TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA LIBERTADOR LOS GUAYOS NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
VALENCIA, 11 DE ENERO DEL AÑO 2018.
AÑOS 207° Y 158°

SOLICITANTES: CARLA JOSEFINA GUEVARA BARRIOS y JHON ERICK BEIZA MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V- 19.410.286 y V-18.086.802, respectivamente, asistidos por la abogada AYZA MACHADO, inscrita en el IPSA bajo el N° 65.009.
MOTIVO: DIVORCIO MUTUO CONSENTIMIENTO
EXPEDIENTE Nº: 9137
NARRATIVA:
Del presente expediente se observa lo siguiente:
Por escrito presentado en fecha 07 de Noviembre de 2017, los ciudadanos CARLA JOSEFINA GUEVARA BARRIOS y JHON ERICK BEIZA MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V- 19.410.286 y V-18.086.802, respectivamente, asistidos por la abogada AYZA MACHADO, inscrita en el IPSA bajo el Nº 65.009, solicitaron el DIVORCIO de conformidad con la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 02 de junio de 2015, expediente 12-1163, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Marchan.
En fecha 09 de Noviembre de 2017, se le da entrada y se admite la solicitud fijando la audiencia de conciliación para el quinto (5to) día siguiente al auto de admisión, a los fines de que los solicitantes comparezcan personalmente por ante este Tribunal a las 10:00 de la mañana, con el objeto de ratificar su petición de Divorcio 185 de Mutuo consentimiento, asimismo se ordenó la Notificación del Fiscal especializado en Materia Civil y Familia del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial para dentro de los Diez (10) días de Despacho siguiente a su Notificación a fin de que exponga lo que creyera conveniente, se libró la boleta de Notificación.
El día 271de Noviembre de 2017, siendo las 10:00 de la mañana tuvo lugar la audiencia de Conciliatoria de conformidad con el artículo 257 Constitucional del contenido se desprende que las partes manifiestan no reconciliarse y solicitan se decrete el Divorcio.
En fecha 06 de Diciembre del 2017, comparece el Alguacil del Tribunal a los fines de consignar la boleta de Notificación librada a la Fiscal Décima Octava del Ministerio Público en materia de Niño, Niña, Adolescente y Familia de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 12 de Diciembre de 2017 comparece por ante este Despacho la abogada ELAS JOSEFINA PEREZ MORENO Fiscal Décima Octava del Ministerio Publico Especial para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del Estado Carabobo y manifiesta su opinión al fondo de la pretensión en la Solicitud de Divorcio.
ALEGATOS DE LAS PARTES:
Que en fecha 22 de Noviembre de 2013 contrajeron matrimonio por ante la Oficina de Registro Civil de la Parroquia Urama, Municipio Juan José Mora del estado Carabobo, según se evidencia en Acta de Matrimonio No. 64, Tomo 01, del año 2013, la cual acompañaron al escrito de solicitud.
Que no procrearon hijos y si adquirieron bienes.
Que de común y mutuo acuerdo han convenido y decidido separarse.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Este Tribunal de conformidad con lo establecido en la sentencia Nro. 1710 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de Diciembre del 2015, Magistrada ponente Dra. Carmen Zuleta de Merchán que establece:
“ Ahora bien, esta Sala Constitucional inspirada en los principios relativos al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, consagrados en la constitución de la república bolivariana de Venezuela dictó sus fallos núm. 446 del 15 de mayo de 2014 y 693 del 2 de junio de 2015, que se expresan en el libre consentimiento y la posibilidad de obtener un fallo que resuelva de manera satisfactoria la pretensión de divorcio planteado judicialmente.
Por otra parte, advierte la Sala en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada en la Gaceta oficiadle la República Bolivariana de Venezuela N° 39.913 del 2 de mayo de 2012, facilita a los cónyuge una solución expedita y sin trámites la disolución del vinculo, a través de los jueces y juezas de paz, al permitirles comparecer de mutuo acuerdo a solicitar el divorcio.
En efecto, este instrumento normativo, de reciente data, que regula las competencias de los jueces y juezas de paz comunal, preceptúa en su artículo 8:

Los Jueces y Juezas de paz comunal son competentes para conocer:
…omissis..
8.- Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho, cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreados hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud.
De tal modo que, el Legislador le ha conferido con esta Ley a los Jueces y Juezas de Paz la competencia para divorciar a aquellos cónyuges que de mutuo acuerdo lo pretendan, sin necesidad de que previamente se decrete una separacion de cuerpos y la espera de un año para obtener el divorcio, o de que se les exija como requisito previo la separación de hecho por mas de cinco años, tal como lo establece el Articulo 185-A del Codigo Civil, antes por el contrario, ha establecido la posibilidad de que los mismos sean divorciados sin mas trámite que comparecer ante un juez y asi solicitarlo siempre que no haya hijos menores o discapacitados.

No obstante, se observa que a los fines de la aplicación de la norma especial, en aquellas comunidades donde no se hayan constituido Jueces y Juezas de Paz Comunal, serán los Jueces y Juezas de Municipio competentes en los territorios que se correspondan con el domicilio conyugal los que ejecuten esa competencia, a tenor de la atribución de competencia que realiza el Articulo 3 de la ya citada Resolución de la Sala Plena N° 2009-006, visto el carácter no contencioso de estas solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento. ASI SE ESTABLECE.”
Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal.
En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.
De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.
De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos como consecuencia de su libre consentimiento la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem).
Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Así, debe ser interpretada en el sentido que manifestada formalmente ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo 185-A del Código Civil, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la solicitud, debe otorgar oportunidad para probarlos, ya que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional), así como para el desarrollo integral de las personas (artículo 75 eiusdem), mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado (artículo 75 ibidem).
Así tenemos que, en Sentencia de la Sala Constitucional con carácter vinculante, se realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y establece que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, incluyéndose el mutuo consentimiento.
En el presente caso, cumplidos como han sido los trámites procesales, y en razón de que los cónyuges CARLA JOSEFINA GUEVARA BARRIOS y JHON ERICK BEIZA MARTINEZ,, supra identificados, de mutuo consentimiento han manifestado ante este Tribunal su voluntad de suspender la vida en común, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY declara: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO (MUTUO CONSENTIMIENTO) de los ciudadanos CARLA JOSEFINA GUEVARA BARRIOS y JHON ERICK BEIZA MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V- 19.410.286 y V-18.086.802, respectivamente, asistidos por la abogada AYZA MACHADO, inscrita en el IPSA bajo el Nº 65.009, y en consecuencia declara DISUELTO el vinculo matrimonial por ellos contraídos por ante la Oficina de Registro Civil de la Parroquia Urama, Municipio Juan José Mora del estado Carabobo, según se evidencia en Acta de Matrimonio No. 64, Tomo 01, del año 2013, tal y como se evidencia de la respectiva acta de Matrimonio acompañada a la presente solicitud.
Particípese al Registro Civil correspondiente, así como al Registro Principal del estado.
En cuanto a los bienes, los solicitantes manifestaron que no hay bienes que liquidar.
Así se decide.
Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 248 ejusdem.
Dada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En Valencia a los Once (11) días del mes de Enero de 2018. Año 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

EL JUEZ PROVISORIO

Abg. YOVANI RODRIGUEZ CANTERO
LA SECRETARIA TITULAR

Abg. GRISEL SANGRONIS

En la misma fecha se publicó, siendo las 12:30 de la tarde y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.

LA SECRETARIA TITULAR

Abg. GRISEL SANGRONIS

Exp. 9137-2018

Abg. GRISEL SANGRONIS Secretaria Titular del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. CERTIFICA que, las copias que a continuación se insertan, son traslado fiel y exacto de su original, de cuya exactitud doy fe, certifico y expido, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA TITULAR

Abg. GRISEL SANGRONIS