TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE
EXTENSIÓN CARÚPANO
TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO
Carúpano, 06 de Diciembre de 2018
208º y 159º

ASUNTO PRINCIPAL: RP11-P-2018-001586
ASUNTO: RP11-P-2018-001586

Jueza Primera de Juicio: ABG. JENNYS MATA HIDALGO.
Fiscalía Segunda del Ministerio Público: ABG. RAUL PAREDES
Defensa Pública Nº 2: ABG. DORYS MALAVE.
Acusados: VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ.
Delitos: ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, y USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Víctimas: YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA y EL ESTADO VENEZOLANO.
Secretario: ABG. JOSE MOYA.
SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISION DE LOS HECHOS

Corresponde al Tribunal Primero, de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, publicar auto de Sentencia Condenatoria por Admisión de Hechos decretado a los acusados VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO; lo cual se hace en los siguientes términos:

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA JUICIO ORAL
Iniciada la celebración de la Audiencia de Juicio oral y público en fecha 04 de Diciembre de 2018, de donde en extractos de dicha acta se encuentra suscrita la manifestación de cada una de las partes involucradas en este proceso, de la siguiente manera:
La Juez da inicio a la audiencia, indicando a las partes el significado y formalidades del acto, al tratarse de un procedimiento ordinario se le cedió la palabra al representante de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, representada en este acto por el Abg. Raúl Paredes, quien verbalmente ratificó acusación presentada en su oportunidad, en contra de los ciudadanos VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, por los hechos ocurridos en fecha en fecha 27/05/2018, según consta en Denuncia, de esa misma fecha, rendida por la ciudadana Yraida Josefina García Mata, suscrita por ante funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía Gral. José Francisco Bermúdez, quien expone: es el caso que venia caminando por la calle Juncal cerca de Acosta Montaño frente al hotel San Francisco, cuando venían tres (03) ciudadanos en eso dos se quedaron cuidando mientras que uno se me acerca y saco una pistola y me la puso en la cabeza y me dijo mira mamahuevo dama la bolsa y me la quito dentro de la bolsa llevaba la cantidad de 50 mil bolívares en efectivo y salio corriendo gracias que estaba un policía cerca que se dio cuenta y lo agarro a dos ciudadanos el que me robo con la pistola y a otro que lo acompañaba el tercero se fue (…) Considerando la representación fiscal que la conducta desplegada por los acusados de autos, se subsume dentro de los supuestos establecidos en los tipos penales antes establecidos, ahora bien, considera el Ministerio Publico que corresponde a Usted, ciudadana Juez, con la potestad que le da el Estado Venezolano para administrar justicia con los medios de pruebas que se traerán a esta sala como lo son testigos, funcionarios y expertos; así como las pruebas documentales las cuales en su oportunidad serán incorporadas por su lectura, determinar la responsabilidad del acusado; por lo que solicito es que esté muy atento a lo que sucederá en este debate y a los distintos medios de pruebas y en base al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal valore las pruebas para llegar a la convicción que lo procedente será dictar una sentencia condenatoria en contra de los up supra acusados”.-

La Defensa técnica de los acusados, representada por la Abg. Dorys Malave, solicitó al Tribunal le sea otorgada la palabra a sus representados, quienes le han manifestado sus deseo de admitir los hecho, conforme a lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y en virtud que la posible pena a imponer no supera los cinco (05) años, solicitó la Revisión de la Medida de Privación de Libertad, de conformidad a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.-

Seguidamente el representante del Ministerio Público manifestó al Tribunal no oponerse a la Revisión de Medida que pesa sobre los acusados, toda vez que la posible pena a imponer no supera los cinco años.-

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL
Así pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal emite el siguiente pronunciamiento:

“Artículo 250. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.-

Ahora, visto que la posible pena a imponer a los acusados de autos no excede de los CINCO (5) AÑOSDE PRISIÓN, es por lo que se procede a REVISAR en este acto la media de coerción personal que pesa en contra del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; para la aplicación a los efectos de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a las previsiones dispuestas en el artículo 242 numeral 3 ejusdem, tal y como lo solicitara la Defensa y a lo cual no hizo objeción el representante fiscal, la cual consistirá en presentaciones cada TREINTA (30) DIAS por ante la Unidad de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal de Carúpano, hasta tanto el Tribunal de Ejecución decida lo conducente al respecto. Y ASI SE DECLARA.

Los Acusados de autos, impuestos del Precepto Constitucional consagrado en él articulo 49 numeral 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 132, 133 y 134 del Código Orgánico Procesal Penal, así como del procedimiento por admisión de los hechos, contenido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, se identificó el PRIMERO de ellos como: ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, Venezolano, natural de Carúpano Municipio Bermúdez del Estado Sucre, soltero, de 25 años de edad, de profesión u oficio comerciante, Titular de la Cedula de Identidad N° V-20.375.763, nacido en fecha 23-10-1992, hijo de Fredy Rodríguez y Maryoris Jiménez, residenciado Playa Grande, Ato Román I, casa H 15, cerca del ambulatorio, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, quien de manera libre, voluntaria sin coacción manifestó: “Yo admito los hechos y solicito se me imponga la pena”.

El SEGUNDO de los acusados se identificó como: VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, Venezolano, natural de Valencia Estado Carabobo, soltero, de 23 años de edad, de profesión u oficio agricultor, Titular de la Cedula de Identidad N° V-25.335.938, nacido en fecha 09/04/1995, hijo de Irvin Rafael Mercado y Mirta Elena Rodríguez, residenciado Flor Amarillo, calle Mayorista, casa 15, cerca del Mercado el Mayorista, Valencia del Estado Carabobo, quien de manera libre, voluntaria sin coacción manifestó: “Yo admito los hechos y solicito se me imponga la pena”.

Seguidamente la Defensora Pública, oída la admisión de los hechos por parte de sus representado, quien de manera libre y voluntaria admitieron los hechos, invocó la rebaja correspondiente establecida en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal y que se les tome a consideración al momento de aplicar la pena, la atenuante prevista en el artículo 74 numeral 4º del Código Penal.
Es por lo que este órgano jurisdiccional en aras de la garantía de la justicia idónea, expedita y sin dilaciones indebidas que establecen los artículos 26, 49. 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el derecho que tienen los acusados de solicitar la aplicación del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 375 de la norma adjetiva penal, manifestando de manera pura y simple, libre y sin juramento, los acusados VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, que admitían los hechos fijados en la acusación, pidiendo a su vez la imposición inmediata de la pena.

Acto seguido el Tribunal a tenor de lo anteriormente expuesto, estimó que en el asunto sub exámine era perfectamente aplicable el Procedimiento por Admisión de los Hechos, toda vez que se había admitido en su totalidad la acusación fiscal y existen pruebas que acreditan la existencia de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.-

Ahora bien, vista la admisión de hechos realizada por los acusados VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, y siendo que los mismos en forma libre y espontánea, se acogió al procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el Libro Tercero, artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, institución jurídica que permite poner fin al proceso de manera anticipada, una vez admitida la acusación y hasta antes de la recepción de las pruebas, cuando el Tribunal concede la palabra al acusado, éste puede admitir los hechos objeto del proceso y solicitar la imposición inmediata de la pena, siendo que este Tribunal de Juicio consideró dicha posibilidad a los fines de velar por el fiel cumplimiento de la tutela judicial efectiva, establecida en el artículo 26 Constitucional, traducida en garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma e independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; aunado a ello, el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia; las Leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público, sin sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, tal y como lo establece el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Tribunal estima la declaración de los acusados, equiparando la misma a la confesión contenida en el artículo 49, ordinal quinto, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues la misma fue rendida sin coacción de ninguna naturaleza, siendo que el propio acusado, impuesto del contenido del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia, libre de juramento, coacción o apremio, manifestó que admitía su responsabilidad en los hechos que generaron la presente causa, por los cuales presentó acto conclusivo el Ministerio Público y fueron descritos en la parte motiva de la acusación; hechos estos por los cuales admitieron los acusados su autoría y responsabilidad de manera voluntaria, sin coacción, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO; configurándose así el supuesto establecido en los artículos in comento, razón por la cual este Tribunal los declara CULPABLES y los CONDENA, por la comisión de los delitos indicados conforme a al Procedimiento Especial por Admisión de Hechos, establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal y Así se decide.-

DETERMINACIÓN DE LA PENA A CUMPLIR
Precisado lo anterior y admitidos como fueron los hechos por el acusado, es obligación de esta Juzgadora imponerle de forma inmediata las sanciones establecidas para los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.

El delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, prevé una pena que oscila entre DIEZ (10) a DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISION, cuyo termino medio es de TRECE (13) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISION, de conformidad con el artículo 37 del Código Penal, pero en vista de no consta antecedentes penales del mismo en el presente asunto, se le impone el límite inferior, es decir, DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, de conformidad con el artículo 74 ordinal 4º del Código Penal, ahora bien por cuanto el presente delito es en grado de cómplice no necesario se procede a la rebaja de la mitad de la pena es decir CINCO (05) AÑOS DE PRISION.
En cuanto al delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, prevé una pena que oscila de DOS (02) a CUATRO (04) AÑOS DE PRISION, cuyo termino medio es de TRES (03) AÑOS DE PRISION, de conformidad con el artículo 37 del Código Penal, pero en vista que el acusado no presenta antecedentes penales, se le toma el termino Mínimo, es decir, DOS (02) AÑOS DE PRISION, de conformidad con el artículo 74 ordinal 4º del Código Penal. Pero en vista que existen varios tipos penales de conformidad con el articulo 88 del Código Penal Venezolano, el cual establece que al culpable de dos o mas delitos, cada uno de los cuales acarree pena de prisión solo se le aplicara la pena correspondiente al mas grave pero con aumento de la mitad del tiempo correspondiente a la pena del otro delito, en el presente caso, es decir, se le sumara a los CINCO (05) AÑOS DE PRISION, impuestos por el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, se le suma UN (01) AÑO por el delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, para un total de SEIS (06) AÑOS DE PRISION. Ahora bien por la admisión de los hechos de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal y, de acuerdo con dicha norma, el Juez podrá rebajar la pena aplicable desde un tercio a la mitad, considerando la rebaja de un tercio, es decir DOS (02) AÑOS DE PRISIÓN, tenemos pues, que una vez aplicada la debida operación matemática, tenemos que la pena definitiva a imponer sería de CUATRO (04) AÑOS DE PRISION, más las accesorias de Ley, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.

Ahora bien, en razón a las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos investigados y al bien jurídico afectado, de acuerdo con los elementos fácticos y la admisión de los hechos formulada, en un todo de acuerdo al Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, establecido en el Artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, resultando en definitiva la pena a cumplir de CUATRO (04) DE PRISION, más las accesorias de Ley, establecidas en el artículo 16 del Código Penal, pena impuesta por este Tribunal conforme a la figura del procedimiento especial de admisión de hechos, la limitación impuesta en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo con las circunstancias del caso, no obstante ello, este Tribunal tomando en cuenta que tal como se desprende de autos el acusado no posee antecedentes penales, una vez analizado el caso en concreto, donde se ha quedado evidenciado que estamos en presencia de un individuo primario, es por lo que en aplicación del principio fundamental del ius puniendi del Estado y de la imposición de la pena en sí, que no es otro que lograr la reinserción social del sujeto, y que este comprenda y encause en el rol que le corresponde asumir en la sociedad, convirtiéndose en unos ciudadanos de bien, así como en aplicación del principio fundamental contenido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo es, ese Estado Social de Derecho y de Justicia, que nos conlleva, a que los ciudadanos, no perciban al Estado, solo como un ente sancionador, que no solo impone penas, por órgano de los auxiliares de la justicia, sino que participa activamente en la resocialización del sujeto activo, para hacer de este un ente útil a su medio o entorno social. Y así se declara.-
Asimismo, este Tribunal no condena en costas a los acusados, de conformidad los artículos 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento al principio de gratuidad de la justicia penal, al evitar al estado la erogación de gastos, evitándose con ello la realización de un juicio oral y público, aunado a que la presente condenatoria se origina por una Admisión de Hechos.-.
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuesto éste Tribunal Primero de Juicio, del Circuito Judicial penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley resuelve: PRIMERO: DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, conforme a lo previsto en los artículos 242 Numeral 3º y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a los acusados VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, consistente en presentaciones cada treinta (30) días hasta que el Tribunal de Ejecución ejecute la presente sentencia y decida lo conducente.- SEGUNDO: CONDENA a los ciudadanos ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, Venezolano, natural de Carúpano Municipio Bermúdez del Estado Sucre, soltero, de 25 años de edad, de profesión u oficio comerciante, Titular de la Cedula de Identidad N° V-20.375.763, nacido en fecha 23-10-1992, hijo de Fredy Rodríguez y Maryoris Jiménez, residenciado Playa Grande, Ato Román I, casa H 15, cerca del ambulatorio, Municipio Bermúdez del Estado Sucre y VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, Venezolano, natural de Valencia Estado Carabobo, soltero, de 23 años de edad, de profesión u oficio agricultor, Titular de la Cedula de Identidad N° V-25.335.938, nacido en fecha 09/04/1995, hijo de Irvin Rafael Mercado y Mirta Elena Rodríguez, residenciado Flor Amarillo, calle Mayorista, casa 15, cerca del Mercado el Mayorista, Valencia del Estado Carabobo a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS DE PRISION, más las accesorias de Ley, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 del código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, ello de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, este Tribunal no condena en costas al acusado, de conformidad los artículos 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento al principio de gratuidad de la justicia penal, al evitar al estado la erogación de gastos, evitándose con ello la realización de un juicio oral y público, aunado a que la presente condenatoria se origina por una Admisión de Hechos. Notifíquese a la víctima. Remítase en el lapso legal correspondiente la presenta causa al Tribunal de Ejecución. Así se decide. Cúmplase.-
JUEZA PRIMERA DE JUICIO

ABG. JENNYS MATA HIDALGO.
SECRETARIO JUDICAIL.

ABG. JOSE MOYA