TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS
EXPEDIENTE N° AP42-R-2016-000592

En fecha 24 de octubre de 2016, se recibió del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, el oficio Nº 1391-C de fecha 11 de octubre de 2016, mediante el cual remitió expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado José Andrés Fuentes Guevara, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 113.609, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ZULAY PALACIOS GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° 8.366.597, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL ESTADO MONAGAS).
Dicha remisión se efectuó en virtud del auto de fecha 11 de octubre de 2016, emanado del Juzgado ut supra señalado, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación ejercido el 26 de julio de 2016, por el organismo querellado, y el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante el 27 de septiembre de 2016, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 22 de junio de 2016, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
En fecha 26 de octubre de 2016, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, igualmente, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, se designó ponente al Juez VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS, se concedieron seis (6) días continuos y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes para la fundamentación de las apelaciones ejercidas por las partes.
En fecha 24 de noviembre de 2016, esta Corte a los fines de verificar el lapso fijado en el auto dictado el 26 de octubre de 2016, ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación de la parte recurrente.
En esa misma fecha la Secretaria de esta Corte certificó que desde el: “dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), inclusive, fecha en la cual inició el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), inclusive, fecha en la cual culminó el referido lapso, transcurrieron diez (10) días de despacho correspondientes a los días 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 y 23 de noviembre de 2016. Asimismo, se deja constancia que transcurrieron seis (6) días continuos del término de la distancia correspondientes a los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre y al día 1º de noviembre de 2016…”.
En fecha 7 de diciembre de 2016, se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente a los fines que la Corte dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha se pasó el expediente al Juez Ponente.
Debidamente cumplidas las actuaciones procesales que corresponde al procedimiento en esta Alzada, esta Corte pasa a decidir previas las siguientes consideraciones
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL INTERPUESTO

El 23 de marzo de 2015, el abogado José Andrés Fuentes Guevara, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Zulay Palacios García, antes identificados, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra la Gobernación del estado Monagas (Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del estado Monagas), con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Alegó, que “(…) en fecha 01/01/1985 [sic], ingresé a trabajar ininterrumpidamente como Docente adscrita a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado Monagas, cargo que desempeñé hasta el 09/01/14 [sic], fecha en que recibí resolución mediante la cual se me notifica de mi jubilación … el 29 de diciembre de 2014, la… Gobernadora del Estado Monagas, me hizo entrega de mi ‘LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES’, donde se detallan varios conceptos que se me adeudaban por terminación de mi relación funcionarial, y en la cual se evidencia la utilización de salarios de base de cálculo inexactos para la determinación de los conceptos: prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido en el Art.142 Literal C. Intereses de Prestaciones Sociales, Vacaciones Fraccionadas… mi tiempo de servicio total desde mi ingreso 01/01/1984 [sic] hasta 09/01/2014 [sic] hasta mi jubilación fue de VEINTINUEVE AÑOS…”. [Corchetes de esta Corte, mayúsculas y negritas del original].
Refirió, que: “Con motivo de mis servicios prestados como Docente adscrita a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado Monagas, en los lapsos de tiempo interrumpidos especificados en el presente capítulo me corresponde la diferencia de prestaciones sociales, intereses de prestaciones sociales, así como de Vacaciones Fraccionadas (2013-2014) y una indemnización derivada de la relación funcionarial, por la efectiva prestación de los mismos de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento, la Ley del Estatuto de la Función Pública, Y así solicito sea declarado por este Tribunal…”. [Corchetes de esta Corte].
Sostuvo, que: “A tenor de lo establecido en el artículo 142 de la LOTT [sic], el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales, será el salario normal devengado en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior a la oportunidad del disfrute… el salario diario normal, constituye todas las remuneraciones mensuales que se perciben de forma regular, incluyendo las primas, se obtiene luego de dividir entre 30 días lo que devengaba mensualmente, que según se evidencia en el anexo ‘F’ mi último salario mensual con primas devengado fue la cantidad de Bs. 13.917,82 que dividido entre 30 días nos arroja la cantidad de Bs. 463,93… cantidades que totalizan la suma de Bs. 403.616,90, y no la suma de Bs. 156.345,60 como lo refleja el anexo ‘C’ denominado ‘Liquidación de Prestaciones Sociales’, en tal sentido la Gobernación del Estado Monagas erró al señalar como salario base para el cálculo de este beneficio la cantidad de Bs. 306,56, y en la liquidación no se tomó el tiempo desde su fecha de ingreso a la fecha de la jubilación, a sabiendas de no haberse cancelado las prestaciones sociales al 01/02/1985 [sic]. Por tal motivo se me tiene que reconocer el tiempo total de servicio para el cálculo de acuerdo al artículo 42 literal c…”. [Corchetes de esta Corte, negritas del original].
Manifestó: “… De acuerdo a lo establecido en el artículo 142 de la LOTT [sic]… me corresponden las cantidades de dinero que se detallan a continuación: Intereses desde 16/04/1984 [sic] al 18/06/1997 [sic] la cantidad de 1783,16 [sic]; Intereses pasivo [sic] Viejo Régimen del 19/06/1997 [sic] al 31/12/2013 [sic] 156,234,24 [sic]; Intereses Nuevo Régimen del 19/06/1997 [sic] al 31/12/2013 [sic] 71,178,42 [sic] e Intereses Moratorios el 01/01/2014 [sic] al 29/12/2014 [sic] 119432,42 [sic] … Cantidades que totalizan la suma de Bs. 348.628,25 y no la suma de Bs. 143.438,37… lo cual arroja una diferencia a mi favor por la suma de Bs.205,189,88 por concepto de intereses de prestaciones sociales…”. Corchetes de esta Corte, negritas del original].
Arguyó: “Como consecuencia del error en la aplicación del salario antes denunciado, también se erró en la aplicación del salario base para el cálculo del concepto referido a las vacaciones no disfrutadas del período 2013-2014, y la fracción correspondiente al 2013-2014 [sic] …”.
Finalmente solicitó: “…que la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS, convenga en pagarme los conceptos y cantidades laborales que a continuación se describen: ‘…DIFERENCIA POR PAGO DE ANTIGÜEDAD ACUMULADA, por Bs. 403.616,90… DIFERENCIA POR INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES, por Bs. 348.628,25… DIFERENCIA POR VACACIONES FRACCIONADAS, por Bs. 10.974,85... Para un total de diferencia de prestaciones sociales… de Bs. 382.207,89, sin incluir la indexación monetaria de los montos demandados e intereses moratorios por la demora en el pago de los conceptos demandados la cual solicito se determine mediante la práctica de una experticia complementaria del fallo…”.
II
DEL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN DEL ORGANISMO RECURRIDO
En fecha 22 de noviembre de 2016, el abogado José Rafael Belandria García, actuando con el carácter de representante judicial del estado Monagas, consignó escrito de fundamentación de la apelación, alegando que: “…esta representación judicial considera que la sentencia apelada adolece del vicio de indeterminación objetiva por no especificar los parámetros de la realización de experticia complementaria del fallo el cual conduce que la misma deba ser revocada... como son la tasa de interés aplicable, fecha de los cálculos, etc.… lo cual por lo demás corresponde al juez realizar… a los fines de conseguir la correcta realización de la misma…”.
Finalmente solicitó: “… [Se declare] 1. CON LUGAR la apelación interpuesta… REVOQUE la sentencia apelada… SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto…”.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

-De la competencia.

Previo a cualquier pronunciamiento, corresponde a esta Alzada verificar su competencia, la cual encuentra su fundamento en lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; artículo 1º de la Resolución Nº 2003/00033 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, en concordancia con el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010; razón por la cual, esta Corte se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se declara.
Ello así, de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte observa que la parte recurrente en fecha 27 de septiembre de 2016, ejerció recurso de apelación contra el fallo dictado por el a quo el 22 de junio de 2016. Ahora bien, no consta en autos escrito alguno mediante el cual la querellante haya fundamentado la apelación interpuesta y en virtud del cómputo que antecede se observa que el lapso para la presentación del mismo venció el 23 de noviembre de 2016, en consecuencia, pasa éste Órgano Jurisdiccional a pronunciarse sobre el desistimiento de la apelación de la parte recurrente.
Del Desistimiento del recurso de apelación de la parte recurrente.
En este sentido, la presentación del referido escrito debe efectuarse, dentro del lapso comprendido entre el día siguiente a aquél en que se da cuenta a la Corte del recibo del expediente, en razón de la apelación, hasta el décimo (10º) día de despacho siguiente, cuando finaliza dicho lapso.
Precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional debe observar la consecuencia jurídica prevista en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece:
“Artículo 92: Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte de contestación a la apelación.
- La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación” [Subrayado y destacado de esta Corte].

Como se desprende de la citada norma, si el apelante no consigna el respectivo escrito dentro del lapso previsto, corresponde a esta Corte aplicar la consecuencia jurídica contenida en el artículo bajo análisis, la cual es declarar de oficio el desistimiento de la apelación.
En atención a lo expuesto, esta Corte observa que consta al folio ciento veintitrés (123) del expediente judicial, el cómputo realizado por la Secretaria de esta Corte en fecha 24 de noviembre de 2016, donde se certificó que desde el: “dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), inclusive, fecha en la cual inició el lapso de fundamentación a la apelación, hasta el día veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), inclusive, fecha en la cual culminó el referido lapso, transcurrieron diez (10) días de despacho correspondientes a los días 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 y 23 de noviembre de 2016. Asimismo, se deja constancia que transcurrieron seis (6) días continuos del término de la distancia correspondientes a los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre y al día 1º de noviembre de 2016…”, evidenciándose que la parte recurrente no consignó escrito alguno en el cual indicara las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su apelación, por lo que resulta aplicable la consecuencia jurídica prevista en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En vista del incumplimiento en que incurrió la parte apelante, es forzoso para este órgano Jurisdiccional declarar DESISTIDO el recurso de apelación. Así se decide.
.-De la apelación interpuesta por el organismo querellado:
Corresponde a este Órgano Colegiado pronunciarse acerca del recurso de apelación ejercido por la representación judicial del organismo querellado contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto.
Ahora bien, la parte apelante en su escrito de fundamentación solicitó la revocatoria de la sentencia apelada, por considerar que ésta se encuentra viciada por indeterminación objetiva con relación a la experticia complementaria del fallo, ya que omitió establecer la tasa de interés aplicable al pago ordenado y cualquier otra información que el Tribunal considerara relevante.
Precisado lo anterior, pasa esta Corte a pronunciarse sobre el vicio alegado por la parte recurrida en los siguientes términos:
Del vicio de indeterminación objetiva:
Se debe indicar que la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recae la decisión tomada por el Juez, constituye un requisito de la sentencia contemplado en el ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuya nulidad por adolecer del referido extremo establece expresamente el artículo siguiente, toda vez que se hace inejecutable el fallo mismo en evidente desmedro de los principios de autosuficiencia y unidad de fallo. No obstante, contempla el mismo código adjetivo, una excepción al deber de determinación objetiva del fallo, cual es la falta de indicación de los montos condenados a pagar por concepto de frutos, intereses o daños, cuando el Juez no pudiere estimarlos con arreglo a las pruebas que cursan en autos, supuesto en el cual, dispondrá que dicha estimación se haga mediante experticia complementaria al fallo, a tenor de lo previsto en los artículos 249 y 455 ejusdem.
En ese sentido, la experticia constituye un dictamen de funcionario auxiliar y ocasional de la administración de justicia, producido dentro del proceso en fase de ejecución de sentencia, cuyo propósito es, precisamente, otorgar liquidez a la condena expresada en el dispositivo del fallo, cuando ésta no pudo ser lograda por el Juez, para lo cual, el operador de justicia está en el deber de establecer los límites exactos sobre los cuales gira la tarea de cuantificación monetaria del experto, esto es, (i) que se encuentre probada la existencia y exigibilidad del crédito, más no su cuantía y que (ii) el objeto del mismo sea la percepción de frutos civiles o naturales.
En el caso de marras, sostuvo el querellado apelante que la sentencia del a quo adolece del vicio de indeterminación objetiva por no precisar los parámetros sobre los que debe ceñirse el experto contable.
Para resolver el punto en cuestión, se precisa del fallo recurrido que el Juez de Instancia determinó los aspectos siguientes:
Que la querellante ingresó al organismo el 1º de abril 1985 y egresó el 31 de diciembre de 2013, computando una antigüedad de veintinueve (29) años de servicio, siendo el último salario mensual devengado de nueve mil ciento noventa y seis bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 9.196,81), [Ver fallo apelado, vuelto al folio 86 del expediente judicial].
Lo anterior, permite inferir con meridiana claridad que el Juez de la causa determinó la relación de empleo público entre las partes en juicio, su prolongación en el tiempo, mediante fecha de inicio y terminación, así como el último salario devengado, siendo ello fundamental para la base de cálculo que tendría que tomarse en cuenta.
Asimismo, se evidencia que el Juzgador de Instancia constató una diferencia entre el sueldo tomado por la Administración como base de cálculo y el sueldo probado a los autos, concluyendo una diferencia a favor de la querellante en los referidos conceptos.
Sobre la base de lo que antecede, aprecia esta Corte que el fallo de instancia determinó correctamente (i) la existencia de una relación de empleo público, con fecha de inicio y terminación, (ii) el último salario normal devengado por la querellante en el curso de la misma, (iii) el error de la cuantía del salario base de cálculo de los beneficios (prestaciones sociales, intereses de prestaciones sociales, vacaciones no disfrutadas en los períodos indicados), tomados por la Administración, el cual fue menor al probado en autos, constatando la existencia de (iv) una diferencia por tales conceptos a favor de la querellante, la cual es a todas luces exigible, habiendo, acordado el pago de las mismas con base al último salario devengado.
No obstante, visto que la deuda por diferencia por los conceptos demandados no es el hecho controvertido, sino la indeterminación objetiva del fallo, por efecto de la falta de indicación de los parámetros sobre los cuales la experticia complementaria del fallo ha de realizarse; se constata que el a quo en la referida decisión, omitió hacer señalamiento respecto del modo de cálculo del monto correspondiente por conceptos de diferencia de antigüedad y diferencia de intereses sobre antigüedad, durante la vigencia de la relación funcionarial, esto es, partiendo de la aplicabilidad de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, respecto de los períodos correspondientes.
Asimismo, se evidencia que dicha indeterminación se repite, en la oportunidad de hacer pronunciamiento respecto de la procedencia del pago por concepto de intereses moratorios, donde a pesar de indicarse la oportunidad de inicio del cálculo, no se indica el modo ni se toma en consideración el pago parcial efectuado por el órgano querellado, dejando en incertidumbre la tarea del experto.
Por último, se observa en el fallo bajo estudio en lo referente a la indexación judicial peticionada, acuerda su procedencia conforme a la decisión Nro. 391 del 14 de mayo de 2014, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: Mayerling del Carmen Castellanos Zarraga, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el cual puso fin al criterio jurisprudencial sostenido por los Juzgados Contencioso-Administrativos, a partir del cual, los conceptos de salario y prestaciones sociales derivados de una relación funcionarial ostentaban “carácter estatutario”, el cual imposibilitaría la indexación de tales conceptos, en virtud de no existir una disposición legal que permitiese tal corrección monetaria; en tal sentido la misma debe realizarse desde la fecha de la admisión de la demanda hasta la oportunidad de la ejecución del fallo.
En virtud lo anterior, tiene a bien esta Corte, traer a colación la redacción del artículo 243, numeral 6, y 244 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen:
“Artículo 243. Toda sentencia deberá contener:
(…)
5. La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.
“Artículo 244. Será nula la sentencia: por falta las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita”.

En consonancia con las consideraciones expuestas, habiendo delatado esta Corte que el referido Juzgado Superior, omitió hacer determinación expresa respecto del objeto de la pretensión, toda vez que tal como hubiere afirmado la representación judicial de la parte recurrente, no fijó el modo de cálculo de los montos ordenados a pagar por diferencia de los conceptos reclamados, las determinaciones para el cálculo de intereses moratorios, ni estableció el concepto a ser indexado; necesarios para lograr de forma satisfactoria la tarea encomendada al experto, derivando ello en la imposibilidad material de ejecutar el fallo, tratándose de una conducta proscrita en la redacción del artículo 244 eiusdem; se hace necesario REVOCAR el fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en el estado Delta Amacuro en fecha 22 de junio de 2016 y por consiguiente, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. Así se decide.
Revocado como ha sido la sentencia apelada, esta Corte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pasa a resolver el fondo de la controversia en los términos siguientes:
Al no ser un hecho controvertido la fecha de ingreso, esta Corte luego de revisar la planilla de liquidación de prestaciones sociales y la constancia de trabajo, inserta a los folios trece (13) al veintiséis (26) de la primera pieza del expediente judicial, se tiene que el ingreso de la recurrente al organismo querellado quedó fijado al 1º de enero de 1985; apreciándose que la fecha de egreso o de terminación de la relación de empleo público, tuvo lugar el 31 de diciembre de 2013, tal como se desprende de la planilla de liquidación inserta al folio trece (13) del expediente judicial, cuyo valor se aprecia en virtud de no haberse impugnado por la Administración todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; tomándose tales extremos como el período cierto de la relación funcionarial que vinculó a los sujetos hoy en juicio. Así se establece.
Ahora bien, respecto al último salario devengado por la parte demandante, ésta en su escrito recursivo alegó como último sueldo en el ente recurrido la suma de doce mil doscientos sesenta y dos bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs.12.262,78) (vid. folio 1); y en el folio tres (3) indicó: “… mi último salario mensual con primas devengado fue la cantidad de Bs. 13.917, 82)…”.
Ahora bien, verificadas las actas procesales que conforman el presente expediente, observa este Órgano Jurisdiccional que la querellante ingresó la Gobernación del estado Monagas en fecha 1° de enero de 1985, tal y como se evidencia en planilla de liquidación que riela al folio trece (13) del expediente principal, ello así, visto que la administración pública no desvirtuó, las documental antes referidas, en consecuencia, se tendrá como cierta la fecha de ingreso, en cuanto a la fecha de egreso alegada por la querellante el 9 de enero de 2014, se evidencia en la referida planilla de liquidación que la fecha de egreso es a partir del 31 de diciembre de 2013, y visto que la querellante no probó o desvirtuó por medio de documental alguna que efectivamente fuese notificada en fecha distinta a la señalada por la administración, se tiene como fecha de egreso el 31 de diciembre de 2013; por lo que su tiempo de servicio suma un total de 29 años. Así se declara.
Ello así, esta Corte, de una revisión realizada al expediente, constató que cursa desde el folio quince (15) al folio veintidós (22) del expediente administrativo copia certificada de la planilla de liquidación de prestaciones sociales emanada de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del estado Monagas, donde se indica que la accionante para el 31 de diciembre de 2013 devengaba como sueldo básico la suma de seis mil cuarenta y siete bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 6.047,36) con indicación de un salario mensual integral de nueve mil ciento noventa y seis bolívares con ochenta y un céntimos (Bs.9.196,81), ahora bien, en virtud que la ciudadana Zulay Palacios García, tal y como se señaló en líneas anteriores fue jubilada el treinta y uno (31) de diciembre de 2013 (vid. folio 13 del expediente judicial) y la referida constancia de trabajo fue expedida el 21 de enero de 2015, esta Corte tomara en cuenta como último sueldo devengado el monto de nueve mil ciento noventa y seis bolívares con ochenta y un céntimos (Bs.9.196,81). Así se establece.
De los Conceptos Reclamados:
En este contexto, es necesario para este Tribunal Colegiado, señalar, que uno de los derechos comunes que son relativos a todos los funcionarios públicos sometidos, cualquiera sea su condición, es el pago de la Diferencia de sus Prestaciones Sociales al momento del pago de las mismas.
Ello así, la Ley del Estatuto de la Función Pública, en sus artículos 28, 29 y 32 establecen que los funcionarios públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y en su reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación de antigüedad, la protección integral a la maternidad, el derecho a sindicalizarse, a la convención colectiva y a la huelga.
Diferencia por el Pago de Intereses de Prestaciones Sociales:
Solicita la parte querellante de conformidad con lo establecido en el artículo 142 literal F, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadora en lo adelante (LOTTT), le corresponden por antigüedad la suma de cuatrocientos tres mil seiscientos dieciséis bolívares con noventa céntimos (Bs.403.616,90) y por intereses de prestaciones sociales la cantidad de trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintiocho bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 348.628,25); alegando a tal efecto que la Administración erró en el sueldo base tomado para el cálculo y que “… en la liquidación no se tomó el tiempo desde mi fecha de ingreso a la fecha de jubilación, a sabiendas de no haberse cancelado las prestaciones sociales al 01/01/1985 [sic]…”.
Así se observa, de la planilla que riela al folio trece (13) del presente expediente, que la Administración si bien señala como último salario mensual devengado la suma de Bs. 6047,36, no obstante al momento del cálculo de “Total antigüedad acumulada, Art 142 Literal C de la LOTTT”, se realiza con base a la cantidad de Bs. 306,56, lo cual esta Corte verifica que dicho monto al ser multiplicado por treinta (30) días arroja como salario integral devengado por la querellante es de nueve mil ciento noventa y seis bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 9196,81), por lo que se constata que la Administración procedió a realizar el cálculo correctamente de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, que se debe tomar como base para el cálculo de las prestaciones sociales el último salario devengado, con inclusión de todas las asignaciones salariales percibidas por el trabajador o trabajadora durante la prestación del servicio, se concluye así que dichos cálculos fueron efectuados ajustados a la Ley.
Por otra parte, en cuanto a la denuncia de la parte actora referida a que no se realizó el cálculo desde su fecha de ingreso, es decir desde el 1° de enero de 1985, y fecha de egreso el 31 de diciembre de 2013, este Órgano Jurisdiccional verifica de la planilla de liquidación que riela al folio trece (13) de la presente pieza judicial la cual fuera consignada por la misma parte actora, se señala como fecha de ingreso el 1° de enero de 1985, aunado al hecho que en lo referido al pago de “ ANTIGÜEDAD ACUMULADA DE ACUERDO A LA LT DE 1991 Y LOT DE 1997” e “INTERESES PASIVO LABORAL DE ACUERDO A LA LOT DE 1991 Y LOT DE 1997” dichos cómputos se realizaron desde la fecha 1° de enero de 1985, por lo que esta Alzada desestima tal alegato.
Por las razones expuestas anteriormente, esta Corte niega la solicitud de pago por diferencia de prestaciones sociales e intereses sobre prestaciones sociales. Así se decide.
Diferencia en el Cálculo del Disfrute de Vacaciones o Vacaciones no Disfrutadas para el periodo 2013-2014
Solicita la parte querellante de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en lo adelante (LEFP), y 121 y 195 de la (LOTTT), que le corresponde la cantidad de diez mil novecientos setenta y cuatro bolívares con ochenta y cinco céntimos (10.974,85 Bs), fundamentando dicha solicitud en el supuesto error en el salario tomado por la Administración para el cálculo de este concepto, al respecto, verifica quien aquí decide en la referida planilla de liquidación, que la Administración procedió al cálculo del pago de la vacaciones fraccionadas (Bono-Disfrute) 2013-2014, calculados con un salario diario de doscientos un bolívar con cincuenta y siete céntimos (Bs 201,57), multiplicado por 30 días, da un total de salario devengado por la actora la cantidad de seis mil cuarenta y siete bolívares con treinta y seis céntimos (Bs 6.047,36); ello así, tomando como referencia el monto de salario diario multiplicado por 35,80 días de vacaciones arroja un total de siete mil doscientos dieciséis bolívares con veinte céntimos (Bs. 7.216,20) total este cancelado a la recurrente por concepto de bono vacacional (Vid. folio 13).
Visto el cálculo efectuado por la Administración, esta Corte trae a colación el contenido del artículo 121 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, el cual establece:
“Artículo 121 El salario base para el cálculo de lo que corresponda al trabajador o trabajadora por concepto de vacaciones, será el salario normal devengado en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior a la oportunidad del disfrute”.

De la norma parcialmente transcrita se observa que el salario base para el cálculo de las vacaciones será “el salario normal devengado”, por lo cual entiende esta Corte que a los fines del cálculo de las vacaciones, corresponde el sueldo normal, en este caso a la suma de seis mil cuarenta y siete bolívares con treinta y seis céntimos (Bs 6.047,36), salario con el cual se constata la Administración realizó el referido cálculo, no existiendo error en la suma cancelada por dicho concepto, en consecuencia, se niega lo reclamado por este concepto. Así se declara.
Intereses moratorios:
La parte querellante solicita el pago de intereses generados desde la fecha que efectivamente se debió efectuar el pago de las prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 142 literal “f” de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
“Artículo 142. Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera:
[…Omissis…]
f) El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la relación laboral, y de no cumplirse el pago generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país.

De lo anterior se evidencia que en caso de no efectuarse el pago de las prestaciones sociales dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la relación laboral, se genera intereses moratorios. En este sentido, resulta necesario señalar, que conforme al artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor...”.

Así pues, se desprende de la norma constitucional citada ut supra, donde las prestaciones sociales constituyen créditos laborales de exigibilidad inmediata, y que el retardo en su pago genera intereses moratorios los cuales constituyen deudas de valor, de manera que una vez llegado el término de la relación laboral o funcionarial de la cual se trate, nace el derecho del funcionario o trabajador a que se le cancele de manera inmediata a más tardar en un lapso de 5 días ( conforme a lo pautado en el articulo 142 literal “f” de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras) el monto que le corresponde por concepto de prestaciones sociales generado por el tiempo de servicios.
Visto lo anterior concluye este Órgano Jurisdiccional, que los intereses moratorios constituyen la consecuencia -o condena- por la falta de pago oportuno, generada por el retardo o demora en la cancelación de las prestaciones sociales, derecho éste que se hace exigible al momento de consumarse la culminación de la relación laboral, debido por la inacción del patrono de cancelar las prestaciones sociales en el tiempo oportuno [vid. sentencia Nº 2013-0180 de fecha 7 de febrero de 2013, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo].
Ello así, vista la procedencia de los intereses moratorios por el retardo en el pago de las prestaciones sociales a la hoy querellante, en virtud que la misma egresó el 31 de diciembre de 2013, y el referido pago se realizó el 29 de diciembre de 2014; esta Alzada ordena el cálculo de los intereses moratorios generados desde el día sexto (6º) siguiente a la fecha en que culminó la relación de empleo público por efectos de la jubilación, hasta la fecha en que se realizó ese anticipo. Asimismo, se ordena el pago de intereses moratorios sobre de la diferencia generada en virtud de la determinación del salario base de cálculo, a tenor de lo dispuesto en el literal “f” del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. Así se decide.
Indexación judicial
Igualmente, solicitó la parte querellante la indexación monetaria de los montos reclamados. Al respecto, vale acotar que la corrección monetaria constituye un componente del derecho de consagración constitucional a la tutela judicial efectiva, toda vez que su finalidad redunda en la actualización del poder adquisitivo de cantidades dinerarias (deudas de valor) reconocidas y ordenadas a pagar a las partes en el proceso judicial, el cual se vería mermado por el trascurso del tiempo que demora su trámite; cuya finalidad es totalmente distinta de la condena al pago por conceptos de intereses moratorios, cuya procedencia gira en torno al establecimiento legal o contractual de los daños y perjuicios que conlleva el pago extemporáneo por tardío de una obligación dineraria.
En efecto, la procedencia de dicho concepto en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fue marcada por la decisión Nº 391 del 14 de mayo de 2014, caso: Mayerling del Carmen Castellanos Zarraga, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el cual puso fin al criterio jurisprudencial sostenido por los Juzgados Contencioso-Administrativos, a partir del cual, los conceptos de salario y prestaciones sociales derivados de una relación funcionarial ostentaban “carácter estatutario”, el cual imposibilitaría la indexación de tales conceptos, en virtud de no existir una disposición legal que permitiese tal corrección monetaria; fallo que, vale indicar, fue reiterado en reciente decisión Nº 809 de fecha 21 de septiembre de 2016.
Así las cosas, dispuso la Sala, como máximo intérprete de la Constitución, que la consagración de tales conceptos como deudas de valor y créditos de exigibilidad inmediata, cuyo retardo en el pago genera intereses, descansa en la redacción del artículo 92 eiusdem, por lo cual, al no mediar distinción del constituyente entre relaciones laborales privadas o funcionariales, tampoco habría de diferenciar el intérprete, disponiendo al efecto que la misma debe operar desde la fecha de la admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia (pago efectivo), con exclusión del lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual el Tribunal de la causa deberá en la oportunidad de la ejecución, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin aplicarlo al monto correspondiente.
Por tanto, en el presente, esta Corte declara procedente la solicitud de indexación judicial, la cual deberá realizarse sobre el monto condenado a pagar por concepto de prestaciones sociales y demás conceptos acordados, exceptuándose los intereses moratorios y las deducciones de los montos pagados ut supra, mediante experticia complementaria del fallo, con arreglo a las decisiones proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo los Nos. 391 y 809, de fechas 14 de mayo de 2014 y 21 de septiembre de 2016, desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la oportunidad de pago efectivo del referido concepto, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor; para lo cual el tribunal de la causa deberá en la oportunidad de la ejecución, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso. Así se decide.
En virtud de las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Órgano Jurisdiccional declara parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, y a los fines del cálculo de los montos condenados a pagar, deberá realizarse una experticia complementaria del fallo por un solo experto contable, de conformidad con los artículos 249 y 455 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación interpuestos por el abogado José Andrés Fuentes Guevara; en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente y por el abogado Enrique Quevedo, actuando con el carácter de representante judicial del estado Monagas, contra la sentencia dictada por el sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en el estado Delta Amacuro, el 22 de junio de 2016, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado José Andrés Fuentes Guevara, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ZULAY PALACIOS GARCÍA, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS (SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL ESTADO MONAGAS).
2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente.
3.- CON LUGAR la apelación interpuesta por el organismo querellado.

4.- REVOCO, el fallo apelado.
5.-PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el presente expediente al Tribunal de Origen. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los ______________ (___) días del mes de ______________ del año dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Presidente,

ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO
El Vicepresidente,

FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO
El Juez,

VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS
Ponente
La Secretaria,

JEANNETTE M. RUIZ G.
Exp. Nro: AP42-R-2016-000592
VMDS/12.

En fecha ________________ ( ) de ___________________de dos mil diecisiete (2017), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° __________________.
La Secretaria.