TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 16 de julio 2018
Años: 208° de Independencia y 159° de la Federación

Expediente Nro. 13.122
Parte demandante: JESUS GUSTAVO VILLEGAS.
Parte demandando: GOBERNACION DEL ESTADO CARABOBO.
Objeto del Procedimiento: QUERELLA FUNCIONARIAL.
- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inicia en fecha 26 de enero de 2010, antes este tribunal, por interposición de la querella funcionarial incoada por el ciudadano JESUS GUSTAVO VILLEGAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.011.583, actuando en este acto representado por el Abogado STALIN A. RODIGUEZ. S. titular de la cedula de identidad Nro. V- 10.282.111 e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.58.650, contra la GOBERNACION DEL ESTADO CARABOBO.

En fecha 11 de febrero del 2010, se le dio entrada y anoto en los libros respectivos.

En fecha 13 de febrero de 2006, se admitió la demanda interpuesta por no ser contraía en derecho se refiere, ya que no se encuentra presente en una de las causas de inadmisibilidad y se ordena notificar y se libraron boletas de notificación bajo los oficios Nros. 2.090/17.068, 2091/17.69 y 2092/17.070.

En fecha 04 de noviembre del 2010, compareció ante este juzgado la ciudadana CARINA OSORIO, en su cargo de Alguacil de este juzgado el cual dejo constancia en el libro de reconocimiento que se libro oficio Nro. 2.090/17.068 y 2091/17.069 dirigido al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CARABOBO y al GOBERNADOR DEL ESTADO CARABOBO.

En fecha 2 de febrero de 2011, mediante diligencia el abogado de la parte querellante solicito avocamiento del juez en la presente causa.

En fecha 05 de enero del 2012, mediante diligencia el abogado compareció y solicito que se le de continuidad a la presente causa.

En fecha 23 de julio del 2012, vista la diligencia presentada en fecha 02 de febrero del 2011, el ciudadano JOSE GREGORIO MADRIZ DIAZ, se avoca al conocimiento de la presente causa y se ordeno notificar a los interesados en la presente causa con la finalidad de que ejerzan su derecho a la recusación prevista en el articulo 48 de la LEY ORGANICA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

En fecha 24 de enero del 2013, compareció José Salcedo, Alguacil de este Juzgado Superior y expone que en dos folio útiles, copias de las boleta de notificación dirigidos al Ciudadanos GOBERNADOR DEL ESTADO CARABOBO, y al ciudadano PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CARABOBO debidamente firmados y sellando en prueba de haber recibido.

En fecha 11 de marzo del 2013, compareció la ciudadana ANGELA PEREZ PALMA, venezolana, titular de la cedula de identidad Nro. V- 16.184.685, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 129.718, actuando en este acto en su carácter de sustituta del ciudadano PROCURADOR de la ENTIDAD FEDERAL CARABOBO, al abogado OSCAR ENRIQUE NOGUERA LOPEZ, en la cual dieron contestación a la demanda incoada por el ciudadano JESUS GUSTAVO VILLEGAS.

En fecha 4 de marzo del 2013, se le dio entrada y anoto en los libros respectivos.

En fecha 11 de marzo del 2013, compareció ante este juzgado la ciudadana ANGELA PEREZ PALMA, venezolana, titular de la cedula de identidad Nro. V- 16.184.685, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 129.718, actuando en este acto en su carácter de sustituta del ciudadano PROCURADOR de la ENTIDAD FEDERAL CARABOBO, mediante diligencia consigno copias del expediente personal del ciudadano JESUS GUSTAVO VILLEGAS.

En fecha 11 de marzo del 2013, se le dio entrada y anoto en los libros respectivos.

En fecha 18 de marzo del 2013, vencido como ha quedado el lapso para la contestación de la demanda se fijo para el quinto día de despacho siguiente la audiencia preliminar a las nueve y media de la mañana.

En fecha 1 de abril del 2013, se dicta auto mediante por el cual tuvo lugar la audiencia preliminar y se deja constancia que se encuentra presente el abogado CLAUDIA CAROLINA SILVA GIL, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro.125.295 actuando en su condición de apoderada judicial del ESTADO CARABOBO, asimismo el tribunal deja constancia que no se encuentra nadie en representación la parte querellante ni por si, ni por medio de apoderado judicial. La parte querellante no solicito la apertura al lapso probatorio, de igual forma la parte accionante ratifico cada una de las partes del escrito de contestación de la demanda.

En fecha 3 de abril del 2013, se dio por vencido el lapso probatorio, se fija para el quinto día de despacho siguiente causa.

En fecha 16 de abril del 2013, se difirió el acto de la celebración del la audiencia definitiva que decía celebrarse hoy a las doce de la mañana para el sexto día de despacho siguiente al de este auto a las nueve y cincuenta de la mañana.

En fecha 29 de abril del 2013, siendo las nueve y cincuenta de la mañana, oportunidad fijada por el tribunal en fecha 16 de abril del 2013, se dicto auto mediante por el cual tuvo lugar la audiencia definitiva y se deja constancia que se encuentra presente el abogado CLAUDIA CAROLINA SILVA GIL, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro.125.295 actuando en su condición de apoderada judicial del ESTADO CARABOBO, asimismo el tribunal deja constancia que no se encuentra nadie en representación la parte querellante ni por si, ni por medio de apoderado judicial. Seguidamente se fijo un lapso de diez días de despacho para la publicación del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Publica.

En fecha 17 de mayo del 2013, en virtud de que esta fecha se daba por vencido el lapso para la publicación del fallo la misma se difiere para dentro de diez días de despacho siguiente por las diversas ocupaciones de este tribunal.

En fecha 19 de junio del 2013, compareció el ciudadano STALIN A. RODRIGUEZ. S abogado de la parte querellante en la cual solicito que el juez se sirva a pronunciar sobre la presente causa.

En fecha 18 de julio del 2018, el ciudadano LUIS ENRIQUE ABELLO GARCIA, en su carácter de Juez Provisorio, designado mediante oficio N° CJ-15-1458 de la comisión judicial en reunión de fecha 20 de mayo de 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa.

-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe por interposición de la querella funcionarial incoada por el ciudadano JESUS GUSTAVO VILLEGAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.011.583, actuando en este acto representado por el Abogado STALIN A. RODIGUEZ. S. titular de la cedula de identidad Nro. V- 10.282.111 e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.58.650, contra la GOBERNACION DEL ESTADO CARABOBO.

Ahora bien, constata este Juzgado que en fecha 04 de octubre del 2007, compareció en el tribunal la apoderada judicial de la parte querellada MARIANELLA GARCIA DIAZ, cedula de identidad Nros. V-8.831.168 e inscrita en el Inpreabogado Nros. 48.840, solicitando que el tribunal sirva para dictar sentencia a la presente causa y no ha existido actividad efectuada por la misma parte querellante tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a esta Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:

“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.

En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:

“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (Omissis)”.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)”.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte accionada que en En fecha 19 de junio del 2013, compareció el ciudadano STALIN A. RODRIGUEZ. S abogado de la parte querellante en la cual solicito que el juez se sirva a pronunciar sobre la presente causa, es decir, más de un (5) años y (1) meses sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los 16 días del mes de julio de 2018. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El Juez Superior,

La Secretaria,
Abg. Luis Enrique Abello García.

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro cartel de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
LEAG/Dvpm/hagc
Designado en fecha 20 de mayo de 2015, mediante Oficio Nro. CJ-15-1458
Teléfono (0241) 835-44-