente en fecha 8 de febrero de 2017, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación, certificando que “...desde el día diez (10) de enero de dos mil diecisiete (2017),inclusive, fecha en la cual inicio el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día dos (02) de febrero de dos mil diecisiete (2017), inclusive, fecha en la cual culmino el referido lapso, transcurrieron diez (10) días de despacho correspondiente a los días 10, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de enero y al día 2 de febrero de 2017. Así mismo, se deja constancia que transcurrió un (01) día continuo del término de la distancia correspondiente al día 15 de diciembre de 2016…” evidenciándose que en dicho lapso o con anterioridad al mismo, la parte apelante no consignó escrito alguno indicando las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamentara su apelación, resultando aplicable la consecuencia jurídica prevista en el citado artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide. No obstante lo anterior, observa este Órgano Jurisdiccional que mediante sentencia Nº 1.542, de fecha 11 de junio de 2003, caso: Municipio Pedraza del estado Barinas, ratificada mediante sentencia Nº 150, de fecha 26 de febrero de 2008, caso: Monique Fernández Izarra, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que es obligación de todos los Tribunales Contencioso Administrativos, entre ellos esta Corte, en los casos donde opere la consecuencia jurídica del desistimiento tácito de la apelación, examinar de oficio y de forma motivada el contenido del fallo apelado con el objeto de constatar si el mismo: a) no viola normas de orden público y b) no vulnera o contradice interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal, sobre el sentido y aplicación que debe dársele a determinadas normas del ordenamiento jurídico para garantizar su armonía con las disposiciones del Texto Fundamental. En atención al criterio referido y tomando en consideración que no se desprende del texto del auto apelado -el cual riela inserto del folio 5 al 7 del cuaderno separado- que el a quo haya dejado de apreciar la existencia de alguna norma de orden público y tampoco se aprecia que sobre la resolución del asunto exista algún fallo vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que deba aplicarse; razón por la cual, esta Corte declara DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME el auto dictado por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 31 de octubre de 2016. Así se decide. -II- DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto de admisión de pruebas dictado por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 31 de octubre de 2016, que declaró respecto a la prueba documental y el mérito favorable de los autos que su valoración correspondería al momento de emitir pronunciamiento en torno al asunto planteado, e inadmisible la prueba de informes promovida en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el ciudadano CARLOS VICENTE TORREALBA TOVAR, actuando en su propio nombre y representación, contra el MUNICIPIO AUTONÓMO TOMAS LANDER DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME el auto apelado. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. El Presidente, ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO Ponente El Vicepresidente, FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO El Juez, VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS La Secretaria, JEANNETTE M. RUÍZ G. EXP. Nº AP42-R-2016-000726 EAGC/9 En fecha __________ ( ) de __________ de dos mil diecisiete (2017), siendo la (s) __________ de la __________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2017-____________. La Secretaria.