TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 13 de agosto del 2018.
Años: 208° de Independencia y 159° de la Federación

Expediente Nro. 13.188

Parte demandante: ROSA MARIBEL MORENO.
Parte demandando: CONTRALORIA DEL ESTADO COJEDES.
Objeto del Procedimiento: QUERELLA FUNCIONARIAL.

- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inicia en fecha 01 de marzo de 2010, por la interposición de una querella funcionarial incoada por la ciudadana ROSA MARIBEL MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 11.936.743, Asistida por el abogado en ejercicio el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.098.218, e inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro.15.970, contra La resolución Nro. 048/2009 del 30 de noviembre de 2009, dictada por la CONTRALORIA DEL ESTADO COJEDES.
En fecha 01 de marzo de 2010, se le dio entrada y se anoto en los libros correspondientes.
En fecha 14 de junio de 2010, mediante auto se le da admisión en cuanto ha lugar en derecho se refiere y se ordena citar bajo los oficios Nros. 23543/17521, 2544/17.522, 2.545/17.523 y 2.546/17.524.
En fecha 29 de julio de 2010, compareció el abogado de la parte querellante en donde solicito que se le designe correo especial a los fines de llevar al tribunal comisionado las actuaciones correspondientes.
En fecha 05 de agosto de 2010, vista la diligencia presentada por el abogado GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, inpreabogado Nro. 15.970, con su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, se designo correo especial al mencionado abogado.
En fecha 12 de abril de 2011, se dio por recibido y se agrego en autos la comisión cumplida por el JUZGADO DE OS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y ROMULO GALLEGOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
En fecha 12 de abril de 2011, el abogado de la parte querellante solicito el avocamiento del juez a la presente causa.
En fecha 06 de octubre de 2011, compareció el abogado GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, inpreabogado Nro. 15.970, con su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, en donde mediante diligencia solicito el avocamiento del juez en la presente causa.
En fecha 10 de enero del 2012, compareció el abogado GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, inpreabogado Nro. 15.970, con su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, en donde mediante diligencia solicito el avocamiento del juez en la presente causa.
En fecha 23 de enero de 2013, se aboco al conocimiento de la presente causa, el ciudadano JOSE GREGORIO MADRIZ DIAZ, en su condición de Juez Provisorio.
En fecha 20 de febrero de 2013, se dio por recibido y se agrego en autos la comisión cumplida por el JUZGADO DE OS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y ROMULO GALLEGOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
En fecha 24 de abril de 2013, compareció ante este Juzgado las ciudadanas MILAGROS GUZMAN DE MENA Y EMMA PIERINA GARCIA SOSA, venezolanas, mayores de edad, abogadas, titulares de la cedulas de identidad Nro. V.- 7.068.934 y V.- 11.507.880, inscrita en el inpreabogado bajo los Nro. 48.829 y Nro. 71.391, actuando en este acto como apoderados judiciales de la CONTRALORIA DEL ESTADO COJEDES, en razón de poder otorgados por el Ciudadano Econ. OSWALDO EMIRO BRACAMONTE en donde concurren para dar contestación a la demanda de querella funcionarial incoada por la ciudadana ROSA MARIBEL MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 11.936.743, Asistida por el abogado en ejercicio el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.098.218, e inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro.15.970.
En fecha 24 de abril de 2013, se dio por recibió y se agrego a los autos correspondientes.
En fecha 02 de mayo de 2013, mediante auto el tribunal da por vencido el lapso para la contestación de la presente querella, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, se fija para el quinto día de despacho siguiente al de este auto para que tenga lugar la Audiencia Preliminar.
En fecha 13 de mayo de 2013, mediante auto el tribunal difiere la celebración de auto de las Audiencia Definitiva, para el sexto día de despacho siguiente al de este auto a las diez y media de la mañana.
En fecha 21 de mayo de 2013, por diversas ocupaciones del tribunal se difiere el acto de la audiencia definitiva para el quinto día de despacho siguiente a las diez y media de la mañana.
En fecha 31 de mayo de 2013, se le dio apertura al acto y se dejo constancia de la no comparecencia de la parte querellante, ni por si, ni por medio de apoderado judicial, asimismo se deja constancia de la comparecencia de la parte querellada, por la falta de la parte accionante no se puede llamar a conciliación y se declara infructuosa, se dio por terminado el acto.
En fecha 04 de junio de 2013, mediante auto el tribunal fija la audiencia definitiva para dentro de cinco días de despacho ya que las partes no solicitaron l apertura al lapso probatorio.
En fecha 07 de junio de 2013, mediante escrito, la parte querellante narro unos hechos de pequeñas incongruencia a lo largo de los autos figados por el tribunal sobre las audiencias tanto preliminar como definitiva, confundiendo términos, la misma cita sentencias de la SALA POLITICO ADMINISTRATIVO, y solicita que por un criterio relacionados se reponga la causa a la etapa de Audiencia Preliminar.
En fecha 06 de junio de 2013, se dio por recibido y se agrego a los autos correspondientes.
En fecha 17 de septiembre de 2013, se difiere el acto de audiencia definitiva, que en el presente procedimiento debía celebrarse hoy a las once de la mañana para el quinto día de despacho siguiente.
En fecha 26 de septiembre de 2013, se le dio apertura al acto y se dejo constancia de la comparecencia de la parte querellante, por medio de su apoderado judicial el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.098.218, e inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro.15.970, de igual forma se deja constancia de la comparecencia de la parte querellada por medio de su apoderado judicial la ciudadana MILAGROS GUZMAN DE MENA Y EMMA PIERINA GARCIA SOSA, venezolanas, mayores de edad, abogadas, titulares de la cedulas de identidad Nro. V.- 7.068.934 y V.- 11.507.880, inscrita en el inpreabogado bajo los Nro. 48.829 y Nro. 71.391, se declaro abierto el lapso para la exposición oral, y seguidamente el juez fijo el lapso de diez día de despacho para dictar el dispositivo del fallo.
En fecha 11 de marzo de 2014, mediante diligencia el abogado de la parte querellante solicito la publicación del fallo.
En fecha 11 de agosto de 2016, vista la diligencia presentada en fecha 11 de marzo de 2014, de la abogada de la parte querellada el ciudadano LUIS ENRIQUE ABELLO GARCIA, en su carácter de Juez Provisorio, designado mediante oficio N° CJ-15-1458 de la comisión judicial en reunión de fecha 20 de mayo de 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa.

-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe por interposición de la querella funcionarial incoada por la ciudadana ROSA MARIBEL MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 11.936.743, Asistida por el abogado en ejercicio el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.098.218, e inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro.15.970, contra La resolución Nro. 048/2009 del 30 de noviembre de 2009, dictada por la CONTRALORIA DEL ESTADO COJEDES.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:

“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.

En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:

“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (Omissis)”.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)”.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte En fecha 27 de marzo de 2012, compareció ante este juzgado la abogada de la parte querellante en donde solicito que el juzgado se sirva a dictar sentencia de la presente causa, es decir, más de dos (2) años y (1) mes sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los trece (13) días del mes de agosto de 2018. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El Juez Superior,

La Secretaria,
Abg. Luis Enrique Abello García.

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro cartel de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,
Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
LEAG/Dvpm/hagc
Designado en fecha 20 de mayo de 2015, mediante Oficio Nro. CJ-15-1458
Teléfono (0241) 835-44-5