TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 7 de Febrero de 2017
206º y 157º
ASUNTO: AH16-X-2016-000035
PARTE DEMANDANTE: ciudadana MARISELA SOFIA PEREZ AZUAJE, venezolana, este domicilio, titular de la cédula de identidad, Nº V-5.607.225
ABOGADA ASISTENTE DE LA DEMANDANTE: Ciudadana MIGUELA APONTE, abogada e inscrita en el inpreabogado bajo el Nro 17.343
PARTE DEMANDADA: ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL, venezolano mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.119.543
APODERADOS JUDICIAL DE LA DEMANDADA: No tiene apoderado judicial constituido
MOTIVO: PARTICION (Medida Cautelar)
I
Conoce este Tribunal previa distribución de Ley, de la demanda que por PARTICION, fuere incoada por la ciudadana MARISELA SOFIA PEREZ AZUAJE, venezolana, este domicilio, titular de la cédula de identidad, Nº V-5.607.225 contra del ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL, venezolano mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.119.543, y ordenó lo conducente a fin de citar a la parte demandada.
En fecha 19 de julio e 2016, la representante judicial de la parte demandante solicito pronunciamiento sobre las medidas solicitadas;
En fecha 21 de julio de 2016, se ordeno la apertura del cuaderno de medidas.
Siendo que corresponde a este juzgado pronunciarse sobre las medidas solicitadas, lo hace de la siguiente manera:
II
La parte accionante alego en su escrito libelar que desde el 01 de marzo de 1987 hasta el 6 de enero de 2014, ósea durante 26 años y 10 meses consecutivos, mantuvo una relación estable de hecho con el ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL, de igual forma alego que dicho ciudadano era agresivo con ella y con su hijos, lo que la conllevo a separarse del hogar en común y procedió a demandar la ACCION MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, la cual fue declarada con lugar por el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial de Protección al Niño, Niña y Adolescente del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, por ultimo alego que durante la unión concubinaria el ciudadano antes identificado adquirió bienes muebles e inmuebles negándose a reconocer el 50% que le corresponde a la actora.
El Tribunal a los fines de pronunciarse en relación al decreto de las medidas cautelares nominadas e innominadas aprecia que la parte demandante aportó a los autos los documentos que se mencionan a los fines de decretar medida nominada de Prohibición de Enajenar y gravar sobre el 50% de derecho de propiedad sobre los bienes contentivos en los instrumentos que continuación se detalla :
1. Copia Certificada del fallo del 15 de enero de 2016 emanada del Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, la ACCION MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO instaurada por la ciudadana MARISELA SOFIA PEREZ AZUAJE, venezolana, este domicilio, titular de la cédula de identidad, Nº V-5.607.225 contra el TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL
2. Copia Certificada que emana del Registro Publico del Primer Circuito Municipio Libertador Distrito Capital, en la cual hace referencia sobre el inmueble constituido por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida , distinguida dicha parcela con el numero castastral 01-01-21-09-50-04, con una superficie aproximada de treinta y tres metros cuadrados con sesenta y siete (33, 67 mts2) . la que se encuentra ubicada en el Barrio Nuevo Horizonte, escalera S/N con Calle Siete (7) , casa S/N ( hoy 25) Manzana nro 50 Parroquia Sucre , Municipio Libertador del Distrito Capital y cuyos linderos particulares son NORTE, Escalera S/N ( esta compuesto de tres segmentos : El 1ro de 1,15, el 2do de 0,90 mts y el 3ero de 1,30 mts) SUR , Escalera Esteves en 4,10 mts ESTE , Familia Luciani ( Parcela 003) ne 10,30 mts; y OESTE, Calle Siete en 11, 60 mts. La deslindada parcela de terreno forma parte de un lote de terreno de mayor extensión propiedad entonces del Instituto Nacional de Vivienda, según se evidencia de documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital), bajo el Nro 36, Tomo 11; Protocolo 1ª de fecha 20 de mayo de 1986.
3. Copias Certificadas emanadas de la Notaria Publica Novena de Caracas Municipio Libertador, el cual hace referencia a un lote de terreno distinguido con el Numero 67, el Sector Laguna de Palma, Fundo el Valle, situado en jurisdicción de la Parroquia Taguay, Municipio Urdaneta del Estado Aragua, con una superficie aproximada de dos mil trescientos ochenta y ocho metros con setenta y siete decímetros cuadrados ( 2.388, 77 mts2) y cuyas medidas y linderos son los siguientes. NORTE: en veintitrés metros con ochenta y ocho metros ) , con Carretera “A” Sur, en dieciocho metros con treinta metros (18, 30mts ) con terrenos del Fundo el Valle ; con terrenos del Fundo el Valle; ESTE, en ciento trece metros con sesenta y tres centímetros (113,73 mts) , con Lote Nro 68; y OESTE, en ciento veintidós metros con cuarenta y ocho centímetros (122, 48 mts) , con terrenos del Fundo El Valle. El Deslindado lote de terreno forma parte de uno de mayor extensión propiedad del Fundo El Valle que pertenece a INVERSIONES ALCAMARA S.A., según consta de documento registrado en la Ofician Subalterna del Registro Publico del Municipio Urdaneta del Estado Aragua, con sede en Barbacoas , el 18 de enero de 1973, bajo el Nro 5, folios 23 vueto al 27 vuelto Protocolo Primero.
4. Copia Certificada que emana de la Notaria Publica Novena la cual se refiere a Dos lotes de terrenos distinguidos con los números 507 y 508 de la Finca “La Silleta” ( Sector El Morichal), situado en jurisdicción de la Parroquia Taguay; Municipio Urdaneta , estado Aragua. El lote de terreno numero 507 tiene una superficie aproximada de mil metros cuadrados (1.000 mts2) , y sus linderos y medidas son : Norte, en cincuenta metros (50,00mts) con lote Nro 506; Sur, en cincuenta metros (50 mts) con lotes Nro 508 ; Este , en veinte metros (20 mts ), con camino El arrendajo ; y OESTE, en veinte metros (20 mts,) con lotes numeros 91 y 92. El Lote de Terreno numero 508 tiene una superficie aproximada de dos mil metros cuadrados (2.000 mts) y sus linderos y medidas son las siguientes: Norte, en cincuenta metros (50mts) , con lote Nro 507; Sur, en cincuenta metros (50mts) con lote Nro 509; ESTE, en veinte metros (20mts), con camino El Arrendajo; y Oeste, en veinte metros (20,00mts) , con lotes números 90 y 91. Dichos lotes de terreno forman parte de uno de mayor extensión propiedad de “Finca La Silleta”, según consta de documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Registro Publico del Municipio Urdaneta del Estado Aragua , con sede en Barbacoas, el 03 de diciembre de 1992, 25 folios 67 al 70; Protocolo Primero, Tomo 3.
5. Copia Certificada que emana de la Notaria Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital la cual se refiere Un inmueble constituido con el numero 44, ubicada en Sector denominado El Amparo, Parroquia Sucre, Municipio Libertador del Distrito Capital, con un área aproximada de noventa metros cuadrados ( 90, 00 mts 2) , y cuyos linderos y medidas son las siguientes: Norte, que es su frentar , en seis metros (6,00 mts) con la tercera calle; Sur, en quince metros ( 15,00 mts) , con casa que es o fue de Juan Vera; Este, con casa que fue o fue propiedad de Ana Panea de Martínez y OESTE , con casa que es o fue del señor Juan Méndez . El deslindado inmueble fue adquirido por mi ex concubino según consta de documentos autenticado ante la Notaria Publica Octava del Municipio Libertador de Distrito Capital, en fecha 29 de agosto de 2013, donde quedo anotado bajo el Nro 04, Tomo 156.
6. Copia certificada que emana del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, el cual hace referencia de las actas constitutivas y estatutos de la empresa ESTRUCTURAS TONEUDY 2206 C.A.
Asimismo solicito de conformidad con el artículo 164 del Código Civil, en concordancia con el artículo 585 del la norma adjetiva, las siguientes medidas:

• Se oficie a la Superintendencia de Bancos y demás entidades Financieras ( SUDEBAN), para que informe las cunetas corrientes, de ahorro, participaciones y/o plazos fijos que el demandado TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL , titular de la cedula de identidad Nro 13.247.877, tenga aperturados en cualquiera otra entidad bancaria o en el exterior , con indicación del monto o saldo actualizado
• Se oficie al Registro Autónomo de Registro y Notarias ( SAREN) para que informe sobre los bienes inmuebles o acciones en sociedades mercantiles que pudieran estar registrados como propiedad del ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL
Siendo la oportunidad procesal, el Tribunal antes de pronunciarse sobre la procedibilidad de las medidas solicitadas hace las siguientes consideraciones:
Ha establecido nuestro Máximo Tribunal de Justicia que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar solo se concede cuando exista en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama; por tal razón, es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fomus boni iuris).
Así las cosas, para que sea decretada cualquier medida cautelar es necesario que llene una serie de requisitos:
1) Que la ejecución del fallo pueda quedar frustrada.
2) Que exista presunción de buen derecho que se reclama.
3) Además para cada medida en particular se requiere cumplir con el supuesto de hecho que se establece para cada uno de sus tipos.
Es por ello que para que sea posible otorgar providencias cautelares, se hace imprescindible verificar el cumplimiento de los extremos antes citados, primordialmente los referidos a la presunción del buen derecho y a la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, condiciones éstas de carácter concurrente, que deben materializarse para que el juez pueda dictar una medida cautelar, pues la existencia aislada de alguno de los dos supuestos no da lugar a su decreto.-
Es decir, que el solicitante de la medida sea nominada o innominada debe demostrar la presunción de buen derecho, (fumus boni iuris) el cual se configura cuando el juzgador evidencia que el derecho respecto al cual se solicita la protección cautelar tiene apariencia de conformidad a derecho, sin incurrir con ello en un estudio detallado y profundo de lo que constituye el thema decidendum del caso, es decir, se verifica la apariencia favorable del derecho que se alega conculcado; y por otro lado, el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, (periculum in mora) su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la certeza del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiere, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo, tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Lo precedentemente expuesto, evidencia que las providencias cautelares solo pueden ser concedidas, cuando existan en autos pruebas que demuestren la concurrencia de los requisitos impuestos por el legislador.
En este orden de ideas, se desprende del Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, que a los fines del decreto de las medidas cautelares atípicas o innominadas, el ordenamiento procesal exige que complementariamente se satisfaga un tercer requisito, esto es, la presunción de que una de las partes pueda causar a la otra daños irreparables o de muy difícil reparación (periculum in danni).
En cuanto al alcance de las medidas preventivas, para el autor Arístides Rengel Romberg, en su obra “Estudios Jurídicos” las medidas cautelares innominadas están definidas como aquellas no previstas en la ley, que puede dictar el juez según su prudente arbitrio, antes o durante el curso del proceso, con el objeto de prevenir que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.
A los fines de determinar sí la pretensión cautelar de la parte demandada cumple o no con los extremos exigidos por el legislador, este Juzgador, en aras de procurar que el pronunciamiento sobre las medidas no constituya un prejuzgamiento sobre el fondo de la causa principal, sino un juicio provisional de verisimilitud, de carácter hipotético, que está íntimamente identificado con la naturaleza misma de la providencia cautelar, siendo ello un aspecto necesario de su instrumentalidad, considera prudente citar lo que sobre el particular ha establecido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 30 de noviembre de 2000, reiterando otra decisión de fecha 15 de julio de 1999 (caso Venezolana de Relojería C.A. c/ Mueblería Maxideco, C.A.), en la que se dejó sent “(omissis)… es cuestión superada haya ya mucho tiempo, la objeción respecto a que el juez que dicta la medida preventiva por considerar existente el fumus boni iuris, se pronuncia sobre el fondo del pleito. De la misma manera, lo es en cuanto a que al decidirse la oposición que se hubiera planteado, se incurre perse en este tipo de pronunciamiento…
Admitir tal argumentación sería tanto como eliminar la posibilidad de que pueda dictarse alguna medida preventiva, ya que las mismas podrán ser decretadas sólo cuando el juez considere que existe presunción grave del derecho que se reclama, para lo cual, obviamente, tiene que analizar y apreciar de alguna manera, los fundamentos y recaudos en que se apoya la acción.
El régimen de las medidas preventivas implica por esencia o definición, que el acordarlas no significa un pronunciamiento sobre el fondo, sino sólo un juicio provisional de verosimilitud, según las circunstancias de cada caso en concreto, y en relación con el aseguramiento, que se estime suficientemente justificado, de las resultas del pleito.
Por consiguiente, ni el juez que ha decretado una medida preventiva, ni el que conozca en apelación de la ratificación o suspensión de la misma, pueden abstenerse de dictar decisión correspondiente a la incidencia del caso, bajo el argumento de que al hacerlo estarían pronunciándose sobre el fondo del asunto; porque de ese modo, como ha sucedido en el presente caso, se omite la decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a lo deducido y, a que obliga la norma del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual resulta entonces infringido, en consecuencia con la infracción del artículo 12 ejusdem, al no atenerse con ello a lo alegado y probado en autos. Así se declara” (Resaltado del Tribunal) …(omissis)”

Así mismo, cabe traer a colación al Maestro Calamandrei, quien sobre este aspecto ha sostenido:
“Por lo que se refiere a la investigación sobre el derecho, la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal: en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, hasta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar. El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues, en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis: solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad. No existe nunca, en el desarrollo de la providencia cautelar, una fase ulterior destinada a profundizar esta investigación provisoria sobre el derecho y a transformar la hipótesis en certeza: el carácter hipotético de este juicio está íntimamente identificado con la naturaliza misma de la providencia cautelar y es un aspecto necesario de su instrumentalizad (…), la existencia de una fase semejante estaría en absoluta oposición con la finalidad de este proceso: la providencia cautelar es, por su naturaleza hipotética; y cuando la hipótesis se resuelve en la certeza, es señal que la providencia cautelar ha agotado definitivamente su función (Calamandrei, Piero: Providencias Cautelares, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1984, pp75-76).

En abundamiento de lo anterior, vale decir que para ambos tipos de medidas, nominadas e innominadas, debe el Juez verificar que el solicitante de la medida demuestre que se cumplen los extremos concurrentes previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, antes explicados, y en razón de ello ha establecido la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal que es deber del juez cuando se cumplen los extremos indicados acordar la medida, sin poder excusarse so pretexto de la discrecionalidad que caracterizaba antiguamente el decreto de la cautelar. En efecto la señalada Sala, en sentencia de fecha 21-06-05, estableció lo siguiente:
“…la sala presenta serias dudas respecto al criterio sostenido hasta ahora en el sentido de que cumplidos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el Juez sigue siendo soberano para negar la medida, con pretexto en la interpretación literal del término “podrá”, empleado en el referido artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 eiusdem…
El criterio actual de la sala se basa en la interpretación literal del término “podrá”, empleado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido y alcance es determinado de conformidad con el artículo 23 eiusdem, a pesar de que esa norma remite el término “decretará” en modo imperativo. Esta norma es clara al señalar que cumplidos esos extremos el juez decretará la medida, con lo cual le es impartida una orden, que no debe desacatar…
Es evidente, pues, que cumplidos esos extremos, el Juez debe decretar la medida, sin que en modo alguno pueda ser entendido que aún conserva la facultad de negarla, con la sola justificación literal de un término empleado de forma incorrecta en una norma, sin atender que las restantes normas referidas al mismo supuesto de hecho y que por lo tanto deben ser aplicadas en conjunto, y no de forma aislada, refieren la intención clara del legislador de impartir una orden y no prever una facultad…”

Ahora bien, respecto de la capacidad de decisión del Juez en el decreto de las medidas preventivas, y muy especialmente, en lo relativo al examen del segundo de los presupuestos para la concesión de la medida, de que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (Periculum in Mora), la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 27 de julio de 2004, ratificada posteriormente en sentencia de fecha 21 de junio de 2005, estableció la siguiente doctrina:
“…Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustentes por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas, este Tribunal constata respecto de los requerimientos exigidos lo siguiente:
1) El periculum in mora, tanto la doctrina como la jurisprudencia lo orientan a la presunción grave del temor al daño por la tardanza en la duración del juicio, por los actos que pueda cometer la parte demandada durante el tiempo de duración del juicio tendentes a desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
2) El fomus boni iuris, consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, fundamentándose el Tribunal en los instrumentos acompañados junto con el escrito de contestación de la demanda.
Así las cosas, para que sea posible otorgar providencias cautelares, se hace imprescindible verificar el cumplimiento de los extremos antes citados, primordialmente los referidos a la presunción del buen derecho y a la existencia del riesgo manifiesto de quede ilusoria la ejecución del fallo tal y como fue ya apreciado, en el texto de la presente decisión.
A mayor abundamiento, se hace pertinente a este Órgano Jurisdiccional transcribir el comentario del autor (FRANCISCO LOPEZ HERRERA), en su obra “DERECHO DE FAMILIA” tomo II, Segunda edición actualizada; Pág. 278, quien señala:
“…que a los efectos de que pueda solicitarse y decretarse las medidas en referencia, no es indispensable que exista temor fundado de que uno u otro conyugue haya de proceder de mala fe o de manera irregular en la administración de bienes comunes, durante el juicio, basta que el marido o la mujer pidan la correspondiente protección, para que esta deba serle prudentemente otorgada, ya que uno y otra tiene perfecto derecho de salvaguardar su patrimonio ante la simple posibilidad de que el mismo pueda verse afectado en el curso del proceso....”
Los párrafos anteriores, hacen colegir a este sentenciador la presencia de esa presunción de que una de las partes pueda causar a la otra daños irreparables o de muy difícil reparación (periculum in danni), por cuanto dada existencia del vinculo entre las partes y ya que el presente juicio posee un evidente lapso de duración, pasado el tiempo necesario para la tramitación y conclusión de este proceso, podría verse imposibilitado la parte ganadora ver satisfecha su pretensión.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia artículo 588 ejusdem, este Tribunal, pasa a pronunciarse con respecto a las medidas solicitadas por la parte demandada en los siguientes términos:
En primer lugar debe destacar este Juzgador que la relación estable de hecho, declarada por el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas de Adopción Internacional, en el juicio que por ACCION MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO instaurada por la ciudadana MARISELA SOFIA PEREZ AZUAJE, contra el TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL, reconoció que la misma comprendió el período desde el 1º de marzo de 1987 y hasta el 6 de enero de 2014, debiéndose tomar en cuenta dichas fechas a los fines de determinar sin que ello sea pronunciamiento de fondo en la presente causa la procedibilidad de las medidas cautelares nominada e innominadas solicitadas y así se declara.
1 CON RESPECTO A LA MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR:
1 .1 Sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida , distinguida dicha parcela con el numero castastral 01-01-21-09-50-04, con una superficie aproximada de treinta y tres metros cuadrados con sesenta y siete (33, 67 mts2) . la que se encuentra ubicada en el Barrio Nuevo Horizonte, escalera S/N con Calle Siete (7) , casa S/N ( hoy 25) Manzana Nro 50 Parroquia Sucre , Municipio Libertador del Distrito Capital y cuyos linderos particulares son NORTE, Escalera S/N ( esta compuesto de tres segmentos : El 1ro de 1,15, el 2do de 0,90 mts y el 3ero de 1,30 mts) SUR , Escalera Esteves en 4,10 mts ESTE , Familia Luciani ( Parcela 003) ne 10,30 mts; y OESTE, Calle Siete en 11, 60 mts. La deslindada parcela de terreno forma parte de un lote de terreno de mayor extensión propiedad entonces del Instituto Nacional de Vivienda, según se hoy propiedad del ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL, venezolano , titular de la cedula de identidad Nro10.119.543, según se evidencia de documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Caital), bajo el Nro 36, Tomo 11; Protocolo 1ª de fecha 20 de mayo de 1986.

1.2 Un instrumento de opción de compra venta, autenticado en fecha 08 de mayo de 1995, ante la notaría publica novena del municipio libertador bajo el Nro.36 tomo122, se da en opción a compra venta al ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro 10.119.543 un lote de terreno distinguido con el Numero 67, el Sector Laguna de Palma, Fundo el Valle, situado en jurisdicción de la Parroquia Taguay, Municipio Urdaneta del Estado Aragua, con una superficie aproximada de dos mil trescientos ochenta y ocho metros con setenta y siete decímetros cuadrados ( 2.388, 77 mts2) y cuyas medidas y linderos son los siguientes. NORTE: en veintitrés metros con ochenta y ocho metros ) , con Carretera “A” Sur, en dieciocho metros con treinta metros (18, 30mts ) con terrenos del Fundo el Valle ; con terrenos del Fundo el Valle; ESTE, en ciento trece metros con sesenta y tres centímetros (113,73 mts) , con Lote Nro 68; y OESTE, en ciento veintidós metros con cuarenta y ocho centímetros (122, 48 mts) , con terrenos del Fundo El Valle. El Deslindado lote de terreno forma parte de uno de mayor extensión propiedad del Fundo El Valle que pertenece a INVERSIONES ALCAMARA S.A., según consta de documento registrado en la Ofician Subalterna del Registro Publico del Municipio Urdaneta del Estado Aragua, con sede en Barbacoas , el 18 de enero de 1973, bajo el Nro 5, folios 23 vuelto al 27 vuelto Protocolo Primero. Al respecto este juzgador observa conforme aportado por la parte accionante y conforme a lo antes expuesto, sin que ello sea pronunciamiento al fondo de la causa que no se evidencia la existencia de los requisitos de procedibilidad para el decreto de la medidas solicitada, y así se declara,

1.3 Que en instrumento de opción de compra venta, autenticado en fecha 12 de junio de 2000, ante la notaría publica novena bajo el Nro. 11 tomo 114, se da en opción a compra venta al ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro 10.119.543 Dos (02) lotes de terrenos distinguidos con los números 507 y 508 de la Finca “La Silleta” ( Sector El Morichal), situado en jurisdicción de la Parroquia Taguay; Municipio Urdaneta , estado Aragua. El lote de terreno numero 507 tiene una superficie aproximada de mil metros cuadrados (1.000 mts2) , y sus linderos y medidas son : Norte, en cincuenta metros (50,00mts) con lote Nro 506; Sur, en cincuenta metros (50 mts) con lotes Nro 508 ; Este , en veinte metros (20 mts ), con camino El arrendajo ; y OESTE, en veinte metros (20 mts,) con lotes números 91 y 92. El Lote de Terreno numero 508 tiene una superficie aproximada de dos mil metros cuadrados (2.000 mts) y sus linderos y medidas son las siguientes: Norte, en cincuenta metros (50mts) , con lote Nro 507; Sur, en cincuenta metros (50mts) con lote Nro 509; ESTE, en veinte metros (20mts), con camino El Arrendajo; y Oeste, en veinte metros (20,00mts) , con lotes números 90 y 91. Dichos lotes de terreno forman parte de uno de mayor extensión propiedad de “Finca La Silleta”, según consta de documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Registro Publico del Municipio Urdaneta del Estado Aragua , con sede en Barbacoas, el 03 de diciembre de 1992, 25 folios 67 al 70; Protocolo Primero, Tomo 3. Al respecto este juzgador observa conforme aportado por la parte accionante y conforme a lo antes expuesto, sin que ello sea pronunciamiento al fondo de la causa que no se evidencia la existencia de los requisitos de procedibilidad para el decreto de la medidas solicitada, y así se declara.

1. 4 Un (01) inmueble constituido por bienhechurías identificado con el numero 44, ubicada en Sector denominado El Amparo, Parroquia Sucre, Municipio Libertador del Distrito Capital, con un área aproximada de noventa metros cuadrados ( 90, 00 mts 2) , y cuyos linderos y medidas son las siguientes: Norte, que es su frente , en seis metros (6,00 mts) con la tercera calle; Sur, en quince metros ( 15,00 mts) , con casa que es o fue de Juan Vera; Este, con casa que fue o fue propiedad de Ana Panea de Martínez y OESTE , con casa que es o fue del señor Juan Méndez . El deslindado inmueble fue adquirido según consta de documentos autenticado ante la Notaria Publica Octava del Municipio Libertador de Distrito Capital, en fecha 29 de agosto de 2013, donde quedo anotado bajo el Nro 04, Tomo 156. Al respecto se constata que dichas bienhechurías, no se encuentran registrada ante la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente, por lo que la medida en los términos en que fue solicitada. Al respecto este juzgador observa conforme aportado por la parte accionante y conforme a lo antes expuesto, sin que ello sea pronunciamiento al fondo de la causa que no se evidencia la existencia de los requisitos de procedibilidad para el decreto de la medidas solicitada, y así se declara,
En consecuencia conforme a las consideraciones anteriores este Juzgador observa que si bien es cierto que el Juez como director del proceso a los fines de garantizar las resultas del juicio, en cualquier estado y grado podrá decretar medidas cautelares, sin embargo, de la medidas nominada de Prohibición de enajenar y grabar solicitadas en cuanto los bienes inmuebles antes mencionados, sus respectivos instrumentos no se evidencian la existencia de los requisitos de procedibilidad para el decreto de las medidas solicitadas, conforme las disposiciones del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, ya que debe existir una estricta sujeción entre la procedencia de la medida peticionada y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la Ley para ello, por tal motivo, en el presente caso no se puede decretar la cautelares requeridas sobre los señalados inmuebles, por lo que este tribunal y con fundamento a las normas antes citadas, niega las medidas solicitadas por la parte demandante y así se decide.

2- MEDIDAS INNOMINADAS SOLICITADA:
Ahora bien, en cuanto a las siguientes medidas cautelares innominadas basado en el en el artículo 164 de la norma objetiva, en concordancia con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil la cuales se menciona a continuación:
2.1 Prohibición de vender o ceder la mis (1499) acciones nominativas con aun valor de cien bolívares ( Bs 100) de quien es titular el ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL E en la empresa ESTRUCTURA TONEUDY 2206, C.A. debidamente registrada ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, al respecto, se observa, como ya quedó anteriormente sentado, que si bien es cierto que el Juez como director del proceso a los fines de garantizar las resultas del juicio, en cualquier estado y grado podrá decretar medidas cautelares, considera este Director del proceso que la medida innominada aquí solicitada, no es la cautelar idónea para tal fin, ya que existen otros medios cautelares ordinarios que deben ser considerados antes de solicitar una medida cautelar innominada, toda vez que en caso de no poderse obtener el fin deseado a través de las cautelares ordinarias, el interesado podrá solicitar una medida atípica para el resguardo de los intereses y resultas del juicio. En consecuencia, se niega medida cautelar en los términos solicitados y así se decide
2.2 oficio a la Superintendencia de Bancos y demás entidades Financieras ( SUDEBAN), para que informe las cuentas corrientes, de ahorro, participaciones y/o plazos fijos que el demandado TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL , titular de la cedula de identidad Nro 13.247.877, tenga abiertas en cualquiera otra entidad bancaria o en el exterior , con indicación del monto o saldo actualizado. Este Juzgador considera que si bien es cierto que, el Juez como director del proceso a los fines de garantizar las resultas del juicio, en cualquier estado y grado podrá decretar medidas cautelares, no menos cierto es que, respecto de las medidas innominadas aquí solicitadas, no están destinadas a la protección de bienes que eventualmente podrían pertenecer a una comunidad, toda vez que la accionante busca es determinar esos posible bienes muebles e inmuebles, para luego solicitar posteriormente medidas cautelares asegurativas, lo cual en esta etapa del juicio, no es procedente, toda vez que corresponde a instancia de parte, ubicarlos y señalarlos. En tal sentido, tal medida sería procedente con un supuesto de hecho que sería diferente, en estado de ejecución de sentencia, como por ejemplo la condenatoria de cantidades liquidas, por lo que este Sentenciador mal podría decretar tales medidas innominadas por no llenarse los extremos exigidos en el articulo 585 de la norma adjetiva, en consecuencia se NIEGA el decreto de dichas medidas y asi se declara.

2.3 Se oficie al Registro Autónomo de Registro y Notarias (SAREN) para que informe sobre los bienes inmuebles o acciones en sociedades mercantiles que pudieran estar registrados como propiedad del ciudadano TONY ALBERTO LUCIANI GRATEROL. Este Juzgador considera que si bien es cierto que, el Juez como director del proceso a los fines de garantizar las resultas del juicio, en cualquier estado y grado podrá decretar medidas cautelares, no menos cierto es que, respecto de las medidas innominadas aquí solicitadas, no están destinadas a la protección de bienes que eventualmente podrían pertenecer a una comunidad, toda vez que la accionante busca es determinar esos posible bienes muebles e inmuebles, para luego solicita posteriormente medidas cautelares asegurativas, lo cual en esta etapa del juicio, no es procedente, toda vez que corresponde a instancia de parte, ubicarlos y señalarlos. En tal sentido, tal medida sería procedente con un supuesto de hecho que sería diferente, en estado de ejecución de sentencia, como por ejemplo la condenatoria de cantidades liquidas, por lo que este Sentenciador mal podría decretar tales medidas innominadas por no llenarse los extremos exigidos en el articulo 585 de la norma adjetiva, en consecuencia se NIEGA el decreto de dichas medidas y así se declara.
En consecuencia conforme las consideraciones anteriores, forzoso es para este sentenciador declarar improcedentes las medidas típica y atípicas solicitadas por la parte accionante y así se decide.
DISPOSITIVA
Por fuerza de los anteriores razonamientos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: DECLARAR improcedentes las medidas típica y atípicas solicitadas por la parte accionante; conforme a los lineamientos explanados en el fallo.
SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA en costas dada la naturaleza del presente fallo.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
EL JUEZ

Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL
EL SECRETARIO

ABG. MUNIR SOUKI URBANO

En esta misma fecha, siendo las 11:16 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia.
EL SECRETARIO

ABG. MUNIR SOUKI URBANO

Asunto: AH16-X-2016-000035