REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Barquisimeto, 09 de Junio de 2017. Año 207º y 158º ASUNTO: KP02-L-2017-000358. Parte Demandante: BERTHA BEATRIZ GARRIDO DÍAZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-4.387.518. Abogado Asistente de la Parte Demandante: NIL MARCANO, Abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.072. Parte Demandada: 1.- INVERSIONES AGROPECUARIAS MENDOZA & MENDOZA C.A. (INAMENCA). 2.- MARÍA JESÚS MENDOZA PERDOMO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-14.352.973. 3.- OLGA MERCEDES ANTONINI ADALFIO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-7.426.480. RECORRIDO DEL PROCESO Inicia la presente causa por demanda interpuesta en fecha 23 de mayo de 2017, según consta en sello húmedo de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) Civil. Recibido como fue por distribución el asunto, se ordenó su revisión y este Juzgado se abstuvo de admitir la demanda por no llenarse los requisitos establecidos en el artículo 123. El día 06 de junio de 2017 la parte demandante procedió a presentar escrito de subsanación ante la URDD Civil, siendo recibido por este Juzgado el 07 de junio de 2017. Así las cosas, este Juzgado procede a pronunciarse sobre la subsanación efectuada bajo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: MOTIVACIONES El artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Para ello, resulta necesario que ofrezca garantías formales y sustanciales de manera que los particulares accedan a instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para la tramitación de la pretensión. En atención a lo anterior, el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone: “Si el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, comprueba que el escrito libelar cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo. En caso contrario, ordenará al solicitante, con apercibimiento de perención, que corrija el libelo de la demanda, dentro del lapso de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique. En todo caso, la demanda deberá ser admitida o declarada inadmisible dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del libelo por el Tribunal que conocerá de la misma. La decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda deberá ser publicada el mismo día en que se verifique. De la negativa de la admisión de la demanda se dará apelación, en ambos efectos, por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y para ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, si se intenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso establecido para la publicación de la sentencia interlocutoria que decidió la inadmisibilidad de la demanda. Al siguiente día de recibida la apelación, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo remitirá el expediente al Tribunal Superior del Trabajo competente”. La norma citada consagra la institución del despacho saneador, el cual, según lo ha expresado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en múltiples decisiones, constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso. Afirma además nuestro Máximo Tribunal, que la naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales. Por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. En el caso de marras, luego de la revisión correspondiente al libelo, se solicitó al demandante lo siguiente: 1.-Indicar la dirección de habitación de la ciudadana Bertha Beatriz Garrido Díaz. 2.-Señalar la fecha de terminación de la relación de trabajo, pues existe contradicción en la narración de los hechos, por una parte se afirma que el termino en el año 2016 y por otra que culmino en 1997. 3.-Especificar el fundamento por el cual se demanda solidariamente a las ciudadanas María Jesús Mendoza y Olga Antonini. 4.-Consignar la declaración de Únicos Universales y Herederos del ciudadano Pablo Mendoza. 5.-Suministrar la dirección de habitación de cada uno de los herederos del ciudadano Pablo Mendoza. 6.-Especificar las operaciones aritméticas empleadas para cuantificar la suma reclamada por beneficio de alimentación con indicación del valor de la Unidad Tributaria utilizada como base de cálculo por cada mes. De conformidad con lo anterior, considerando que en el proceso laboral no se admite la oposición de cuestiones previas, tal como lo expresa el artículo 129 de la Ley Adjetiva del Trabajo, los defectos de forma que pudiere advertir el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución deben ser corregidos a través del despacho saneador. En el caso sub iudice, en su escrito de subsanación, la parte demandante consignó nuevamente el libelo cuya corrección fue ordenada, sin aclarar si el domicilio procesal de la parte demandante también es su dirección de habitación, mantuvo la misma incongruencia en cuanto a la fecha de terminación de la relación de trabajo, pues en una parte del texto expresa que la relación laboral terminó el 15 de mayo de 2016 y en otra el 30 de mayo de 1.997, con lo cual no existe certeza respecto a la fecha hasta la cual deben ser calculados todos los conceptos y sumas reclamados por la prestación de servicio. Así mismo, al advertirse se solicitó la declaración de únicos y universales herederos del ciudadano Pablo Mendoza y la dirección de habitación de aquellos a los efectos de su notificación y tampoco fue suministrada tal información. Por último, se aprecia que tampoco se especificó la operación aritmética empleada para cuantificar la suma reclamada por beneficio de alimentación con indicación de la Unidad Tributaria utilizada como base de cálculo para cada mes, con lo cual se configura una indeterminación del objeto de la demanda. Así las cosas, estimándose que el libelo debe explicarse y bastarse por sí solo, al carecer de la información solicitada se obstaculiza el ejercicio del derecho a la defensa de la parte demandada y se imposibilita la correcta administración de Justicia. Por las razones expuestas, al verificarse que la parte demandante no dio cumplimiento correctamente a lo ordenado mediante Auto de fecha 02 de junio de 2017, resulta forzoso declarar inadmisible la demanda por no cumplir el libelo con los requisitos exigidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo debido a la inadecuada subsanación. Y así se decide. DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: ÚNICO: INADMISIBLE la demanda. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los Nueve (09) días del mes de Junio de 2017. Año: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. Abg. Ana Mercedes Sánchez V. Juez Abg. Alberto Noguera. Secretario Nota: En esta misma fecha, 09 de junio de 2017, siendo las 10:40 a.m. se dictó y publicó la anterior decisión, agregándola al expediente físico y al sistema juris 2000. Año: 207° de la Independencia y 158º de la Federación. El Secretario Abg. Alberto Noguera.