JUEZ PONENTE: EFRÉN NAVARRO
EXPEDIENTE N° AP42-R-2018-000166

En fecha 17 de abril de 2018, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, oficio Nº 18-0194 de fecha 9 de abril de 2018, emanado del Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por los Abogados Pedro Benítez y Yonni Marcano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 150.360 y 153.923 respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano RAMÓN ANTONIO TIZAMO titular de la cédula de identidad Nº V-6.117.423, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.

Dicha remisión se efectuó en virtud de haberse oído en ambos efectos en fecha 9 de abril de 2018, el recurso de apelación interpuesto en fecha 7 de marzo de 2018, por los Abogados Pedro Benítez y Yonni Marcano, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano Ramón Antonio Tizamo contra la sentencia dictada por el referido Juzgado de fecha 31 de enero de 2018, la cual declaró Caduca la pretensión de nulidad y Sin Lugar el recurso interpuesto.

En fecha 18 de abril de 2018, se dio cuenta a la Corte. En esa misma fecha, se designó Ponente al Juez EFRÉN NAVARRO, y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho siguientes, para fundamentar la apelación.

En fecha 17de mayo de 2018, se ordenó practicar por Secretaria, el cómputo de los días de despacho transcurridos para la fundamentación de la apelación y se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente.

En esa misma fecha la Secretaria de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, certificó que desde el día dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho (2018), fecha en que se fijó el lapso para la fundamentación de la apelación, exclusive, hasta el día dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018), fecha en que terminó dicho lapso, inclusive, transcurrieron 10 días de despacho, correspondientes a los días 24, 25 y 26 de abril de 2018 y los días 2, 3, 8, 9, 10, 15 y 11 de mayo de 2018. En esa misma fecha, se pasó el presente expediente al Juez Ponente.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Corte pasa a decidir su competencia, previa las siguientes consideraciones:

-I-
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

En fecha 12 de noviembre de 2015, los Abogados Pedro Benítez y Yonni Marcano, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano Ramón Antonio Tizamo, interpusieron recurso contencioso administrativo funcionarial, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en los términos siguientes:

En el caso que nos ocupa se observa que el mismo se contrae a un recurso contencioso administrativo funcionarial a través del cual se pretendió la nulidad por presunta ilegalidad del proceso de Evaluación de Desempeño, correspondiente al segundo semestre 2011 y primer semestre 2012, evaluado por el ciudadano Darío Francisco Di Zacomo Capriles, actuando en su carácter de Director General de Ingreso a la Educación Universitaria; la nulidad por presunta ilegalidad de los resultados de evaluación del desempeño, correspondiente al segundo semestre del 2011 y primer semestre del 2012, dictados por el ciudadano José Luís Useche Parra, Director de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria; asimismo, también solicitaron suspender los Objetivos de Desempeño Individual (ODI), establecidos en el segundo semestre del año 2012; igualmente que se establecieran los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) correspondiente al segundo semestre de 2012 de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) y las Acciones Específicas y Metas 2012 de la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil (DGIEUDE); a su vez, solicitaron que se discutan los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) establecidos para el segundo semestre 2012, que se permita la revisión y las correcciones necesarias, que sean considerados los tiempos y se establezcan los (ODI) en proporción a los (ODI) asignados a los funcionarios profesionales II, todo ello de conformidad con lo que establece el Manual del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Ley del Estatuto de la Función Pública; y por último solicitan que cese el hostigamiento y el trato contrario al orden legal establecido que afectan, incrementan y agudizan el estado de salud mental, estrés laboral, depresión y el cuadro clínico diabético que actualmente padece su representado.

A tal efecto alegaron, que a su representado le fueron vulneradas las garantías del derecho a la defensa, el derecho a ser oído, la violación al principio de legalidad, el derecho de acceder a la información, el derecho de petición y respuesta; asimismo denunciaron que se le vulneró el procedimiento correspondiente al sistema de evaluación de su representado, por lo que aduce hubo prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, incurriendo en el vicio de fondo, vulnerando disposiciones de orden Constitucional, legal y sublegal, lo cual, a su decir estiman, que derivaría en abuso o desviación de poder.

Denunciaron igualmente, que no fueron tomados en cuenta los criterios de acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos para la Evaluación del Desempeño, por el supervisor inmediato lo cual aducen que es su responsabilidad, en cuanto al seguimiento, solicitud de la firma en señal de conformidad en el formato de evaluación, la responsabilidad del supervisor inmediato a tener un rol activo durante todo el proceso de evaluación del desempeño, ocasionando así la violación al bloque de la legalidad.

En este orden de ideas alegaron la violación a la norma interna del Ministerio y Proceso de Gestión Pública Participativa, referente a los Procedimientos para establecer los Objetivos de Desempeño Individual (ODI), por cuanto a su decir establece la norma que “(…) el supervisor inmediato deberá discutir con cada trabajador los Objetivos de Desempeño Individual y gestionar la firma del mismo en señal de conformidad, en el formato correspondiente (…)”, siendo que tal responsabilidad no fue llevada a cabo por su superior inmediato.

Refirieron, que los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) correspondientes al primer semestre del año 2012 no se corresponden o no están incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2012, y que según acarrearía una desviación del presupuesto y en consecuencia para quien lo ejecute, responsabilidad penal, civil y administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concordante con el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Ilustraron, que “(…) los (ODI) son establecidos para el semestre correspondiente por el supervisor inmediato, ciudadano Darío Di Zacomo Capriles, acto seguido, deben ser presentados para su discusión y aprobación definitiva al servidor público evaluado y si el evaluado no hace correcciones, el supervisor gestiona la firma del evaluado (…)”.

Además destacaron que “(…) los (ODI) en su ejecución deben ser evaluados de forma procesual (sic) y continua (sic) sobre la base de los registros continuos de actuación que debe llevar cada supervisor, deben estar directamente relacionados con los objetivos y funciones de la unidad a la cual se encuentra adscrito el funcionario y además, deben estar incluidos en las metas de la Dirección y en el presupuesto del Plan Operativo Anual (POA) (…)”.
Sostuvieron, que “(…) al finalizar cada semestre los funcionarios adscritos a la Dirección General son evaluados en su desempeño y en el caso de su mandante, en fecha 09 de diciembre de 2011, el Director General (E) Darío Di Zacomo Capriles, determinó que el funcionario Ramón Antonio Tizamo cumplió con los objetivos establecidos en el segundo semestre del 2011 y calificó ‘por debajo de lo esperado’, la actuación del desempeño laboral de nuestro mandante (...)”. (Negrillas del texto original); por lo que en fecha 16 de diciembre de 2011, recurre ante el ciudadano José Luís Useche Parra, Director General de la Oficina de Recursos Humanos y Coordinador del Comité de Calificación de Servicios, para que se aboque a conocer y atender el reclamo formulado por el funcionario en desacuerdo con los resultados obtenidos en la Evaluación de Desempeño Laboral del segundo semestre 2011; Sin embargo, pese a lo anterior, dicho Comité nunca fue convocado por el ciudadano José Luís Useche Parra, esgrimiendo así que se le violentó el derecho a la defensa de su representado.

Indicaron que, en fecha 17 de enero de 2012, el ciudadano José Luís Useche Parra, Director General de la Oficina de Recursos Humanos, remite a su representado comunicación, notificándole del resultado de la evaluación del desempeño del segundo semestre de 2011, ubicándolo en el rango “por debajo de los esperado”, sin previamente darle respuesta a la solicitud de convocar al Comité de Calificación de Servicios. Por lo que en vista de la notificación de la evaluación negativa y su inconformidad con el resultado de la misma, su mandante en fecha 31 de enero de 2012, interpuso recurso de reconsideración ante el despacho de la Dirección General de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil, sin respuesta alguna, de modo que, en fecha 16 de febrero de 2012, su mandante solicitó información al ciudadano José Luís Useche Parra, Director General de la Oficina de Recursos Humanos sobre el recurso de reconsideración interpuesto, y en vista de la abstención del ciudadano Darío Di Zacomo Capriles, en dar respuesta al mismo, en fecha 12 de marzo de 2012, su representado introduce recurso jerárquico ante la ciudadana Yadira Córdova, Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, produciéndose igualmente un silencio ante tal solicitud.

Asimismo, indicaron que en fecha 23 de febrero de 2012, el ciudadano Darío Di Zacomo Capriles, establece los Objetivos de Desempeño Individual (ODI), correspondientes al primer semestre del año 2012, destacando que para el año 2012, no se encuentran incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2012 “(…) por lo tanto no se pueden incorporar a un cronograma ni a la programación del semestre los ODI que no están incluidos previamente en el POA, ni en las acciones específicas ni en las metas de la Dirección (…)”, y que en el mes de junio de 2012, el ciudadano Darío Di Zacomo Capriles, en su carácter de supervisor inmediato, evaluó de manera unilateral a su representado expresando que no presentó ningún avance en el cumplimiento de los objetivos correspondiente al semestre, enviando los resultados de la evaluación a la oficina de Recursos Humanos, sin su firma, posteriormente fue enviada una comunicación sin fecha, emitida por el ciudadano José Luís Useche Parra, Director General de la Oficina de Recursos Humanos, a su representado informándole sobre su evaluación de desempeño ubicándolo en “muy por debajo de lo esperado”.

Alegaron, que su representado en fecha 5 de marzo de 2012, dirige comunicación al ciudadano Darío Di Zacomo Capriles, supervisor inmediato y Director de la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil (DGIEUDE), explicándole los motivos por los cuales no está de acuerdo con los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) asignados y solicitando su inhibición en el proceso de evaluación; de igual manera, en fecha 12 de marzo de 2012, dirige su representado comunicación a la ciudadana Yadira Córdova en su carácter de Ministra del despacho, solicitando su intervención y alertándole sobre la situación que se presenta en la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil (DGIEUDE).

Manifiestan, que en fecha 14 de agosto del año 2012, su mandante recurrió al Director General de la Oficina de Recursos Humanos, quien actúa igualmente con el carácter de Coordinador del Comité de calificación de servicios del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a los fines de interponer recurso de reconsideración “(…) con el objeto de que este Comité estudie y de respuesta razonable de la evaluación que lo califica ‘muy por debajo de lo esperado’ (…)”; asimismo, refirieron que en esa misma fecha su representado envió comunicación al ciudadano Darío Francisco Di Zacomo Capriles, en su carácter de Director de la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil (DGIEUDE), solicitándole que “(…) realice las correcciones correspondientes a los ODI establecidos en el segundo semestre de 2012 (…)”, en respuesta a la referida solicitud, el mencionado ciudadano, solicitó que el ciudadano Ramón Antonio Tizamo, fuera puesto a la orden de Recursos Humanos.

Por tales razones, manifiestan los apoderados judiciales del querellante, que su representado no firmó los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) 2012, establecidos por su supervisor inmediato y Director de la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil (DGIEUDE), destacando que los mismos Objetivos de Desempeño Individual (ODI) fueron reasignados por su supervisor inmediato para el segundo semestre del año 2012, razón por la cual tampoco fueron firmados por su representado, en señal de rechazo por ser presuntamente ilegales.

Indicaron, que actualmente su representado permanece en la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil (DGIEUDE) “(…) sin cumplir funciones, tareas ni actividades acordes con las normas legales de evaluación de desempeño laboral y de su perfil de profesional II, a pesar que hay varios programas y proyectos en el POA sin ejecutar (…) agravado con tratos contrarios al orden legal establecido lo que se presume en acoso laboral en la persona de nuestro mandante (…)”, de igual manera indicaron, que tal situación de acoso, hostigamiento y reiteradas violaciones al bloque de legalidad por parte del supervisor inmediato, le ha generado a su representado un reposo psiquiátrico y ‘sufrimientos morales’, manifestándosele además un cuadro clínico bastante precario en la salud de su mandante con consecuencias físicas y psíquicas negativas.

Culminaron solicitando por todos los argumentos supra esbozados la nulidad del proceso de evaluación de desempeño y evaluación de eficiencia correspondientes a los semestres 2011-II y 2012- I, que ubican a su mandante en el rango de actuación “por debajo de lo esperado” y “muy por debajo de lo esperado”.

-II-
DEL FALLO APELADO

Mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2018, el Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaro Sin Lugar la querella funcionarial, con base en las consideraciones siguientes:

“…Antes de emprender las consideraciones de mérito sobre el fondo de la presente causa, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la caducidad alegada por la parte querellada en su escrito de contestación, mediante el cual señala que el accionante ejerció recurso jerárquico el 12 de marzo de 2012 y que el 6 de noviembre de 2012, ejerció recurso contencioso administrativo funcionarial ante este Juzgado, dejando transcurrir, a su decir, 8 meses para interponer la acción, por lo que solicitaron sea declarada la caducidad de la acción en vista de que el presente recurso fue presentado con posterioridad a los tres meses previstos en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Así las cosas, observa este Órgano Jurisdiccional que el presente caso se contrae, por un lado a la solicitud de nulidad de la evaluación de desempeño individual del ciudadano Ramón Antonio Tizamo, correspondiente al segundo semestre del año 2011, y por otro lado a la pretensión de nulidad de los resultados de la evaluación de desempeño individual correspondiente al primer semestre del año 2012, mediante los cuales fue calificado “por debajo de lo esperado” y “muy por debajo de lo esperado”, respectivamente.
De modo que, resulta pertinente para esta Juzgadora destacar, que se entrará a dilucidar la caducidad en lo atinente a la nulidad de la evaluación de desempeño individual correspondiente al segundo semestre del año 2011, resultado el cual fue notificado al ciudadano Ramón Antonio Tizamo, parte querellante, en fecha 17 de enero de 2012; y concerniente a la nulidad de la evaluación de desempeño individual correspondiente al primer semestre del año 2012, resultado del cual fuere notificado el referido ciudadano en fecha 8 de agosto de 2012. (Resaltado del Tribunal).
De la caducidad de la acción con respecto a la evaluación de desempeño individual correspondiente al segundo semestre del año 2011
Para mayor abundamiento, se estima necesario precisar lo relativo a la caducidad de la acción y en ese sentido podemos señalar, que la caducidad de la acción, no admite interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y cuyo vencimiento implica la extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer y por ende, tal acción debe ser interpuesta antes de su vencimiento. La caducidad es, por disposición legal, una condición cuya verificación debe ser procesada por el Tribunal ante el cual se interpone el recurso, en cualquier estado y grado de la causa, y una vez constatada la operación de la misma, debe igualmente ser declarada inadmisible la acción incoada.
El objeto de la caducidad es preestablecer el tiempo en que un derecho puede ejercitarse útilmente, es así que en la caducidad se atiende sólo el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, prescindiendo de las razones subjetivas, negligencia del titular, o aún imposibilidad de hecho. Así pues, queda claro que existe una oportunidad legal para que los interesados puedan interponer los recursos previstos en las leyes, admitir lo contrario implicaría limitar, o incluso dejar sin efecto, el alcance de las pautas legales establecidas en tal sentido colocando la decisión de admitir o no un recurso presuntamente caduco, por el vencimiento del plazo, a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional a quien se someta al conocimiento del mismo, lo cual pudiera producir actuaciones arbitrarias y anárquicas, que sin duda irían en detrimento de sentencias objetivas y ajustadas a derecho.
Dicho lo anterior, se evidencia de las actas que conforman tanto el expediente judicial como el administrativo, que en cuanto a los resultados de desempeño de evaluación individual del ciudadano Ramón Antonio Tizamo, correspondiente al segundo semestre del año 2011, evaluado en fecha 9 de diciembre del mismo año, mediante el cual el supervisor inmediato lo calificó “por debajo de lo esperado”, el referido ciudadano inconforme con ello le solicitó al Comité de Evaluación de Servicios se nombrara una junta evaluadora para que este pudiese presentar sus argumentos del por qué no estaba de acuerdo con los resultados, solicitud ésta que elevó ante el Director de Recursos Humanos en fecha 16 de diciembre de 2011 (ver folio 174 del expediente administrativo), asimismo, se evidencia que la notificación de los referidos resultados fue recibida por el ciudadano querellante en fecha 17 de enero de 2012, a lo que alega la parte actora que aún no se le había dado respuesta a la solicitud de fecha 16 de diciembre de 2011. (Resaltado de este Tribunal).
Al respecto puede observarse que el querellante ante el desacuerdo con los resultados dirigió escrito al Director de Recursos Humanos y Coordinador del Comité de Calificación de los Servicios a los fines de solicitar se estableciera una junta evaluadora para éste poder presentar los argumentos de su inconformidad, que según lo prevé la Ley del Estatuto de la Función Pública, el empleado que manifieste estar en desacuerdo con los resultados de la evaluación, podrá reclamar ante el Comité de Calificación de Servicios dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue notificado de los resultados (artículo 62 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), presentando por escrito su solicitud, exponiendo los motivos de su inconformidad. Asimismo, el referido Comité de Calificación de Servicios, el cual se encuentra integrado por: 1) el Jefe de la Oficina de Personal del organismo quien actuará como Coordinador; 2) por un representante de la máxima autoridad del organismo y 3) por el supervisor mediato del empleado que presenta el reclamo, dicho Comité deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:
Atender los reclamos de los empleados evaluados, en el caso de desacuerdos con los resultados de la evaluación;
(ii) analizar cada caso en particular y emitir una respuesta en un período no mayor a quince (15) días hábiles, a partir de la fecha en que el empleado-funcionario le presente su solicitud;
(iii) informar la decisión que tome por escrito tanto al funcionario como al supervisor, con copia para el expediente del primero;
(iv) ratificar el resultado de la evaluación o solicitar al supervisor la revisión de la misma. De igual manera las decisiones del Comité deberán ser informadas por escrito al empleado y al supervisor, anexando una copia al expediente del evaluado, teniendo en cuenta que el Comité tendrá la facultad de ratificar el resultado de la evaluación o solicitar al supervisor una revisión.
No obstante, en el caso de autos se observa, que al ciudadano querellante lo evaluaron en fecha 9 de diciembre de 2011, y éste conociendo el resultado de su evaluación, aun cuando todavía no se le había notificado formalmente por escrito, ejerció un reclamo el 16 de diciembre del 2011 dado su desacuerdo con los resultados, solicitando al Comité de Calificación de Servicios analizara su caso; sin embargo el 17 de enero de 2012, el ciudadano José Luís Useche Parra, Director General de la Oficina de Recursos Humanos, remitió al hoy querellante comunicación, a través de la cual le notificó del resultado de la evaluación del desempeño del segundo semestre de 2011, ubicándolo en el rango “por debajo de los esperado”, éste último quedaba completamente facultado para ejercer el recurso correspondiente, toda vez, que se le indicó “En caso de inconformidad, el (la) servidor(a) público(a) evaluado(a) podrá interponer el recurso de reconsideración ante el supervisor jerárquico dentro de los quince (15) días siguientes a partir de la fecha de recepción de esta notificación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. Ello así, en vista de la notificación de la evaluación negativa y su inconformidad con el resultado de la misma, el ciudadano Ramón Antonio Tizamo, en fecha 31 de enero de 2012, interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito dirigido al Director General de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil, Dario Di Zacomo, según se desprende de la copia certificada que riela inserta al folio 153 del expediente administrativo, y dado que hasta el momento no había recibido respuesta alguna, en fecha 16 de febrero de 2012 solicitó información al ciudadano José Luís Useche Parra, Director General de la Oficina de Recursos Humanos sobre el recurso de reconsideración interpuesto, sin obtener respuesta, por lo que en fecha 6 de marzo de 2012 ejerció “recurso jerárquico” ante la ciudadana Yadira Córdova, en su carácter de Ministra de Educación Universitaria solicitándole se evaluaran sus ODIS del segundo semestre de 2011, como excepcional, en virtud de considerar que había entregado productos intelectuales y académicos útiles y prioritarios para la transformación universitaria y por sus competencias como servidor público, produciéndose igualmente un silencio ante tal solicitud. (Ver folio 209 al 213 del expediente administrativo). (Resaltado de este Juzgado).
Cabe advertir, que aunque el ciudadano recurrió en segundo grado el acto de notificación de los resultados de desempeño individual ante la Ministra de Educación Universitaria, calificándolo como “recurso de reconsideración”, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece en el in fine del artículo 86, que ‘(…) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter (…)’, esto es, que aun cuando el recurrente yerró en la calificación, se sobreentiende, dado su carácter y su destinatario, es decir, que va dirigido a la Ministra de Educación Universitaria, y dado que anteriormente ya había ejercido el recurso de reconsideración ante el Director de Recursos Humanos, se tiene como un recurso jerárquico, cumpliendo así con las fases recursivas en sede administrativa, quedando abierta la vía contencioso administrativa. Así se establece.
(…Omissis…)
Así las cosas, de las actas que conforman el presente expediente se observa, que el recurrente en vista de la falta de respuesta de la Administración al recurso jerárquico interpuesto el 12 de marzo de 2012, acudió a esta Jurisdicción por haber operado la ficción legal del silencio administrativo denegatorio, lo que habilita al administrado para interponer recurso ante la vía judicial.
Del criterio que antecede, debe este Juzgado determinar el momento en el cual se configuró el silencio administrativo por parte de la Administración, para luego computar el lapso de tres meses que disponía el querellante para intentar el recurso contencioso administrativo funcionarial y así comprobar la tempestividad o no del mismo, por lo que debemos acudir a lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de le Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para determinar los lapsos que disponía cada autoridad para decidir los recursos interpuestos, los cuales establecen:
(…Omissis…)
De acuerdo a lo anterior, tenemos que el artículo 94 de la referida Ley, señala que el recurso de reconsideración debe ser interpuesto dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto administrativo ante el funcionario que lo dictó, para que el mismo sea decidido en el lapso de 15 días; posterior a ello si no se ha producido respuesta alguna en el plazo correspondiente o el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada, el recurrente cuenta con el recurso jerárquico, el cual podrá interponer dentro de los 15 días siguientes haya habido o no decisión, para que sea decidido en un plazo de 90 días.
Así las cosas observa este Tribunal que en cuanto a la notificación de los resultados de los objetivos de desempeño individual (ODI) de la parte querellante con respecto al segundo semestre del año 2011, del cual fue efectivamente notificado el 17 de enero de 2012, éste interpuso recurso de reconsideración el día 31 de enero de 2012, ante su supervisor inmediato, quien actúa en su carácter de Director General de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil en la persona del ciudadano Darío Di Zacomo Capriles, siendo que en el presente caso fue quien evaluó al ciudadano Ramón Antonio Tizamo; ahora bien, al no obtener respuesta en el lapso establecido, el querellante ejerció recurso jerárquico ante la entonces Ministra de Educación Universitaria, en fecha 6 de marzo de 2012 (ver folio 213 del expediente administrativo), precisamente, con motivo a su inconformidad con los resultados de la referida evaluación, exponiéndole sus argumentos del por qué no se encontraba de acuerdo; a lo que tampoco obtuvo respuesta. De modo, que habiendo el recurrente ejercido los mecanismos de defensas establecidos en las leyes, aun cuando no obtuvo respuesta oportuna, se configuró su derecho a la defensa, toda vez que pudo exponer y argumentar, en sede administrativa, su posición con respecto a su desacuerdo con el resultado de la evaluación.
En atención a ello y trayendo a colación los artículos anteriormente expuestos determina este Tribunal que quedó habilitada la vía contencioso administrativa a partir de la decisión contraria a la solicitud del recurrente o cuando no se haya producido decisión en los plazos correspondientes, esto es el silencio denegatorio tácito de conformidad con lo que dispone el artículo 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en este sentido, una vez transcurridos los 90 días que tenía la Ministra de Educación Universitaria para dar respuesta al recurso jerárquico; y visto que ante el mismo se produjo el silencio administrativo negativo que prevé el artículo 4 de la Ley eiusdem, contaba a partir del día siguiente a que se produjo tal silencio, -a saber- el 7 de junio del año 2012, con el lapso de tres (3) meses previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública para ejercer recurso ante la vía judicial, el cual concluyó el 7 de septiembre del año 2012 y visto que el presente recurso contencioso administrativo funcionarial se interpuso el 06 de noviembre del 2012, es por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar la caducidad respecto a la pretensión de nulidad de la evaluación de desempeño individual del ciudadano Ramón Antonio Tizamo, correspondiente al segundo semestre del año 2011. Así decide.
De la caducidad de la acción con respecto a la evaluación de desempeño individual correspondiente al primer semestre del año 2012
En lo que atañe a la pretensión del querellante sobre la nulidad de los resultados de la evaluación de desempeño individual correspondiente al primer semestre del año 2012, según se desprenden de las actas procesales, se contrae por una parte a la inconformidad del querellante por considerar que; (i) los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) establecidos no se encuentran incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2012; y (ii) que el supervisor inmediato no discutió con él los Objetivos de Desempeño Individual y por ende no gestionó la firma del mismo en señal de conformidad.
En esta oportunidad se evidencia, en la notificación de resultados del proceso de evaluación de desempeño y eficiencia del primer semestre de 2012, dirigida al ciudadano Ramón Tizamo, de la cual quedó formalmente notificado el 8 de agosto del 2012 (ver folio 250 del expediente administrativo), le indicaron que podía acudir ante el Comité de Calificación de Servicios en un lapso de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que fue notificado de los resultados, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley del Estauto de la Función Pública y que la solicitud de recnosideración del resultado debía ser formulada por escrito ante el Director General de la Oficina de Recursos Humanos, en su carácter de Coordinador del Comité y que una vez que el Comité analice la documentación consignada y evaluados tendrá la facultad de ratificar o reconsiderar el resultado de la evaluación, por lo que el prenom,brado ciudadano dirigió escrito el 14 de agosto de 2012, al Director General de la Oficina de Recursos Humanos, en su carácter de Coordinador del Comité de Calificación de Servicios, lo cual se desprende del copia cursante a los folios 33 al 40 de la segunda pieza del expediente judicial, donde se evidencia sello húmedo de recepción por parte del Ministerio querellado, el 14 de agosto de 2012, sin embargo, acudió a la vía jurisdiccional el 6 de noviembre de 2012, no obstante, este Órgano Jurisdiccional atendiendo al criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 130 de fecha 20 de febrero del 2008, “caso: inversiones martinique, C.A.” considera que la pretensión de nulidad respecto a los resultados de desempeño individual del primer semestre del 2012, fue interpuesta de manera tempestiva. Así se decide.
Del fondo del presente asunto
En virtud de lo anteriormente expuesto, pasa este Tribunal a analizar respecto de los resultados de la evaluación de desempeño individual del primer semestre del año 2012, aplicada al ciudadano Ramón Antonio Tizamo, quien alegó, que: (i) los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) correspondientes a este período no están incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2012, y que por lo tanto no se pueden incorporar a un cronograma ni a la programación del semestre, ni a las acciones específicas ni en las metas de la Dirección; que: (ii) la norma interna del Ministerio y Proceso de Gestión Pública Participativa, establece referente a los Procedimientos para constituir los Objetivos de Desempeño Individual (ODI), que el supervisor inmediato debe discutir con cada trabajador los Objetivos de Desempeño Individual y gestionar la firma del mismo en señal de conformidad, en el formato correspondiente; y que por tales razones no firmó los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) 2012, establecidos por su supervisor inmediato y Director de la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil (DGIEUDE), destacando que los mismos Objetivos de Desempeño Individual (ODI) fueron reasignados por su supervisor inmediato para el segundo semestre del año 2012, de igual manera indicó, que en el mes de junio de 2012, el ciudadano Darío Di Zacomo Capriles, en su carácter de supervisor inmediato, lo evaluó de manera unilateral, expresando que no presentó ningún avance en el cumplimiento de los objetivos correspondiente al semestre, enviando los resultados de la evaluación a la oficina de Recursos Humanos, sin su firma, y que posteriormente fue enviada una comunicación sin fecha, emitida por el ciudadano José Luís Useche Parra, Director General de la Oficina de Recursos Humanos, informándole sobre su evaluación de desempeño ubicándolo en “muy por debajo de lo esperado’.
(…Omissis…)
Ahora bien, al circunscribir lo antes transcrito al caso de marras tenemos en cuanto al alegato esgrimido por el querellante, referido a que los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) correspondientes al primer semestre del año 2012 no se corresponden o no están incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2012, y que por lo tanto no se pueden incorporar a un cronograma ni a la programación del semestre, ni a las acciones específicas ni en las metas de la Dirección, respecto de lo cual el ente querellado manifestó, que el ciudadano Ramón Antonio Tizamo no tomó en cuenta que los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) que le fueron presentados se encontraban cónsonos con las funciones que él desempeñaba como Profesional II, las cuales se encuentran enmarcadas en los artículos 75 y 76 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria; este Tribunal observa que el referido Plan Operativo Anual (POA) 2012 expresa, según se constata del folio 73 de la pieza 2 del expediente judicial, que a la dependencia administrativa de la Dirección General de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil, Dirección a la cual se encuentra adscrito el querellante, correspondía como proyecto para el año 2012, el ‘Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil en correspondencia con los principios de universalidad, inclusión y nueva geopolítica nacional, con énfasis en la territorialización e inserción socio-productiva, esperando como resultado el desarrollo de las diferentes políticas públicas en educación universitaria, establecidos para el mejoramiento continuo del desempeño estudiantil (ingreso, prosecución, inserción socio-productiva y de reconocimiento y valoración de la diversidad humana)’.
(…Omissis…)
Descrito lo anterior, considera quien aquí suscribe que los resultados aspirados según el Plan Operativo Anual 2012 podían ser obtenidos bajo la visión planteada de los Objetivos de Desempeño Individual asignados al querellante, aunado a ello, los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) que le fueron presentados se encontraban cónsonos con las funciones que él desempeña como Profesional II, adscrito a la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil del Ministerio de Educación Universitaria. Así decide.
Declarado lo anterior, corresponde verificar el procedimiento establecido para asignar los Objetivos de Desempeño Individual, toda vez que el querellante alegó que se le establecieron de forma unilateral; al respecto observa este Tribunal que, según se evidencia de las copias simples consignadas por el querellante en la pieza 1 del expediente judicial (folio 137), contentiva de las disposiciones generales del proceso de los Objetivos de Desempeño Individual, con una fecha de elaboración que data del año 2008, el cual reza lo siguiente:
(…Omissis…)
Asimismo, se encuentra anexado al folio 140 y 141 de la pieza arriba descrita, flujograma del procedimiento que debería llevarse a cabo, mediante el cual se desprende que el Director de la Oficina de Recursos Humanos debe solicitar a las distintas oficinas y coordinaciones del Ministerio, los Objetivos de Desempeño Individual de los trabajadores adscritos, una vez firmados y sellados por éste envía vía correo electrónico los formatos para el establecimiento de los Objetivos de Desempeño Individual al responsable de cada Oficina y/o Dirección, posteriormente una vez recibido de la dependencia supervisora verifica en el formato la correcta redacción, objetivos, ponderación asignada a cada objetivo, las competencias del cargo que ocupa el evaluado, y la exactitud de las operaciones aritméticas que de ello se derivan, si existen observaciones de su parte devuelve al supervisor evaluador, para que realice los correspondientes ajustes, en un lapso no mayor a cinco días, si no existen observaciones archiva en la carpeta correspondiente.
Una vez recibido por las Dependencias del Ministerio, Director y Supervisor Evaluador el memorando y los formatos de los Objetivos de Desempeño Individual de la Oficina de Recursos Humanos, estos definen y elaboran en los formatos de los Objetivos de Desempeño Individual las actividades a ejecutar para el semestre para cada supervisado, el cual deberán ser verificados con los supervisados si este último no está de acuerdo realiza las correcciones correspondientes al caso, si se encuentra de acuerdo deberá firmar el formato de los Objetivos de Desempeño Individual asignados, para que posteriormente sean devueltos a la Oficina de Recursos Humanos (Ver folio 143).
En ese sentido, este Tribunal observa las siguientes actuaciones que se desprenden tanto del expediente judicial como del administrativo; que se encuentra copia certificada de memorando de fecha 16 de febrero del 2012, mediante el cual la Oficina de Recursos Humanos dirigió comunicación vía correo electrónico a los empleados de la Dirección General de Ingreso a la Educación Superior y Desempeño Estudiantil, informando que ‘(…) se ha dado inicio al Proceso de Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 2012, en virtud de lo cual se requiere que consigne las Planillas de Establecimiento de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) de cada uno de los servidores públicos a su cargo (…) la referida documentación sea consignada en ORIGINAL a esta Oficina, a mas tardar, el día jueves 1º de marzo del presente año (…)’ (ver folio 216), el cual fue recibido satisfactoriamente por el ciudadano querellante, ya que el mismo así lo refirió en su escrito de “reconsideración” de fecha 12 de marzo de 2012, el cual dirigió a la Ministra de Educación Universitaria, y en donde indicó que en respuesta a ello, envió sus Objetivos de Desempeño Individual (ODI), a su decir, en fecha oportuna al correo del Director Darío Di Zacomo el 23 de febrero de 2012, sin respuesta alguna (ver folio 228 del expediente administrativo).
De igual modo, se observa que la representación judicial del ente querellado, indicó que en fecha 16 de febrero de 2012, la ciudadana Carina Pérez, asistente para ese momento, siguiendo instrucciones del ciudadano Darío Francisco Di Zacomo Capriles, por correo electrónico solicitó ‘(…) de su buena voluntad y responsabilidad para el día JUEVES 23 de febrero un borrador de sus ODI correspondientes al I semestre 2012, para ser discutidos individualmente ese mismo día con ustedes. Si se me escapa alguien por favor corran la voz a sus compañeros (…)’. (Negrillas del texto original).
En este sentido el querellante manifestó, que en fecha oportuna, a su decir, el 23 de febrero de 2012, envió mediante correo electrónico, respuesta a la solicitud que realizara el supervisor inmediato, a saber, los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) correspondientes, al respecto se observa que a los autos cursa al folio 25 de la segunda pieza del expediente judicial print del correo enviado en esa misma fecha a las 9:56:33 p.m. por el ciudadano Ramón Tizamo, dirección de correo electrónico ramontizamo45@hotmail.com para dariodizacomo@gmail.com con dos (2) archivos adjuntos entre ellos uno identificado como formato_ODI-Ramont23.02.2012.doc.-
Igualmente, se desprende que en fecha 23 de febrero de 2012 el supervisor inmediato Darío Di Zacomo, estableció los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) que le fueron asignados al ciudadano querellante para el primer semestre del año 2012 (ver folio 247 del expediente administrativo).
Consta en el Acta levantada por el supervisor inmediato Darío Di Zacomo en fecha 1º de marzo del año 2012 (ver folio 248 del expediente administrativo), que el ciudadano Ramón Antonio Tizamo, no asistió a la convocatoria realizada por el Director General, para discutir, cargar al sistema y firmar sus Objetivos de Desempeño Individual (ODI) correspondientes al primer semestre del periodo 2012; y que en fecha 26 de marzo de 2012 se levantó acta dejando constancia de que el ciudadano Ramón Antonio Tizamo, se negó a discutir y firmar sus Objetivos de Desempeño Individual (ODI) que le fueron asignados para el primer semestre del periodo 2012.
De igual manera, se desprende de la pieza 1 del expediente judicial, folios 72 al 74, que en fecha 05 de marzo de 2012 el ciudadano Ramón Tizamo, dirigió comunicación al Director General Darío Di Zacomo, solicitándole se inhiba de evaluarle, toda vez que consideró que no cumplía con los principios de objetividad e imparcialidad, exponiendo una serie de razones; a lo que obtuvo respuesta de parte del ciudadano Darío Di Zacomo, en fecha 06 de marzo de 2012, mediante la cual expresó, que ‘(…) usted permaneció ausente de la Dirección desde el mes de noviembre 2011, argumentando causas de salud psiquiátrica como lo expresan los reposos consignados; luego solicitó vacaciones que le fueron otorgadas debidamente, para incorporarse el día 16 de febrero, (…) debido a su tan prolongada ausencia no ha formado parte del proceso de planificación participativa que se ha llevado a cabo en la oficina (…) ni de la discusión de los Objetivos de Desempeño Individual que se realizó hasta el día 23 de febrero, donde le recuerdo usted faltó a la oficina argumentando impedimentos de salud tras habérsele negado un permiso por tres días (…)’. Asimismo, cursa en copia certificada a los folios 243 al 246 del expediente administrativo, planilla de evaluación aplicada al ciudadano Ramón antonio Tizamo, correspondiente al período 01/01/2012 hasta el 30/06/2012, la cual se encuentra conformada por la “Sección A”’ relativo a los datos de identificación tanto del evaluado como del evaluador y del supervisor del evaluador; ‘Sección B’ concerniente al establecimiento y evaluación de objetivos de desempeño individual que el funcionario debe cumplir en el período a evaluar, los cuales corresponden con exactitud a los que le fueron asignados en fecha 23 de febrero del 2012; ‘Sección C’ referente a la evaluación de competencias, mediante las cuales se ponderan las competencias en relación al cargo y se evalúan de acuerdo al grado en que están presentes en el evaluado; y por último la ‘Sección D’ mediante la cual se obtiene el rango de actuación del evaluado, teniendo como resultado una calificación de ‘muy por debajo de lo esperado’, y se evidencia al pie del escrito como comentario que ‘(…) el funcionario se negó a firmar, anexo acta (…)’, la cual se encuentra inserta al folio 242 del expediente administrativo, acta que data de fecha 26 de julio de 2012. Asimismo, riela al folio 242 del expediente administrativo, Acta suscrita el 26 de julio de 2012, por el ciudadano Darío Di Zacomo Capriles, en su carácter de Director General Encargado de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil, donde se deja constancia, que el ciudadano Ramón Antonio Tizamo, ‘(…) no asistió a la convocatoria que le fue realizada para discutir, cargar al sistema y firmar la evaluación correspondiente al I semestre 2012, a pesar de haber sido notificado y convocado por medio de una circular, la cual se negó a firmar, asentando un texto de su puño y letra en el margen izquierdo de la copia que debía firmar como recibido; de igual forma, al pie de la misma consta una nota por parte de Secretaria de esta Dirección donde reza ‘Yo Johana Rodríguez hago constar que Ramón Tizamo leyó la comunicación y se negó a firmarla, Agregó nota al lado izquierdo’.
Así las cosas, dado el planteamiento que antecede, considera este Órgano Jurisdiccional que el ciudadano querellante contó con la oportunidad para verificar junto a su supervisor inmediato, este caso el evaluador, los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) que le habían asignado, esto es, el 1º de marzo del 2012, fecha en la que le correspondía, en todo caso, discutir sus Objetivos de Desempeño Individual y argumentar lo que considerara pertinente, siendo que para la fecha referida se dejó constancia que el mismo se negó tanto a discutir como a firmar los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) establecidos a su persona, quedando así, fijados los que estableció el ciudadano Darío Di Zacomo, en su carácter de supervisor inmediato, en fecha 23 de febrero del 2012 y en consecuencia siendo evaluado para el período correspondiente al primer semestre del año 2012 bajo ese criterio, obteniendo como resultado una calificación ‘muy por debajo de lo esperado’, motivo por el cual considera este Juzgado que mal podría alegar la parte actora que no se discutieron los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) asignados, cuando se desprende que tuvo la oportunidad de ser verificados y discutidos, tal como se indicó anteriormente en el procedimiento a seguir para el establecimiento de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) sin embargo, se negó a discutir y firmar, ello según consta en el Acta levantada por el supervisor inmediato Darío Di Zacomo en fecha 1º de marzo del año 2012 (ver folio 248 y 247 del expediente administrativo), razón por la cual resulta forzoso para este Tribunal declarar SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano Ramón Antonio Tizamo. Así decide…”. (Negritas y mayúsculas del original).
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.-CADUCA la pretensión de nulidad respecto de los resultados de la evaluación de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) del ciudadano Ramón Antonio Tizamo, correspondiente al segundo semestre del año 2011.
2.- SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Pedro Benítez y Yonni Marcano, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 150.306 y 153.923, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano RAMÓN ANTONIO TIZAMO, titular de la cedula de identidad N° 6.117.423, contra los resultados de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) del primer semestre del 2012.

-III-
DE LA COMPETENCIA

Antes de emitir pronunciamiento sobre el presente asunto, se observa que dentro del ámbito de competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se encuentra el conocimiento de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo Regionales, a tenor de lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En virtud de lo cual, esta Corte se declara COMPETENTE para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto en fecha 7 de marzo de 2018, contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2018 dictada por el Juzgado Superior Tercero Contencioso Administrativo de la Región Capital. Así se declara.




-IV-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Determinada la competencia de esta Corte para conocer del recurso de apelación interpuesto, se pasa a decidir el mismo en los siguientes términos:

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 92, establece lo siguiente:

“Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contengan los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte dé contestación a la apelación. La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación” (Resaltado de la Corte).

En aplicación del artículo transcrito, se evidencia que la parte apelante tiene la obligación de presentar dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente, el escrito en el cual indique las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su apelación y en caso de no cumplir con esta obligación legal, el Juez procederá a declarar el desistimiento del recurso de apelación.

En el caso sub iudice, se desprende de los autos que conforman el presente expediente, que desde el día 18 de abril de 2018, fecha en que se fijó el lapso para la fundamentación de la apelación, exclusive, hasta el 16 de mayo de 2018, fecha en que terminó dicho lapso, inclusive, transcurrieron 10 días de despacho, correspondientes a los días 24, 25 y 26 de abril de 2018 y los días 2, 3, 8, 9, 10, 15 y 17 de mayo de 2018.
Conforme a lo anterior, se desprende que la parte apelante no consignó dentro del señalado lapso, así como tampoco con anterioridad al mismo, escrito en el cual indicara las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta el recurso de apelación, por lo que resulta aplicable la consecuencia jurídica del desistimiento del recurso de apelación, prevista en el citado artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En consecuencia, esta Corte declara DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 7 de marzo de 2018, por los Abogados Pedro Benítez y Yonni Marcano, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano Ramón Antonio Tizamo. Así se decide.

Ahora bien, observa esta Corte que mediante sentencia Nº 1.542 de fecha 11 de junio de 2003 (caso: Municipio Pedraza del estado Barinas), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que es obligación de todos los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los casos donde opere el desistimiento del recurso de apelación, examinar de oficio el contenido del fallo apelado con el objeto de constatar si el mismo: a) no viola normas de orden público y b) no vulnera o contradice interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal, sobre el sentido y aplicación que debe dársele a determinadas normas del ordenamiento jurídico para garantizar su armonía con las disposiciones del Texto Fundamental.

Por otra parte, la sentencia Nº 150 de fecha 26 de febrero de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República (caso: Monique Fernández Izarra), mediante la cual se reiteró el criterio ut supra y se estableció lo que a continuación se expone:

“…Conforme a lo dispuesto en el párrafo 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como ley procesal aplicable al caso, la sanción al incumplimiento de la carga de fundamentar el recurso de apelación consiste en que ésta se tenga como desistida, lo que conlleva la extinción del procedimiento en segunda instancia y la consecuente declaratoria de firmeza del fallo apelado, salvo dos importantes excepciones establecidas por la aludida disposición, como se observa de su texto:
De la norma surgen dos importantes excepciones que impiden al juez de la Alzada declarar firme el fallo aun cuando hayan operado las condiciones para declarar el desistimiento de la apelación o la perención de la instancia, de ser el caso; a saber: (i) que el fallo o acto recurrido violente normas de orden público y (ii) que por expresa norma legal corresponda al Tribunal Supremo de Justicia el control jurídico de la decisión o acto de que se trate.
Interesa en el presente caso destacar que la Sala ha ampliado las anteriores excepciones, fijando también como obligación del juez de Alzada la de examinar que el pronunciamiento jurisdiccional no contraríe interpretaciones dadas por esta Sala Constitucional en el ejercicio de la labor de interpretación encomendada por el Constituyente de 1999 en el artículo 335 del Texto Constitucional vigente. En tal sentido, dejó sentado en sentencia N° 1.542 del 11 de junio de 2003, caso: ‘Municipio Pedraza del Estado (sic) Barinas’, que:
(…)
Tal imperativo precisa entonces que la labor de juzgamiento en las instancias correspondientes no se limita a la mera confrontación de la inactividad de la parte en el cumplimiento de la carga prevista en la ley procesal, sino que exige un examen por parte del juez de Alzada de los elementos cursantes a los autos para verificar, de forma razonada, que no existe vulneración de alguna norma de orden público o que no se ha obviado la aplicación de algún criterio vinculante dimanado de esta Sala que obligue a su corrección oficiosa, antes de declarar la firmeza del fallo apelado…” (Destacado de esta Corte).

Ahora bien, esta Corte observa que habiéndose declarado en el presente caso la consecuencia jurídica del desistimiento del recurso de apelación por falta de fundamentación, conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no resulta aplicable el criterio jurisprudencial expuesto, ya que aprecia esta Alzada que del texto del fallo apelado se desprende, que el Juzgado A quo no valoró la existencia de la caducidad de la acción, la cual es una norma de orden público, motivo por el cual esta Corte pasa a conocer en consulta.

La acción es considerada como el derecho de toda persona de exigir de los órganos jurisdiccionales mediante un proceso, la resolución de una controversia, petición o solicitud. Para ello la ley exige que este derecho sea ejercido en un determinado lapso, y de no ejercerse en dicho tiempo la acción deviene en inadmisible por considerar el legislador que el accionante no tiene un interés real en hacerla efectiva.

Así, tenemos que a los fines del ejercicio oportuno de las acciones o recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa, el legislador ha previsto la institución de la caducidad por razones de seguridad jurídica, y estableció un límite temporal para hacer valer una pretensión en juicio. De modo que, la falta de ejercicio de la acción dentro del plazo fijado legalmente impide su ejercicio e implica la extinción de la acción para reclamar el derecho de que se trate.

Ahora bien, para el caso sub examine se observa que la pretensión del recurrente consiste en que se proceda a solicitar la nulidad del proceso de evaluación de desempeño y evaluación de eficiencia, por cuanto –a su decir- se le vulneró el procedimiento correspondiente al sistema de evaluación, por cuanto se prescindió del método legalmente establecido, lo cual derivó en un abuso de poder.
En este sentido, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en decisión Nº 2006-01255 de fecha 10 de mayo de 2006, (caso: David Eduardo Pereira vs. Alcalde del Municipio Vargas del estado Vargas), se pronunció acerca de un asunto similar, estableciendo lo siguiente:

“…Estima este Tribunal que cuando la Administración incumple con una obligación de pagar periódica y oportunamente algún beneficio laboral, –como en el presente caso, y el recurrente permanezca en servicio, –en principio– no debe computarse el lapso de caducidad desde el momento en que se comenzó a incumplir con tal obligación, pues la omisión de la Administración de pagar dicho beneficio al funcionario no es un hecho perturbador que se agota en un solo momento (en el primer mes incumplido), sino que se prolonga en el tiempo, cuando de manera continua y permanente incumple con las obligaciones de tracto sucesivo y cuya consecuencia jurídica sólo se aplica a los casos en los cuales el recurrente permanezca al servicio del organismo o ente recurrido, por lo que no se puede estimar una fecha cierta a efectos de computar la caducidad de la acción. Y así se decide…”.

En tal sentido, siendo que en el presente caso el recurrente continúa como funcionario activo desempeñando funciones en la Dirección de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil, esta Corte considera que el ciudadano querellante mantiene expectativa plausible sobre los beneficios económicos que le corresponderían por una buena evaluación, y que afectarían incluso al cálculo de sus prestaciones sociales y demás beneficios económicos. Por ello, esta Corte considera que no se puede estimar una fecha cierta a efectos de computar la caducidad de la acción, razón por la cual debe considerar que el presente recurso contencioso administrativo funcionarial fue interpuesto tempestivamente. Así se decide.

En virtud de las consideraciones previas, debe esta Corte REVOCAR PARCIALMENTE la decisión dictada en fecha 31 de enero de 2018, por el Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo funcionarial y ORDENA al mencionado Juzgado realizar pronunciamiento sobre la pretensión de nulidad respecto de los resultados de la evaluación de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) correspondiente al segundo semestre del año 2011. Así se decide.

-V-
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 7 de marzo de 2018, por los Abogados Pedro Benítez y Yonni Marcano, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano RAMÓN ANTONIO TIZAMO, contra el fallo dictado en fecha 31 de enero de 2018, por el Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Región Capital, por medio de la cual declaró Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo funcionarial.

2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto.

3. REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado.

4. ORDENA realizar pronunciamiento sobre la pretensión de nulidad respecto de los resultados de la evaluación de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) correspondiente al segundo semestre del año 2011.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los _________________ ( ) días del mes de _________________ del año dos mil dieciocho (2018). Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

El Juez Presidente,

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

El Juez Vicepresidente,

HERMES BARRIOS FRONTADO
El Juez,

EFRÉN NAVARRO
Ponente

La Secretaria,

VANESSA S. GARCÍA

Exp. Nº AP42-R-2018-000166
EN/

En fecha______________________________ ( ) de __________________________ de dos mil dieciocho (2018), siendo la(s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº ___________________.

La Secretaria,