TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, 06 de JULIO de 2.017
207º y 158º
ASUNTO: GP01-S-2017-002739 C2V
ASUNTO PRINCIPAL: GP01-S-2017-002739 C2V

JUEZA: ABG. AURALIS PEREZ LOPEZ
SECRETARIA: ABG. RAIZA DELGADO
ALGUACIL: ABG. JHONNY BOLIVAR

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
REPRESENTANTE FISCAL 20º ABG. MILAGROS HIGUERA
VICTIMA: ARANZA (identidad omitida conforme al Articulo 65 LOPNNA)
IMPUTADO: EDGARDO JOSE GIL
DEFENSA PRIVADA: ABG. MAURICIO NAVARRO, MARILIN CABEZA Y FREDDY CARRILLO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA CON OCASIÓN A LA AUDIENCIA ESPECIAL DE DETENIDOS (ART. 96 DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA)

Con fundamento a lo establecido en el último aparte del artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con lo previsto artículo 67 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como Supletoriedad y complementariedad de normas, este Tribunal procede a dictar Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en el proceso seguido en contra del ciudadano: EDGARDO JOSE GIL, todo ello conforme a lo pautado en el artículo 235 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia OBSERVA:

DE LA PETICIÓN FISCAL

Celebrada como ha sido la audiencia en fecha 05.07.2017 para oír al imputado conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 96 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a este Tribunal fundamentar lo decidido en Audiencia, con motivo de las actuaciones presentadas por el Fiscal 20° del Ministerio Público del estado Carabobo, en virtud de la aprehensión del ciudadano: EDGARDO JOSE GIL, quien solicitó: ABUSO SEXUAL SIN PENETRACION previsto y sancionado en el encabezado del artículo 259 en concordancia con los articulo 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica a la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio de la victima ARANZA (identidad omitida conforme al articulo 65 de la LOPNNA), y solicito se le decrete MEDIDA PREVENTIVA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, prevista en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, por el quantum de la pena, por la gravedad del delito, el daño social causado, considerando procedente la medida solicitada, pudiendo su defensa solicitar las diligencias que considere pertinente para su defensa, se decrete la flagrancia prevista en el artículo 96 de la ley especial, se continué la investigación por el procedimiento previsto en el articulo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se impongan las medidas de protección y seguridad del artículo 90 ordinales 1º y 5º de la ley especial, se ordene la remisión de la víctima al Equipo Interdisciplinario de los Tribunales de Violencia y la aplicación del procedimiento especial establecido en la ley. Es todo”.

Seguidamente se le cede el derecho de palabra a la representante legal de la niña (Aranza) la ciudadana Anyely Pineda, titular de la cedula de identidad Nº V-22.548.154, quien expone: “yo estaba e mi casa afuera con una amiga y mi hermana y el de confianza de la casa y el dice que se va llevar a la niña para la bodega y se la lleva y se pone hablar con el de la bodega y mi amiga me dice no te confíes y yo siempre voltee para ver si el estaba con la niña y pasa 15 minutos y mi hermana me dice que aranza no ha salido con Edgardo y yo entro en la casa y voy al cuarto y lo consigo a el con los pantalones abajo y mi hija acostada con los pantalones abajo y yo empiezo a gritar y llegaron las persona y se quería escapar pero yo lo denuncie a la guardia. Es todo”.

Quien a preguntas contesto: ¿de donde conoce usted al sr Edgardo ya que usted manifiesta confianza con el ¿vecino y se la pasaba en mi casa ¿ a que hora ocurrió lo que usted observo? Como a las 06:00 pm ¿indique los nombres de las personas que estaban con usted? La vecina Maigu y mi hermana Enyeri ¿recuerda la ropa que tenia la niña? La camisa era verdecita y el pantalón de blue jean y la panterita de florecita y una chancletita ¿la niña usa pañales? No ¿que fue lo que vio cuando entro? La niña estaba acostada comiéndose la chupeta desnuda y el estaba con los pantalones abajo inclinado, si no llego a tiempo le hace la maldad a la niña ¿es la primera que ocurre esto? Si ¿que hizo el cual la vio? Nada yo empecé agarrarlo a golpe en el cuarto. La defensa pregunta ¿indique que tiempo paso desde el momento que vio por ultimo vez al acusado hasta que lo sorprendió en su residencia con su niña? Como media hora ¿puede indicar la ciudadana a que distancia se encontraba mi representado de la niña cuando usted lo sorprendió? Aproximadamente como una regla de 30 ¿acostumbra usted a dejar a su hija en compañía o cuidado de mi representado en otras oportunidades? No ¿cuando usted indica en su declaración que mi representado se encontraba con los pantalones abajo con los interiores abajo? Con los interiores y pantalones abajo, es todo no mas preguntas.

DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

Este Tribunal luego de haber oído la exposición del Fiscal representante del Ministerio Público, procede de conformidad con el artículo 133 a realizar advertencia preliminar al IMPUTADO y éste encontrándose provisto de todas las garantías procésales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en su contra, de conformidad con el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asistido por la ABG. MAURICIO NAVARRO, MARILIN CABEZA Y FREDDY CARRILLO, fue impuesto igualmente el ciudadano imputado del contenido del artículo 128 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que lo faculta de declarar durante la investigación ante el funcionario del Ministerio Público encargado de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Público, siendo que en el presente caso lo hará por ante el Juez de Control, por cuanto ha sido aprehendido por la autoridad competente bajo las circunstancias antes señaladas, de igual forma, que lo hace dentro de las doce horas contadas desde su aprehensión, plazo que pudiere prorrogarse por otro tanto, si así lo solicitare para nombrar defensor. Se le explicó que en todo caso, su declaración será nula si no la hace en presencia de su defensor. Seguidamente de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y 129 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a identificar al imputado consultándosele sobre sus datos personales, quien libre de toda coacción y apremió expuso: EDGARDO JOSE GIL, titular de la cédula de identidad N° V-19.322.965, natural de Valencia Estado Carabobo el día 23-11-1989, Hijo de Katiuska Palomino y Francisco Gil, de 27 años de edad, SOLTERO, profesión u oficio: electro auto automotriz, residenciado en: alto de la Honda, Calle bolívar, casa Nº 56-57, Municipio Libertador, teléfono: 0412.1374294. A quien seguidamente se la cede la palabra y quien manifiesta: “yo en ningún momento la llegue a penetra por el estilo, es mentira que yo tenia los pantalones abajo, como yo le voy hacer eso a una niña de 1 año si yo tengo una de 7 años y una de 6 mese ellas son mis ojos, por culpa de esto perdí mi trabajo, mi casa por una tontería que no hice, pero si yo lo hubiera hecho yo si lo hubiera admitido pero yo no lo hice. Es todo”.

DEFENSA PRIVADA quien expuso: “una vez escuchada revisada las actuaciones a si como la declaración rendida por la victima representad en este acto por su madre solicita al tribunal que ejerza el control judicial en cuanto a la imputación realizada por el ministerio publico por cuanto se observa que la misma no se encuentra ajustado a los hechos que aquí se están vinculando existe una serie de incongruencia en lo relatado por la victima y lo plasmado en las actuaciones tales como el tiempo la ciudadana madre ejercía acciones de vigilancia de la niña y el momento en que sorprende a mi defendido,, por otro lado se observa para que se configure el delito imputado por la vindicta publica debe haber una serie de extremo que no se recuenta llenos en el presente hecho y que exige el legislador por lo cual con todo respeto solicito la regulación judicial en el presente caso ya que evidentemente no nos encontramos en el delito que le esta haciendo imputado a mi defendido, por otro lado reconocimiento previo realizado a la victima no se desprende ningún tipo de evidencia que haga presumir la comisión de delito alguno o por lo menos de delito que se le esta imputando. En virtud de lo anteriormente expuesto esta representación de la defensa solicita a este tribunal como ya se indico la regulación de la precalificación del Ministerio Publico y tomando en cuenta que mi representado no tiene conducta pre delitual y le sea otorgada una medida cautelar distinta a la requerida por la fiscal, tomando en cuenta las circunstancia de este hecho y solicita la practica de reconocimiento medico legal a los fines de evidenciar las lesiones que presenta en el tiempo de que ha sido detenido ya que el mismo ha sufrido maltrato del órgano aprehensor lo que nos hace evidenciar un hecho punible en su contra y en cuanto a la luz de la legislación actual es sumamente grave. Es todo”.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR
CALIFICACION DE LA FLAGRANCIA Y EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

La representación del Ministerio Público, le atribuye al ciudadano EDGARDO JOSE GIL, los hechos denunciados por la victima, por el delito de ABUSO SEXUAL SIN PENETRACION previsto y sancionado en el encabezado del artículo 259 en relación a los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica a la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio de la victima ARANZA (identidad omitida conforme al articulo 65 de la LOPNNA), amparada esta juzgadora en la Sentencia N° 272 de fecha 15/02/2007, de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que interpreta la flagrancia en los delitos de género, la cual viene determinada por la percepción que se tiene de los elementos que hacen deducir, prima facie, la relación de causalidad entre el delito y el supuesto autor, causalidad que deberá demostrarse y/o desvirtuarse en el proceso. Como consecuencia jurídica directa acarrea la detención in fraganti, esto es, sin orden de inicio de investigación y sin orden judicial, ello para asegurar la tutela del objeto jurídico protegido; esto es, de integridad física de la mujer víctima, es por lo que esta Juzgadora califica la aprehensión como flagrante conforme al articulo 96 de la Ley Especial, siendo que el imputado fue aprehendido por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 41 Destacamento del Comando Rurales nro. 419, en fecha 06.06.2017, de conformidad a lo establecido en el articulo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, según consta de acta de procedimiento penal, que riela al folio 03 la cual se da por reproducida.

Se acuerda el Procedimiento especial de conformidad con lo establecido en el artículo 82 y 97 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es importante señalar que la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, por lo que establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal o Fiscala del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción. ASÍ SE DECIDE.
CALIFICACIÓN JURÍDICA

De acuerdo a la Convención de Belem Do Para, en su artículo 1, señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”

En este mismo sentido, el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define que:

“la violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende a todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado u daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación arbitraria de la libertad así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado”

Los hechos denunciados por la victima, por el delito de ABUSO SEXUAL SIN PENETRACION previsto y sancionado en el encabezado del artículo 259 en relación a los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica a la Protección del Niño, Niña y Adolescente, precalificación jurídica que acoge y comparte este Juzgado, en razón, de la Orden de Inicio de Investigación Penal; Acta de Denuncia, de fecha 04 de junio de 2017 incoada por ante la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 41 Destacamento del Comando Rurales; el Acta de policial de fecha 01.07.2017, en la cual se describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos objeto del presente proceso.

En atención a la magnitud del daño causado es de connotación social importante, por cuanto, la violencia contra la mujer a la luz de la Ley que rige la materia viene a ser un problema de salud pública, que atenta contra la integridad y estabilidad emocional de la víctima y su libertad de decidir acerca de su sexualidad y el derecho por causar afectación psíquica, por lo que es considerado así por la doctrina y la Jurisprudencia.

El tipo penal analizado, es considerado como una de las formas mas comunes y degradantes en las que ejerce la violencia contra la mujer, el cual encuentra su regulación inclusive en las Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por la republica Bolivariana de Venezuela, tales como la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención Belén Do Para), dispone en su articulo 1, relativo a la definición y Ámbito de aplicación de la misma textualmente lo siguiente: “para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su genero , que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito publico o privado”.

Es por ello, que en consideración de:

1.- Que la Violencia Contra la Mujer constituye una Violación de los derechos humanos y le impiden a la mujer gozar de dichos derechos;

2.- Que la Violencia contra la mujer es inaceptable ya sea cometida por los Estados o sus agentes, por parientes o por extraños, tanto Público como privado.

3.- Que el Estado es garante de esos derechos humanos y promueve un Estado Democrático y Social de Derechos y de Justicia.

4.- Que por mandato Constitucional la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, garantiza el goce y el ejercicio irrenunciable e interdependiente de los Derechos Humanos de la Mujer.

5.- Que el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la Mujer, sus propiedades y para el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

En razón a lo antes expuesto y siendo que el artículo 1º de nuestra Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, así como velar los derechos de la víctima y basándose en los principios contemplados en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el cual en su articulado nos indica de una forma categórica que debe imperar la afirmación de la libertad, de acuerdo a lo que ha señalado la doctrina y lo recoge la ley adjetiva penal, la concurrencia de determinadas condiciones o supuestos que se enuncian con la referencia al fumus Boni Iuris y el Periculum in mora, en el proceso penal estos supuestos o requisitos se traducen, en cuanto a fumus boni iuris en el fumus delicti, esto es en la demostración de la existencia de un hecho en concreto con importancia penal efectivamente realizado, atribuible al imputado, con la equivoca formación de un juicio de valor por parte del Juez, el cual debe haber llegado a la conclusión de que el imputado probablemente es responsable penalmente por estos hechos o pesan elementos indiciarios, razonables, que como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cita de CASAL, se basa en hechos o informaciones adecuadas para convencer a un observador objetivo de que la persona de que se trata cometió una infracción, tratándose de una razonada y razonable conclusión Judicial, que toman en cuenta, de una parte la existencia de un hecho con las notas o características que solo hacen punible o encuadrable en una disposición penal incriminadora y la estimación, asimismo de que el sujeto activo de la medida es el autor o participe en esos hechos. ASI SE DECLARA.-

DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL

Hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalare, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

En corolario a lo anterior, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 102, de fecha 17.03.2011, expediente nro. A11-080 con Ponencia de la magistrada DRA. NINOSKA QUEIPO BRICEÑO, mediante el cual estableció:

“… a las Medidas de Coerción Personal, que tienen como objeto principal, servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los procesados penalmente, al desarrollo y resultas del proceso criminal que se les sigue; ello, en atención a que el resultado de un juicio, puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales, como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacer ilusoria la ejecución de la sentencia.

Sin embargo, a esta finalidad instrumental de las medidas de coerción personal, deben acoplarse los principios de proporcionalidad, y afirmación de libertad; según los cuales en el primero de los casos -proporcionalidad, la medida de coerción personal impuesta, debe ser equitativamente igual a la magnitud del daño que causa el delito, la probable sanción a imponer y que no perdure por un período superior a dos años, o al término menor de la pena que prevé el respectivo delito, todo ello a los fines de no convertir una medida cautelar preventiva en una pena anticipada; y en el segundo de los referidos principios -afirmación de libertad-, la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye una medida de carácter excepcional, sólo aplicable en los casos expresamente autorizados por la ley ...”.

A los fines de asegurar la Tutela del bien jurídico protegido, esto es la integridad física de la mujer víctima, así como la responsabilidad que tiene este Tribunal de lograr el Fin Constitucional (la protección de las mujeres victima de género) y el cual solo puede ser logrado en forma efectiva, y siendo que el Ciudadano EDGARDO JOSE GIL, titular de la cedula de identidad Nº V-19.322.965, es la persona identificada por la victima como autor de los hechos denunciados, razón por la cual, observa esta Juzgadora que para proceder a decretar una Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad, deben establecerse en forma concurrente, los requisitos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente los numerales 1, 2 y 3, los cuales se especifican a continuación:

Artículo 236. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción procesal para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación…”

Con respecto al numeral primero de dicho artículo, observa este Tribunal que, debe existir un hecho punible, perseguible de oficio, que amerite pena corporal y cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita, por cuanto de existir alguno de estos obstáculos procesales, afecta la efectiva persecución penal y consecuente sanción punitiva del Órgano Jurisdiccional, como ente encargado de administrar justicia, concedida así por el Estado, a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Con relación al numeral 2 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, observa quien aquí decide, que de autos emergen suficientes elementos de convicción procesal para estimar que el ciudadano EDGARDO JOSE GIL, por la comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL SIN PENETRACION previsto y sancionado en el encabezado del artículo 259 en relación a los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica a la Protección del Niño, Niña y Adolescente, vale decir nos encontramos ante la presunta comisión de un hecho punible, que compromete la indemnidad sexual de una adolescente de un (01) año de edad, de la misma manera, existe pluralidad de elementos de convicción para estimar que el imputado es autor o participe de los delitos que le imputa en este acto el representante del Ministerio Público, constituidos por:
• ACTA DE DENUNCIA, de fecha 01.07.2017 incoada por ante la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 41 Destacamento del Comando Rurales, por la representante de la victima ARANZA de identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 Parágrafo Segundo de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, víctima en el presente caso.
• Acta de Investigación Penal de fecha 01.07.2017 suscrito por los funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 41 Destacamento del Comando Rurales, quienes dejaron constancia el modo, tiempo y lugar como fue aprehendido el imputado de autos.
• Acta de Entrevista, de fecha 01.07.2017 realizada a la ciudadana MAIGUALIDA PALACIOS por los funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 41 Destacamento del Comando Rurales.
• Acta de Entrevista, de fecha 01.07.2017 realizada a la ciudadana ENYERLI PINEDA por los funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 41 Destacamento del Comando Rurales.

Ahora bien, con relación al numeral 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual exige una presunción razonable, en atención a las circunstancias específicas del caso, acerca del peligro de fuga u obstaculización en la búsqueda de la verdad, observa este Tribunal lo siguiente:

La magnitud del daño causado es de connotación social importante, por cuanto, la violencia contra la niña a la luz de la Ley que rige la materia viene a ser un problema de salud pública, que atenta contra la integridad y estabilidad emocional de la víctima y su libertad de decidir acerca de su sexualidad y el derecho por causar afectación psíquica, por lo que es considerado así por la doctrina y la Jurisprudencia, victima en condición vulnerable, toda vez, que la misma tiene un (01) año de edad.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, considera esta Juzgadora que lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD contra el ciudadano: EDGARDO JOSE GIL, por la comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL SIN PENETRACION previsto y sancionado en el encabezado del artículo 259 en relación a los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica a la Protección del Niño, Niña y Adolescente, tales circunstancias están dadas, por cuanto la víctima es una adolescente, y por ende su contextura física con respecto al agresor, las relaciones de poder y dependencia de éste en su contra y por tanto la dificultad de afrontar esta experiencia, toda vez que el imputado de autos diligenciar lo pertinente para lograr influenciarla en torno a la versión de los hechos e igualmente que ella o los posibles testigos del hecho se comporten de manera reticente, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, y el articulo 237 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA
Acto seguido, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN SEGUNDO DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY, ACUERDA: PRIMERO: Decreta la detención en forma flagrante ya que la misma encuadra en el ordinal primero del artículo 44 Constitucional y artículo 96 de Ley Orgánica Sobre el derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia del ciudadano EDGARDO JOSE GIL, titular de la cedula de identidad Nº V-19.322.965; En atención y apego a las necesidades de celeridad y no impunidad de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del instrumento legal, se establece la prosecución de la investigación por el único procedimiento penal especial.
SEGUNDO: Por cuanto de los elementos hasta ahora consignados y observados en este asunto, son suficientes para demostrar la comisión de un hecho punible, perseguible de oficio y no prescrito, este Juzgado acoge y comparte la calificación jurídica por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL SIN PENETRACION previsto y sancionado en el encabezado del artículo 259 en relación a los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica a la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio de la adolescente victima ARANZA (de identidad omitida por disposicion legal), advirtiendo a las partes, que tal circunstancia pudiese variar al término de la investigación.
TERCERO: Considera esta Juzgadora importante destacar que la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una Ley que desarrolla, a través de un régimen especial, los mecanismos de prevención, control, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y de su entorno familiar, cuya finalidad última es la protección de los derechos fundamentales a la integridad física, psíquica y moral de la persona, el derecho a la igualdad por razones de sexo, que son reconocidos en los artículos 46 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en razón de hacer efectivo el objetivo de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, evitando la continuidad o posible agresión a la mujer víctima de los hechos antes calificados, se establecen las Medidas de Protección y Seguridad a favor de la víctima, previstas en el artículo 90 numerales 1 y 5 de la Ley Especial, consistente en: 1º Se ordena la comparecencia de los niños y adolescentes victima ARANZA (identidad omitida conforme al articulo 65 LOPNNA), para evaluación integral ante el equipo Interdisciplinario para su atención y orientación, y 5º Prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la víctima.
CUARTO: En cuanto a la aprehensión del ciudadano EDGARDO JOSE GIL, dado que estamos en presencia de un hecho punible, perseguible de oficio y no prescrito y existen suficientes elementos de convicción para estimar la participación del imputado en el mismo, así como la presunción razonable del peligro de fuga u obstaculización en la búsqueda de la verdad, se decreta MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con el artículo 236 y 237 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su reclusión en el INTERNADO JUDICIAL CARABOBO CON SEDE EN TOCUYITO DEL ESTADO CARABOBO, por un lapso de treinta (30) días, prorrogables por quince (15) días a requerimiento del Ministerio Público, advirtiendo al imputado que en caso que no sea presentado acto conclusivo en el lapso de los treinta (30) días el Tribunal de oficio procederá a modificar la medida decretada en este acto.
QUINTO: Líbrese oficio anexo Boleta de Encarcelación. líbrese boleta de traslado. Quedan notificadas las partes de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Dada, firmada y sellada por este Tribunal. Publíquese, Regístrese y Cúmplase.

Abg. Auralis Milexi Pérez López
Jueza Segundo de Primera Instancia en
Función de Control Audiencia y Medidas
Abg. Rayza Delgado
Secretaria