EXPEDIENTE Nº AP42-G-2017-000174
Visto el escrito de pruebas presentado en fecha 29 de enero de 2019, en ocasión de la celebración de la Audiencia de Juicio por el Abogado José Ángel Mongue Abache, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 114.282, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos LEOVILGILDO ROJAS, JHONNY ROSSVELTH D´OCCHIO VIVAS y LUIS ALFREDO GUERRERO HERNÁNDEZ, parte demandantes y quienes forman parte de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la Caja de Ahorros y Préstamos de los Trabajadores del Banco Industrial de Venezuela, y en virtud de que la parte demandada no promovió prueba alguna, ni hizo oposición a las pruebas promovidas; siendo la oportunidad procesal correspondiente para decidir la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas, pasa este Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a decidir en los siguientes términos:
I
DEL MÉRITO FAVORABLE
Al respecto, observa este Órgano Jurisdiccional que en el escrito de pruebas presentado por el Abogado antes señalado, expuso lo siguiente: “…Con el objeto de demostrar tantos los hechos como el derecho que invocamos en el presente libelo de demanda de nulidad de acto administrativo reproduzco y a tal efecto doy por reproducido las documentales acompañadas con el libelo de demanda de nulidad marcadas´N°2 (Vid. folio N° 75 y 76), ´N°3´ (Vid. folios Nros.77 y 78), ´N°4´(Vid. folios Nros. 79 al 82), ´N°5´(Vid. folio N° 83), ´N°6´ (Vid. folio N° 84 y 85), ´N°7´ (Vid. folios Nros. 86 y 87), ´N°8´ (Vid. folio N° 88), ´N°9´ (Vid. folio N° 89), ´N°10´ (Vid. folio N° 90),´N°10-1´ (Vid. folio N° 91), ´N°10-2´ (Vid. folio N° 92), ´N°11´ (Vid. folios Nros. 93 al 98), ´N°11-1´ (Vid. folios Nros. 99 al 104), ´N°11-2´ (Vid. folios Nros. 105 al 117), ´N°12´ (Vid. folios Nros. 118 y 119), ´N°12-1´ (Vid. folios Nros. 120 al 123), ´N°12-2´ (Vid. folios Nros. 124 al 126), ´N°13´ (Vid. folios Nros. 127 al 134), ´N°14´ (Vid. folios Nros. 135 al 137), ´N°15´ (Vid. folios Nros. 138 al 152) y ´N°16´ (Vid. folio N° 153), …”. (Mayúsculas del original).
Ahora bien, antes de entrar a pronunciarnos respecto al escrito de pruebas promovido por el Apoderado Judicial de los ciudadanos anteriormente identificados, considera prudente esta Instancia Sustanciadora indicar que ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia el hecho de que la solicitud de apreciación de lo que consta en autos no constituye per se medio de prueba alguno, sino que más bien está dirigida a la apreciación del principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de la exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, lo que se traduce como mérito favorable de autos.
En este sentido, es conveniente destacar lo sostenido por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en decisión Nº 357 de fecha 9 de octubre de 2014, (Caso: Inversiones Iznete, C.A. Vs. La Sociedad Mercantil PDVSA Petróleo, S.A.), en relación al mérito favorable al de auto el cual estableció lo siguiente:
“…se advierte que la misma no es un medio de prueba per se, sino la solicitud que hacen los promoventes de la aplicación del Principio de la Comunidad de la Prueba que rige en el sistema probatorio venezolano (vid. sentencia líder Nro. 02595, de fecha 5 de mayo de 2005, caso: Sucesión Julio Bacalao Lara, dictada por la Sala Político-Administrativa). En consecuencia, será la Sala, en su condición de Juez de mérito, la encargada de valorar las actuaciones que reposan en autos en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva. Así se decide”.
En tal sentido, de la sentencia parcialmente transcrita, se puede deducir que el mérito favorable al de autos, es una invocación al principio de exhaustividad y en ningún caso, un medio probatorio sometido a las normas adjetivas de nuestro ordenamiento jurídico, que al ser incorporada la documental al proceso le corresponderá al Juez de mérito valorar todas las actuaciones que reposan en autos al momento de dictar sentencia definitiva en el presente litigio.
En consecuencia, debe señalarse que la parte demandante no promovió prueba alguna, por el contrario, realizó una solicitud que en modo alguno se asemeja a los medios de prueba previstos en el ordenamiento jurídico vigente, de manera que en atención a las consideraciones realizadas precedentemente, esta Instancia Sentenciadora no tiene materia sobre la cual pronunciarse sobre este particular. Así se decide
En consecuencia, aplicando las anteriores premisas al caso sub iudice, esta Instancia Sustanciadora, establece que el juez debe pronunciarse sobre todo lo alegado y lo probado en autos, en tal sentido considera este Juzgado que corresponderá a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la valoración de los autos que conforman el presente expediente, en la oportunidad de decidir acerca del fondo del asunto debatido. Así se decide.
II
DOCUMENTALES
En relación a las pruebas documentales presentadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil por el Apoderado Judicial de los ciudadanos LEOVILGILDO ROJAS, JHONNY ROSSVELTH D´OCCHIO VIVAS y LUIS ALFREDO GUERRERO HERNÁNDEZ, este Juzgador observa que promovió y evacuó los siguientes documentos: “Con el objeto de demostrar que las instrucciones y recomendaciones emanadas por la superintendencia de caja de ahorros fueron debidamente acatadas por el consejo de administración y de vigilancia por lo cual no le correspondían aplicar una media de intervención promuevo en este acto las documentales marcadas “´A-1 (Vid. folios Nros 349 al 366), ´B-1´(Vid. folios Nros. 367 al 375), y ´C-1” (Vid. folios Nros. 376 al 385), (Mayúsculas del original).
Asimismo, promovió el siguiente documento original: “Con el objeto de probar la violación al derecho a la defensa y a la tutela efectiva administrativa promuevo en original macada ´D-1´ (Vid. Folio 386 y su vuelto), que emerge de oficio SCA-DL-3163-DS/002287 de fecha 13 de diciembre de 2016 emanado del Superintendente de caja de ahorros de donde se le niega el acceso al expediente al presidente y demás miembros del consejo de administración”. (Mayúsculas del original).
De allí que, considera prudente esta Instancia Sustanciadora traer a colación, lo que la doctrina y la jurisprudencia ha dictaminado con relación a la pertinencia y la legalidad de la pruebas.
En ese sentido, se puede considerar que la prueba es impertinente conforme lo expuesto por la doctrina procesal patria y foránea, cuando “(…) no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración”. Así, la necesidad de la determinación de la pertinencia por el Juez, obliga a que cada medio que se proponga exprese el hecho que pretende trasladar a los autos, salvo las excepciones señaladas en la Ley o provenientes de la naturaleza del medio. Si no existe coincidencia entre los hechos litigiosos objeto de la prueba y los que se pretenden probar con los medios promovidos, hay impertinencia.
Dentro de esa perspectiva, resulta fundamental la relación que debe existir entre los hechos alegados y los medios que demuestren la veracidad o falsedad de tales hechos, es decir, la pertinencia de las pruebas, circunstancia que impone que las pruebas promovidas y aportadas por las partes al proceso deban guardar relación con el hecho que pretendan probar y con los términos en los cuales quedó establecida la litis, ya que de lo contrario, ante la evidente falta de relación entre las pruebas promovidas por las partes y los hechos por ella alegados, el juez al momento de decidir sobre su admisión o no, deberá declarar que son inadmisibles, debido a que no puede llevar a ninguna convicción al juez, una prueba que no guarda relación con los hechos planteados en el proceso, ni con los términos en los cuales quedó delimitada la controversia.
De igual manera, la Doctrina Patria ha establecido que cuando se promueve un elemento probatorio ilegal, este tiene un carácter de inadmisibilidad, bien sea por ir contra la moral, el orden público y las buenas costumbres, o en contraposición a una norma expresa de la ley.
En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado de Sustanciación alude que las pruebas documentales promovidas por el Apoderado Judicial de la parte demandante son consideradas legales y pertinentes para el proceso, toda vez que podrían traer a colación información necesaria para el esclarecimiento del litigio en cuestión.
En consecuencia, este Juzgado de Sustanciación ADMITE las pruebas documentales promovidas por la representación judicial de la parte actora, cuanto ha lugar en derecho se refiere, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva y por cuanto dichas instrumentales cursan en actas, manténganse en el expediente, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos al momento de dictar la sentencia de fondo. Así se decide.
Se ORDENA notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA conforme a lo establecido en el artículo 98 del Decreto Ley que rige sus funciones, dejándose expresa constancia que, una vez conste en autos la referida notificación, y hayan transcurrido los lapsos otorgados, se remitirá el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a los fines que las partes presentes sus informes conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Finalmente, se INSTA a la parte promovente a que consigne los fotostatos del escrito de promoción de prueba (vid. Folio 347 y 348) y de la presente decisión para el cumplimiento de la notificación ordenada. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en la Sala del Despacho del Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los tres (3) días del mes de abril de 2019. Año 208° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUEZ DE SUSTANCIACIÓN,
MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS RUIZ DE AZÚA
LA SECRETARIA,
GÉNESIS RIVAS M.
MAC/ ROST /GRM/dvt.
Exp. Nº AP42-G-2017-000174
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