TSJ Regiones - Decisión

Antecedentes
En fecha 21 de noviembre de 2017, el abogado Anmar Erit Tirado Gil, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 108.756, presentó formalmente Recurso Administrativo de Nulidad, ante la Unidad de Recepción y Distribución Civil (URDD NO PENAL
En fecha 24 de noviembre de 2017, el Tribunal da por recibido mediante auto el Recurso Administrativo de Nulidad.
-III-
Motivación
Siendo la oportunidad legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para que esta Juzgadora actuando como Juez de Primera Instancia Regional de lo Contencioso Administrativo Especial Agrario, se pronuncie sobre la admisibilidad del presente Recurso Administrativo de Nulidad incoado por el abogado Anmar Erit Tirado Gil, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 108.756, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Holanda María Díaz, Mercedes Díaz Canelón, Antonio Abad Díaz Canelón, Rosa Graciela Díaz Canelón, titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 4.720.445; V- 4.066.403; V- 5.437.039; V- 7.453.130, respectivamente, contra los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti), en reunión el primero de ellos: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el segundo: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el tercero: ORD 761-17 de fecha 09 de marzo de 2017 y el cuarto: ORD 775-17 de fecha 27 de abril de 2017, que otorgó Títulos de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario, sobre el lote de terreno ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Humacaro Alto, Municipio Autónomo de Morán del estado Lara, Caserío Arenales.
-IV-
De la competencia
Corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y a tal efecto observa lo siguiente:
Los actos Administrativos recurridos han sido dictados por el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), que como Instituto Autónomo se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, el cual gozará de las prerrogativas y privilegios que le otorga la Ley a ésta, cuyos actos están sometidos al control del Órgano Jurisdiccional del sistema Contencioso Administrativo Especial Agrario.
El recurso en cuestión, ha sido interpuesto y se dirige a obtener la Declaratoria de Nulidad de los Actos Administrativos emanados del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en reunión el primero de ellos: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el segundo: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el tercero: ORD 761-17 de fecha 09 de marzo de 2017 y el cuarto: ORD 775-17 de fecha 27 de abril de 2017, que otorga Títulos de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario.

En este sentido, dispone ad litteram el artículo 151 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

Artículo 151. La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales señalados en esta ley…”.

De igual forma los artículos 156 y 157 de la indicada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establecen:
Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:
1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.
2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia.
Segunda: omissis… Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título V de la presente Ley.
Artículo 157. Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios.
Por su parte en la disposición final segunda de la referida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario textualmente nos indica lo siguiente:

…Omissis...
“Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del título V de la presente Ley.”
Del contenido normativo de las indicadas disposiciones legales se verifica una competencia especifica, que comprende el conocimiento de los Recursos o acciones que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los Órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común, y siendo ello así, este Órgano Superior Jurisdiccional actuando en sede administrativa como Juzgado de Primera Instancia, tomando en consideración lo establecido en los artículos 151, 156, 157 y la disposición final segunda de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se declara COMPETENTE para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado. ASÍ SE DECIDE.

-V-
Sobre la admisibilidad del Recurso Nulidad

Determinada como ha sido la competencia, pasa este Tribunal a pronunciarse acerca de la admisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto contra los Actos Administrativos emanados del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en reunión el primero de ellos: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el segundo: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el tercero: ORD 761-17 de fecha 09 de marzo de 2017 y el cuarto: ORD 775-17 de fecha 27 de abril de 2017, que otorga Títulos de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario.
La disposición contenida en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, contempla los requisitos que deben cumplir los Recursos a que se refiere el Título V de dicho instrumento legal, los cuales deben ser objeto de revisión y estudio al decidirse sobre la admisibilidad de los mismos.
Del mismo modo, el artículo 162 ejusdem, establece todo un elenco de causales de Inadmisibilidad, tanto de las acciones patrimoniales como de los Recursos Contencioso-Administrativos que se interpongan ante la Jurisdicción Especial Agraria, los cuales deben ser necesariamente revisados al decidir sobre la admisibilidad del recurso.
En efecto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2004, estableció que la admisión del recurso contencioso constituye una decisión declarativa, que exige la revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la caducidad y la competencia.
La decisión sobre la admisibilidad de este Recurso obliga, como antes se dijo, a la necesaria revisión de las causales de Inadmisibilidad, estudio que debe realizarse en forma rigurosa, dada la especial naturaleza de la materia agraria y los fines que se persiguen con la legislación sobre la misma, función revisora que además responde a las prerrogativas de derecho público de que se encuentra investida la Administración Pública, y que tienen plena aplicabilidad y vigencia en la Jurisdicción Agraria. Ello obliga entonces a la juzgadora a ser particularmente celosa en el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción recursiva, teniendo la Jueza la especial facultad de verificar si han quedado satisfechos tales requisitos y si no existe alguna causal que haga Inadmisible el Recurso.
Ahora bien, del articulado mencionado se desprenden, los supuestos esenciales de admisibilidad del Recurso de Nulidad interpuesto, y en ese sentido, pasa esta juzgadora a examinar el cumplimiento de los mismos, partiendo del artículo 160 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y al efecto determina:

1º Que al señalar el recurrente que el presente Recurso de Nulidad se intenta, contra los Actos Administrativos emanados del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en reunión el primero de ellos: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017, a favor del ciudadano Javier Antonio Silva, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.417.214, sobre un área de terreno de dos mil ciento cuarenta y un metros cuadrados (2.141 mts2); el segundo: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017, a favor del ciudadano Wilfredo Antonio Canelón, titular de la Cédula de Identidad N° V- 22.264.211, sobre un área de terreno de siete mil trescientos sesenta y cinco metros cuadrados (7.365 mts2); el tercero: ORD 761-17 de fecha 09 de marzo de 2017, a favor del ciudadano Wilfrey Simón Díaz Canelón, titular de la Cédula de Identidad N° V- 17.873.119, sobre un área de terreno de una hectárea (01 ha) con dos mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados (2.480 mts2) y el cuarto: ORD 775-17 de fecha 27 de abril de 2017, a favor del ciudadano Wilfredo Antonio Díaz Colmenarez, titular de la Cédula de Identidad N° 7.327.968, sobre un área de terreno de veintitrés (23) hectáreas con ciento noventa y cuatro metros cuadrados (0194 mts2). Los terrenos con una extensión de dos (02) hectáreas con mil novecientos ochenta y seis metros cuadrados (1.986 mts2), ubicados en la Jurisdicción de la Parroquia Humocaro Alto, Municipio Autónomo de Morán del estado Lara, Caserío Arenales; Dicho terreno está compuesto por dos parcelas que se encuentran alinderadas de la siguiente manera: la primera parcela: NORTE: Con la Quebrada las Chamizas de por medio, terrenos de la secesión de Antonio Abad Díaz Canelón, Rosa Graciela Díaz Canelón y Mercedes Díaz Canelón, SUR: Terrenos de Zoila Olivar de Reinozo, ESTE: Terrenos de Secesión de Juan Asunción Sánchez, cerca de por medio, OESTE: Con el camino público de Guaitó. La segunda parcela cuyos linderos son los siguientes: Tomando una piedra grande que sirve de lindero y cerca, sigue línea arriba por un pretil en recta hacia el SUR hasta llegar al camino Real para la mesa, siguiendo por un pretil en recta hasta llegar a la Quebrada Chamiza, siguiendo para abajo a la piedra grande primer lindero y al ESTE y SUR solar, calle y casa de Lorenzo Sánchez, OESTE y NORTE: calle que separa casa que fue de sucesión de Vicente Escalona Fernández y casa y solar que fue de Luisa Nieles de Pérez, queda en evidencia que ha sido satisfecho el primero de los requisitos establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana precisión, el Acto Administrativo cuya nulidad se pretende.
2º Que siendo el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) el órgano que dicto los Actos Administrativos impugnados y señalados por el recurrente, queda satisfecho a juicio de esta Sentenciadora, el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el precitado recurso, con la Copia Simple o Certificada de los actos cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u Organismo en que se encuentran y los datos que identifican dichos actos, siendo los mismos emanados, en reunión el primero de ellos: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el segundo: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el tercero: ORD 761-17 de fecha 09 de marzo de 2017 y el cuarto: ORD 775-17 de fecha 27 de abril de 2017, que otorga Títulos de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario, a favor de los ciudadanos Javier Antonio Silva, Wilfredo Antonio Canelón, Wilfrey Simón Díaz Canelón, Wilfredo Antonio Díaz Colmenarez, titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 16.417.214; V- 22.264.211; V- 17.873.119 y V- 7.327.968, respectivamente.
3°Que a decir los recurrentes, los Actos Administrativos dictados por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) (Antes indicado), viola normas de Rango Constitucional y legal, que vulneran los derechos e intereses legítimos, lo cual afecta a su validez y eficacia, de igual forma señala que dichos actos administrativos infringe los artículos 25, 49, y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 14, 17, 62, 64, 66, 82, 85 y 91 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. De este modo determinó las disposiciones Constitucionales y las disposiciones Legales que a su juicio han sido violadas por los actos recurridos, con lo cual queda en evidencia, que ha sido satisfecho el tercero de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana claridad, las disposiciones normativas presuntamente violadas por el Acto Recurrido.
4º Finalmente, observa esta Sentenciadora que los recurrentes consignan junto con el escrito recursivo, copias simples del Poder Especial, otorgado por los recurrentes al abogado Anmar Erit Tirado Gil, antes identificado y también al abogado José David Ramírez Díaz, marcado con la letra “A” el cual riela del folio ocho (09) al diez (10), copias simples de documentos de compra venta otorgado por la señora María Lucia Canelón de Díaz a los ciudadanos Holanda María Díaz, Mercedes Díaz Canelón, Antonio Abad Díaz Canelón, Rosa Graciela Díaz Canelón, notariado ante la Notaria Pública Primera de Barquisimeto, en fecha 13 de diciembre de 2000, marcado con la letra “B” riele del folio once (11) al veintisiete (27), copias simples de Acta sin Conciliación, llevada a cabo en la Unidad Regional de Defensa Pública del Estado Lara, extensión Carora, Oficina Agraria de El Tocuyo, marcada con la letra “C”, el cual riela del folio veintiocho (28) al veintinueve (29); observándose así que la parte recurrente cumple con el cuarto y quinto de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, quedando igualmente satisfechos los mismos a juicio de esta Sentenciadora, vale decir, los referidos a la necesidad de acompañar su solicitud con el o los instrumentos que demuestren el carácter con el que se actúa, acompañando el Recurso con las pruebas que el Recurrente estimó convenientes.
Determinadas las Causales de Admisibilidad establecidas en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del presente recurso y una vez realizada la revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Juzgadora pasa a esgrimir si el mismo se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:
1º En cuanto a este particular, la admisión del presente recurso no es contrario a ninguna disposición de ley.
2º El conocimiento de la acción del presente Recurso corresponde a este Organismo Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 156 numeral primero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por cuanto se trata de un Recurso intentado contra los Actos Administrativos Agrarios dictados por un ente estatal agrario como lo es el Instituto Nacional De Tierras (I.N.Ti.) y recayó sobre un lote de tierra ubicado en el estado Lara, siendo este Juzgado competente por la materia y por territorio en dicho estado, por lo que declara resuelta la causal establecida en este particular.
3º En cuanto al particular tercero, del artículo en análisis, se desprende de las actas que conforman el presente expediente, que dicho recurso fue interpuesto en fecha 21 de noviembre de 2017, asimismo se puede apreciar que los Actos Administrativos hoy recurridos, fueron dictados por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) en reunión el primero de ellos: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el segundo: ORD 755-17 de fecha 18 de febrero de 2017; el tercero: ORD 761-17 de fecha 09 de marzo de 2017 y el cuarto: ORD 775-17 de fecha 27 de abril de 2017, teniendo conocimiento la parte recurrente de su aprobación el día 24 de octubre de 2017, en acta sin conciliación llevada a cabo en la Unidad Regional de Defensa Pública del Estado Lara, extensión Carora, Oficina Agraria de El Tocuyo, es por lo que esta Sentenciadora, evidentemente infiere que dicho Recurso de Nulidad fue interpuesto en tiempo hábil para ello, es decir, dentro de los treinta (30) días continuos establecidos para la caducidad del recurso.
4º En cuanto a la cualidad o interés del Recurrente, el mismo fue resuelto con el análisis del numeral 4º del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
5º Revisado exhaustivamente el presente Recurso, este Tribunal observa que el Recurrente solicita específicamente la Nulidad Absoluta de los Actos Administrativos, por lo que no se acumulan pretensiones que se excluyan mutuamente entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.
6º Riela en autos copias simples de Poder Especial, otorgado por los recurrentes al abogado Anmar Erit Tirado Gil, antes identificado y también al abogado José David Ramírez Díaz, marcado con la letra “A” el cual riela del folio ocho (09) al diez (10), copias simples de documentos de compra venta otorgado por la señora María Lucia Canelón de Díaz a los ciudadanos Holanda María Díaz, Mercedes Díaz Canelón, Antonio Abad Díaz Canelón, Rosa Graciela Díaz Canelón, notariado ante la Notaria Pública Primera de Barquisimeto, en fecha 13 de diciembre de 2000, marcado con la letra “B” riele del folio once (11) al veintisiete (27), copias simples de Acta sin Conciliación, llevada a cabo en la Unidad Regional de Defensa Pública del Estado Lara, extensión Carora, Oficina Agraria de El Tocuyo, marcada con la letra “C”, el cual riela del folio veintiocho (28) al veintinueve (29), necesarias para verificar la admisibilidad de la presente acción.
7° Revisado como ha sido el archivo de este Tribunal, no se evidencia alguna otra pretensión relacionada con el presente Recurso, por lo que, salvo prueba en contrario no existe algún Recurso paralelo que impida la admisibilidad de la presente acción.
8° De la lectura realizada al Escrito Recursivo, determina este Tribunal que el mismo fue realizado de forma legible, no contradictoria y respetuosa a la Majestad del Poder Judicial por lo que no se encuentra incurso en esta causal.
9° Que en el Escrito Recursivo el cual riela del folio uno al ocho (1 al 08) del presente expediente, que el recurrente abogado Anmar Erit Tirado Gil, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 108.756, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Holanda María Díaz, Mercedes Díaz Canelón, Antonio Abad Díaz Canelón, Rosa Graciela Díaz Canelón, titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 4.720.445; V- 4.066.403; V- 5.437.039 y V- 7.453.130, respectivamente, manifiesta ausencia de notificación de la iniciación del procedimiento, por cuanto los actos administrativos recurridos violentaron flagrantemente el derecho de la defensa, debido proceso y de propiedad al ser una decisión emanada de un órgano público que afecta de manera directa sus derechos de: Posesión Agraria y de patrimonio, sin ser oída en proceso alguno, en virtud de que, no se cumplió con el procedimiento establecido en los artículos del 59 al 67 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como ley especial que rige la materia agraria y mucho menos con las normas supletorias contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es decir, en la emisión del acto se violento el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala a los Órganos del Estado, y especialmente los entes agrarios, que: “…la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”
En lo atinente al numeral 10º, este Tribunal desconoce si el Recurrente ejercieron algún Recurso en Sede Administrativa, por lo que hasta esta oportunidad procesal, salvo prueba en contrario se presume que no se encuentre incurso en el presente numeral, lo cual se verificara una vez el Instituto Nacional De Tierras (I.N.Ti.), remita los antecedentes administrativos correspondientes.
En lo que se refiere a los numeral 11º y 12º del artículo 162 ejusdem, el Tribunal deja sentado que los mismos no resultan aplicables al recurso en cuestión.
13° Por último, este Tribunal considera que la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley ni de los preceptos constitucionales que rigen la materia.
En consecuencia, y satisfechas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en la legislación especial, se ordena la Admisión del presente Recurso de Nulidad por haber lugar a su sustanciación y así lo hará esta Juzgadora en el dispositivo de la presente decisión. ASI SE DECIDE.
-VI-
Decisión

En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, actuando como Tribunal de Primera Instancia Regional de lo Contencioso Administrativo Especial Agrario, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el abogado Anmar Erit Tirado Gil, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 108.756, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Holanda María Díaz, Mercedes Díaz Canelón, Antonio Abad Díaz Canelón, Rosa Graciela Díaz Canelón, titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 4.720.445; V- 4.066.403; V- 5.437.039 y V- 7.453.130, respectivamente. ASI SE DECIDE. ADMITE el presente Recurso Contencioso Administrativo Agrario de Nulidad y a tal efecto se ordena la notificación del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 166 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mediante oficio con copia certificada de todo el expediente, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), mediante oficio con copia certificada del recurso, para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, pasados como sean noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación en autos de la notificación que se practique al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, más cuatro (04) días que se les conceden como término de distancia y a los terceros que hayan sido notificados o participado en vía administrativa, mediante un cartel que deberá ser publicado en el Diario El Impulso, una vez cumplidas todas las notificaciones ordenadas anteriormente, para que comparezcan a oponerse al presente recurso, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la publicación del mismo, con la advertencia que dicho cartel deberá ser consignado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere expedido, teniendo la parte recurrente un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado, todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y a la sentencia Nº 1708 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de noviembre de 2011 (Exp. Nº 09-0695, Solicitud de Revisión-Instituto Nacional de Tierras).
Se ordena oficiar al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) a objeto que remita a este Tribunal, los Antecedentes Administrativos del caso sub-iudice, lo cual deberá ser cumplido por parte de la Autoridad Administrativa.
Se insta a la parte recurrente a consignar los medios necesarios a los fines de librar las copias certificadas correspondientes.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en Barquisimeto a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

La Jueza Provisoria,
Abg. KARINA LISBETH NIEVES MARTÌNEZ
La Secretaria,
Abg. LUCIA R. FRANQUIZ G.