REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, cinco (05) de abril de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO: KP02-L-2016-196
PARTE DEMANDANTE: ANTONIO GOUVEIA DURAN y ROBERTO ANTONIO OLLARVES, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la cédula de identidad Nros. 11.264.632 y 7.350.818, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LOS DEMANDANTES: JOSE GIL LUQUE y CESAR YANEZ DIAZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 43.104 y 67.746, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: UNION DE CONDUCTORES 23 DE ENERO o ASOCIACION CIVIL DE CONDUCTORES 23 DE ENERO.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
RECORRIDO DEL PROCESO
En fecha 03/03/2016 se presenta por ante la URDD civil la demanda y el 07/03/2016 se da por recibida la demanda por este Tribunal y en esa misma fecha es admitida y se libran las respectivas notificaciones a la parte demandada (folios 1 al 23).
Posteriormente, en fecha 27/07/2016, la Secretaria el Tribunal certifica que la notificación a la demandada se efectuó en los términos indicados (folios 24 al 26).
Luego en fecha 09/08/2016 la parte demandada presenta escrito de llamado de terceros a la causa, siendo admitido por este Juzgado en fecha 10/08/2016, librándose las respectivas notificaciones a los terceros (folios 28 al 83).
Asimismo, en fecha 21/09/2016 la parte demandada procede a subsanar el llamado a terceros, solicitando se deje sin efecto la notificación librada a la ASOCIACION CIVIL UNION DE CONDUCTORES 23 y se libre notificación a la ASOCIACION CIVIL UNION 22, a lo que este Juzgado, en fecha 26/09/2016 niega lo solicitado e inadmite el llamado a tercero respecto ASOCIACION CIVIL UNION 22, de conformidad al Principio de Legalidad previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (folio 84 y 85).
En fecha 03/10/2016, la parte demandada apela del auto dictado por este Tribunal de fecha 26/09/2016, por lo que este Juzgado ordena oír la apelación a un (1) solo efecto, en fecha 05/10/2016.
Posteriormente, al ser consignadas las copias respectivas de la apelación por la parte demandada en fecha 10/10/2016, se ordena la redistribución del asunto a los Tribunales Superiores del Trabajo de esta Jurisdicción en fecha 13/10/2016 y se remite a la URDD Civil, a los fines legales consiguientes, correspondiendo así su conocimiento al Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declarando Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto.
En fecha 16/12/2016, se da por recibido las resultas de la apelación proveniente del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Asimismo, el 11/01/2017 la Secretaria del Tribunal certifica que las demandadas ASOCIACION CIVIL UNION VALENCIA A.C., UNION DE CONDUCTORES LA RESPONSABLE S. C., ASOCIACION COOPERATIVA DE TRANSPORTE LARENSE R.L., ASOCIACION CIVIL DE CONDUCTORES UNION OCCIDENTE, ASOCIACION CIVIL UNION DE CONDUCTORES 23 DE ENERO, fueron notificadas de manera positiva.
Posteriormente, en fecha 24/01/2017 se deja sin efecto la certificación de la notificación de la demandada ASOCIACION CIVIL UNION DE CONDUCTORES 23 DE ENERO, siendo que la misma no pudo ser practicada de conformidad a lo establecido en la Ley y en esa misma fecha, la Secretaria del Tribunal certifica que su resultado fue negativo.
Es así que, de la revisión de las actas procesales se evidencia que desde el 16/12/2016, fecha en la que se da por recibido en este Juzgado las resultas de la apelación, no existe actuación alguna de las partes en el presente asunto que demuestre interés en su tramitación, verificándose así que en la presente causa existe una inactividad procesal, que supera al año.
En tal sentido, esta inactividad referida a la no realización de ningún acto de procedimiento, constituye una actitud negativa u omisiva de las partes, y en este caso concreto, de la parte actora; que debiendo realizar actos de procedimiento no lo hizo. Tal situación, configura lo que se ha denominado PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.
En nuestro Derecho, la Perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
Sobre este modo de terminación anormal del proceso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 06 de Junio del 2.001, con ponencia del Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAZZ, considera que cuando las partes no impulsan el proceso ha ocurrido una pérdida del interés procesal y en especial del actor para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela.
Pero señala la Sala, que la pérdida de interés puede materializarse durante el proceso de tres maneras, a saber:
“… cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se le otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso…, mas adelante cuando “…decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre es el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 de Código de Procedimiento Civil…” y finalmente “… puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión …”.
Es por ello que, la legislación procesal vigente señala entre los supuestos que dan procedencia a la perención, la inactividad prolongada. Ello debe ser así, por cuanto:
“… el abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, pues que revela una actitud negligente que procura una prolongación indefinida de la controversia…”, lo cual constituye además “… una afrenta del sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el Archivo Judicial, pero que no avanza hacia su fin natural.”
Cumplidos los extremos de verificación de la perención, o sea, el aspecto objetivo referente a la inactividad, el factor subjetivo referido únicamente a las partes y no al juez, finalmente una condición temporal, se desprende de autos que desde el día 16/12/2016, fecha en la que se da por recibido en este Juzgado las resultas de la apelación, no existe actuación alguna de las partes, en el presente asunto que demuestre interés en su tramitación, habiendo transcurrido más de un (1) año sin que estas dieran impulso al presente proceso; lo que trae como consecuencia la declaratoria de la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual señala que:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”
Así, verificada la perención de pleno derecho (ope legis), tal pronunciamiento es de carácter declarativo, de modo que la declaratoria de perención no ataca la pretensión que originó el proceso extinguido.
Finalmente, el verdadero espíritu y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso del proceso dependa de ellas, como sucede en el presente caso; supuesto que se configura por lo explicado Supra, pues no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inacción le es imputable al juez. No obstante, el demandante podrá proponer la demanda de nuevo pasado un lapso de 90 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ante los Juzgados de Mediación Sustanciación y Ejecución del Trabajo.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso.
SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente y la remisión del mismo al Depósito de Expedientes del Archivo Judicial Regional.
TERCERO: No hay condenatoria en costas en atención a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
Publíquese, Regístrese
Barquisimeto, cinco (05) de abril de dos mil diecinueve (2019).
LA JUEZ,
ABG. MARIA FERNANDA CHAVIEL LOPEZ
LA SECRETARIA
ABG. MARIYEN CASTILLO
Publicada en su fecha, a las 11:01 A.M.
LA SECRETARIA
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