REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 207º y 158º ASUNTO: KP02-O-2013-000179 PRESUNTO AGRAVIADO: ciudadano ALIRIO ANTONIO ARCIDA ALVARADO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°. V-12.018.016.- ABOGADO ASISTENTE: Abogado CARLOS ACEVEDO, inscrito en el IPSA bajo el Nº 78.974. Motivo: AMPARO CONSTITUCIONAL. I Se inicia la presente acción mediante escrito presentado en fecha 21 de Octubre de 2013, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil d de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y efectuado el correspondiente sorteo, correspondió su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado. Por auto de fecha 24 de Octubre de 2013, este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre su admisión, instó al querellante aclarar cuál era el objeto de su pretensión, identificar los presuntos agraviantes, así como también señalar cuales derechos o garantías constitucionales denunció como violados o susceptibles de violación, concediéndole un lapso de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, para aclarar lo requerido.- Después de esta última actuación, no se observa en el expediente diligencia alguna realizada por la parte querellante para la continuación del presente procedimiento.- Por auto de esta misma fecha, quien suscribe el presente fallo se abocó al conocimiento de la causa.- II Para decidir el Tribunal observa: Se desprende de las actas del expediente, que desde el 24 de Octubre de 2013, fecha en la que este Tribunal instó al querellante aclarar cuál era el objeto de su pretensión, identificar los presuntos agraviantes, así como también señalar cuales derechos o garantías constitucionales denunció como violados o susceptibles de violación, siendo que la parte querellante no realizo la aclaratoria requerida ni dio el correspondiente impulso procesal a la acción intentada por un período superior a seis (06) meses. Ahora bien, la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 982 de fecha 06-06-2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), dejó sentado lo siguiente: “...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia”. Se extrae de la sentencia parcialmente transcrita la circunstancia que según la doctrina de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en el procedimiento de amparo la inactividad de la parte accionante por un determinado período produce la extinción del proceso, no por la figura ordinaria de la perención prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sanción que se impone al demandante negligente que no da el debido impulso a la pretensión intentada por más de un (01) año, sino por la figura del ABANDONO DEL TRÁMITE prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Cabe destacar que independientemente como se le nombre, los efectos respecto al decaimiento y extinción de la acción son idénticos en ambas figuras, en lo que sí varían una y otra es en el período de tiempo que debe dejarse transcurrir para que opere la finalización del proceso por esa pasividad procesal. En efecto, como se indicó anteriormente, la perención de la instancia se verifica una vez transcurrido un (01) año desde la última actuación en autos del demandante, sin embargo, tal cosa no ocurre igual en el procedimiento especial de amparo constitucional que, debido a la brevedad y celeridad de su tramitación, establece un período de tiempo más corto de aquel que alude la perención. No obstante, se debe dilucidar el hecho que ese lapso temporal no se encuentra expresamente determinado en la Ley especial que rige la materia, sino por la jurisprudencia del Máximo Tribunal Constitucional. Desde luego, la propia decisión plasmada con antelación dejó sentado lo siguiente: “…De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por Seis (06) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de fijación de la oportunidad para la celebración de audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara…”. En el caso de estos autos la omisión de actuación del accionante durante más de seis (06) meses, encaja dentro de los extremos expuestos en la sentencia parcialmente transcrita, por lo que el abandono de trámite resulta consumado. En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés del actor por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la doctrina de nuestro máximo Tribunal, ocasionó, sin ningún género de dudas, la extinción de este procedimiento, y así debe declararse. III Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, (actuando en sede constitucional) Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA el ABANDONO DEL TRAMITE y en consecuencia, EXTINGUIDO el presente procedimiento de AMPARO CONSTITUCIONAL, y de conformidad con lo estatuido en el único aparte del artículo 25 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la accionante en amparo, ciudadano ALIRIO ANTONIO ARCIDA ALVARADO (identificado en el encabezado de esta decisión) una multa de CINCO BOLIVARES (Bs.F. 5,00).- Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara. En Barquisimeto, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.- LA JUEZ CONSTITUCIONAL ABG. DIOCELIS PEREZ BARRETO LA SECRETARIA ABG. CECILIA NOHEMI VARGAS En la misma fecha, siendo las 02:40 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.- LA SECRETARIA., ABG. CECILIA NOHEMI VARGAS DPB/CNV/Jalvarado.- KP02-O-2013-000179 ASIENTO LIBRO DIARIO: _____________