REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete 206º y 158º ASUNTO: KP02-V-2017-000867 Parte Demandante: SANDRO CONSALES MONCADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 11.264.552. Apoderado Judicial de La Parte Demandante: FILIPPO TORTORICI SAMBITO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 7.952.521, Inpreabogado No. 45.954. Parte Demandada: MANUEL HAIM de quien se desconoce su número de cedula de identidad. Motivo: ACCION REIVINDICATORIA. Sentencia: Interlocutoria con Fuerza definitiva. Vista la demanda por motivo de Acción Reivindicatoria presentada por el ciudadano abogado FILIPPO TORTORICI SAMBITO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 7.952.521, Inpreabogado No. 45.954, actuando en este acto como apoderado judicial del ciudadano SANDRO CONSALES MONCADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 11.264.552, sobre un inmueble constituido por una casa y el terreno sobre ella constituida, distinguida con el No. 14.53, ubicada en la calle 40, entre carrera 14 y 15, Parroquia Concepción del Municipio Autónomo Iribarren del Estado Lara, con Código Catastral No. 2011539017000. Este Tribunal procede a pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción en los siguientes términos: EL Decreto Presidencial N° 8.190 de fecha 05 de Mayo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 385.154 en fecha 06-05-2011, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, contempla en sus artículos 5, 7,8, 9 y 10, lo siguiente: “Procedimiento previo a las demandas” Artículo 5°. Previo al ejercicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal, en perjuicio de alguno de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley, deberá tramitarse por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes. Artículo 10. Cumplido el procedimiento antes descrito, independientemente de la decisión, las partes podrán acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones. No podrá acudirse a la vía judicial sin el cumplimiento previo del procedimiento previsto en los artículos precedentes.” (Subrayado y resaltado por este Tribunal). Y de conformidad con la sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 17 de abril de 2013, Exp. Nro.AA20-C- 2012-0000712, en la que se interpreto los artículos 5 al 10 de la referida Ley especial contra los desalojos arbitrarios de vivienda, se estableció: ….. Por causa de medidas judiciales, bien cautelares o ejecutivas que signifiquen desposesión, desalojo o pérdida de la tenencia, deberá cumplirse con el procedimiento especial previo a las demandas de cualquier naturaleza siempre y cuando se trate de un inmueble destinado a vivienda familiar, en los términos descritos en el citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. No sólo a los arrendatarios y arrendatarias, comodatarios o usufructuarios, sino también a los ocupantes o tenedores de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, inclusive a los adquirientes y las adquirientes de vivienda nuevas o en el mercado secundario, cuando sobre esos inmuebles destinados a vivienda familiar pudieran estar constituidas garantías reales. El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y La Desocupación Arbitraria de Viviendas tiene por objeto la protección de los sujetos antes mencionados frente a cualquier medida preventiva o ejecutiva, administrativa o judicial, que pudiera derivar en la pérdida de la posesión o tenencia sólo de inmuebles destinados a vivienda familiar. Configuran sin duda un requisito de admisibilidad de impretermitible cumplimiento, para acudir a la vía jurisdiccional, para aquellas demandas que pudieran derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de posesión de los sujetos amparados por la Ley. Según se ha citado, observa esta Juzgadora, que el demandante de autos acude ante este Órgano Jurisdiccional y ejerce acción por motivo de Acción Reivindicatoria, sobre un inmueble destinado a vivienda familiar, sin hacer valer previamente el derecho aquí pretendido en Sede Administrativa, es decir, el accionante debió agotar el procedimiento administrativo ante la Superintendencia Nacional de Vivienda, y concluir allí la fase administrativa para luego así recurrir a la vía judicial, y no consta en autos actuación alguna donde se demuestre se haya cumplido con tal formalidad; y al desprenderse del petitorio en el escrito libelar, solicitud de devolución o restitución del inmueble casa, que el demandado viene ocupando hace más de dos años, lo cual, cuya eventual decisión comporta la perdida de la posesión del inmueble destinado a vivienda por el demandado, de tal manera que al obviar el accionante tal exigencia como lo es el agotamiento de la vía administrativa, incurre en la inadmisibilidad de la demanda aquí postulada, por señalamiento expreso del artículo 10 de la Ley Decreto Presidencial N° 8.190 de fecha 05 de Mayo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 385.154 en fecha 06-05-2011, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Contra el Desalojo arbitrario de vivienda y la sentencia up-supra señalada, razón por la cual debe declararse la Inadmisibilidad de la acción . Y así se decide. DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la presente demanda, por motivo de ACCIÓN REIVINDICATORIA, presentada por el ciudadano abogado FILIPPO TORTORICI SAMBITO, Inpreabogado No. 45.954, actuando en este acto como apoderado judicial del ciudadano SANDRO CONSALES MONCADA,, contra el ciudadano MANUEL HAIM de quien se desconoce su número de cedula de identidad. Déjese copia certificada de la referida sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho, en Barquisimeto, el treinta y uno (31) del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206º y 158º.- La Juez Provisoria, Abg. Milagros de Jesús Vargas. La Secretaria, Abg. Mariani Selena Linares Peraza. MDJV/mu.