REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 20 de octubre de 2017 207º y 158º ASUNTO: KP02-N-2015-000282 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: PROALCA, C.A., Sociedad Mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 24 de septiembre de 1958, bajo el N° 86, Tomo 6. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: GERALDINE REVILLA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 113.894. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Providencia Administrativa Nº 160, dictada en el año 2015, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Lara sede Pedro Pascual Abarca, en el expediente signado con el Nº 078-2013-01-01217. MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO El procedimiento se inició con demanda presentada en fecha 14 de agosto de 2015, sometida a distribución por la Unidad correspondiente, la cual recibió este Tribunal el día 23 de septiembre de 2015, admitiéndola en fecha 28 de septiembre de 2015. Libradas y practicadas las notificaciones que ordena la Ley (folios 23 al 61), se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia de Juicio Oral y Pública, para el día 26 de julio de 2017 a las 09:30 a.m. (folio 62); difiriéndose la misma para el día 01 de agosto del presente año a las 11:00 a.m., por lo que se suspendió para el día 03 de agosto de 2017 a las 11:00 a.m. Llegada la fecha y anunciada la misma conforme a la ley, se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante, la Fiscal del Ministerio Publico y el tercero interviniente, dando inicio a la celebración de la audiencia, explanando sus alegatos, así como consignando escrito de promoción de pruebas, todo lo anterior en presencia del Abog. CESAR LAGONELL en su condición de Juez Temporal de este Juzgado. Ahora bien, luego de varias actuaciones el presente asunto, en fecha 05 de octubre de 2017 (folio 192), quien suscribe, Abogado GABRIEL GARCÍA VIERA, designado Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de abril de 2016, y debidamente juramentado por ante la Rectoría de esta Circunscripción Judicial, el 28 de septiembre de 2017, se ABOCÓ al conocimiento de la presente causa, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Vencido el lapso previsto en el referido artículo, este Juzgador procede a emitir pronunciamiento bajo las siguientes consideraciones: M O T I V A El artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela considera al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Para que el proceso pueda cumplir tal elevado cometido, debe ofrecer garantías formales y sustanciales, cuya efectividad es atribuida a los órganos judiciales. En este sentido, no se puede pasar por alto que, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, “Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa orientarán su actuación en los principios de justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad e inmediación” (Subrayado de este Juzgado). Con relación al principio de inmediación, la Sala Constitucional en sentencia N° 952 de 17 de mayo de 2002 (caso: Milena Adele Biagioni), estableció: “la finalidad de la audiencia oral es que el órgano jurisdiccional tenga contacto directo con las partes, de manera que ciertos aspectos del caso, quizá difíciles de expresar a través de la forma escrita, sean más fácilmente apreciados. Es por ello necesario que el juzgador y las partes estén en contacto directo, sin mediación alguna. Sólo circunstancias absolutamente excepcionales, podrían eventualmente justificar una relajación del mencionado principio”. Asimismo, en fecha 22 de diciembre de 2003, la referida Sala, en sentencia Nº 3744, resaltó lo siguiente: (…) El principio de inmediación se caracteriza porque el juez que ha de dictar la sentencia, debe presenciar personalmente la incorporación de las pruebas en las audiencias destinadas a ello, debe dictar decisión, es decir, los jueces que han de pronunciar la sentencia, deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtienen su conocimiento, siendo que al finalizar el debate, regido por el principio de concentración de la prueba, o en un lapso inmediato a dicha finalización, debe el juez proceder a sentenciar. Como un elemento de la inmediación, a los actos regidos por dicho principio deben concurrir las partes personalmente. (Resaltado de la Sala). Así pues, visto que el iter procesal de las demandas de nulidad, se encuentra estructurado por una audiencia de juicio, presidida por el juez, en la cual las partes y los interesados deben concurrir para exponer sus alegatos y defensas y donde podrán promover sus medios de pruebas, considera quien suscribe prudente puntualizar que, cuando se produce el abocamiento de un nuevo juez para conocer de una causa ya iniciada, corresponde fijarse la celebración de otra audiencia que garantice el contacto directo del juzgador con las partes, de manera que los pormenores del caso pudiesen ser apreciados más fácilmente, para luego dictar la decisión correspondiente, puesto que de lo contrario se quebrantaría el derecho al debido proceso y el principio de inmediación aludido, todo ello con fundamento en lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 633 de fecha 26 de mayo de 2014. De lo antes expuesto y en virtud que la causa ha sido conocida previamente por el Juez Suplente Abogado CÉSAR LAGONELL ÁNGEL, quien ha oído los alegatos de la parte, supuesto fáctico en el que la Sala ha señalado que el nuevo Juez debe fijar la instalación de otra audiencia oral que garantice un contacto directo del juzgador con las partes, de manera que los pormenores del caso pudiesen ser apreciados más fácilmente, para luego dictar la decisión correspondiente; en consecuencia, ante la doctrina señalada, y a los fines de garantizar el debido proceso previsto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el principio de inmediación establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Juzgador repone la causa al estado de que se celebre la audiencia de juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 82 eiusdem, todo ello con fundamento en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente conforme a lo previsto en el artículo 31 de la ley adjetiva contencioso administrativa. Así se decide. D I S P O S I T I V A Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Reponer la causa al estado de que se celebre la audiencia de juicio de conformidad con previsto en el artículo 82 Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. SEGUNDO: Una vez quede firme la presente decisión, se ordena fijar fecha y hora para celebrar la audiencia de juicio por auto expreso, una vez precluido el lapso para ejercer el recurso que corresponda. TERCERO: No hay condenatoria en costas porque ésta decisión no se refirió al fondo de la controversia y se dictó de oficio. CUARTO: Se ordena notificar de la presente decisión al Procurador General de la República de conformidad con lo previsto en el Artículo 109 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Firmada y sellada en el despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara. En Barquisimeto, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2.017. Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. EL JUEZ ABG. GABRIEL GARCÍA VIERA EL SECRETARIO ABG. LERMITH TORREALBA En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 3:10 p.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.- EL SECRETARIO ABG. LERMITH TORREALBA GGV/erymar