JUEZ PONENTE: EFRÉN NAVARRO
EXPEDIENTE N° AP42-N-2006-000316
En fecha 21 de julio de 2006, los Abogados Oswaldo Padrón Salazar y Rafael Pirela Mora, (INPREABOGADO Nros. 48.097 y 62.698), actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 19 de septiembre de 1997, quedando inscrita bajo el Nº. 39, tomo 152-A Qto., ejerció recurso contencioso administrativo de nulidad, contra el acto contenido en la Resolución Nº 318.06, de fecha 6 de junio de 2006, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.
En fecha 27 de julio de 2006, se dio cuenta a la corte, se ordenó oficiar al Superintendente del referido organismo, a los fines de que se sirviera remitir a esta Corte los antecedentes administrativos del caso, se fijó un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que conste en autos la notificación correspondiente.
En fecha 18 de septiembre de 2006, el ciudadano Alguacil de esta Corte, consignó el oficio Nº 2006-4087 de notificación al ciudadano Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) el cual fue recibido en fecha 11 de agosto de 2006.
En fecha 5 de octubre de 2006, transcurrido el lapso otorgado a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), para la remisión de los antecedentes administrativos solicitados, sin que se hubieren remitido los mismos, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines consiguientes, en esa misma fecha se pasó el expediente.
En fecha 17 de octubre de 2006, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte se pronunció admitiendo la presente causa y ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras.
En fecha 28 de noviembre de 2006, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó el oficio Nº 1042-06 de notificación al ciudadano Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) el cual fue recibido en fecha 17 de noviembre de 2006.
En fecha 7 de diciembre de 2006, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó el oficio Nº 1040-06 de notificación al ciudadano Fiscal General de la República el cual fue recibido en fecha 5 de diciembre de 2006.
En fecha 26 de abril de 2007, la Abogada María de Lourdes Castillo (INPREABOGADO Nº 35.309), en su carácter de Apoderado Judicial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, consignó escrito de oposición al recurso de nulidad interpuesto.
En fecha 9 de mayo de 2007, se recibió oficio Nº SBIF-DSB-GGCJ-GALE-07057 de fecha 7 de mayo de 2007, emanado de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, mediante el cual remitió copia certificada de los antecedentes administrativos del presente caso.
En fecha 23 de mayo de 2007, la Abogada María de Lourdes Castillo, ya identificada, en su carácter de Apoderado Judicial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, consignó diligencia mediante la cual solicitó se librara el cartel de emplazamiento de los terceros.
En esa misma fecha, la Representación Judicial de la parte actora, consignó diligencia mediante la cual solicitó se librara el cartel de emplazamiento de los terceros.
En fecha 24 de mayo de 2007, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
En fecha 30 de mayo de 2007, la Representación Judicial de la parte actora, consignó diligencia mediante la cual retiró el cartel de emplazamiento librado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte.
En fecha 6 de junio de 2007, la Representación Judicial de la parte actora, consignó cartel publicado en el diario “El Universal”, de fecha 1º de junio de 2007, pagina 20.
En fecha 19 de junio de 2007, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte declaró la nulidad del cartel de emplazamiento y de las actuaciones posteriores y repuso la causa al estado de notificar mediante boleta al ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroteran, se concedió el término de diez (10) días continuos.
En fecha 9 de febrero de 2009, visto que se evidencia que la presente causa se encontraba paralizada, se ordenó la continuación de la misma previa notificación de las partes.
En fecha 17 de marzo de 2009, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó el oficio Nº 2009-0473 de notificación al ciudadano Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) el cual fue recibido en fecha 16 de marzo de 2009.
En fecha 18 de marzo de 2009, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó boleta de notificación al ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroteran, en su carácter de representante legal de la Cooperativa Mepaco R.L., la cual no pudo practicarse.
En fecha 19 de marzo de 2009, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó el oficio Nº 472-09 de notificación al ciudadano Fiscal General de la República, el cual fue recibido en fecha 18 de marzo de 2009.
En fecha 2 de abril de 2009, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó boleta de notificación dirigida a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., el cual fue recibido en fecha 17 de marzo de 2009.
En fecha 29 de junio de 2009, se publicó en la cartelera del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, boleta de notificación dirigida al ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroteran.
En fecha 12 de agosto de 2009, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó oficio Nº 471-09 de notificación dirigida a la ciudadana Procuraduría General de la República, el cual fue recibido en fecha 11 de agosto de 2009.
En fecha 14 de octubre de 2009, se libró el cartel de emplazamiento a los interesados, previsto en el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 22 de octubre de 2009, se recibió del Abogado Rafael Pírela Mora, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, diligencia mediante la cual retiró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
En fecha 27 de octubre de 2009, se recibió del Apoderado Judicial de la parte actora, diligencia mediante la cual consignó la publicación en fecha 23 de octubre de 2009 en el diario “Últimas Noticias” del cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
En fecha 11 de noviembre de 2009, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas en la presente causa, el cual venció en fecha 18 de ese mismo mes y año.
En fecha 19 de noviembre de 2009, terminada la sustanciación del presente expediente y por cuanto no quedaron más actuaciones que realizar ante ese Juzgado de Sustanciación, se ordenó remitir el mismo a esta Corte de conformidad con lo dispuesto en el aparte 21 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En esa misma fecha, se remitió el expediente a esta Corte el cual fue debidamente recibido en fecha 25 de ese mismo mes y año.
En fecha 26 de noviembre de 2009, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 3 de diciembre de 2009, se dio cuenta a esta Corte, se reasignó la Ponencia al Juez Andrés Brito y estando dentro de los tres (3) días hábiles siguientes se dio inicio a la primera etapa de relación de la causa.
En fecha 8 de diciembre de 2009, siendo la oportunidad legal correspondiente, se dio inicio a la primera etapa de la relación de la causa y se difirió la oportunidad para la fijación del día y la hora en que tendría lugar la audiencia de informes orales, lo cual se hizo posteriormente mediante auto expreso y separado.
En fecha 20 de enero de 2010, se reconstituyó esta Corte.
En fecha 25 de enero de 2010, se recibió de la Abogada Antonieta de Gregorio (INPREABOGADO Nro. 35.990), actuando en su carácter de Sustituta de la Fiscalía Primera del Ministerio Público, diligencia mediante la cual solicitó el desistimiento en la presente causa, por cuanto el cartel de emplazamiento a los terceros interesados publicado en fecha 14 de octubre de 2009, no había sido retirado.
En fecha 24 de febrero de 2010, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, reanudándose la misma una vez que transcurrió el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En esa misma oportunidad, se reasignó la ponencia al Juez EFRÉN NAVARRO.
En fechas 3, 25 de marzo, 26 de abril y 26 de mayo de 2010, se difirió la oportunidad para la fijación del día y la hora en que tendría lugar la audiencia de informes orales, lo cual se hizo posteriormente mediante auto expreso y separado.
En fecha 29 de junio de 2010, de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se fijó el lapso de cuarenta (40) días de despacho para que las partes presentaran por escrito los informes respectivos.
En fecha 21 de septiembre de 2010, se recibió de la Abogada Lourdes Verde, (INPREABOGADO Nro. 49.546), actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, escrito de informes, asimismo, consignó poder que acreditó su representación.
En fecha 13 de octubre de 2010, se recibió del Abogado Rafael Pirela Mora, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de Banesco Banco Universal C.A., escrito de informes.
En fecha 14 de octubre de 2010, vencido como se encontraba el lapso fijado en el auto de fecha 29 de junio de 2010, de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Corte dijo “Vistos” y se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente, a los fines que dictara la decisión correspondiente.
En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez Ponente.
En fecha 23 de enero de 2012, se reconstituyó esta Corte.
En fecha 26 de enero de 2012, esta Corte se abocó al conocimiento de la causa, en el estado en que se encontraba, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 17 de marzo de 2014, se reconstituyó esta Corte.
En fecha 26 de marzo de 2014, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, ordenando su reanudación una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 3 de julio de 2014, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.
En fecha 9 de julio de 2014, se ordenó librar las notificaciones correspondientes según lo ordenado en sentencia de fecha 3 de julio de 2014.
En fecha 28 de julio de 2014, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó oficio Nº CPCA-2014-5121 de notificación dirigida a la ciudadana Fiscal General de la República, el cual fue recibido en fecha 23 de julio de 2014.
En fecha 29 de julio de 2014, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó oficio Nº CPCA-2014-5033 de notificación dirigida al ciudadano Superintendente de las instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), el cual fue recibido en fecha 23 de julio de 2014.
En fecha 7 de agosto de 2014, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó oficio Nº CPCA-2014-5034 de notificación dirigida al ciudadano Procurador General de la República, el cual fue recibido en fecha 4 de agosto de 2014.
En fecha 12 de agosto de 2014, se recibió de la Abogada Yissel Villareal (INPREABOGADO Nº 182.647), actuando en su carácter de Apoderado Judicial de Banesco Banco Universal C.A., diligencia mediante la cual apeló de la decisión de fecha 3 de julio de 2014.
En fecha 14 de agosto de 2014, el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó boleta de notificación dirigida a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A., el cual fue recibido en fecha 11 de agosto de 2014.
En fecha 2 de octubre de 2014, esta Corte oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de agosto de 2014, y ordenó remitir el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el cual fue recibido en fecha 15 de octubre de 2014.
En fecha 5 de noviembre de 2015, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia Nº 01307 por medio de la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de agosto de 2014 contra la sentencia de fecha 3 de julio de de 2014 dictada por esta Corte.
En fecha 11 de agosto de 2016, se recibió de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, oficio Nº 2406 de fecha 21 de julio de 2016, mediante el cual remitió expediente judicial Nº AA40-A-2014-001245, remisión que se efectuó en virtud de lo ordenado por la referida Sala en sentencia Nº01307 de fecha 5 de noviembre de 2015, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A., contra la sentencia Nº 2014-1040, de fecha 3 de julio de 2014, dictada por esta Corte, en consecuencia se confirmó el fallo apelado y firme la resolución impugnada.
En fecha 12 de septiembre de 2016, se reconstituyó esta Corte.
En fecha 20 de septiembre de 2016, esta Corte se abocó al conocimiento de la causa, en el estado en que se encontraba.
En esa misma fecha, se ordenó el archivo del expediente, según lo ordenado en la sentencia Nº01307 de fecha 5 de noviembre de 2015 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 2 de febrero de 2017, se recibió del Abogado Ramón Carrillo (INPREABOGADO Nº 78.594), actuando en su condición de tercero interesado en la presente causa, diligencia mediante la cual solicitó la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 5 de noviembre de 2015 y solicitó se ordenara la práctica de la experticia complementaria del fallo, en virtud de lo expuesto en la misma.
En fecha 23 de enero de 2017, en virtud de la incorporación del Juez Emilio Ramos, se reconstituyó la Junta Directiva de la Corte, quedando conformada de la siguiente manera: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, Juez Presidente; MARÍA ELENA CENTENO GUZMÁN, Jueza Vicepresidenta; EFRÉN NAVARRO, Juez.
En fecha 1º de marzo de 2017, la Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, se ratificó la ponencia al Juez EFRÉN NAVARRO, a quien se ordenó pasar el presente expediente a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente, en esa misma fecha, se pasó el presente expediente al Juez Ponente.
En fecha 15 de marzo de 2017, se recibió del Abogado Ramón Carrillo, actuando en su condición de tercero interesado en la presente causa, diligencia mediante la cual ratificó la solicitó hecha en fecha 2 de febrero de 2017 referida a la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 5 de noviembre de 2015 y solicitó se ordenara la práctica de la experticia complementaria del fallo.
Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previa las siguientes consideraciones:
I
DEL FALLO DICTADO POR ESTA CORTE
En fecha 3 de julio de 2014, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los Abogados Oswaldo Padrón Salazar y Rafael Pirela Mora Abogado, Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A., contra el acto contenido en la Resolución Nº 318.06, de fecha 6 de junio de 2006, emanado de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, bajo la siguiente motivación:
“CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
(…) la actora esgrimió en su escrito libelar con relación al presunto vicio de incompetencia denunciado que, de conformidad con el artículo 235 de la Ley General de Bancos, para que la demandada tenga competencia para intervenir y resolver un conflicto entre un consumidor de servicios bancarios y una institución financiera, ésta última tiene que haber quebrantado alguna disposición de la Ley General de Bancos u otra norma que rija la actividad financiera. Vale decir, que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras no tiene competencia para resolver cualquier tipo de conflicto que pueda presentarse entre las mencionadas partes, sino que la Ley General de Bancos ha circunscrito y delimitado expresamente su campo de acción en los términos establecidos en la normativa en comentario.
(...) Al respecto, la demandada en su escrito de contestación esgrimió que no existió usurpación de funciones cuando su mandante dictó la apertura del procedimiento administrativo y emitió instrucciones a la recurrente en relación a los hechos en cuestión, porque conforme al artículo 411 del Decreto que rige sus funciones, su mandante está facultado para realizar actividades de inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de todos los bancos y demás entes a que alude el artículo 2 y habiendo ocurrido la violación de una norma bancaria, alegar la inconstitucionalidad de dicha Resolución por falta de competencia, no es viable.
Ello así, a los fines de tomar una decisión ajustada a derecho considera pertinente esta Corte traer a colación el contenido del artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual expresa que:
(…)
En virtud de lo señalado en la norma supra citada, entiende esta Corte que el vicio de incompetencia es uno de los vicios más graves que afecta la validez del acto administrativo, ya que implica que el acto ha sido dictado por funcionarios u órganos que no estaban debida y legalmente autorizados para dictarlo, sea en virtud de que se extralimitaron en el ejercicio de las competencias que tenían para otra actuación o simplemente actuaron en usurpación de autoridad o funciones.
(…)
En el caso concreto, este Órgano Jurisdiccional considera necesario realizar unas breves consideraciones acerca de la naturaleza jurídica y facultades constitucionales y legales conferidas a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a los fines de determinar si la Administración incurrió en el vicio que se le imputa.
(…)
Establecido lo anterior, observa este Órgano Jurisdiccional que en el caso de marras el ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroteran, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Cooperativa Mepaco, R.L, acudió por ante la demandada y expuso que `…la Entidad Bancaria Banesco, Agencia La Villa, tiene un cierto grado de responsabilidad en el desfalco de que fue objeto la Cooperativa MEPACO, R.L., ya que avaló un cambio de firma de manera UNILATERAL, tomando únicamente la información suministrada por los ciudadanos CARLOS TORRES, JOSÉ HERRERA Y FRANK OVALLES, sin tener en sus manos la renuncia o desincorporación del ciudadano LEOCADIO CARRILLO, quien estaba autorizado para firmar en las cuentas bancarias ya referidas, asimismo, consideramos que el banco tiene responsabilidad al negarle a la Cooperativa MEPACO, R.L., cuando se le solicitó los estados financieros y movimientos bancarios de MEPACO, R.L., ya que si el Banco hubiere emitido tal información se habría detectado la irregularidad que se estaba cometiendo y si el Banco el negar tal petición, es cómplice solidario con las personas antes mencionadas en el desfalco de que fue objeto la Cooperativa MEPACO, R.L”, finalizó el referido escrito presentado indicando que `…de acuerdo a todo lo antes explanado, (…) solicita SU VALIOSA OPINIÓN…´ (Vid. Páginas 1 a 4 del expediente administrativo) (Mayúsculas del Original).
Ello así, es evidente que aún cuando el Apoderado Judicial de la Cooperativa Mepaco, R.L., tercera en la presente causa, indicó que requería una opinión con respecto a la situación planteada, de la descripción de los hechos se desprende el reclamó que el aludido ciudadano detenta en contra de la actora, en virtud del presunto desfalco que las cuentas corrientes de la mencionada Cooperativa alega padeció, por lo que la hoy en día Superintendencia de las Actividades del Sector Bancario, en ejercicio de las competencias ut supra descritas instauró procedimiento administrativo tendiente a esclarecer la situación planteada, el cual dio origen al acto administrativo impugnado, actuar que esta Corte encuentra ajustado a derecho, por cuanto la demandada ostenta plena facultades en miras de asegurar la protección de los servicios prestados a los consumidores por las instituciones financieras tal como se analizó. Así se decide.
(…)
Siendo ello así, observa este Órgano Jurisdiccional que tanto en el procedimiento administrativo instaurado, así como en el acto administrativo impugnado, la Administración indicó claramente a la demandante las normas que fueron infringidas con su actuar, siendo oportuno indicar que conforme al artículo 3 del Decreto con Rango de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras `…Las actividades y operaciones a que se refiere este Decreto Ley deberán realizarse de conformidad con sus disposiciones, el Código de Comercio, la Ley del Banco Central de Venezuela, las demás leyes aplicables, los reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional, a la normativa prudencial que dicte la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; así como a las resoluciones emanadas del Banco Central de Venezuela´ (Subrayado del original).
En consecuencia, debe esta Corte desechar por infundados los vicios de incompetencia y ausencia de base legal denunciados por la actora. Así se decide.
Por otra parte, la demandante denunció en su escrito libelar que el acto administrativo impugnado igualmente adolece de falso supuesto, por cuanto es falso que la cuenta de la cooperativa antes descrita, fue movilizada por terceras personas como sostiene la demandada, sino por las personas autorizadas que conformaban la junta directiva de la misma.
(…)
Expuesto lo anterior, en el caso de marras observa esta Corte que los denunciados vicios de falso supuesto, tanto de hecho como derecho, están dirigidos a desvirtuar el acto administrativo impugnado por cuanto, a juicio de la demandante es falso el hecho de que `…quedó plenamente demostrado que la no protocolización del Acta de Asamblea que sustituiría a los miembros de la Junta Directiva de esa Coorperativa [Mepaco, R.L.], resta validez a los actos y operaciones realizadas con posterioridad a la celebración de la misma, el no requerir el acta registrada para realizar un cambio de firmas autorizadas, resulta inexcusable pasa este Organismo, pues es de suponer que en la custodia de los haberes de los usuarios bancarios, Banesco Banco Universal, C.A., debió actuar como un buen padre de familia, quien debe siempre poner todo su empeño y esfuerzo para cuidar aquello que se le confía, entre estas obligaciones se encuentra la de velar y resguardar los intereses de los clientes…´.
(…)
De las normas transcriptas, se evidencia que la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, aplicable rationae temporae, establecía claramente la obligación de protocolización no solo del documento constitutivo y estatutario de las cooperativas, sino de sus respectivas modificaciones, así como de las reuniones generales de asociados o asambleas que se llevaran a cabo, las cuales por otra parte debían siempre ser enviadas a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, para su control por ser este el Organismo encargado de su supervisión y vigilancia.
Por otra parte, es necesario indicar que la protocolización de tales actas de asamblea es lo que las inviste de efecto erga omnes, esto es, las hace oponible a los terceros, siendo que con respecto a la simple asamblea llevada a cabo sin el cumplimiento de tal requisito, la misma solo sería válida entre las partes, ello así, siendo Banesco Banco Universal, C.A., un tercero con respecto a la Cooperativa Mepaco, R.L., debió exigir para su aceptación que el acta de asamblea presentada a los fines de llevar el cambio de firmas autorizado con respecto a las cuentas corrientes de la referida cooperativa, estuviera debidamente registrada.
En consecuencia, siendo que lo decidido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hoy día Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se ajustó no solo a los hechos sino al derecho, debe este Órgano Jurisdiccional desechar por infundados el vicio de falso supuesto denunciado. Así se decide.
En virtud de lo expuesto, se declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta. Así se decide” (Mayúsculas del original).
II
DEL FALLO DICTADO POR LA SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
En fecha 5 de noviembre de 2015, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia por medio de la cual declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por los Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A., en fecha 12 de agosto de 2014 contra la sentencia de fecha 3 de julio de de 2014 dictada por esta Corte, bajo la siguiente motivación:
“CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
(…) Punto previo.
De la solicitud de reposición de la causa por falta de emplazamiento de los terceros interesados.
Solicita la representante judicial de la entidad bancaria la reposición de la causa, en virtud de la omisión del Tribunal de primera instancia de ordenar en el Auto de Admisión de fecha 19 de junio de 2007, la notificación de los ciudadanos (José Herrera, Frank Ovalles y Carlos Torres, titulares de la cédula de identidad Nros. 7.209.711, 7.210.347 y 7.284.711, respectivamente, actuales miembros de la Junta Directiva) quienes -a su decir- mantienen interés directo en el resultado del juicio por manejar y dirigir las cuentas corrientes de la Cooperativa Mepaco, R.L.
(…) Con vista a lo antes indicado, aprecia esta Sala que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo actuó conforme a derecho al ordenar en el Auto de Admisión dictado en fecha 19 de junio de 2007 la notificación de la parte recurrente -sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A-; de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; y del representante legal de la Cooperativa Mepaco, R.L. -ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroterán-, denunciante en sede administrativa y librar el respectivo cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
De lo antes expuesto, se observa que el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no tenía la obligación de notificar a los actuales representantes legales de la Cooperativa Mepaco, R.L., pues independientemente de la posición que el ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroterán, tenga dentro de la estructura organizacional de la Cooperativa, dicho ciudadano no actuaba en nombre propio sino en representación y defensa de los intereses de la Cooperativa, razón por la cual resulta improcedente la solicitud de reposición de la causa. Así se decide.
1.- Violación del derecho a la defensa y al debido proceso.
Denuncia la apoderada judicial de la parte apelante que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso de su representada al otorgar pleno valor probatorio a los argumentos esgrimidos por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) en el procedimiento administrativo sin verificar previamente la cualidad del ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroterán, -denunciante en sede administrativa- para actuar en nombre de la Cooperativa Mepaco, R.L.
En este punto resulta importante traer a colación lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que indican:
(…) Como puede observarse de las normas anteriormente transcritas, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no establece como obligación el otorgamiento de poder ante un Notario Público previo a la actuación del administrado. Según el artículo 26 eiusdem ello es potestativo para el administrado, lo cual se interpreta literalmente de la conjunción disyuntiva `o´, que, según el Diccionario de la Real Academia Española, denota `diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas´.
(…) A los efectos de verificar la cualidad del ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroterán en el procedimiento administrativo sustanciado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), esta Sala observa lo siguiente:
En fecha 29 de marzo de 2005 el ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroterán, titular de la cédula de identidad Nro. 3.402.355, actuando en su carácter de representante legal de la Cooperativa Mepaco R.L. según instrumento Poder debidamente autenticado ante la Notaría Pública de Cagua, Municipio Sucre del Estado Aragua en fecha 24 de enero de 2005, anotado bajo el número 52, tomo 351 de los libros de autenticaciones llevados por la mencionada Notaría, presentó escrito de denuncia ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN). (folio 74 del expediente administrativo).
Posteriormente en fecha 2 de junio de 2005 la entidad bancaria recurrente envió comunicación a la Consultoría Jurídica de la Superintendencia recurrida en la cual reconoce expresamente que la denuncia había sido planteada por `el ciudadano Ramón Carrillo en su carácter de representante legal de Cooperativa Mepaco, R.L, relacionado con la inconformidad en el cambio de las firmas autorizadas en su cuenta´. (folio 121 de las actas procesales).
De lo antes expuesto se evidencia que el ciudadano Ramón Alexis Carrillo Berroterán, titular de la cédula de identidad Nro. 3.402.355, actuó durante todo el procedimiento administrativo como representante legal de la Cooperativa Mepaco, R.L. (así lo acepta y lo reconoce la entidad bancaria recurrente), sin que se observen del expediente alegatos en sede administrativa de parte de la apoderada judicial de Banesco Banco Universal, C.A. que denotaran su inconformidad con dicha representación.
Con base en lo anterior, se desestima el argumento relativo a la violación al debido proceso alegado por la representación judicial de la empresa recurrente. Así se decide.
2.- Usurpación de funciones.
Señala la representación judicial de la parte apelante que si bien la Administración puede aplicar sanciones de multa en los casos de incumplimiento de la normativa bancaria, tal facultad no debe suponer usurpar la función jurisdiccional imponiéndo en un conflicto `inter partes´ condenatorias civiles a favor de los particulares.
Respecto a la denuncia de usurpación de funciones en la que presuntamente incurrió la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, por haber dictado la Resolución impugnada y resolver un conflicto “inter partes” derivado de una relación contractual; la Sala estima conforme a derecho tanto la posición asumida por la Administración en el acto administrativo recurrido como por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo al dictar su decisión, pues el numeral 29 del artículo 235 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 2001, indica que la mencionada Superintendencia tiene atribuida la potestad de conocer, tramitar y resolver los reclamos de los usuarios, relativos al quebrantamiento de las disposiciones que rigen la actividad bancaria en general, sin que pueda entenderse como una usurpación de las funciones del Poder Judicial. En consecuencia, se desestima el aludido alegato. Así se declara.
3.- De la ausencia de base legal de la Resolución impugnada y la violación al principio de legalidad en materia sancionatoria.
La representación judicial de Banesco Banco Universal, C.A., señala que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo incurre en error de juzgamiento pues las normas utilizadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) como fundamento de la Resolución impugnada no le son aplicables a su representada al no existir normativa que establezca un procedimiento técnico para los cambios de firmas de las cuentas bancarias y mucho menos que faculte a la Administración para ordenar el reintegro de cantidades de dinero reclamadas por el denunciante en el procedimiento administrativo.
Para resolver el alegato relativo a la ausencia de base legal del acto administrativo impugnado, la Sala debe señalar que la Administración para dictar su decisión revisó las normas aplicables a los entes sometidos a su control, las cuales identificó en el texto de la Resolución Nro. 318-06 del 6 de junio de 2006 cuando hizo referencia a los artículos 238 y 456 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así como a los artículos 10 y 11 del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones y Cooperativas, ambas del año 2001, aplicables al caso concreto y en el marco del principio de la legalidad sancionatoria, en consecuencia esta Alzada estima ajustada a derecho la sentencia apelada y desestima el argumento planteado sobre dicho particular. Así se decide.
4.- Vicio de falso supuesto.
(…) En cuanto a la denuncia de falso supuesto de hecho formulada por la apoderada judicial de la parte recurrente, el Tribunal de la causa señaló que el fundamento central de la Resolución impugnada lo fue el incumplimiento de la entidad bancaria Banesco Banco Universal, C.A., de su deber de proteger el dinero de la Cooperativa Mepaco, R.L., lo cual se tradujo en una infracción de los artículos 238 y 456 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así como de los artículos 10 y 11 del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones y Cooperativas ambas de 2001 -aplicables en razón del tiempo- que exigían presentar protocolizadas las actas de asambleas donde se adoptaran decisiones, para evidenciar -en el caso concreto- quienes eran los responsables en el manejo de los fondos de la referida Cooperativa.
Igualmente, esta Alzada debe advertir que la información consignada por la entidad bancaria recurrente fue valorada en su totalidad por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual concluyó que dicha documentación resultaba insuficiente para modificar la decisión tomada por la Administración, en consecuencia la Sala debe desestimar el alegado vicio de falso supuesto. Así se decide.
(…) Respecto al vicio de falso supuesto de derecho denunciado por la entidad bancaria recurrente, esta Sala debe concluir que tanto la Providencia impugnada como la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo aplicaron y analizaron correctamente los hechos y el derecho al destacar el incumplimiento de la entidad bancaria recurrente de los artículos 10 y 11 del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones y Cooperativas; 238 y 456 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ambas del año 2001 -aplicables al caso- que exigían -a Banesco Banco Universal- verificar si las actas de asambleas presentadas para el cambio de firma y manejo de fondos de la Cooperativa se encontraban debidamente protocolizada, verificación que en el caso en concreto fue omitido por la institución bancaria recurrente, en consecuencia se desestima el alegado vicio de falso supuesto de derecho. Así se decide.
5.- Violación al derecho de propiedad y a la libertad económica, del ilegal pago ordenado por la Administración y la inejecutabilidad de la Resolución impugnada.
Denuncia la parte apelante que reconocer a través de un acto administrativo que puedan dirimirse conflictos de índole civil `impone un mandato confiscatorio de los bienes de su representada´ y se traduce en una violación al derecho a la propiedad y la libertad económica de los particulares.
(…) Con respecto al argumento presentado por la apoderada judicial de la entidad bancaria recurrente relativo a la violación de los derechos a la libertad económica y confiscación consagrados en los artículos 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; la Sala debe advertir que el alegato planteado por la apelante resulta genérico, confuso e indeterminado toda vez la figura de la confiscación de acuerdo a su naturaleza y significado no resulta aplicable a casos en los que se discute la legalidad de un acto administrativo que ordena el pago de una cantidad de dinero sustraída irregularmente de una cuenta bancaria, en este caso de la Cooperativa Mepaco, R.L.
Por otra parte, en lo atinente a la `inejecutabilidad de la Resolución impugnada´, la Sala debe señalar que la Resolución recurrida -contrario a lo indicado por la entidad bancaria- impone una obligación ejecutable o realizable por la recurrente, pues la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, más allá de aplicar una sanción lesiva a la empresa Banesco Banco Universal, C.A. la instó a modificar su posición de acuerdo a las exigencias previstas en las normas antes señaladas ante la sustracción no autorizada de los fondos de la Asociación Cooperativa Mepaco, R.L. En consecuencia, se desestima el indicado alegato.
6.- Violación al principio de proporcionalidad.
(…) En el presente caso, se aprecia que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) en ejercicio de sus facultades y la debida adecuación entre la gravedad del hecho y el derecho aplicable, instó a la entidad bancaria recurrente a modificar su posición en virtud de la flagrante violación de lo previsto en los artículos 238 y 456 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así como de los artículos 10 y 11 del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones y Cooperativas -ambas del año 2001-; en consecuencia, esta Alzada estima ajustada a derecho la sanción impuesta por la Administración a la entidad bancaria apelante. Así se decide.
De acuerdo a lo anterior, a juicio de la Sala no queda duda del incumplimiento de la empresa Banesco Banco Universal, C.A., de su obligación de verificar el cambio de firma en las cuentas de ahorro y corrientes conforme a las normas vigentes, razón por la cual en aplicación del principio de la justicia material se ordena a la prenombrada entidad bancaria reintegrar los fondos que ilegalmente fueron sustraídos de la cuenta corriente de la Asociación Cooperativa Mepaco, R.L.
Sobre la base de las consideraciones realizadas, esta Alzada declara Sin Lugar el recurso de apelación incoado por la apoderada judicial de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A.; en consecuencia, Confirma el fallo dictado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 3 de julio de 2014. Así se decide” (Mayúsculas y negrillas del original).
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Corresponde a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo pronunciarse acerca de la solicitud de ejecución interpuesta por el Abogado Ramón Carrillo, actuando en su carácter de tercero interesado en la presente causa para lo cual pasa a realizar las siguientes precisiones:
En fecha 2 de febrero de 2017, el Abogado Ramón Carrillo, actuando en su carácter de tercero interesado en la presente causa, solicitó mediante diligencia la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 5 de noviembre de 2015 en los siguientes términos, “Muy respetuosamente solicito a la Corte Primera, la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 04-11-2015 (sic), e igualmente ordene sea practicada la experticia complementaria del fallo”.
Ello así, debe esta instancia jurisdiccional mencionar que si bien la solicitud de ejecución se hace sobre la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 5 de noviembre de 2015, lo mismo se traduce en una errada apreciación de la parte solicitante, pues esta sentencia, lo que hace es confirmar lo ya decidido en fallo de esta Corte en fecha 3 de julio de 2014, por lo cual la solicitud de ejecución recaería en todo caso en esta última, que es la que resuelve el fondo de la controversia en primera instancia. Así se declara.
En ese sentido, debe destacar esta Corte que la ejecución de las sentencias se traduce en la materialización, realización o satisfacción práctica de la pretensión que hizo valer la parte actora en el proceso y, es donde se consolida verdaderamente la efectividad de la protección judicial y cuya importancia es tal, que de ella depende la consolidación de la efectividad de la tutela judicial, derecho fundamental que reconoce el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, el artículo 253 eiusdem, este último con una perspectiva dirigida a los operadores de justicia que les concierne ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado.
Así pues, tenemos un sistema reforzado de garantías procesales que, de manera directa o indirecta, tienen por objeto hacer cumplir con lo ordenado en las decisiones judiciales y, desde la perspectiva del órgano o funcionario del Poder Judicial, surge como un deber de realizar todas las actuaciones que considere conducentes al logro de este fin, en aras de dar cumplimiento a la consolidación de la tutela judicial efectiva y, con ello satisfacer dichos derechos consagrados en nuestra Carta Magna, que se erigen como la base de todo el sistema de administración de justicia.
Por otra parte, es conveniente añadir que la ejecución de la sentencia es una exigencia legal establecida al máximo nivel, pues está consagrada en nuestra Constitución en su artículo 253, correspondiéndole a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.
Debe señalarse que la sentencia que decida el fondo y revista carácter firme, posee fuerza ejecutiva, sumado a esto, debe existir la posibilidad real de ejecución del fallo, ya que la ejecución de la sentencia si fuera física o legalmente imposible no permitiría cumplir lo que se pronuncie en la misma.
Ahora bien, bajo esta concepción de justicia y la tutela judicial efectiva, debe resaltarse la importancia que la ejecución de los fallos reviste, pues, de conformidad con las consideraciones previas, la materialización de los efectos jurídico-procesales y jurídico-materiales de las sentencias contribuyen a garantizar el respeto y primacía de los enunciados constitucionales, que no deben ser entendidos como “(…) simples principios programáticos, sin valor normativo de aplicación posible, por el contrario son justamente la base entera del ordenamiento, la que ha de prestar a éste su sentido propio, la que ha de presidir por tanto toda su interpretación y aplicación (…)” (Vid. GARCÍA De Enterría, Eduardo, “La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional”, Ed. Civitas, Madrid, España, 20001, pp. 98).
Ello así, debe destacarse que los efectos de los fallos están condicionados evidentemente a los diferentes tipos de sentencias existentes, a saber, declarativas, constitutivas, de condena o mixtas, partiendo de una clasificación basada en el fin que persiguen, en el entendido de que éstos efectos o consecuencias jurídicas se producen tanto en el proceso como en la relaciones jurídicas de fondo sobre las que versan.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 02-0313 de fecha 3 de agosto de 2002, en su contenido hace referencia a los tipos de sentencia, de la siguiente manera:
“…Cuando en el dispositivo del fallo se ordena o impone una prestación al obligado porque se estima la pretensión del que exige justicia, se está ante las denominadas sentencias de condena; por otro lado, cuando el dispositivo del fallo no ordena ningún cumplimiento frente a un obligado, sino que reconoce una situación jurídica preexistente, sin modificar la relación jurídica sustantiva, cabe hablar de sentencias declaratorias; y, por último, cuando la sentencia afecta a la relación jurídico material en tanto crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica, se habla de las denominadas sentencias constitutivas…”. (Resaltado de esta Corte).
En ese sentido, entendemos que en el caso de marras, la sentencia cuya ejecución ha sido solicitada, es una sentencia declarativa, pues, como ha sido señalado por la doctrina y jurisprudencia nacional, las sentencias declarativas en el Contencioso Administrativo “…son aquellas que satisfacen o deniegan una pretensión de declarar la existencia o constatar una determinada situación jurídica (…) que se limita a dar firmeza a la situación jurídica sobre la que versa, se limita a verificar la realidad jurídica, pero no la modifica” (Vid. PÉREZ Andrés, Antonio Alfonso, “Los Efectos de las Sentencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, Ed. Aranzadi, Sevilla, España, 2000, pp.56).
Tal como se indicó anteriormente, la sentencia cuya ejecución ha sido solicitada ya produjo los efectos inherentes a la misma, pues, estableció una certeza jurídica sobre una situación ya existente, en el sentido que confirmó la sentencia apelada que fuera dictada por esta Corte en fecha 3 de julio de 2014 que declaró o estableció en sede jurisdiccional, que lo decidido por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, hoy día Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se ajusto a los hechos y al derecho, desechando todos los vicios alegados, generando en consecuencia la declaratoria de sin lugar del recurso de nulidad interpuesto contra del acto administrativo impugnado, quedando firme este último.
Observa esta instancia jurisdiccional que el fallo emanado de esta Corte en fecha 3 de julio de 2014, confirmado por medio de sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 5 de noviembre de 2015 y del cual se ha solicitado su ejecución, descartó los alegatos y vicios alegados por la parte actora respecto a la solicitud de nulidad del acto administrativo dictado por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, hoy día Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
Es por lo que, en abundancia sobre el tema, el tratadista Humberto Cuenca explica que en las características de las sentencias declarativas destaca que: a) No requieren ejecución; b) Despejan la duda y la incertidumbre sobre ciertos hechos subjetivos y alejan la amenaza o el peligro sobre situaciones jurídicas conflictivas; c) Producen retroacción al estado inicial que declara existente o extinguido.
En el presente caso, se declaró sin lugar la solicitud de la nulidad del acto administrativo impugnado, declaratoria que por sí sola produce el efecto de consolidar y reafirmar el estado inicial, es decir, la legalidad de la resolución Nº 318.06 de fecha 6 de junio de 2006 emanada de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras hoy día Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
Asimismo, para esta Corte es necesario indicar que la parte solicitante de la ejecución y que actúa con carácter de tercero interesado en la presente causa, debe recurrir en sede administrativa a fin de que la Administración ejecute el acto administrativo que se declaró firme tanto por esta Corte en sentencia de fecha 3 de julio de 2014 y ratificado en sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la de fecha 5 de noviembre de 2015, puede hacer valer los fallos previamente indicados, configurados como instrumentos públicos que tienen carácter vinculante entre las partes intervinientes en el proceso e incluso los terceros interesados. De forma tal, que la parte solicitante debe dirigirse al órgano competente y realizar la petición correspondiente, indicándole a la Administración la decisión dictada por este órgano jurisdiccional y que sirve como criterio vinculante en pro de su pretensión, y en el caso de no recibir repuesta, puede y debe activar la vía jurisdiccional como parte actora. Así se declara.
Es de la forma señalada que la parte solicitante debe hacer valer lo decidido por esta Corte, al ser una sentencia cuyos efectos son de tipo declarativo y por tanto no requiere de la activación de la vía ejecutiva para su cumplimiento por todos aquellos sujetos implicados en el proceso.
Por todo lo antes expuesto esta Corte debe declarar que la solicitud de ejecución de la sentencia bajo análisis, es IMPROCEDENTE. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1-IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución realizada por el Abogado Ramón Carrillo, actuando en su condición de tercero interesado en la presente causa.
2-Se ORDENA practicar la notificación de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A, parte actora, a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, parte recurrida, y al Abogado Ramón Carrillo, actuando en su condición de tercero interesado en la presente causa.
3-REMÍTASE el expediente a la Secretaría de esta Corte a objeto de practicar las correspondientes notificaciones.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ____________________ ( ) días del mes de _______________________ de dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
El Juez Presidente,
EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
La Jueza Vicepresidenta,
MARÍA ELENA CENTENO GUZMÁN
El Juez,
EFRÉN NAVARRO
Ponente
La Secretaria Accidental,
MARGLY ELIZABETH ACEVEDO
EXP. Nº AP42-N-2006-000316
EN/
En Fecha________________________ ( ) de __________________________________ de dos mil diecisiete (2017), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.
La Secretaria Accidental,
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