REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO CON COMPETENCIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial con Competencia en DVM Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Edo. Lara
Barquisimeto 06 de Febrero de 2017
206º y 157º
JUEZ ABG. MARIA ELENA MARCANO GONZALEZ
SECRETARIA: ABG. NADIUSKA MARTÍNEZ
ALGUACIL: ANGEL GUEDEZ
ACUSADO: DOMINGO ALBERTO ROGRIGUEZ GONZALEZ, Titular de la Cedula de Identidad Nro.- V.-(...), fecha de nacimiento 07-06-71, de estado civil soltero, de 44 años de edad, grado de instrucción tercer año , de profesión u oficio auxiliar practico de topografía, hijo de Elda González y Domingo Rodríguez, natural de Barquisimeto, estado Lara, dirección de residencia: el manzano via rio claro sector manzano abajo (...). De la revisión del SISTEMA JURIS se deja constancia que el imputado de autos no presenta otra causa activa.
DEFENSORA PÚBLICA 4: ABG. PAUL ABREU
FISCAL 3º DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA: ABG. MARIA ALEJANDRA MANCEBO
VICTIMA: DULCE MINERVA VALERA
DELITO: AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL INSTAURADO
El Ministerio público expuso los hechos objeto del presente asunto en el escrito de acusación presentado en la oportunidad legal correspondiente ratificándolo en este acto tal como de seguidas se indica:
La Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en audiencia preliminar que tuvo lugar en fecha 21 de Octubre de 2015, ratificó la totalidad del contenido de la acusación formal exponiendo oralmente las razones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en las que fundamentó el aludido acto conclusivo interpuesto oportunamente contra el acusado a quien identificó como DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ , titular de la cédula de la cédula de identidad Nro.- V.-(...), indica los elementos de convicción y ofrece los medios probatorios testimoniales y documentales que constan en el referido escrito, el cual ratifica en este acto y encuadra en el delito de AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, , respectivamente; en perjuicio de la ciudadana DULCE MINERVA VALERA, titular de la cédula de identidad número (...). De igual modo la representante de la Vindicta Pública solicitó el enjuiciamiento del ciudadano DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ, requiriendo además la admisión total de la acusación en virtud de que la misma cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal así como las pruebas ofrecidas cuya pertinencia y necesidad indicó de manera clara y específica; siendo que todo ello quedó expresamente plasmado en el respectivo auto de apertura a juicio oral. Finalmente, el Ministerio Público se reservó el derecho de ampliar o modificar la acusación presentada si en el transcurso del debate surgieren nuevos elementos que así lo determinen; todo ello de conformidad con el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal.
HECHOS ACREDITADOS
En fecha 06 de Febrero de 2017, siendo el día y hora fijados para la celebración del juicio oral y Público, en la presente causa, este Tribunal Primero en funciones de Juicio con competencia en Violencia contra la Mujer se constituyó en el sitio y hora señalados para tales efectos, y luego de haberse verificado la presencia de las partes que intervienen en este asunto, se dio inicio a la audiencia oral y privada advirtiendo al procesado sobre la importancia y trascendencia del acto en comento.
Seguidamente el Tribunal antes de iniciar el debate probatorio en cumplimiento del contenido del encabezamiento del artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, procedió a imponer al acusado DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ sobre el Procedimiento Especial de Admisión de los hechos e igualmente respecto precepto constitucional que le exime de declarar en causa propia o bien reconocer culpabilidad contra sí mismo o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de su cónyuge si la tuviere o de su concubina, de conformidad con el numeral 5º del artículo 49 constitucional, informándole subsiguientemente sobre los derechos procesales que le asisten y en consecuencia se le inquirió en cuanto a su disposición en rendir declaración, a lo que el referido acusado, libre de todo juramento, coacción o apremio respondió lo siguiente: “ADMITO LO HECHOS POR LOS CUALES ME ACUSÓ EL MINISTERIO PÚBLICO Y QUIERO QUE SE ME IMPONGA LA PENA CORRESPONDIENTE ES TODO”.
En tal sentido, se acreditó de manera plena y suficiente la responsabilidad penal del ciudadano DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ por el delito de AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; todo ello a través de los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público.-
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
En virtud de la solicitud de la aplicación del Procedimiento Especial por Admisión de Hechos formulada por el ACUSADO y ratificada por la Defensa, éste Juzgado acordó la aplicación del mismo por cuanto se acreditó:
1.-El hecho objeto del presente proceso penal mediante las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público los cuales encuadran en los tipos penales de por el delito de AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en agravio de la ciudadana DULCE MINERVA VALERA.
2.- La responsabilidad penal del acusado DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ L, en la perpetración del hecho punible tomando en consideración que el mismo de forma libre y voluntaria, sin coacción de ninguna naturaleza y solicitando al Tribunal la imposición inmediata de la pena a que hubiere lugar; encontrándose en todo momento debidamente asistido por la DEFENSA PUBLICA PRIMERA ABG.-PAUL ABREU.
Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia establece a través de su jurisprudencia, lo siguiente:
“ ...el acusado puede hacer uso de esta garantía de celeridad procesal y admitir los hechos en la audiencia preliminar o antes del debate en el procedimiento abreviado. En consecuencia, puede solicitar al tribunal, la imposición contigua de la pena. Se trata de un procedimiento especial, cuya finalidad es la celeridad del proceso y la economía o ahorro (para el Estado) que generan en el imputado un beneficio (no un derecho, pues de éstos se detenta la capacidad de disfrute y oposición frente a otros). Beneficio que se traduce en el deber que tiene el juez de rebajar la pena aplicable al delito, desde un tercio a la mitad. Es decir, el juez está obligado en esta forma de auto composición procesal a descontar de la pena correspondiente, desde un tercio a la mitad de la misma (...) el deber radica para el Juez (de Control en la Audiencia Preliminar o de Juicio en el procedimiento abreviado y antes del debate) en rebajar la pena “desde” (preposición que según el Diccionario de la Lengua Española, denota un punto en el tiempo o lugar de que procede o ha de contarse un hecho o una distancia) la tercera parte, hasta la mitad de la misma, tomando siempre en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando claro está la pena que decidió imponer contando el margen de discrecionalidad que tuvo para hacerlo…”
Acto seguido, este Tribunal previa Admisión de los Hechos imputados por el Ministerio Público, CONDENÓ al acusado DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ, como autor inmediato en la comisión de los delitos de AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ; calculándose la pena con base a Las siguientes consideraciones:
El Tribunal debe prescindir de la celebración del presente juicio por lo de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, de manera inmediata, pasa a imponer al acusado de marras la respectiva pena, a saber: en relación al delito de AMENAZA, se establece una pena de DIEZ (10) A VEINTIDOS (22) MESES DE PRISIÓN lo que arroja una pena de UN (01) AÑO Y CUATRO (04) MESES DE PRISIÓN por la aplicación del artículo 37 del Código Penal. De igual modo, en virtud a la aplicación del artículo 88 ejusdem, se le adiciona la mitad de la pena aplicable por el delito de VIOLENCIA FISICA por lo que dicho cómputo se agregan SEIS (06) MESES DE PRISIÓN por lo que la pena queda establecido en UN (01) AÑO Y DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN. Consiguientemente y en atención estricta al contenido del artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en su tercer aparte se establece que: “… Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de : homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público, y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o la Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable.” es por lo que este Órgano Jurisdiccional solo establece una disminución de UN TERCIO DE LA PENA APLICABLE determinándose como pena en concreto: UN (01) ANO, DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN.
La penalidad impuesta conforme a lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, obedece a la consideración por parte de este Tribunal especializado en Violencia contra la Mujer y es lo plasmado en la exposición de motivos de la Ley que señala, que es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promueve la construcción de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y en general, la preeminencia de los derechos humanos, lo cual constituye la base fundamental para el desarrollo y elaboración de una nueva Ley que conlleva a la materialización de los fines del Estado como son la defensa, desarrollo y respeto a la dignidad de las personas y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, por lo que en el nuevo modelo político que estamos construyendo es fundamental erradicar los valores, creencias y prácticas que han mantenido la desigualdad entre los sexos y que las sanciones establecidas en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia son de prisión, multas e incluso trabajo comunitario, en el entendido que el objetivo, propósito y razón de la Ley enfatiza en el aspecto preventivo, de educación y orientación, garantizando un sistema integral de protección a la mujer víctima de Violencia, donde el aspecto penal es solo un componente con fines propio del Derecho Penal en una sociedad democrática, enfatizando en medidas que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de los derechos humanos de la mujer en los distintos ámbitos de desarrollo, es por lo que esta Juzgadora debe considerar la conducta previa del acusado y durante el presente proceso penal respecto a su conducta frente a las víctimas y su comunidad, quedando evidenciado su agresión en contra de las víctimas y el daño que le ha causado.
De igual modo fueron ratificadas las medidas de seguridad y protección impuestas a favor de la víctima, establecidas en el numeral 6 del Art. 90 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia consistente en la obligación de NO acercarse a la víctima, o ejercer contra esta a través de terceras personas actos de intimidación. De igual modo se establece al ciudadano DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ la obligación de realizar ocho (08) talleres en materia de violencia contra la mujer ante el equipo interdisciplinario de este circuito Judicial; y así mismo ocho (08) talleres de orientación personal en la Iglesia Centro de Alabanzas Oasis del Manzano, ubicado en el sector El Roble, frente al Club Luso Larense, El Manzano, Municipio Iribarren, Barquisimeto, Estado Lara.
Finalmente se ordenará, vencido el lapso de Ley, la remisión de la presente causa al Juzgado de Ejecución correspondiente a los fines previstos en el libro Quinto del Código Orgánico Procesal Penal.
DISPOSITIVA
ESTE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, EN FUNCIONES DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en Audiencia Oral y Pública efectuada el día de hoy, dando cumplimiento a los principios rectores y de las garantías previstos en el Código Orgánico Procesal Penal para la realización de un Juicio Previo y un Debido Proceso, así como también observando las formalidades de Ley, este Tribunal en forma Unipersonal, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CULPABLE y en consecuencia CONDENA al ciudadano DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ , venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº (...), a cumplir la pena de UN (01) ANO, DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en agravio de la ciudadana victima DUCLCE MINERVA VALERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-(...), sin perjuicio al computo final que realice Tribunal de Ejecución en su oportunidad. SEGUNDO: Se ratifican la medidas de seguridad y protección impuestas a favor de la víctima establecidas en el numeral 6 del Art. 90 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia consistente en la obligación de NO COMETER NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA VICTIMA. TERCERO: Se ORDENA al ciudadano DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ la REALIZACION DE OCHO (08) TALLERES EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, de manera Mensual, ante el equipo Interdisciplinario de este Circuito Judicial con Competencia en delitos de Violencia Contra la Mujer. CUARTO: Se ORDENA al ciudadano DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ la REALIZACION DE OCHO (08) TALLERES DE ORIENTACION PERSONAL ante la Iglesia Centro de Alabanzas Oasis del Manzano, ubicado en el sector El Roble, frente al Club Luso Larense, El Manzano, Municipio Iribarren, Barquisimeto, Estado Lara. QUINTO:. Se EXONERA a las partes del pago de las costas procesales a tenor de lo pautado en el artículo 26 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela. SEXTO: Se ACUERDA que una vez vencido el lapso legal que establece el artículo 110 de la Ley especial de Género se remitirá la causa al departamento de alguacilazgo a los fines de que sea enviada al Tribunal de Ejecución que le corresponda. SEPTIMO: Se PUBLICARÁ el texto integro de la Sentencia en la oportunidad legal, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 109 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quedando las presentes y los presentes notificadas(os) del dispositivo del fallo y de su publicación. Se deja constancia que se dio cumplimiento a las formalidades contempladas en los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 375 del Código Orgánico Procesal Penal y a lo establecido en los numerales 3, 5, 6 y 7 del artículo 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. LIBRESE LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS DIRIGIDOS AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO E IGLESIA CENTRO DE ALABANZAS. Regístrese, Publíquese, Cúmplase.
LA JUEZA DEL TRIBUNAL PRIMERO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE JUICIO
ABG. MARIA ELENA MARCANO GONZÁLEZ
LA SECRETARIA
ABG.- ZULAY RODRIGUEZ