TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 11 de Enero de 2018
Años: 207° de Independencia y 158° de la Federación

Expediente Nro. 13.158
Parte recurrente: HAROLD GARCIA ROMERO
Parte recurrida: GOBERNACION DEL ESTADO CARABOBO.
Objeto del Procedimiento: QUERELLA FUNCIONARIAL

- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inicia en fecha 08 de febrero de 2010 por el ciudadano HAROLD GARCIA ROMERO, titular de la cedula de identidad N° V- 12.737.778, debidamente asistido por el abogado en ejercicio JUAN FRANCISCO NUÑEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709, a los fines de interponer recurso contencioso administrativo funcionarial contra la GOBERNACION DEL ESTADO CARABOBO.
En fecha 17 de Febrero de 2010, se le dio entrada y anoto en los libros respectivos a la presente querella funcionarial.
En fecha 23 de Julio de 2010, se dicto auto de admisión a la presente querella funcionarial y se ordenaron las respectivas notificaciones.
En fecha 22 de Noviembre de 2010, el ciudadano Alguacil de este Juzgado Superior dejo constancia de haber hecho entrega de los oficios Nro.3121/18099 dirigido al ciudadano Procurador General del Estado Carabobo.
En fecha 22 de Noviembre de 2010, el ciudadano Alguacil de este Juzgado Superior dejo constancia de haber hecho entrega de los oficios Nro.3123/18101 dirigido al ciudadano Gobernador del Estado Carabobo.
En fecha 26 de Noviembre de 2010, se dicto auto mediante el cual se ordena dejar sin efecto el oficio N° 3122/18100 de fecha 23 de julio de 2010 dirigido al Gobernador del Estado Carabobo, por cuanto existe un error material en el mismo, ordenándose librar nuevo oficio dirigido al Comandante General de la Policía del Estado Carabobo, en los mismos términos del auto de admisión.
En fecha 21 de Enero de 2011, mediante diligencia el abogado en ejercicio JUAN FRANCISCO NUÑEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HAROLD GARCIA ROMERO, identificado anteriormente, solicitó el abocamiento del Juez en la presente causa.
En fecha 27 de Enero de 2011, se dicto auto mediante el cual la ciudadana GERALDINE LOPEZ BLANCO, en su condición de Juez Provisorio designada se aboco al conocimiento de la presente causa y se libraron las respectivas notificaciones.
En fecha 02 de Febrero de 2011, la ciudadana Alguacil de este Juzgado Superior dejo constancia de haber hecho entrega de las boletas de notificación del auto de abocamiento de fecha 27/01/2011, dirigidos al ciudadano Procurador y Gobernador del Estado Carabobo.
En fecha 18 de Julio de 2011, la ciudadana Alguacil de este Juzgado Superior dejo constancia de haber hecho entrega del oficio N° 4465/19443 dirigida al Comandante General de la Policía del Estado Carabobo.
En fecha 11 de Agosto de 2011, la abogada MARIA DE LOS ANGELES REYES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 54.854, actuando en su carácter de apoderada judicial del ESTADO CARABOBO, consigno escrito de contestación, asimismo consigno copias fotostáticas debidamente certificada del expediente administrativo relacionado con el querellante, ambos se recibieron y agregaron a los autos.
En fecha 12 de Agosto de 2011, se dicto auto mediante el cual se fijo para el quinto (5º) día de despacho siguiente al de este auto a las 10:00 de la mañana para la celebración de la audiencia preliminar.
En fecha 26 de Septiembre de 2011, tuvo lugar acto de audiencia preliminar.
En fecha 29 de Septiembre de 2011, el abogado en ejercicio JUAN FRANCISCO NUÑEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HAROLD GARCIA ROMERO, identificado anteriormente, consigno escrito de promoción de pruebas el cual se recibió y agrego a los autos.
En fecha 08 de Noviembre de 2011, mediante diligencia el abogado en ejercicio JUAN FRANCISCO NUÑEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HAROLD GARCIA ROMERO, identificado anteriormente, solicito el abocamiento del Juez en la presente causa.
En fecha 26 de Enero de 2012, se dicto auto mediante el cual el ciudadano JOSE GREGORIO MADRIZ DIAZ, en su condición de Juez Provisorio designada se abocó al conocimiento de la presente causa y se libraron las respectivas notificaciones.
En fecha 02 de Mayo de 2012, la ciudadana Alguacil de este Juzgado Superior dejo constancia de haber hecho entrega de las boletas de notificación del auto de abocamiento de fecha 26 de enero de 2012 dirigidos al Gobernador del Estado Carabobo, Procurador del Estado Carabobo y Comandante General de la Policía del Estado Carabobo.
En fecha 04 de Junio de 2012, se dicto auto de admisión al escrito de prueba presentado por la parte querellante.
En fecha 06 de Junio de 2012, la ciudadana Alguacil de este Juzgado Superior dejo constancia de haber entregado oficio N° 1950 de fecha 4 de junio de 2012, dirigido al ciudadano Juez Distribuidor de los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua y los Guayos de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
En fecha 04 de Julio de 2012, se recibió y agrego a los autos comisión N° 1288 emanada del Juzgado Segundo de los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua y los Guayos de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
En fecha 09 de Julio de 2012, se dicto auto mediante el cual se fijo para el quinto (5º) día de despacho siguiente al de este auto a las 10:00 de la mañana para la celebración de la audiencia definitiva.
En fecha 26 de Julio de 2012, tuvo lugar acto de audiencia definitiva.
En fecha 01 de Noviembre de 2012, el abogado en ejercicio JUAN FRANCISCO NUÑEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HAROLD GARCIA ROMERO, identificado anteriormente, solicito se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 28 de Octubre de 2015, el abogado en ejercicio JUAN FRANCISCO NUÑEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HAROLD GARCIA ROMERO, identificado anteriormente, solicito el abocamiento del Juez en la presente causa.

En fecha 29 de Octubre de 2015, el ciudadano Luís Enrique Abello García, en la condición de Juez Superior, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo del 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa, y se libraron las respectivas notificaciones.
-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se inicia por el ciudadano HAROLD GARCIA ROMERO, titular de la cedula de identidad N° V- 12.737.778, debidamente asistido por el abogado en ejercicio JUAN FRANCISCO NUÑEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709, a los fines de interponer recurso contencioso administrativo funcionarial contra la GOBERNACION DEL ESTADO CARABOBO.

Ahora bien, constata este Juzgado que desde el 28 de octubre de 2015, fecha en la cual mediante diligencia el abogado JUAN FRANCISCO NUÑEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.709, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HAROLD GARCIA ROMERO, supra identificado, solicitó el abocamiento del Juez en la presente causa, y hasta la presente fecha no ha existido actividad efectuada por la parte querellante tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a este Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:

“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.

En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:

“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)’.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)’.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
‘…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte querellante desde el 28 de octubre de 2015, es decir, más de dos (02) años, sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los once (11) días del mes de Enero de 2018. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR,

ABG. LUIS ENRIQUE ABELLO GARCÍA. LA SECRETARIA,

ABG. DONAHIS VICTORIA PARADA MÁRQUEZ.
Exp. Nro.13.158. En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro cartel de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA,

ABG. DONAHIS VICTORIA PARADA MÁRQUEZ.
LEAG/Dvpm/gkp