TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 22 de enero de 2018
Años: 207° de Independencia y 158° de la Federación

Parte demandante: MARLY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALES.
Parte demandado: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.
Objeto del Procedimiento: QUERELLA FUNCIONARIAL.
Expediente Nro. 10587
- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

En fecha 20 de diciembre de 2005, fue interpuesto el recurso de nulidad presentada por los abogados SAUDI RODRIGUEZ PEREZ, CARLOS RODRIGUEZ PEREZ RUGELES y ELIZABETH MALDONADO GARRIDO, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 20.259, 61.180 y 37.261, apoderados judiciales de la ciudadana MARLY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALES, titular de la cédula de identidad Nº V-11.652.493, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.
En fecha 11 de enero de 2006, se le dio entrada y anoto en los libros respectivos.
En fecha 06 de febrero de 2006, se admitió la querella funcionarial interpuesta y se libraron las notificaciones correspondientes.
En fecha 28 de marzo de 2006, se le dio entrada al escrito interpuesto por el abogado CARLOS RODRIGUEZ, inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 61.180, solicitando abocamiento del ciudadano Juez para ese momento y se anoto en los libros respectivos
En fecha 04 de octubre de 2006, se le dio entrada al escrito interpuesto por el abogado CARLOS RODRIGUEZ, inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 61.180, solicitando abocamiento del ciudadano Juez para ese momento y se anoto en los libros respectivos
En fecha 14 de diciembre de 2007, comparece ante este Tribunal la abogada ELIZABETH MALDONADO GARRIDO, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el N°. 37.261, para ratificar las diligencias suscritas por el abogado CARLOS ROGRIGUEZ.
En fecha 13 de abril de 2007, comparece ante este Tribunal la abogada SAUDI RODRIGUEZ PEREZ, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 20.259, solicitando abocamiento del ciudadano Juez para ese momento.
En fecha 22 de mayo de 2007, el ciudadano Juez OSCAR J. LEON UZCATEGUI, se aboco al conocimiento de la presente causa y se libraron las notificaciones correspondientes.
En fecha 09 de agosto de 2007, comparece ante este Tribunal las abogadas SAUDI RODRIGUEZ PEREZ y ELIZABETH MALDONADO inscritas en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 20.259 y 37.261, solicitando se revoque abocamiento y dejar sin efecto las boletas de notificación de fecha 22 de mayo de 2007.
En fecha 28 de marzo de 2008, mediante auto se revoca y se deja sin efecto el abocamiento y notificaciones de fecha 22 de mayo de 2007. En esta misma fecha el ciudadano Juez OSCAR J. LEON UZCATEGUI, se aboco al conocimiento de la presente causa.
En fecha 17 de julio de 2008, se dio por recibida comisión debidamente cumplida y se agrego a los autos.
En fecha 16 de septiembre de 2008, se dio por recibido escrito de contestación interpuesto por las abogadas DORIS MARIN ROA Y LENYN GARRIDO DACOSTA 49.868 y 108.925, respectivamente, apoderadas judiciales de la Procuraduría General del Estado Yaracuy.
En fecha 17 de septiembre de 2008, se libro auto indicando un lapso para la contestación de la querella y se fijo al quinto (5°) día de despacho siguiente al auto para realizar la audiencia preliminar a las 02:00 de la tarde.
En fecha 23 de septiembre de 2008, se dio por recibido escrito de contestación interpuesto por la abogada ROSA MARIA GRAVINA, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 57.822, apoderada judicial de la Procuraduría General del Estado Yaracuy.
En fecha 25 de septiembre de 2008, se libro auto difiriendo la audiencia definitiva que debía celebrarse a las 2:00 de la tarde, para el quinto (5°) día de despacho a la misma hora.
En fecha 06 de octubre de 2008, se realizo la audiencia preliminar, se dejo constancia de la no comparecencia de la representación de la parte querellante. Asimismo deja constancia que se encuentra presente la parte querellada y solicito apertura del lapso probatorio en el procedimiento.
En fecha 14 de octubre de 2008, se dan por recibidas las pruebas promovidas por los abogados CARLOS ANTONIO MOGOLLON Y MARLYN GALICIA ADAMES LE Ó N, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 70.007 y 131.359.
En fecha 14 de octubre de 2008, se dan por recibidas las pruebas promovidas por la abogada SAUDY RODRIGUEZ PEREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro.20.529.
En fecha 16 de octubre de 2008, se dan por recibidas las pruebas promovidas por la abogada MARLYN GALICIA ADAMES LEÓN, inscrita en el Inpreabogado bajo lo Nro. 131.359.
En fecha 29 de octubre de 2008, mediante auto dictado por este Tribunal se admitió escrito de pruebas presentadas el 14 de octubre de 2008, por los abogados CARLOS ANTONIO MOGOLLON Y MARLYN GALICIA ADAMES LEÓN inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 70.007 y 131.359, respectivamente, apoderados judiciales de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY. En esta misma fecha también se admitió escrito de pruebas presentadas por la abogada SAUDY RODRIGUEZ PEREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro.20.529, apoderada judicial de la ciudadana MARLY MARIOLY BARRAGAN, titular de la cédula de identidad Nº V-11.652.493.
En fecha 17 de noviembre de 2008, se da por recibida escrito de evacuación de pruebas, igualmente consignando instrumentos legales que ilustren al ciudadano Juez al momento de decidir y sentenciar.
En fecha 19 de noviembre de 2008, vence el lapso probatorio y se fija la audiencia definitiva al quinto (5°) día de despacho a las 2.20 de la tarde.
En fecha 03 de diciembre de 2008, se realizo la audiencia definitiva, se dejo constancia que se encuentran presente la parte querellada y la parte querellante.
En fecha 05 de mayo de 2009, se dio por recibido el informe en relación a la presente causa, promovida por las abogadas DORYS MARIN ROA MARLYN y GALICIA ADAMES LEÓN, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 49.868 y 131.359, respectivamente.
En fecha 13 de julio de 2009, se dio por recibida comisión debidamente cumplida y se agrego a los autos.
En fecha 16 de junio de 2010, comparece ante este Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 74.460, consigna copia y original de instrumento y poder a efectos vivendi y revocar poder especial.
En fecha 12 de julio de 2010, se dio por recibido escrito interpuesto por la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460.
En fecha 23 de julio 2010, comparece ante este Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito declarar con lugar el RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD por ilegal e inconstitucional y pide se dicte sentencia.
En fecha 15 de noviembre de 2010, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito dictar dispositivo del fallo en la presente causa.
En fecha 31 de enero de 2011, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito al ciudadano Juez se avoque al conocimiento de la causa.
En fecha 04 de abril de 2011, la ciudadana Juez GERALDINE LOPEZ se aboco al conocimiento de la presente causa.
En fecha 03 de marzo de 2011, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito se le designe correo especial.
En fecha 04 de marzo de 2011, por medio de auto se designo correo especial solicitado por la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460.
En fecha 17 de mayo de 2011, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, dejo constancia de la entrega y retiro del correo especial.
En fecha 22 de julio de 2011, se dio por recibida comisión debidamente cumplida y se agrego a los autos.
En fecha 05 de octubre de 2011, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito se dicte sentencia a la presente causa.
En fecha 14 de noviembre de 2011, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicita al ciudadano Juez se avoque al conocimiento de la presente causa y se libren las notificaciones correspondientes.
En fecha 08 de febrero de 2011, el ciudadano Juez JOSE GREGORIO MADRIZ DIAZ, se aboco al conocimiento de la presente causa y se libraron las boletas de notificaciones correspondientes.
En fecha 12 de marzo de 2012, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, dejo constancia de la entrega y retiro del correo especial.
En fecha 29 de marzo de 2011, se dio por recibida comisión debidamente cumplida y se agrego a los autos.
En fecha 08 de mayo de 2012, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito se dicte sentencia a la presente causa.
En fecha 16 de octubre de 2012, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito se dicte sentencia a la presente causa.
En fecha 14 de agosto de 2013, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito se dicte sentencia a la presente causa.
En fecha 12 de agosto de 2014, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito se dicte sentencia a la presente causa.
En fecha 01 de octubre de 2015, comparece ante esta Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito al ciudadano Juez se aboque al conocimiento de la presente causa.
En fecha 07 de octubre de 2015, el ciudadano LUIS ENRIQUE ABELLO GARCIA, en su condición de Juez Provisorio, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo del 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 18 de mayo de 2017, se dictó sentencia interlocutoria sin fuerza definitiva, mediante la cual:

“(…omissis…) En consecuencia, este Juzgado considera conveniente notificar a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.”

En fecha 18 de diciembre de 2017, la Abg. FILOMENA GUTIERREZ, Secretaria Suplente del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE, dejó constancia de que no consta en autos el domicilio procesal del referido ciudadano, este Juzgado, a tenor de lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y ordenó la fijación de la Boleta de Notificación dirigida a la ciudadana MARY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.652.493, o a su representante judicial, en la Cartelera de este Tribunal, a los fines de que una vez transcurridos diez (10) días de despacho, contados a partir de la fijación, se tenga por notificada de la sentencia interlocutoria sin fuerza definitiva, dictada en la presente causa, motivo por el cual se le ordena al ciudadano Alguacil, DARWIN MANUEL FLORES, la fijación en la cartelera de este Juzgado Superior de la referida boleta de notificación.
En fecha 18 de diciembre de 2017, el ciudadano DARWIN MANUEL FLORES, mediante diligencia dejó constancia de que en esta misma fecha, se fijó en la cartelera de este Juzgado Superior, Boleta de Notificación dirigida a la ciudadana MARY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.652.493, o a su representante judicial, visto que en las actas que conforman la presente causa, no consta el domicilio (o la dirección) actual del referido ciudadano, dando así cumplimento con lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, desde el 18 de diciembre de 2017, inclusive comenzó a transcurrir el lapso de los diez (10) días de despacho, para que informara a este Juzgado Superior, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente, es decir desde el 18 de Diciembre de 2017, transcurrieron los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2017, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 de enero de 2018.
En fecha 18 de enero de 2018, la Abg. DONAHIS PARADA MARQUEZ, Secretaria Titular del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE, dejó constancia de que trascurrieron los diez (10) días de despacho, para que se tenga por notificada de la sentencia interlocutoria sin fuerza definitiva, dictada en la presente causa, Boleta de Notificación dirigida a la ciudadana MARY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.652.493, o a su representante judicial, los cuales transcurrieron los días de despacho desde el 18 de Diciembre de 2017, transcurrieron los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2017, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 de enero de 2018.
En fecha 18 de enero de 2018, el ciudadano DARWIN MANUEL FLORES, mediante diligencia dejó constancia de que en esta misma fecha, retiró de la cartelera de este Juzgado Superior, Boleta de Notificación dirigida a la ciudadana MARY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.652.493, o a su representante judicial, y consigno la referida boleta constante de un (01) folio útil.

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe en la interposición de la querella funcionarial presentada por los abogados SAUDI RODRIGUEZ PEREZ, CARLOS RODRIGUEZ PEREZ RUGELES y ELIZABETH MALDONADO GARRIDO, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 20.259, 61.180 y 37.261, apoderados judiciales de la ciudadana MARLY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALES, titular de la cédula de identidad Nº V-11.652.493, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.
Ahora bien, constata este Juzgado que desde el 07 de octubre de 2015, el ciudadano Juez LUIS ENRIQUE ABELLO GARCIA se aboco al conocimiento de la presente causa y se libraron las boletas de notificaciones correspondientes y desde entonces no ha existido actividad efectuada para activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a este Juzgado presumir la pérdida del interés procesal.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente:

“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.

Siendo así, se evidencia que este Tribunal mediante sentencia interlocutoria, de fecha 18 de mayo de 2017, ordenó la notificación de la parte actora, para que en el lapso de diez (10) días de despacho, constado a partir de que conste en autos el recibo de su notificación para que manifestara su interés en la decisión de la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en consonancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras.
En este sentido, es conveniente citar parcialmente el contenido de la sentencia N° 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se dejó sentado lo siguiente:

“…En efecto, es jurisprudencia de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho ‘vistos’ –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En consecuencia, esta Sala ordena la notificación a la parte actora, bien en su sede procesal o por cartel, en caso de que no lo haya indicado, para que informe, en un plazo máximo de treinta días continuos desde su notificación, si conserva el interés para la continuación este proceso. Si no hay respuesta de la parte actora dentro del plazo que ha sido fijado, la Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes. Así se decide.”

Del criterio jurisprudencial expuesto, se observa el establecimiento de los supuestos de procedencia para la verificación de la falta de interés en estado de admisión y en estado de sentencia- en los cuales se exige la vigencia del interés procesal, aún cuando corresponda la actuación al Tribunal, pues no podría ponerse en marcha la administración de justicia si la parte interesada, como en el caso de autos, no demuestra interés alguno en que la controversia siga su curso – en este caso sea sentenciada-, ello contado desde el momento de interponerse la acción hasta la conclusión del procedimiento mediante sentencia, pues en definitiva la función jurisdiccional tiene su origen en el ejercicio del derecho de acción de la parte.

De manera que, el efecto de la pérdida del interés, una vez declarada por el Juez, será la extinción del procedimiento, como una sanción al incumplimiento de la carga de mantener activo el interés procesal.

Ahora bien, con relación al lapso transcurrido de inactividad de la parte, el mencionado criterio jurisprudencial estableció que dicho lapso será de prescripción, excluyendo para su cómputo aquellos períodos en los cuales la paralización de la causa se haya producido por algún evento anormal, extraordinario o imprevisible, y por tanto no imputable a ella. Así, el poder de apreciación o valoración del Juez -aunque se apoye en actas del propio expediente o eventualmente de documentos que aporte la parte al momento de su comparecencia- se basa en el sistema de la sana crítica, que va a inferir de las pruebas documentales, pero fundamentalmente, del hecho del transcurso del tiempo que haga presumir al Juez la pérdida del interés procesal en la causa paralizada, para cuya medición utilizará como parámetro el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.

En el caso sub iudice, se observa que, la última actuación, fue en fecha 01 de octubre de 2015, que comparece ante este Tribunal la abogada ANA ESCALANTE, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 74.460, solicito al ciudadano Juez se aboque al conocimiento de la presente causa, y hasta la presente fecha, no consta ninguna actuación de la recurrente, habiendo transcurrido mas de una (01) año; y que este Juzgado Superior, en fecha 18 de mayo de 2017, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual se ordenó la notificación de la parte accionante, para que en el lapso de diez (10) días de despacho, constado a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, para que manifestara su interés en que se continuara la presente causa.

En fecha 18 de Diciembre de 2017, el ciudadano DARWIN MANUEL FLORES, mediante diligencia dejó constancia de que en esta misma fecha, retiró de la cartelera de este Juzgado Superior, Boleta de Notificación dirigida a la ciudadana MARY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.652.493, o a su representante judicial, icial, y consigno la referida boleta constante de un (01) folio útil.

Ello así, por cuanto el lapso de los diez (10) días de despacho comenzó a correr desde el 18 de Diciembre de 2017, y venció el 17 de enero de 2018, y que no compareció dentro del señalado plazo a manifestar o ratificar el interés jurídico actual en que se sentenciara la presente causa, este Juzgado Superior declara la PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS, y en consecuencia, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO. Así se decide.
III
DECISIÓN

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la declara la PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS, y en consecuencia, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO en el recurso de nulidad interpuesto por los abogados SAUDI RODRIGUEZ PEREZ, CARLOS RODRIGUEZ PEREZ RUGELES y ELIZABETH MALDONADO GARRIDO, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 20.259, 61.180 y 37.261, apoderados judiciales de la ciudadana MARLY MARIOLY BARRAGAN CARRIZALES, titular de la cédula de identidad Nº V-11.652.493, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.
PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los 22 de enero de 2018. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
El Juez Superior,

Abg. Luís Enrique Abello García. La Secretaria,

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
Expediente Nº 10587. En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libró boleta de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.

LEAG/Dvpm/ tmmn