TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Barquisimeto, quince de junio de dos mil dieciocho
208º y 159º
ASUNTO: KP02-N-2017-000029
PARTE DEMANDANTE:
LILIAM JOSEFINA CASTILLO GODOY, titular de la cédula de identidad Nº V-4.069.741.
PARTE DEMANDADO:
MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
MOTIVO:
Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial
SENTENCIA:
Interlocutoria con Fuerza de Definitiva

En fecha 10 de diciembre de 2015, fue recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, el oficio N° 3324, de fecha 17 de noviembre de 2015, emanado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, anexo al cual remitió el presente asunto contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesta por la ciudadana LILIAM JOSEFINA CASTILLO GODOY, titular de la cédula de identidad Nº V-4.069.74, representada por su apoderado judicial el abogado Franklin Amaro Duran, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.784, contra el MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
En fecha el 15 de diciembre de 2015, se recibió en este Órgano Jurisdiccional el presente recurso y en fecha 24 de febrero de 2017, se admitió a sustanciación la querella interpuesta, ordenando con ello las notificaciones y citaciones correspondientes.
En esta misma fecha, se aboca al conocimiento de la presente causa la Abg. Marvis Coromoto Maluenga de Osorio, en virtud de su designación como Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
De esta forma, revisadas las actas procesales, este Juzgado verifica lo siguiente:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

En fecha 08 de mayo de 2007, la parte querellante, ya identificada, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, recurso contencioso administrativo funcionarial, con base a las consideraciones de hecho y de derecho señaladas a continuación:
Que “Mi Representada comenzó a laborar para el Ministerio de Educación y Deportes a partir del mes de Noviembre del año 1975, lo cual se evidencia en Bauchers numerados 043998 y 062922 de fechas 14 y 28-11-75, Proposición de Movimientos de Personal de fecha 21-02-79 y Constancia de fecha 29-06-79, hasta el mes de Octubre de 2002, fecha en que Incapacitada por el IPASME, durante ese periodo de tiempo (28 años), tiempo este en el cual se desempeño como Dicente de Aula, Coordinadora y Subdirectora en la U. E. Carlos Gil Yépez, Liceo Mario Briceño Iragorri y U.E. José María Domínguez”.
Que “(…) estas labores de Docencia las presto mi Defendida en los ya referidos Planteles Educacionales y durante ese periodo de tiempo (28 años) mi Defendida estuvo sometida a constantes, permanentes y fuertes ruidos (Contaminación Sónica), ya que ninguna de las Edificaciones (Locales) Donde funcionan los prenombrados Centros Educativos reunían las condiciones mínimas necesarias y Requeridas por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para que en este caso, mi Representada presentara sus Labores tal como lo hizo durante el tiempo ya indicado y que a los efectos les ocasiona Enfermedad Ocupacional que hoy presenta”.
Que “Con relación a lo narrado (…) Informe Medico fechado 30-09-2003, originado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), mediante el cual las Dras. Aidyn Pereira y Nina Dubin de González, adscritas a ese Ente, CERTIFICAN la Enfermedad Ocupacional de mi defendida , con el diagnostico siguiente: 1) Hipofunción Laríngea, Enfermedad Profesional; 2) Hipoacusia Neurosensorial Bilateral leve a predominio izquierdo Enfermedad Profesional; 3) Conducción Psicoemocional Estable; 4) Simusitis Etmoidal, Enfermedad agraviada por el Trabajo”.
Que la “(…) Evaluación de Incapacidad Residual, emanada del Ministerio del Trabajo (INPSASEL), de fecha 14-10-03, donde además de señalar: Causa de la lesión y diagnostico, señalar también: a.- Tratamiento discriminado; (Terapia de la voz en dos ciclos en IPASME). b.- Evolución (Topida e insatisfactoria); c.- Complicaciones (discopatia crónica); d.- Descripción de la Incapacidad Residual; (Actualmente Incapacitada por el IPASME con un porcentaje de un 85%) además controles sucesivos (…)”.
Que “(…) comunicación de fecha 07-07-2004, originada por la Dra. Ingrid Chacón, Medico Industrial del I.V.S.S. mediante la cual le indican al Lic. Felipe Jiménez, Jefe de la Oficina Adm. Del I.V.S.S que mi Defendida presenta: 1.- Disfonía Profesional. 2.- Hipoacusia Neurosensorial por Trauma Acústico Profesional. Por lo tanto está en capacidad de gestionar si incapacidad”.
Que “Considerando que quedo con Discapacidad Absoluta Permanente y que esta fue a consecuencia la Enfermedad Ocupacional contraída durante la relación Laboral con dicho Ministerio de Educación como Docente de Aula (…) consideramos pertinente solicitar formalmente para nuestra representada, una Indemnización por DAÑO MORAL estimada en la cantidad antes indicada de Bs 200.000.000,00, cantidad esta que ayudara a Paliar su Existencia, ya que no podrá mas desempeñarse como Docente por las Secuelas que le generan esta Enfermedad Ocupacional y que le Infieren en si Nivel de Productividad que pudiera tener de ser una Perona normal que le permitiera consolidarse económicamente con el ejercicio de su Profesión y que tal como demostramos YA NO PODRÁ”.
Que “(…) como en efecto demandamos en toda forma de Derecho al MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES, para que convenga en cancelarle a nuestra representada (…) la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS COMA VEINTICINCO BOLIVARES (Bs. 387.634.422,25), resultado de la sumatoria de las cantidades ya identificadas por Enfermedad Ocupacional, Lucre Cesante y Daño Moral (…)”.
II
DE LA COMPETENCIA

Cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su Título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía jurídica el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración Pública.
En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra que:
“Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funciones el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.”

Ahora bien, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio de 2010, reimpresa el día 22 de del mismo mes y año, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.
Así, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se observa que en el caso de los Juzgados Superiores -artículo 25 numeral 6-, determinó entre sus competencias “…demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública…”.
No obstante lo anterior, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando en su artículo 1 -ámbito de aplicación- hace alusión a “salvo lo previsto en leyes especiales”; por lo que siendo la función pública una materia especial al encontrar su regulación en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que debe dársele aplicación preferente a dicha ley.
En este sentido, es menester resaltar que la competencia a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es la relativa al grado en que conocerán los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, al señalar que “…son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley…”, aspecto que no fue modificado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que se ratifica con lo dispuesto en su artículo 25 numeral 6.
Por lo tanto, se entiende lato sensu que las controversias a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, las siguen conociendo en primera instancia los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, por ser el grado de jurisdicción lo que se encontraba regulado de manera transitoria, máxime que el conocimiento de aquellas acciones distintas a la prevista en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no fue atribuida a otro Órgano Jurisdiccional, por lo que en el presente caso debe atenderse a la especial regulación e intención del legislador plasmada en la Ley del Estatuto de la Función Pública, esto es, la competencia de los Jueces Superiores Contenciosos Administrativos del lugar donde hubieren ocurridos los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, todo lo cual en modo alguno no contraviene las disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Así, verificada la invocada relación de empleo público señalada por la parte querellante respecto al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION, lo cual da origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, tal y como fuera apreciado precedentemente, se estima que se encuentran configurados los supuestos para que este Tribunal entre a conocer y decidir la causa.
Ad literam, quien aquí juzga verifica la competencia de este Juzgado para el conocimiento del recurso contencioso administrativo funcionarial que ha sido planteado por tratarse de una reclamación contra un Ente administrativo que se encuentra dentro de los límites de la competencia territorial atribuida a este Órgano Jurisdiccional. Así se decide.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal que se trate, está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos previstos para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar que para casos como el de autos una vez admitido el recurso contencioso administrativo funcionarial, deviene una carga procesal para la parte querellante de proceder a consignar las correspondientes copias fotostáticas requeridas en el auto de admisión dictado, para librar las citaciones y notificaciones de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para continuación del procedimiento instaurado.
En efecto, en el caso de marras de la revisión de las actas procesales se constata que desde la fecha en que se admitió el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, no fue materializada oportunamente ninguna actuación procesal a instancia de parte interesada para la consecución del procedimiento, es decir, la parte querellante no mostró dentro del año siguiente a la admisibilidad de su pretensión, interés procesal alguno para materializar las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión de fecha 24 de febrero de 2017 habiendo transcurrido un (01) año de paralización de la causa.
Así las cosas, ante la ausencia de una disposición expresa contenida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, relativa a la figura de la perención de la instancia, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.” (Subrayado de este Juzgado)

Es evidente que la anterior disposición normativa es aplicable al caso de autos, por tratarse de una acción que no se ha impulsado desde el día 24 de febrero de 2017, para su continuación.
En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.
En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el día 24 de febrero de 2017, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual se admitió el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, con lo que el desempeño de la parte demandante se limitó a la interposición de su pretensión. Por consiguiente habiendo transcurrido un (01) año de paralización de la causa y constatada la falta de impulso de la acción incoada -no imputable a este Órgano Jurisdiccional- resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.
IV
DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: Su COMPETENCIA para entrar a conocer y decidir en primera instancia el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
SEGUNDO: Se declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
TERCERO: Archívese oportunamente el presente asunto.
CUARTO: No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

La Jueza Provisoria,

Abg. Marvis Maluenga de Osorio
El Secretario Temporal,

Abg. Daniel Montoya

Publicada en su fecha a las 01:46 p.m.

El Secretario Temporal