TSJ Regiones - Decisión

P O D E R J U D I C I A L
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
Dicta sentencia interlocutoria

ASUNTO: KH09-X-2019-000017 / MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: entidad de trabajo ALIMENTOS ANDREA C.A. inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 15 de octubre del año 1998, bajo el Nro. 22, tomo 41-A.

APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDANTE: PEDRO PABLO DURAN PARRA, abogado en ejercicio inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 108.607.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Providencia Administrativa Nro. 1978 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Lara sede Pio Tamayo, en el expediente 005-2018-01-01521.

MOTIVA

Consta de las actas procesales que el 06 de noviembre del 2019, se admitió la demanda de nulidad de acto administrativo interpuesta por la entidad de trabajo demandante, en contra de la Providencia Administrativa Nro. 1978, de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Lara sede Pio Tamayo, en el expediente 005-2018-01-01521, en la que solicita además, se acuerde MEDIDA CAUTELAR a los fines de suspender los efectos del acto administrativo que por este medio se ataca, con el objetivo de evitar presuntos perjuicios de imposible o difícil reparación, en virtud de los supuestos vicios que contiene el mismo; por lo que se ordenó abrir cuaderno separado, a los fines emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada por la parte accionante, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En consecuencia, estando en la oportunidad procesal correspondiente, quien Juzga se pronuncia con base en las siguientes consideraciones:

El artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece lo siguiente:

“[…]a petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el Tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva […]”.

Asimismo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de Nº 662-01, 17-04, manifestó:

“En virtud del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada actualmente en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Juez contencioso administrativo se encuentra habilitado para emitir todo tipo de medida cautelar que se requiera en cada caso concreto, esto es, puede decretar todo tipo de mandamientos, -como la suspensión del acto recurrido, medidas positivas e incluso anticipativas- ante todo tipo de actividad o inactividad administrativa, incluyendo actos de efectos particulares o generales, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones etc. (...) el Juez tiene un amplio poder cautelar general, que le permite tomar cualquier medida cautelar para garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el único criterio que debe ser siempre valorado por el juez contencioso administrativo para la adopción de una medida cautelar, es la concurrencia del fumus boni juris y del periculum in mora. En efecto, son estos los requisitos legitimadores para la adopción de medidas cautelares, y que constituyen garantía suficiente de que las sentencias de fondo que se dicten sean plenamente ejecutables, evitándose que los efectos del proceso, perjudiquen a quienes tienen razón, quedando así, garantizado el derecho fundamental de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva”

En este sentido, resulta necesario determinar de la solicitud planteada, si además de demostrarse la existencia del riesgo manifiesto de un posible daño irreparable, acompañando un medio de prueba que evidencie el derecho que se reclama (artículo 585 Código de Procedimiento Civil, común a los procedimientos de medidas cautelares en general), debe ponderarse los intereses públicos generales y colectivos, no prejuzgando sobre el fondo de la controversia, conforme lo indica la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ahora bien, ha sido pacífica la jurisprudencia tanto de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, como de las Cortes Contencioso Administrativa, en considerar que la suspensión de efectos de actos administrativos de efectos particulares constituye una medida preventiva excepcional al principio de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, consecuencia de la presunción de legalidad de los mismos.

Así las cosas, en un análisis deductivo de lo dispuesto por la Jurisprudencia Nacional, resulta imperante insistir que el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra necesariamente comprendido en las exigencias del aparte 21, del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela para acordar la suspensión de efectos, cuando alude que la medida será acordada “teniendo en cuenta las circunstancias del caso”.

Con referencia al primero de los requisitos, fumus boni iuris, su confirmación consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, respecto al elemento señalado, la accionante indica que dicha presunción se deriva del hecho de “que [ALIMENTOS ANDREA C.A.] es el sujeto que se encuentra obligado al cumplimiento del mencionado acto administrativo –objeto de nulidad-, lo cual depararía daños irreparables para la entidad de trabajo al pagar conceptos que no adeuda y a su vez repercutirá en el abastecimiento de los productos distribuidos por la entidad de trabajo a la población venezolana”.

Respecto, al segundo de los requisitos mencionados periculum in mora, ha sido reiterado por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo, tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. En este sentido, la parte demandante alega que “al pagar [ALIMENTOS ANDREA C.A.] los conceptos supuestamente adeudados al reclamante o la multa que venga por vía de consecuencia, no tenga posterioridad la forma de recuperarla en caso de que sea favorable el fallo en la definitiva como efectivamente solicitamos. Y en el caso de la solvencia laboral no tenga como restablecerla y pueda verse perjudicada la producción agroalimentaria causando un desabastecimiento en la población, afectando intereses generales, en virtud que mi poderdante coadyuva al estado a dar cumplimiento al principio de seguridad alimentaria”.

En relación, al periculum in damni, éste se constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada para que el Tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra; dicho elemento a juicio de la actora se configura en caso de que la sentencia declare con lugar la nulidad solicitada posterior al pago de los conceptos supuestamente adeudados y la multa que venga a partir de esto “produciría un gravamen irreparable a la entidad de trabajo” y de revocarse la solvencia laboral conllevaría a un daño mayor.

Establecidos así, los supuestos de derecho, se verifica que la parte accionante según acta que riela al folio 55 de fecha 24 de octubre de 2019 acató la orden de reenganche emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Lara sede Pio Tamayo.

Por otra parte, cursa al folio 63 solvencia laboral de la empresa ALIMENTOS ANDREA C.A.; certificación que data del día 06 de agosto de 2018.

Así mismo, del libelo de demanda se observa la denuncia por parte de la actora, de la existencia del vicio de falso supuesto de hecho, silencio de pruebas, derecho a la defensa, contra el acto administrativo impugnado antes descrito; denotando de la revisión preliminar de lo enunciado, la apariencia del buen derecho y el supuesto daño que acarrearía a la hoy accionante, la cancelación antelar de los conceptos y condiciones condenadas en el acto administrativo cuya legalidad pretende ser verificada en el procedimiento principal.

En consecuencia, de las argumentaciones expuestas, se aprecia en esta etapa preliminar, en la que se requiere la solicitud cautelar, en el presente caso, que están cumplidos los extremos indicados en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que, a los fines de evitar un posible daño irreparable o de difícil reparación para la demandante, se decreta la suspensión provisional de los efectos de la Providencia Administrativa Nro. 1978 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Lara sede Pio Tamayo, en el expediente 005-2018-01-01521. Así se establece.

D I S P O S I T I V A

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, la Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECRETA:

PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Providencia Administrativa Nro. 1978 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Lara sede Pio Tamayo, en el expediente 005-2018-01-01521, durante el transcurso del juicio principal de nulidad, por cumplirse los extremos establecidos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

SEGUNDO: Se ordena oficiar a la Inspectoría del Trabajo del estado Lara, sede Pio Tamayo, a los fines de que cumpla con lo aquí ordenado.

TERCERO: Notifíquese a la Procuraduría General de la República de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dictada en Barquisimeto, estado Lara, a los 07 días del mes de noviembre de 2019.

JUEZ

ABG. NAILYN LOUISANA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA

SECRETARIA

ABG. FRANNYS PINTO

Nota: En esta misma fecha se dictó y publicó la sentencia, a las 01:58 p.m., agregándola al expediente físico y al informático del sistema Juris 2000.
SECRETARIA

ABG. FRANNYS PINTO