REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial del estado Falcón
Años 208° y 160°

ASUNTO: IP21-N-2009-001661

MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.

PARTE RECURRENTE: Empresa INDUSTRIAS LACTEAS CUMAREBO C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha cuatro (04) de junio de 1993, Bajo el número 121, Folios 171 al 174, Tomo 6.

REPRESENTACIÓN JUDICIAL: Abogado JUAN FRANCISCO CALATAYUD, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 3391.

PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN.

I
ANTECEDENTES
En fecha veintinueve (29) de junio de 2000, El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, recibió el presente Recurso Contencioso Administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar de Amparo, por el Abogado JUAN FRANCISCO CALATAYUD, antes descrito, en su condición de apoderado judicial de la empresa INDUSTRIAS LACTEAS CUMAREBO C.A.


Por auto de veintitrés (23) de agosto de 2000, el referido Juzgado admitió el presente recurso y la solicitud de amparo cautelar, ordenando la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, ordenando la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, así como el Inspector del Trabajo del estado Falcón. Asimismo ordenó el emplazamiento a los interesados mediante Cartel.

Emitió auto de fecha veintinueve (29) de septiembre de 2000, mediante el cual fijó la audiencia oral en la presente causa, llevándose a cabo la misma el dos (02) de octubre de 2000, dejándose constancia de la comparecencia de las partes. Asimismo admitió las pruebas presentadas por las partes durante la audiencia.
En fecha cuatro (04) de octubre de 2000, se llevó a cabo el acto de absolución de posiciones juradas de la parte quejosa ciudadano TEODORO DUZOGLU DANILOPOL, compareciendo al mismo el apoderado judicial de la parte actora y el ciudadano HILDEMARO GARCÍA CORONA, debidamente asistido por el abogado PEDRO LÓPEZ NAVARRO.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo del estado Falcón, el dieciséis (16) de octubre de 2000, dictó sentencia en la presente causa, y en tal sentido declaró; Inadmisible la acción de Amparo Constitucional y Sin Lugar el Recurso de Nulidad interpuesto.

Recibió el referido Juzgado en fecha diecinueve (19) de octubre de 2000, diligencia suscrita y presentada el apoderado judicial de la parte actora, a través de la cual apeló de la decisión dictada. Formalizando la misma mediante Escrito presentado el doce (12) de febrero de 2001.

En fecha catorce (14) de febrero de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Falcón emitió decisión, y al respecto revocó la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo del estado Falcón, ordenando al Tribunal Ad Quo sustanciarla en atención a lo previsto en dicho fallo.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, emitió en fecha seis (06) de marzo de 2001 Acta de Inhibición por encontrarse incursa la Juez Provisorio del aludido Juzgado en la causa de Inhibición y recusación contenida en el Ordinal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante auto de fecha diecisiete (17) de abril de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, acogiéndose a la decisión dictada en fecha catorce (14) de febrero de 2001, acordó admitir el presente recurso, ordenando la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República y Procurador General de la República.

La Representación Judicial de la parte recurrente, solicitó mediante diligencia suscrita y presentada en fecha veinte (20) de abril de 2001, expedición del Cartel respectivo para la posterior publicación.

Recibió diligencia presentada por el apoderado judicial de la recurrente, quien consignó publicación del Cartel de Citación ordenado. Asimismo, dicha representación el dieciocho (18) de mayo de 2001, ratificó la diligencia de fecha cuatro (04) de mayo de 2001, así como Escrito contentivo de recurso de nulidad, en todas y cada una de sus partes, finalmente solicitó la apertura del lapso probatorio y sean admitidas y evacuadas.

Dictó decisión el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito, del Trabajo y de Menores de la circunscripción Judicial del estado Falcón, por medio de la cual declaró Con Lugar la Inhibición formulada.

El veinticuatro (24) de octubre de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, emitió auto de reordenación del proceso.

En fecha doce (12) de marzo de 2002, el mencionado Juzgado, declaró mediante sentencia su Incompetencia para continuar conociendo el presente recurso, y declinó la competencia ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental con Sede en Maracaibo, estado Zulia.

Por auto de fecha veinticinco (25) de marzo de 2002, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, declaró definitivamente firme la decisión dictada el doce (12) de marzo de 2002, ordenando remitir el expediente al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental con Sede en Maracaibo, estado Zulia.

El Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental con Sede en Maracaibo, estado Zulia, mediante auto de fecha veintinueve (29) de abril de 2002, ordenó solicitar al Inspector del Trabajo del estado Falcón la remisión de los Antecedentes Administrativos correspondientes a la presente causa. Asimismo en fecha veintiuno (21) de enero de 2009, el referido Juzgado declinó la competencia para el conocimiento, sustanciación y decisión del presente recurso en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, siendo remitido mediante Oficio Nro. 081-03 de fecha veintiocho (28) de enero 2003, y recibido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el veinticuatro (24) de abril de 2003.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintitrés (23) de julio de 2003, se declaró competente para conocer del recurso contencioso administrativo interpuesto.
En fecha dieciséis (16) de noviembre de 2007, emitió la mencionada Corte auto de abocamiento en la presente causa.

Mediante sentencia dictada el diecinueve (19) de noviembre de 2007, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró su Incompetencia Sobrevenida para conocer del presente recurso, declinando la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental.

En fecha veintiuno (21) de octubre de 2009, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de éste Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, expediente Nº AP42-N-2003-001407, en virtud de la inauguración de éste Juzgado, al que se le atribuyó conforme a la Resolución Nº 2008-20, de fecha dos (02) de julio de 2008, competencia para conocer en todo el territorio del estado Falcón, reasignándosele nueva numeración IP21-N-2009-001661.
Por auto de fecha ocho (08) de mayo de 2019, la Juez Superior de ésta Instancia Judicial se abocó al conocimiento de la presente causa, así como se emitió auto ordenando la notificación de la parte actora a los efectos de que informara en un lapso de tres (03) días de despacho siguientes a constar en autos el recibo de la misma, su interés en continuar en el presente proceso, para lo cual se libró la respectiva Boleta de Notificación, y publicada en la cartelera de éste Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
II
DE LA PÉRDIDA DE INTERÉS
De la revisión de las actas que conforman la presente causa, se observa que el último acto de procedimiento, es del seis (06) de marzo de 2009, fecha en la cual recibió éste Órgano Jurisdiccional expediente correspondiente a la presente causa, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, sin que se evidencie a los autos hasta la presente fecha ninguna otra actuación por parte de la representación judicial de la parte recurrente.

Así las cosas, considera menester esta Juzgadora, traer a colación sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 982 de fecha seis (06) de junio de 2001, caso: “José Vicente Arenas Cáceres” en la que estableció:

“..., la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia (...)”.

Por su parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, explanado en sentencia de fecha 29 de octubre de 2013, caso Gerardo Blyde y otros contra la Ley Orgánica de las Comunas, que:
“(…) El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 416/2009) (…)”.
Al respecto, la misma Sala Constitucional ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ Nº 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el Órgano Jurisdiccional.
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Este criterio se estableció en el fallo de esa Sala N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., en los siguientes términos:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”.
El referido criterio, según el cual, debe declararse la pérdida del interés procesal por abandono del trámite, aun estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante y la falta de impulso procesal de la misma, ha sido ratificado por la Sala Constitucional en fallos Nros. 132/2012, 972/2012 y 212/2013.
Tal y como se observa del criterio parcialmente trascrito, el abandono del trámite al que se refiere la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, opera cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, y la parte interesada solicite o busque se dicte la Sentencia Definitiva en la causa, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiera lugar, por falta de impulso del accionante.

De acuerdo con lo explanado precedentemente, al revisar exhaustivamente las actas que conforman el expediente judicial, se observa, que desde el seis (06) de marzo de 2009, fecha en la cual recibió éste Órgano Jurisdiccional expediente correspondiente a la presente causa, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, no se realizó ningún acto procesal que denotara el interés de la parte recurrente en la acción planteada, y habiendo transcurrido un lapso mayor a seis (06) meses de inactividad, constituye razón suficiente para que este Juzgado acogiendo el criterio supra trascrito, considere que se encuentran cumplidos los supuestos para que se configure el abandono del trámite; en consecuencia, este Tribunal así lo declara.


III
DECISIÓN

En merito de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en el presente Recurso Contencioso Administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar de Amparo, por el Abogado JUAN FRANCISCO CALATAYUD, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 3391, en su condición de apoderado judicial de la empresa INDUSTRIAS LACTEAS CUMAREBO C.A, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN.

Publíquese, diarícese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en Santa Ana de Coro a los Diez (10) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019). Años: 208º de la Independencia y 160º de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR La Secretaria


Abg. MIGGLENIS ORTIZ Abg. Melissa Cardozo


MO/Mc/Mp



Nota: En la fecha ut supra se Publicó y Registró la decisión siendo las 10:00 A.m., bajo el Nº 104 del Copiador de Sentencias Interlocutorias con Fuerza de Definitivas.
La Secretaria.

Abg. Melissa Cardozo