REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Barquisimeto, treinta de marzo de dos mil diecisiete
206º y 158º

Exp. Nº KH01-X-2016-000164

En fecha 09 de febrero de 2017, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, el Oficio Nº 0900-102, de fecha 27 de enero de 2017, emanado del Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, anexo al cual remitió el presente asunto contentivo del cuaderno separado de recusación abierto en el expediente Nº KP02-V-2015-000366, referido al juicio por nulidad acta de asamblea, incoado por el ciudadano ROSALINDA SALAS, titular de las cedula de identidad N° 1.569.781, contra el ciudadano ARTURO SALAS FELICE, titular de la cedula de identidad N° 7.388.601.
Posteriormente, en fecha 24 de febrero de 2017, es recibido el presente asunto en este Juzgado Superior.
Tal remisión se originó con ocasión al informe de recusación, presentado en fecha 22 de noviembre de 2016, por la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, con respecto a la recusación planteada por la abogada Maglin Vera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 140.869, asistiendo a la ciudadana Rosalinda Salas, ya identificada, parte demandante.
En fecha 02 de marzo de 2017, este Juzgado Superior dio entrada a la presente incidencia, dejando constancia que se tramitara de conformidad con el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil y ordenando notificar a la jueza recusada.
En fecha 29 de marzo de 2017, mediante auto este Órgano Jurisdiccional dejó constancia del vencimiento del lapso de pruebas, admitiendo las pruebas promovidas la parte recusante y en consecuencia ordenó seguir con el procedimiento de Ley.
Revisadas las actas procesales este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:
I
DE LA RECUSACIÓN

Mediante escrito presentado por la abogada Maglin Vera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 140.869, asistiendo a la ciudadana Rosalinda Salas, ya identificada, parte demandante, interpuso recusación contra la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con fundamento en lo siguiente:

“En esta misma fecha 18/11/2016, presente formal solicitud de inhibición y/o recusación en contra de su persona, en el asunto KP02-V-2015-2234, el cual versa sobre las mismas partes de este proceso; Demandante: Rosalinda Salas; Demandado: Arturo Salas Felice, Motivo: Nulidad de Actas de Asamblea, siendo una de las actas objeto de esa nulidad, precisamente la misma acta de asamblea de la apresa Salfeca C.A que es objeto del juicio de tacha de falsedad de documento público en donde el ia de hoy presente la recusación en su contra; recusación que quedó plasmada en los siguientes linos y por las causales que allí suficientemente se explican:
Usted tiene conocimiento que mi hermano es un bandido y un delincuente y a pesar de ello y por supuesto para mi completa sorpresa USTED se alió con él, se convirtió en su cómplice y en su facilitadora para la continuidad de los ¿¿dos delictivos por el cometidos cuando en fecha 27/09/201ó Usted dicto una sentencia la cual USTED también sabe que fue una completa locura, por supuesto tanto usted, como Arturo y como yo, sabemos cuál fue la verdadera razón de esa barbaridad que usted cometió DESACATANDO un mandato de la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, y si le digo que yo también lo sé, es porque ARTURO SALAS no le guarda secretos a nadie y estoy segura que en pocos días saldrán a relucir los mínimos detalles que dieron origen a esa sentencia agraviante que usted dicto en mi contra, en contra del debido proceso y en contra del sistema de justicia que usted representa (…)”.

II
DEL INFORME DE RECUSACIÓN

En fecha 22 de noviembre de 2016, la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, presentó el correspondiente informe, con ocasión a la recusación planteada por la abogada Maglin Vera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 140.869, asistiendo a la ciudadana Rosalinda Salas, ya identificada, parte demandante; informe que presentó en los términos siguientes:
“En horas de despacho del día de hoy, veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), presente en la Sala del Despacho de este Tribunal la Abogada EUNICE BEATRIZ CAMACHO MANZANO, en su carácter de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en presencia de la Secretaria de este Tribunal, Abogada BIANCA MARINA ESCALONA TORREALBA, para consignar en este acto, de conformidad con el último aparte del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, informe correspondiente a la recusación que en diligencia de fecha 18 de noviembre de 2016, fue presentada ante mí, por la ciudadana ROSALINDA SALAS, titular de la cédula de identidad N° 1.569.781, asistido por la abogada MAGLIN VERA, inscrita en el Inpreabogado N° 140.869, donde expone lo siguiente:
Asegura el querellante que estoy en conocimiento que su hermano demandado no le permite el acceso a la empresa porque la tiene secuestrada, que su hermano le falsificó la firma, que su hermano es un bandido y un delincuente. Que estoy parcializada por el abogado de la contraparte y en contra de su persona. Que cometí un acto errado y demostrativo de absoluta parcialidad, que me hace responsable penal y civilmente. Finalmente asegura que no puede esperar una sentencia imparcial y que garantice sus derechos constitucionales, razón por la cual recua a quien suscribe basado en los numerales 15 y 18 del Código de Procedimiento Civil, a saber, haber manifestado opinión sobre el fondo y la enemistad.
Los numerales in comento establecen:
Artículo 82.- Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:
15. Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa.
18. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado.
De conformidad con la norma in comento existirá causal de recusación siempre que el Juez, en este caso, adelante opinión sobre el fondo. Por fondo debe entenderse la conclusión de los hechos que determinen la procedencia o no de la demanda, criterio o comentario que indefectiblemente constituya influencia sobre la decisión final. Doctrina patria sobre esta causal, como la expuesta por el Maestro Ricardo Henriquez La Roche en sus cometarios al Código de Procedimiento Civil (pág. 182), establece:
La extensión del ordinal 15 del artículo 82 a las incidencias pendientes, no significa que el propósito de la ley haya sido calificar como prejuzgamiento lo que se declare en una decisión interlocutoria (como la de medidas preventivas”; significa, por el contrario, que el juez queda inhabilitado para dictar la interlocutoria si ha adelantado opinión sobre el mérito del incidente respectivo, y que también en un incidente puede eventualmente prejuzgar sobre lo principal.
De estas consideraciones se entiende que el pronunciamiento adelantado sobre una incidencia desemboca en la inhabilitación para decidirla posteriormente, y dependiendo del alcance de ese pronunciamiento puede afectar el fondo de la pretensión. La magnitud o alcance del pronunciamiento evidentemente corresponde al Juzgador, quien en última instancia debe establecer la ocurrencia del supuesto de hecho contemplado en el ordinal 15 comentado. Al examinar la causa marras es claro que esta juzgadora se atuvo a las exigencias relacionadas con la presunción de buen derecho y el peligro de mora, por lo tanto, mal puede asegurar la recusante que este tribunal se pronunció sobre el fondo, razón por la cual rechazo la causal.
Sobre la enemistad denunciada igualmente la rechazo, con la recusante no he tenido un trato distinto al que doy a los demás intervinientes en juicio. No considero mi enemiga a la recusante, porque sencillamente no le conozco nunca he tenido trato con ella, razón por la cual también rechazo la causal.
Finalmente deseo agregar que el punto medular de esta recusación descansa en una medida cautelar que el tribunal dictó y por lo cual se declaró sin lugar. La decisión se dictó haciendo alusión a una sentencia de un Tribunal Superior, sentencia que posteriormente revocó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Este tribunal en números decisiones ha advertido que las medidas cautelares no constituyen cosa juzgada en sentido estricto, por ello a un tribunal le es dable revocar, ratificar o modificar las medidas que dicta siempre y cuando su decisión esté fundamentada, este tribunal concluyó que la cautelar no debía ser acordada y explicó su razón. Si la decisión estaba o no ajustada a derecho era una situación que la denunciante podía revisar con el ejercicio del recurso de apelación, este juzgado aunque decidió en contra de la recusante nunca emitió oficio o comunicó a otros organismos la sentencia, en otras palabras, nunca ejecutó la cautelar, precisamente a la espera del recurso que la parte pudiera ejercer.
La recusante solicitó al tribunal que revocara por contrario imperio la decisión, pero expresamente se le señaló que por el mandato del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil la sentencia interlocutoria no podía ser revocada o modificada, salvo que surgieran otros hechos nuevos que permitieran la revisión de la cautelar. En síntesis, la disconformidad con la decisión justifica la interposición de los recursos de rigor, mas no justifica el cúmulo de argumentos y expresiones peyorativas en contra de quien suscribe, ningún particular puede en uso de un derecho invadir el terreno de lo personal irrespetando la majestad de la institución que se representa, razón por la cual solicito sea declarada sin lugar la recusación.
Por lo que encontrándome satisfecha de haber cumplido con mi deber, sin vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes; NIEGO, RECHAZO Y CONTRADIGO enfáticamente, que me encuentre incursa en la causal invocada; es por ello, que formalmente rindo el presente informe, a los fines de dar fiel cumplimiento al la norma contenida a la cual se refiere el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, y que sea el Juez de Alzada quien decida la improcedencia de la recusación propuesta.
A los fines de la confrontación respectiva que habrá de efectuar el Juez Superior, conforme al artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, procédase a la apertura del Cuaderno Separado de Recusación a fin de tramitar lo concerniente con la sentencia de recusación, el cual contendrá una copia certificada del presente informe, para ser remitida al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara (a quien corresponda por distribución), a los fines de que conozca de la recusación propuesta (…)”.

III
DE LA COMPETENCIA

Corresponde en primer término establecer la competencia de este Juzgado para conocer la recusación planteada por la abogada Maglin Vera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 140.869, asistiendo a la ciudadana Rosalinda Salas, ya identificada, parte demandante, contra la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; al efecto se observa que el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
“En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia a los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales dictarán la resolución dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones”.

Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.262 Extraordinario de 11 de septiembre de 1998), establece lo siguiente:


“La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el tribunal de Alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de la alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición (…)”.

Así, según lo previsto en las normas ut supra señaladas, visto que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se constituye como un tribunal unipersonal que actúa en la misma localidad que esta Alzada, este Juzgado resulta competente para conocer de la recusación planteada contra la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. ASÍ SE DECLARA.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Visto los términos en que ha sido planteada la recusación de autos por parte de la abogada Maglin Vera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 140.869, asistiendo a la ciudadana Rosalinda Salas, ya identificada, parte demandante, así como del informe presentado por la Jueza recusada, es preciso efectuar las consideraciones siguientes:
Considera necesario este Tribunal Superior señalar que la recusación, como acto de las partes, comporta un poder para provocar la exclusión del juez del conocimiento del asunto del cual se trate; es pues, un acto de la parte, por el cual exige la exclusión del conocimiento de la causa, por encontrarse en una especial posición o vinculación con los intervinientes o con el objeto de ella y no haber dado cumplimiento a su deber de inhibición. (Rengel Romberg, Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo I. Ediciones Paredes. Caracas - Venezuela. 2013. Pág. 375).
Así mismo, “Toda recusación es infamante pues constituye la descalificación, repulsa y petición de apartamiento del juez en el conocimiento de la causa” (Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Dr. RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, Tomo I, Pag. 320)
En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1998, de fecha 18 de octubre de 2001, estableció lo siguiente:
“La recusación es una institución destinada a preservar la imparcialidad del juez, a través del poder que ejercen las partes para solicitar la exclusión del juez del conocimiento de la causa, por cualquiera de los motivos previstos legalmente.
En efecto, el juez en el ejercicio de su función de administrar justicia debe ser imparcial, esto es, que no debe existir ninguna vinculación subjetiva, bien entre el juzgador y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento, o con el objeto de la misma, ya que la existencia de algunos de estos vínculos conlleva a la inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en el caso concreto (…)”.

Así pues, al igual que la inhibición la recusación, constituye un acto procesal que involucra de manera principal al Juez o cualquier otro funcionario que interviene en la función jurisdiccional, por encontrarse incursos en alguna de las causales de recusación previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
Debe reiterarse que según se desprende de las causales establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento, lo que se persigue es que el Juez o cualquiera de los funcionarios que deban intervenir en el procedimiento judicial se separen del conocimiento de determinada causa, por tener una especial vinculación con las partes, el objeto de litigio o cualquier otro interés calificado por el legislador que pueda causar el pronunciamiento de una decisión no objetiva, es decir, que afecte el fondo de la controversia, perjudicándose con ello de manera arbitraria a alguna de las partes. Tal vinculación que es rechazada por el ordenamiento jurídico, a los fines de garantizar un proceso imparcial y transparente, ha de entenderse ocurrida en el juicio principal o alguna incidencia que se derive de aquél.
En tal sentido y planteada como ha sido la incompetencia subjetiva del precitado funcionario, corresponde a este tribunal de alzada determinar si la recusación fue planteada en el lapso oportuno, en forma legal y fundada en una causal establecida por la ley, conforme a lo establecido en los artículos 90, 92 y 82 del Código de Procedimiento Civil.
En relación al primer requisito relativo al lapso oportuno para interponer la recusación, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil señala:
“La recusación de los Jueces y Secretarios sólo podrá intentarse, bajo pena de caducidad, antes de la contestación de la demanda pero si el motivo de la recusación sobreviniere con posterioridad a ésta, o se tratara de los impedimentos previstos en el artículo 85, la recusación podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio.
Caso de que fenecido el lapso probatorio, otro Juez o Secretario intervengan en la causa, las partes podrán recusarlos, por cualquier motivo legal, dentro de los tres días siguientes a su aceptación”.

En el caso que nos ocupa, se observa claramente que la causal por la que se recusa al funcionario -Juez- es de manera sobrevenida en el presente asunto, por cuanto la misma surgió en el proceso, es decir las circunstancias en la que se fundamentó la recusación no son preexistentes al juicio. Así se decide.
Respecto al segundo requisito relativo a la forma en que fue planteada la recusación, el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil señala:
“La recusación se propondrá por diligencia ante el Juez, expresándose las causas de ella.
Si la recusación se fundare en un motivo que la haga admisible, el recusado, en el día siguiente, informará ante el Secretario del Tribunal, indicando lo conveniente para la averiguación de la verdad.
Si el recusado fuere el mismo Juez, extenderá su informe a continuación de la diligencia de recusación, inmediatamente o en el día siguiente”.

En relación al segundo requisito consta la demostración de que la incompetencia subjetiva ha sido planteada en forma legal, toda vez que consta en el escrito contentivo de la recusación, el sello húmedo del tribunal, la firma del secretario y del juez (inserta a al folio 10) remitida en copia certificada por el Juzgado a quo. Así se decide.
Finalmente, para cumplir con el tercer requisito se requiere: a) que se encuentre fundada en causa legal; b) que se indiquen cuales son los hechos concretos que se subsumen en la causal alegada y; c) que se acompañen las pruebas pertinentes para demostrar tales hechos.
En el caso de autos, se ha planteado una recusación contra la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de conformidad con la causal prevista en el numeral 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece lo siguiente:

Artículo 82. Los funcionarios judiciales, se ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:
(…)
18. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado. (…)”.

En tal sentido, observa este juzgado en cuanto a los hechos concretos alegados por el recusante que los mismos provienen en virtud que “(…) se alió con él, se convirtió en su cómplice y en su facilitadora para la continuidad de los actos delictivos por el cometidos cuando en fecha 27/09/2016 Usted dicto una sentencia la cual USTED y también sabe que es una completa locura (…)”.
Por su parte, la Juez recusada sostuvo que “(…) Por lo que encontrándome satisfecha de haber cumplido con mi deber, sin vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes; NIEGO, RECHAZO Y CONTRADIGO enfáticamente, que me encuentre incursa en la causal invocada (…)”.
Así las cosas, este Juzgado Superior atendiendo a lo expuesto por cada una de las partes intervinientes, considera necesario señalar que la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes en señalar que la enemistad manifiesta debe entenderse cuando han existido frases hirientes y/o despectivas entre el juzgador y la parte, en diversas ocasiones, o bien han ocurrido amenazas, agresiones e injurias, lo cual debe quedar probado en autos.
Por lo tanto, no basta con señalar circunstancias de hecho en sentido abstracto para invocar alguna de las causales previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sino que existe una carga para el interesado en adecuar sus afirmaciones a la conducta que considera contraria a derecho por parte del recusado, la vinculación a su caso concreto para sostener que pudiera verse lesionado ante la eventual parcialidad del jurisdicente, y llevar elementos de convicción tendientes a comprobar que en efecto existe un impedimento en el recusado para conocer determinado asunto, y por consiguiente, comprometida su imparcialidad, por hechos concretos y no simples suposiciones no apreciables de manera objetiva.
Aunado a lo anterior se ha establecido doctrinariamente la existencia de tres requisitos para la procedencia de esta causal de recusación, a saber: i) la enemistad debe ser extra-procesal; ii) el sentimiento de enemistad ha de ser personal del Juez y; iii) dicha enemistad debe ser manifiesta. En tal sentido, JOAN PICÓ I JUNOY en su obra titulada “La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la recusación”, J.M. Bosch Editor, Barcelona, España 1998, expresó lo siguiente:
“En primer lugar, y como regla general, la enemistad debe ser extraprocesal, es decir, ha de surgir al margen de la existencia de un proceso (…). En segundo lugar, el sentimiento de enemistad ha de ser personal, esto es, debe existir en su esfera emocional, por lo que es indiferente la enemistad que le pueda profesar alguna de las partes si el juzgador no lo concibe como enemigo (…). Y, en tercer lugar, es necesario que dicha enemistad sea manifiesta, esto es, haya sido exteriorizada a terceras personas (…)”.

Asimismo, cabe destacar, que tal como ha señalado la más calificada doctrina patria, reiterada por nuestra jurisprudencia casacionista, la enemistad a que hace referencia el ordinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, debe ser manifiesta, vale decir que esta enemistad no debe presumirse, ni estar fundada en motivos más o menos graves, debe estar demostrada con hechos palpables, concretos que hagan inobjetable su existencia.
Así pues, vinculando lo anterior al caso de autos, a los fines de demostrar la parcialidad de la Juez recusada, la parte recusante promovió una serie de elementos probatorios:
• Promueve y consigna copia simple marcado con la letra A, libelo de la demanda y auto de admisión de la demanda de tacha de falsedad de documento público contenida en el asunto principal KP02-V-2015-002234 y su cuaderno de medidas KH02-X-2015-000062, en el cual fue recusada la Juez Eunice Camacho (folio 20 al 29).
• Promueve y consigna copia simple marcada con la letra B, auto de fecha 27 de septiembre de 2016, emitido por la Juez recusada, en el asunto KP02-V-2015-002234 (folio 30 y 31).
• Promueve y consigna copia simple marcada con la letra C, auto emitido por la Juez recusada, de fecha 1 de noviembre de 2016, mediante el cual ratifico la absurda decisión del 27 de septiembre de 2016 (folio 32).
• Promueve y consigna copia simple marcado con la letra D, acción de amparo constitucional interpuesto en contra la decisión de fecha 27 de septiembre de 2016 emitida por la Juez recusada (folio 33 al 44).
• Promueve y consigna copia certificada marcada con la letra E, decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara (folio 45 al 50).
• Promueve y consigna copia simple marcada con la letra F, escrito de medios de pruebas consignados en el asunto KH01-X-2016-000170.
• Promueve y consigna copias fotostáticas de la sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 2017 en la causa signada con el N° KH01-X-2016-170 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.


Ahora bien, observa este Juzgado de las documentales cursantes a los autos, una decisión que declaro con lugar la recusación por enemistad manifiesta entre las mismas partes de este asunto, pero debe hacerse notar que la prenombrada se suscritó posterior a los hechos que dieron lugar a la recusación que se examina en este asunto autónomo, por lo que esta Juzgadora no puede otorgarle valor probatorio a los fines de condicionar en una declaratoria con lugar de la presente recusación, pues como se indicó en líneas anteriores la incidencia de marras, surgió por hechos anteriores a la recusación declarada con lugar.
Por otro lado, del cumulo de elementos probatorios no se observa, que exista una parcialidad por parte de la Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, pues si ciertamente se aprecia una serie de documentales, ello no implica que exista una parcialidad a favor de una de las partes y mucho menos una enemistad manifiesta, pues como ha quedado plasmado anteriormente, la misma comporta una enemistad extraprocesal y que ha de ser personal entre las partes.
En ese mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1477, de fecha 27 de junio de 2002, estableció lo siguiente respecto a la enemistad manifiesta:
“(…) no basta que existan motivos más o menos fundados para presumir o sospechar la enemistad del Magistrado judicial con algunas de las partes, sino que como literalmente lo prevé la normativa ha de ser una ‘enemistad manifiesta’..., es decir, revelada o exteriorizada mediante un estado pasional de ánimo que se ponga por actos indudables del recusado que lo acrediten en forma inobjetable”… “... En tal sentido, ante la solicitud de recusación se ha estimado precisar que, “1°)[e]s necesario que los hechos lleven al ánimo del juzgador la impresión de que pueden perturbar la serenidad e imparcialidad con que debe ser administrada la justicia.2°) La causal expuesta por el recusante en forma vaga y abstracta y limitándose a manifestar que existe ‘un estado de animadversión’ es insuficiente para hacer procedente la recusación.3°) No constituye enemistad el hecho que el funcionario y el recusante ‘no se dirijan la palabra, ni mantengan ninguna clase de acercamiento’, pues debe ser una enemistad grave, un estado de irritación, fundamentada en hechos precisos. 4°) La negativa por parte del juez a dictar una medida preventiva no puede invocarse como causal de recusación, pues contra la denegación de justicia la ley proporciona la acción de queja (…)”

En ese sentido, sostuvo el recusante en su escrito de recusación que la Jueza recusada se le evidencia “(…) IMPARCIALIDAD se encuentra lesionada para sentenciar la presente causa y visto el riesgo inminente en que se encuentran mis derechos constitucionales en este proceso por haber sido gravemente afectados y lesionados por la sentencia por usted producida a favor del aquí demandado (…)”.
En lo que respecta a ello, resulta necesario señalar que las decisiones de los jueces, así como los argumentos empleados para justificar las mismas, son de orden eminentemente jurisdiccional, y por consiguiente, no es procedente la recusación contra un juez, como consecuencia de las decisiones proferidas o por los fundamentos de ellas, toda vez que, las partes cuentan con los medios impugnativos previstos en el ordenamiento jurídico, para anular o revocar la decisión, que le es adversa. No obstante, conforme a lo establecido en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Juez Venezolana, los órganos con competencia disciplinaria pueden examinar la idoneidad y excelencia de las decisiones, a los efectos de las sanciones disciplinarias, pero tales parámetros no están previstos en la ley para la declaratoria de la incompetencia subjetiva como pretende el recusante al llamarlo -enemistad manifiesta-.
Por lo tanto considerando el criterio ut supra transcrito y analizado como ha sido la presente incidencia, este Juzgado verifica, que en la presente causa no se evidencia de parte de la Juez de instancia, actuación alguna que comprometa su imparcialidad, puesto que el de haber decido causas anteriores separada a la presente, de ninguna manera constituye una causal de recusación o inhibición, además de ello no se evidencia que los argumentos esgrimidos por la defensa, afecten el ánimo de la Juez a quo.


Desea aclarar esta instancia Jurisdiccional superior, que la recusación declarada con lugar obedeció a un criterio de la soberana apreciación de otro tribunal superior, por lo que habiendo quedado firme la recusación tramitada en dicho asunto en contra de la juez aquí recusada, esta, deberá ser exhortada a la inhibición correspondiente, donde actúen las partes que dieron lugar a la incidencia declarada con lugar en fecha 21 de marzo de 2017 en la causa signada con el N° KH01-X-2016-170 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

En consecuencia, visto que en el caso de autos no se evidencia ni tampoco fue comprobado por la parte recusante, que la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se encuentre incursa en la causal de recusación prevista en el numeral 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para este Juzgado Superior declarar sin lugar la recusación propuesta por la parte actora-recusante, y así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer y decidir la recusación planteada por la abogada Maglin Vera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 140.869, asistiendo a la ciudadana Rosalinda Salas, ya identificada, parte demandante, interpuso recusación contra la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR la recusación planteada.
TERCERO: No se impone multa en virtud de la naturaleza de la presente decisión.
CUARTO: Se acuerda notificar mediante Oficio a la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de la presente decisión con copia certificada de la misma y al Juzgado donde haya sido remitida la causa principal a los fines legales correspondientes.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
La Jueza Provisoria,


Abg. María Alejandra Romero Rojas

La Secretaria,



Abg. Sarah Franco Castellanos

Publicada en su fecha a las 03:02 p.m.


La Secretaria,