JUEZ PONENTE: ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO EXPEDIENTE Nº AP42-R-2017-000031 En fecha 13 de enero de 2017, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el oficio Nº 17-0011 de fecha 11 de enero de 2017, emanado del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Manuel de Jesús Domínguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 41.605, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS GUILLERMO VÁSQUEZ BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº V-10.406.840, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C). Dicha remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el referido Juzgado en fecha 11 de enero de 2017, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación incoado por la parte recurrente, contra la sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 2016, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En fecha 19 de enero de 2017, se dio cuenta a esta Corte y se ordenó la aplicación del procedimiento de segunda instancia contemplado en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes para la fundamentación de la apelación, asimismo, se designó ponente al Juez ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO. En fecha 26 de enero de 2017, se recibió del apoderado judicial de la parte recurrente, escrito de fundamentación de la apelación. En fecha 21 de febrero de 2017, se dio inició el lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación a la fundamentación de la apelación, el cual feneció el 2 de marzo de 2017. Mediante auto de fecha 7 de marzo de 2017, se ordenó pasar el expediente al Juez ponente a los fines que dictara la decisión correspondiente, el cual pasa a pronunciarse en los términos siguientes: -I- DEL RECURSO INTERPUESTO En el recurso incoado en fecha 15 de septiembre de 2015, el apoderado judicial de la parte recurrente alegó que “…se ha venido desempeñando como experto en investigación criminal, en forma ininterrumpida, ascendiendo progresivamente hasta ocupar el cargo de Comisario adscrito la Inspectoria Nacional con sed (sic) en el Distrito Capital (…) desde el año 2015. Durante el transcurso de su labor policial, ocupó varios cargos (…) que evidencia al (sic) ascendente carrera policial, a los (sic) largo de sus diecinueve (19) años y ocho (08) meses…”. Alegó que el “…día viernes 28 de Agosto del 2015, estado (sic) como Jefe de Investigaciones del Área de la División Contra Drogas, [su representado] en compañía de varios funcionarios bajo su comando y responsabilidad se traslada a practicar un operativo previas órdenes emanadas de los Tribunales conocida como visita domiciliaria o allanamiento a un Grupo de Desadaptados (…) donde existía un laboratorio clandestino de Drogas Sintéticas (…) después de haber cumplido con dicho operativo, (…) recibe una llamada a su celular, por parte de un Superior que en nombre de la Directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lo Congratulaba a él y a su Equipo de Investigaciones por el Desmantelamiento de Dicha Banda Organizada de Traficantes de esa Nueva Droga…” (corchetes de esta Corte). Manifestó, que después de “…cuatro (04) días de haber desmantelado la Banda (…) la Coordinadora Nacional de Recursos Humanos (…) [le] hace entrega (…) [de un oficio Nº 9700-104-799, mediante el cual fue] JUBILADO DE OFICIO (…) con fecha 31 de Agosto de 2015 (…) [con fundamento] en sus artículos 7 y 10 literal ‘a’ en el reglamento (sic) de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del extinto Cuerpo Técnico de Policial (sic) Judicial, (…) [y] se APARTO (sic) de (…) las Reiteradas y Doctrinas vinculantes de la (…) Sala Constitucional (…) Nº 1230 del 3 de Octubre de 2014, (…) Nº 16 de fecha 13 de febrero de 2015, (…) Nº 826 de fecha 19 de Junio de 2015, (…) Nº 1.432 del 22 de Octubre del 2014…” (corchetes de esta Corte). Indicó, que “…de la interpretación concatenada de las normas [previstas en los artículos 7 y 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del Cuerpo de Policía Judicial] se observa que existen dos tipos de jubilación: aquella que se concede a solicitud de parte y la que es otorgada de oficio por parte del referido Cuerpo Policial. Igualmente, se desprende de las referidas normas que el tiempo mínimo de servicio requerido para que pueda ser concedido el beneficio de jubilación es de 20 años, y que la antigüedad en el servicio de 30 años o más, impone a la Institución la obligación de pasar a retiro a los funcionarios que se encuentran dentro de estos límites, y jubilarlos de oficio. Ahora bien, si bien es cierto que el [referido artículo 7] establece que ‘El Beneficio de Jubilación podrá ser concedido de oficio o a solicitud de parte interesada. No es menos cierto que la facultad del organismo para conceder jubilaciones obligatorias o de oficio, tiene asidero jurídico en el artículo 12 del mismo Reglamento, según el cual los funcionarios que hayan cumplido 20 años de servicios podrán solicitar que se le conceda la jubilación, (…) [sin embargo] éste artículo fue obviado olímpicamente por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos…” (corchetes de esta Corte). Denunció, que “…sostener que el organismo tiene la facultad de jubilar en forma obligatoria a todo funcionario en cualquier tiempo, constituye una interpretación errada y asistemática de la normativa, por lo que (…) [solicitó que el acto administrativo impugnado, se declare] como viciado de nulidad por vicio de falso supuesto de los hechos y del derecho…” (corchetes de esta Corte). Destacó, que el acto administrativo impugnado vulneró “…la Protección al trabajo consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (…) [por cuanto] se le menoscabo (sic) los derechos y beneficios laborales, como la Prima de Antigüedad (…) que percibía como Jefe de Investigaciones de la División Contra Drogas, (…) no se le reconoció su derecho laboral como la prima de profesionalización, (…) Antes de emitir opinión la Junta Superior, ya se le había suspendido (…) la Prima por cargo, [y la] Prima por Transporte …” (corchetes de esta Corte). Finalmente, solicitó “…se declare ‘Con Lugar’ el presente recurso, (…) se declare la nulidad la (sic) Jubilatorio (sic) de Oficio Anticipadamente Nº 9700-104-799 de fecha 31 de Agosto de 2015, emanada de la Coordinación de Recursos Humanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como la totalidad del procedimiento administrativo por ser violatorio de los derechos constitucionales y del ordenamiento jurídico. (…) El pago de sus salarios complementario motivado a la jubilación Anticipada o de Oficio se le reconozca los beneficios Socio Económicos dejados de percibir (…) así como el pago de los demás conceptos y beneficios socioeconómicos. Hasta su efectiva reincorporación al cargo, por lo que de haber sido eliminado algunos de los beneficios antes mencionados, los mismos deberán ser retribuidos por la Administración querellada…”. -II- DE LA SENTENCIA APELADA En fecha 28 de septiembre de 2016, el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto, por considerar que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas cumplió “…con el principio de legalidad al ejercer su potestad discrecional de otorgar la jubilación…” prevista en los artículos 7 y 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del aludido Cuerpo de Investigaciones, y ordenó el “…reajuste [del] porcentaje de jubilación al 80% del sueldo que corresponde al cargo que ejercía el funcionario en este caso, para el momento de su Jubilación…” y negó por improcedentes el pago de los conceptos solicitados (corchetes de esta Corte). -III- DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN Mediante escrito consignado por el apoderado judicial de la parte recurrente en fecha 26 de enero de 2017, fundamentó el recurso de apelación interpuesto, en el cual luego de ratificar los mismos argumentos de su escrito recursivo y establecer los términos en los cuales quedó planteada la controversia, denunció que “…el Tribunal sentenciador se centró principalmente en la pretendida inexistencia del vicio de falso supuesto de derecho, sin que (…) haya analizado lo establecido por la sentencia número 826 de fecha 19 de junio de 2015 de la (…) la Sala Constitucional, (…) en la que (…) analizó un caso similar (…) pero con diferentes supuestos de hecho ya que para la fecha de la irrita jubilación anticipada de la que fue objeto, el ciudadano LUIS GUILLERMO VASQUEZ BLANCO, solo contaba con 19 años y 9 meses de servicio…”. Aunado a ello, denunció el vicio de falso supuesto de hecho , ya que “…la sentencia impugnada ha incurrido en una eroneainterpretación (sic), toda vez que obvio los criterios de interpretación de las normas y principios constitucionales (…) pues no es cierto que se encuentren llenos los extremos previstos en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, lesivos a la tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela …”. Igualmente alegó que la sentencia que se impugna incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho y derecho “… al determinar que [su] patrocinado cumplía con los veinte (20) años de servicio, llegando a la conclusión para esto, al aplicar lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, empleados o empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados o Municipios (…) siendo inaplicable este articulo para el caso que nos ocupa, motivado a que el régimen jurídico que prevalece para los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es el establecido en el Reglamento para el personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (vigente actualmente) el cual no establece en ninguna de sus disposiciones que la fracción mayor a ocho (08) meses se computara como un año de servicio, para ser acreedor del beneficio de jubilación (…) obviando lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos …”(corchetes de esta Corte). Agregó, que “…la recurrida infringió lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual establece que deben aplicarse con preferencia los procedimientos establecidos en leyes especiales sobre las generales …”. Señaló, que “… la sentencia impugnada obvió los criterios jurisprudenciales previamente establecidos por la (…) Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisiones números 1.230 del 3 de octubre de 2014…”. Manifestó, que “… se violentó el denominado principio de Confianza legítima o expectativa plausible…” ya que el acto administrativo Nº 9700-104-799 de fecha 31 de agosto de 2015, crea desconfianza en los justiciables, al quebrantar el principio de buena fe, entendiéndose este como una conducta leal y honesta de los órganos y entes que desempeñan la actividad administrativa, ya que al jubilar anticipadamente al recurrente se creó un estado de indefensión. Finalmente, solicitó se declare “CON LUGAR la presente APELACIÓN y en consecuencia se ANULE la sentencia impugnada (…) y de igual forma se (…) reconozcan todos los beneficios socioeconómicos dejados de percibir desde el momento de la irrita jubilación hasta la EFECTIVA REINCORPORACIÓN al cargo que venía desempeñando…” (corchetes de esta Corte). -IV- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR -De la competencia. Corresponde a esta Alzada verificar su competencia para conocer el presente asunto, para lo cual observa que conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, son los competentes para conocer de las apelaciones y las consultas de ley, de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de lo cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, resulta COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto como Alzada natural de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso administrativa en materia de función pública. Así se declara. -Del recurso de apelación interpuesto. Determinado lo anterior, corresponde a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo emitir un pronunciamiento en torno al recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 28 de septiembre de 2016, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Luis Guillermo Vásquez Blanco, contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C). En ese sentido, tomando en consideración que la parte recurrente en su escrito de fundamentación de apelación denunció que el Juzgado Superior presuntamente incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho y derecho, violó el principio de confianza legitima o expectativa plausible, y el artículo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; se pasa a emitir un pronunciamiento al respecto, en los siguientes términos: En primer lugar, la parte apelante denunció que el Juzgado Superior incurrió el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho “… al determinar que [su] patrocinado cumplía con los veinte (20) años de servicio, llegando a la conclusión para esto, al aplicar lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de jubilaciones y pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, empleados o empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados o Municipios (…) siendo inaplicable este articulo para el caso que nos ocupa, motivado a que el régimen jurídico que prevalece para los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es el establecido en el Reglamento para el personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (vigente actualmente) el cual no establece en ninguna de sus disposiciones que la fracción mayor a ocho (08) meses se computara como un año de servicio, para ser acreedor al beneficio de jubilación (…) obviando lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos …”(corchetes de esta Corte). En tal sentido, observa este Órgano Jurisdiccional que el Juzgado Superior en la sentencia apelada declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto por considerar que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), actuó conforme a derecho al concederle el beneficio de jubilación al ciudadano Luis Guillermo Vásquez Blanco, cumpliendo con el principio de legalidad al ejercer su potestad discrecional de otorgar el beneficio de jubilación, en este sentido, resulta menester citar el contenido de los artículos 7 y 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, los cuales contemplan lo siguiente: “Artículo 7. El beneficio de jubilación podrá ser concedido de oficio o a solicitud de parte…”. (…omissis…) “Artículo 12: Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que hayan cumplido veinte (20) años de servicio podrán solicitar que se les conceda la jubilación. Aquellos que cumplieron treinta (30) años de servicio, pasarán a situación de retiro y serán jubilados…”. De los artículos citados, se infiere que los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, podrán adquirir el beneficio de jubilación por dos vías, a saber, i) de oficio, el funcionario que haya cumplido en la prestación del servicio por treinta (30) años y ii) previa solicitud por el funcionario a la Administración, siempre que éste haya prestado servicio por un tiempo mínimo de veinte (20) años. Así, se entiende que la primera opera de pleno derecho, que supone una actividad unilateral por parte de la Administración, al evidenciar que el funcionario ha cumplido con el requisito de tiempo máximo (30 años) de servicio correspondiente; mientras que la segunda, supone la existencia de una solicitud previa, por parte del funcionario que desea obtener el beneficio, siempre que éste cuente con el tiempo mínimo (20 años) de prestación de servicio. Dentro de ese marco de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nro. 1.230 del 13 de octubre de 2014, interpretó la aplicación del referido articulado, dejando establecido el siguiente criterio: “Asimismo, por razones de equidad, se procura evitar cualquier conflicto en que potencialmente colidan el derecho de jubilación y la potestad organizativa de los entes públicos. De esta manera, el ente patronal en el presente caso podrá acordar el retiro del funcionario por jubilación antes del cumplimiento del tiempo máximo de retiro si establece el pago máximo de la pensión según el ordenamiento aplicable de dicho organismo. Bajo esta modalidad se anticipan los efectos a título de cumplimiento del tiempo máximo de servicio, sin que ello afecte los derechos del funcionario y la potestad organizativa del órgano administrativo. Vista la anterior consideración, se observa que en la decisión impugnada se está acordando de oficio la jubilación de un funcionario mediante la aplicación de una normativa que prevé sólo puede hacerse efectiva si ha mediado una manifestación de voluntad del funcionario de acogerse al beneficio, supuesto que no aconteció en el caso de autos por cuanto el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pretende aplicar la jubilación con una disposición de Reglamento que solo permite la instancia de parte, luego de haber trabajado veinte (20) años de servicio pero sin asignar la totalidad de la pensión, existiendo una indebida subrogación contraria a los derechos del funcionario quien no ha manifestado su intención de acogerse al régimen de jubilaciones de ese Cuerpo Policial. La indebida aplicación de la normativa contenida en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, inficiona de nulidad la sentencia núm. 2013-0841 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 15 de mayo de 2013, tanto por desestimar los derechos fundamentales existentes para la materia laboral, como por contravenir el derecho a la tutela judicial efectiva por aplicar indebidamente una normativa para el otorgamiento de la jubilación de oficio para los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), bajo un supuesto distinto a los previstos. En consecuencia, [esa] Sala revoca la decisión impugnada y ordena a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por ser distinta a la que emitió el pronunciamiento, que proceda nuevamente a dictar nueva decisión, atendiendo a lo acordado en la jurisprudencia adoptada en esta decisión dictada por esta Sala Constitucional, respecto a la posibilidad de acordar de oficio la jubilación de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siempre que se adecuen los montos de la pensión a la cantidad máxima prestada en función de los años de servicio” (corchetes y subrayado de esta Corte). De la sentencia que antecede se desprende que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas, podrá conceder el beneficio de jubilación de oficio, siempre y cuando exista la manifestación de voluntad del funcionario de acogerse a dicho beneficio en base al monto establecido en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y en caso de no existir la manifestación de voluntad deberá acordarse el monto máximo de la pensión en función de los años de servicios del funcionario. No obstante a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera necesario invocar en torno al porcentaje de jubilación aplicable a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), la sentencia de reciente data Nº 826 de fecha 19 de junio de 2015, en la cual declaró lo siguiente: “…visto el sustrato de orden público que subyace en el derecho de jubilación y dado su carácter de irrenunciabilidad que de él dimana en atención a su contenido social, el cual prevalece ante cualquier situación administrativa (remoción, retiro, destitución, etc.) una vez cumplidos los requisitos de ley, esta Sala estima necesario analizar la normativa en cuestión sobre la cual se dictó el acto que acordó la jubilación, contenida en los artículos 7, 10, 11 y 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (Gaceta Oficial número 34.149 del 1 de febrero de 1989), el cual prevé: (…omissis…) Estas disposiciones permiten entender como principio rector que la jubilación puede ser acordada de oficio o a instancia de parte (artículo 7 del Reglamento), y las disposiciones que desarrollan este beneficio determinan dos supuestos: a) retiro luego de cumplido el tiempo mínimo de veinte (20) años de servicio, siendo un acto que solo puede dictarse a solicitud de parte del trabajador; b) el retiro y su consecuente jubilación luego de haber laborado treinta (30) años prestando servicios para el organismo, momento en que obligatoriamente debe cesar en sus actividades en cumplimiento de lo previsto en el respectivo Reglamento. En el presente caso se plantea si el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) puede subrogarse en la voluntad del funcionario para acordar jubilaciones sin que haya mediado el tiempo máximo de treinta (30) años exigidos por el Reglamento. En principio, tal subrogación por parte del patrono en la voluntad del trabajador no puede operar; sin embargo, tal potestad debe estimarse cuando las razones operativas así lo ameriten. En este sentido, la normativa impone la obligación de retirar al personal luego de culminar el tiempo presuntivamente hábil de los treinta (30) años para ejercer la función policial; no obstante, esta Sala estima que no puede limitarse la facultad que tienen los órganos públicos para acordar graciosamente las jubilaciones si existe una finalidad de gestión válida que así lo requiera, de ahí que no pueden limitarse las políticas destinadas a la optimización de su funcionamiento, si las mismas pueden ser emplazadas correctamente y si no vulneran los derechos laborales de su personal. La Sala considera que debe establecerse una ponderación entre la disponibilidad del derecho por parte del funcionario y la potestad que tienen los órganos y entes para ejercer la autonomía organizativa sobre su personal. Para ello, en ejercicio de su potestad como máximo intérprete en materia constitucional y en aplicación del in dubio pro operario, previsto en el cardinal 3 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: (…) concluye que los funcionarios jubilables del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que todavía no lleguen al tiempo máximo de servicio para el retiro obligatorio pueden ser objeto de la jubilación, siempre y cuando se aplique en su totalidad la norma que prevé el régimen más favorable, esto es, el pago del porcentaje máximo de la pensión. Esta consideración se establece con el fin de garantizar el ejercicio integral del derecho del funcionario y la potestad organizativa que tiene el Estado en el manejo del personal, permitiendo una correcta optimización de la gestión pública en el manejo de los recursos humanos. (…omissis…) Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y visto que en el caso de autos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas acordó la ‘jubilación de oficio’ del hoy solicitante, cuando este aún no cumplía con el requisito de treinta (30) años de servicio para acordar ese tipo de jubilación -tal como lo establece el artículo 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial-, y sin que este hubiese manifestado su intención de acogerse al régimen de jubilaciones de ese Cuerpo Policial, se debió acordar el pago máximo de la pensión, con el fin de garantizar el derecho a la seguridad social del funcionario” (subrayado de esta Corte). De acuerdo a los criterios jurisprudenciales supra transcritos, el Cuerpo de Seguridad Ciudadana recurrido se encuentra facultado para otorgar de oficio la jubilación por tiempo mínimo, siempre y cuando acuerde el pago máximo de la correspondiente pensión, ello en resguardo de la esfera de derechos del funcionario y de la potestad organizativa del Estado en el manejo del personal. Tomando en cuenta lo anterior, se evidencia de la sentencia impugnada que el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró que el referido Cuerpo de Seguridad Ciudadana le concedió el beneficio de jubilación al hoy recurrente de conformidad “…con el principio de legalidad al ejercer su potestad discrecional de otorgar la jubilación…” prevista en los artículos 7 y 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del aludido Cuerpo de Investigaciones. Ello así, a los fines de verificar si en el presente caso el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, actuó en apego a los parámetros establecidos en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, tal como fue aseverado por el Juzgado de Instancia, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, observa lo siguiente: -Riela al folio 15 del expediente judicial copia simple, el acto administrativo contenido en el oficio Nº 9700-104-799 emitido el 31 de agosto de 2015, por la Coordinadora Nacional de Recursos Humanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, del cual se desprende lo siguiente: “…en la oportunidad de notificarle que por disposición del Ciudadano Director General (…) según punto de cuenta número 0592, aprobado en fecha 26/08/2015 (sic), se acordó concederle el beneficio de Jubilación de oficio a partir de la presente fecha 31/08/2015 (sic), en concordancia con lo establecido en los artículos 7 y 10 literal ‘a’ del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que rige para el Personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas…”. -Consta al folio 84 del expediente judicial copia de la planilla de “ESTUDIO DE JUBILACIÓN” emitida por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos, mediante la cual se desprende que el recurrente ingresó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), el 1º de diciembre de 1995 y egresó de dicho organismo el 31 de agosto de 2015, en razón de habérsele otorgado el beneficio de jubilación “DE OFICIO” con una pensión correspondiente al setenta por ciento (70%) del monto del sueldo percibido. Asimismo, se observa que el recurrente nació en fecha 11 de agosto de 1970 según se desprende de copia simple de cedula de identidad la cual rial al folio 1 del expediente administrativo. De los elementos probatorios antes referidos, se evidencia que al momento en el que fue otorgada la jubilación, esto es, el 31 de agosto de 2015, el recurrente contaba con cuarenta y cinco (45) años de edad y diecinueve (19) años, ocho (8) meses y treinta (30) días de servicio. Igualmente, se evidencia la pensión de jubilación otorgada se calculó tomando en cuenta los años de servicio que prestó el actor en el Cuerpo de Seguridad Ciudadana recurrido, otorgándosele una pensión correspondiente al setenta por ciento (70%) del monto del sueldo percibido, sin constar prueba alguna que demuestre que el funcionario haya solicitado o manifestado su deseo de obtener la jubilación por tiempo mínimo. Concatenado con lo anterior considera oportuno este Órgano Colegiado traer a colación lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, el cual establece lo siguiente: “Articulo 10: La antigüedad en el servicio a ser tomada en cuenta para el otorgamiento del beneficio de jubilación será la que resulte de computar los años de servicios prestados en forma ininterrumpida o no, en órganos y entes de la Administración Pública. La fracción mayor de ocho (8) meses se computará como un año de servicio…” Ahora bien, en atención a establecido en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece el principio de supremacía constitucional, el cual nos indica que las normas constitucionales tienen prevalencia sobre cualquier otra; y siendo que esta Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, preceptúa a favor de los trabajadores un mayor beneficio para el otorgamiento del beneficio de jubilación, esta norma específica resulta aplicable al caso en marras. En este orden de ideas, y visto que el recurrente tenía diecinueve (19) años, ocho (8) meses y treinta (30) días de servicio Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), en atención al artículo ut supra transcrito, se le computará como un (1) año la fracción de ocho (8) meses, para así llegar a un tiempo de servicio en el el Cuerpo de Seguridad Ciudadana recurrido de veinte (20) años. Así se establece. En razón de lo anterior, al constatarse que el ciudadano Luis Guillermo Vásquez Blanco no cumplía con los treinta (30) años de servicio para pasar de pleno derecho a situación de retiro y ser jubilado de oficio por parte de la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) debió acordar el pago máximo de la pensión, con el fin de garantizar el derecho a la seguridad social del funcionario, por cuanto el recurrente no solicitó de manera expresa que le fuera concedido dicho beneficio, conforme a lo previsto en el artículo 12 del referido Reglamento y al criterio contenido en la sentencia Nº 826 de fecha 19 de junio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, anteriormente referida. Así se decide. Siendo ello así, a tenor de las consideraciones expuestas en líneas precedentes y visto que el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital incurrió en una errada interpretación de la norma en la cual se fundamentó el acto impugnado, al declarar que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) actuó conforme a derecho al otorgar el beneficio de jubilación de oficio al ciudadano Luis Guillermo Vásquez Blanco, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, sin haber constatado el cumplimiento del requisito para acordar ese tipo de jubilación, esto es, la manifestación del recurrente de acogerse al régimen de jubilaciones de ese cuerpo policial, ya que se subrogó en su voluntad, cuando el mismo no realizó la solicitud ante el organismo y sin otorgarle el pago del porcentaje máximo (100%) de la pensión, en relación a la solicitud de reincorporación la misma debe ser desestimada en virtud que las sentencias ut supra transcritas emanadas de la Sala Constitucional otorga la posibilidad que sea ajustada la pensión de jubilación al porcentaje máximo tal como fue ordenado en las líneas que anteceden, es por ello, que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta y en consecuencia, se CONFIRMA con las modificaciones expuestas el fallo dictado el 28 de septiembre de 2016 por el aludido Juzgado. Así se decide. -V- DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de septiembre de 2016, que declaró parcialmente el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Manuel de Jesús Domínguez, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS GUILLERMO VÁSQUEZ BLANCO, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS. (C.I.C.P.C) 2. PARCIALMENTECON LUGAR el recurso de apelación ejercido y en consecuencia, se CONFIRMA con las modificaciones expuestas el falo apelado. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la Ciudad de Caracas a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158º de la Federación. El Presidente, ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO Ponente El Vicepresidente, FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO El Juez, VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS El Secretario Accidental LUÍS A. PINO J. EXP. Nº AP42-R-2017-000031 EAGC/8 En fecha ______________ (_____) de __________ de dos mil diecisiete (2017) siendo la (s) ___________ de la ______________, se publicó y registro la anterior decisión bajo el Nº 2017-____________. El Secretario Acc.