TSJ Regiones - Decisión

En fecha 12 de abril de 2021, el ciudadano RAÚL ARMANDO TORRES LARA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.794.328; en su carácter de Administrador Único de la Compañía Mercantil AGROINDUSTRIAL “LA YUNTA”, C.A, INSCRITA EN EL Registro de Información Fiscal bajo el Nº RIF J-002303603, domiciliada en la ciudad de Caracas Distrito Capital y constituida originalmente por documento inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 27-05-1986, bajo el Nº 66, Tomo 50-A SGDO, modificados sus estatutos según acta de asamblea extraordinaria de accionista de fecha 05-11-2018, inscrita por el mismo Registro del Distrito Capital, en el registro de comercio bajo el Nº 19, Tomo 269-A SDO, asistido por el Abogado MANUEL IGNACIO ROJAS YANEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 14.559, presentó formalmente Recurso Administrativo de Nulidad, ante la Unidad de Recepción y Distribución Civil (URDD CIVIL).

En fecha 15 de abril de 2021, el Tribunal da por recibido mediante auto el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.

-III-
Motivación
Siendo la oportunidad legal de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para que esta Juzgadora actuando como Juez de Primera Instancia Regional de lo Contencioso Administrativo Especial Agrario, se pronuncie sobre la admisibilidad del presente Recurso Administrativo de Nulidad incoado por el ciudadano RAÚL ARMANDO TORRES LARA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.794.328; en su carácter de Administrador Único de la Compañía Mercantil AGROINDUSTRIAL “LA YUNTA”, C.A, INSCRITA EN EL Registro de Información Fiscal bajo el Nº RIF J-002303603, domiciliada en la ciudad de Caracas Distrito Capital y constituida originalmente por documento inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 27-05-1986, bajo el Nº 66, Tomo 50-A SGDO, modificados sus estatutos según acta de asamblea extraordinaria de accionista de fecha 05-11-2018, inscrita por el mismo Registro del Distrito Capital, en el registro de comercio bajo el Nº 19, Tomo 269-A SDO, asistido por el Abogado MANUEL IGNACIO ROJAS YANEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 14.559, contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti), ORD 1203-19, Punto de Cuenta N° 04, de fecha 19 de noviembre de 2019, que acordó Declaratoria de Tierras Ociosas e inicio el Procedimiento de Rescate con acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento sobre un lote de terreno denominado San Gerónimo, ubicado en el Sector Gerónimo, Parroquia San Miguel, Municipio Jiménez del estado Lara, alinderado de la siguiente manera: NORTE: terrenos baldíos y terrenos ocupados por José Yajuré y Rafael Castillo, SUR: Terrenos ocupados por la hacienda La Fortuna, ESTE: Río Turbio y terrenos ocupados por Rafael Segundo Castillo y OESTE: Carretera S/N, terrenos baldíos, terrenos ocupados por el Colectivo la bendición de Dios y Gilberto Pérez, con una extensión de Ciento Veintiún Hectáreas con Quinientos Noventa y Siete Metros Cuadrados (121 has con 597 ms2).

-IV-
De la competencia
Corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y a tal efecto observa lo siguiente:
El acto Administrativo recurrido ha sido dictado por el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), que como Instituto Autónomo se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, el cual gozará de las prerrogativas y privilegios que le otorga la Ley a ésta, cuyos actos están sometidos al control del Órgano Jurisdiccional del sistema Contencioso Administrativo Especial Agrario.
El recurso en cuestión, ha sido interpuesto y se dirige a obtener la Declaratoria de Nulidad del Acto Administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en reunión ORD 1203-19, Punto de Cuenta N° 04, de fecha 19 de noviembre de 2019, que acordó Declaratoria de Tierras Ociosas e inicio el Procedimiento de Rescate con acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento, sobre un lote de terreno denominado San Gerónimo, ubicado en el Sector Gerónimo, Parroquia San Miguel, Municipio Jiménez del estado Lara, alinderado de la siguiente manera: NORTE: terrenos baldíos y terrenos ocupados por José Yajuré y Rafael Castillo, SUR: Terrenos ocupados por la hacienda La Fortuna, ESTE: Río Turbio y terrenos ocupados por Rafael Segundo Castillo y OESTE: Carretera S/N, terrenos baldíos, terrenos ocupados por El Colectivo la Bendición de Dios y Gilberto Pérez, con una extensión de Ciento Veintiún Hectáreas con Quinientos Noventa y Siete Metros Cuadrados (121 has con 597 ms2).
En este sentido, dispone ad litteram el artículo 151 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

Artículo 151. La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales señalados en esta ley…”.

De igual forma los artículos 156 y 157 de la indicada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establecen:
Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:
1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.
2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia.
Segunda: omissis… Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título V de la presente Ley.
Artículo 157. Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios.
Por su parte en la disposición final segunda de la referida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario textualmente nos indica lo siguiente:
…Omissis...
“Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del título V de la presente Ley.”
Del contenido normativo de las indicadas disposiciones legales se verifica una competencia especifica, que comprende el conocimiento de los Recursos o acciones que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los Órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común y siendo ello así, este Órgano Superior Jurisdiccional actuando en sede administrativa como Juzgado de Primera Instancia, tomando en consideración lo establecido en los artículos 151, 156, 157 y la disposición final segunda de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se declara COMPETENTE para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado. ASÍ SE DECIDE.

-V-
Sobre la admisibilidad del Recurso Nulidad
Determinada como ha sido la competencia, pasa este Tribunal a pronunciarse acerca de la admisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto contra el Acto Administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en reunión ORD 1203-19, Punto de Cuenta N° 04, de fecha 19 de noviembre de 2019, que acordó Declaratoria de Tierras Ociosas e inicio el Procedimiento de Rescate con acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento.
La disposición contenida en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, contempla los requisitos que deben cumplir los Recursos a que se refiere el Título V de dicho instrumento legal, los cuales deben ser objeto de revisión y estudio al decidirse sobre la admisibilidad de los mismos.
Del mismo modo, el artículo 162 ejusdem, establece todo un elenco de causales de Inadmisibilidad, tanto de las acciones patrimoniales como de los Recursos Contencioso-Administrativos que se interpongan ante la Jurisdicción Especial Agraria, los cuales deben ser necesariamente revisados al decidir sobre la admisibilidad del recurso.
En efecto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2004, estableció que la admisión del recurso contencioso constituye una decisión declarativa, que exige la revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la caducidad y la competencia.
La decisión sobre la admisibilidad de este Recurso obliga, como antes se dijo, a la necesaria revisión de las causales de Inadmisibilidad, estudio que debe realizarse en forma rigurosa, dada la especial naturaleza de la materia agraria y los fines que se persiguen con la legislación sobre la misma, función revisora que además responde a las prerrogativas de derecho público de que se encuentra investida la Administración Pública y que tienen plena aplicabilidad y vigencia en la Jurisdicción Agraria. Ello obliga entonces a la juzgadora a ser particularmente celosa en el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción recursiva, teniendo la Jueza la especial facultad de verificar si han quedado satisfechos tales requisitos y si no existe alguna causal que haga Inadmisible el Recurso.
Ahora bien, del articulado mencionado se desprenden, los supuestos esenciales de admisibilidad del Recurso de Nulidad interpuesto, y en ese sentido, pasa esta juzgadora a examinar el cumplimiento de los mismos, partiendo del artículo 160 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario y al efecto determina:
1º Que al señalar los recurrentes que el presente Recurso de Nulidad se intenta, contra el Acto Administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en reunión ORD 1203-19, Punto de Cuenta N° 04, de fecha 19 de noviembre de 2019, que acordó Declaratoria de Tierras Ociosas e inicio el Procedimiento de Rescate con acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento, sobre un lote de terreno denominado San Gerónimo, ubicado en el Sector Gerónimo, Parroquia San Miguel, Municipio Jiménez del estado Lara, alinderado de la siguiente manera: NORTE: terrenos baldíos y terrenos ocupados por José Yajuré y Rafael Castillo, SUR: Terrenos ocupados por la hacienda La Fortuna, ESTE: Río Turbio y terrenos ocupados por Rafael Segundo Castillo y OESTE: Carretera S/N, terrenos baldíos, terrenos ocupados por el Colectivo la bendición de Dios y Gilberto Pérez, con una extensión de Ciento Veintiún Hectáreas con Quinientos Noventa y Siete Metros Cuadrados (121 has con 597 ms2), queda en evidencia que ha sido satisfecho el primero de los requisitos establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana precisión, el Acto Administrativo cuya nulidad se pretende.
2º Que siendo el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) el órgano que dicto el Acto Administrativo impugnado y señalado por el recurrente, queda satisfecho a juicio de esta Sentenciadora, el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el precitado recurso, con la copia simple o certificada de los actos cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u Organismo en que se encuentran y los datos que identifican dichos actos, siendo el mismo emanado en reunión ORD 1203-19, Punto de Cuenta N° 04, de fecha 19 de noviembre de 2019, que acordó Declaratoria de Tierras Ociosas e inicio el Procedimiento de Rescate con acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento.
3°Que a decir el recurrente que el Acto Administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) (Antes indicado), viola principios y garantías de orden constitucional y legal, todo conforme al artículo 49 de la Constitución, en concordancia con los artículos 34, 82, 84, 85 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 19 ordinales 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De este modo determinó las disposiciones Constitucionales y las disposiciones Legales que a su juicio han sido violadas por el acto recurrido, con lo cual queda en evidencia, que ha sido satisfecho el tercero de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana claridad, las disposiciones normativas presuntamente violadas por el Acto Recurrido.
4º Finalmente, observa esta Sentenciadora que los recurrentes consignan junto con el escrito recursivo, Copia Simple del acta constitutiva y de asamblea extraordinaria que acompaña marcado “A” y “B”, de la compañía mercantil AGROINDUSTRIAL “LA YUNTA”, C.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº RIF J-002303603, domiciliada en la ciudad de Caracas Distrito Capital y constituida originalmente por documento inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27-05-1986, bajo el Nº: 66, Tomo 50-A SGDO, modificados sus estatutos según acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 05-11-2018, inscrita por el mismo Registro del Distrito Capital, en el registro de comercio bajo el número 19, Tomo 269-A SDO, riela inserta en los folios veintisiete (27) al treinta y tres (33) y del folio treinta y cuatro (34) al folio cuarenta (40); Copia Fotostática simple marcado con la letra “C”, de documentos públicos de los derechos de propiedad asentados por ante la Oficina de Registro Subalterno del Distrito Jiménez del Estado Lara, bajo el Nº 6, Folios 14 fte. al 18 vto., Protocolo Primero, Tomo Primero, Cuarto Trimestre de 1986, de fecha 14 de Octubre de 1986, el cual corre inserto a los folios cuarenta y uno (41) al folio cuarenta y seis (46); Original y Copia fotostática marcada con la letra “D”, de DICTAMEN emanado de la CONSULTORIA JURIDICA, DESPACHO DEL CONSULTOR Nº C.J-D.C.-0150, de fecha 18 de julio de 2006, a efectum videndi previa certificación del secretario de este despacho, la misma riela a los folios cuarenta y siete (47) al folio cincuenta (50); Copias Certificas marcado con la letra “E” de asunto Nro: 17-494-A2, llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, contentivo de Medida Autónoma de protección, riele inserto de los folios cincuenta y uno (51) al folio doscientos diez (210); Original de Notificación emitida por el Instituto Nacional de Tierras, que acompaña al presente recurso marcado “F”, donde se hace saber a la Sociedad Mercantil Agroindustrial La Yunta C.A., que el Directorio de ese Organismo en Sesión del Directorio Nº: ORD 1203-19, Punto de Cuenta Nº: 04, de fecha 19-11-2019, acordó DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCATE CON ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO SOBRE UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO “SAN GERONIMO”, riela inserto del folio doscientos once (211) al folio doscientos cuarenta y siete (247); observándose así que la parte recurrente cumple con el cuarto y quinto de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, quedando igualmente satisfechos los mismos a juicio de esta Sentenciadora, vale decir, los referidos a la necesidad de acompañar su solicitud con el o los instrumentos que demuestren el carácter con el que se actúa, acompañando el Recurso con las pruebas que el Recurrente estimó convenientes.
Determinadas las Causales de Admisibilidad establecidas en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del presente recurso y una vez realizada la revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Juzgadora pasa a esgrimir si el mismo se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:
1º En cuanto a este particular, la admisión del presente recurso no es contrario a ninguna disposición de ley.
2º El conocimiento de la acción del presente Recurso corresponde a este Organismo Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 156 numeral primero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por cuanto se trata de un Recurso intentado contra el Acto Administrativo Agrario dictado por un ente estatal agrario como lo es el Instituto Nacional De Tierras (I.N.Ti.) y recayó sobre un lote de tierra ubicado en el estado Lara, siendo este Juzgado competente por la materia y por territorio en dicho estado, por lo que declara resuelta la causal establecida en este particular.
3º En cuanto al particular tercero del artículo en análisis, se desprende de las actas que conforman el presente expediente, que dicho recurso fue interpuesto en fecha doce (12) de abril de 2021, asimismo se puede apreciar que el Acto Administrativo hoy recurrido, fue dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) en reunión ORD 1203-19, Punto de Cuenta N° 04, de fecha 19 de noviembre de 2019, que acordó Declaratoria de Tierras Ociosas e inicio el Procedimiento de Rescate con acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento, teniendo conocimiento la parte recurrente de su aprobación el día dieciséis (16) de diciembre de 2020, según consta en boleta de notificación emitida por el Instituto Nacional de Tierras, que consigna marcada con la letra “F”, riela inserto del folio doscientos once (211) al folio doscientos cuarenta y siete (247), es por lo que esta Sentenciadora, evidentemente infiere que dicho Recurso de Nulidad fue interpuesto en tiempo hábil para ello, es decir, dentro de los sesenta (60) días continuos establecidos para la caducidad del recurso.
4º En cuanto a la cualidad o interés de los Recurrentes, el mismo fue resuelto con el análisis del numeral 4º del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
5º Revisado exhaustivamente el presente Recurso, este Tribunal observa que el Recurrente solicita específicamente la Nulidad Absoluta del Acto Administrativo, por lo que no se acumulan pretensiones que se excluyan mutuamente entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.
6º Riela en autos Copia Simple del acta constitutiva y de asamblea extraordinaria que acompaña marcado “A” y “B”, de la compañía mercantil AGROINDUSTRIAL “LA YUNTA”, C.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº RIF J-002303603, domiciliada en la ciudad de Caracas Distrito Capital y constituida originalmente por documento inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27-05-1986, bajo el Nº: 66, Tomo 50-A SGDO, modificados sus estatutos según acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 05-11-2018, inscrita por el mismo Registro del Distrito Capital, en el registro de comercio bajo el número 19, Tomo 269-A SDO, riela inserta en los folios veintisiete (27) al treinta y tres (33) y del folio treinta y cuatro (34) al folio cuarenta (40); Copia Fotostática simple marcado con la letra “C”, de documentos públicos de los derechos de propiedad asentados por ante la Oficina de Registro Subalterno del Distrito Jiménez del Estado Lara, bajo el Nº 6, Folios 14 fte. al 18 vto., Protocolo Primero, Tomo Primero, Cuarto Trimestre de 1986, de fecha 14 de Octubre de 1986, el cual corre inserto a los folios cuarenta y uno (41) al folio cuarenta y seis (46); Original y Copia fotostática marcada con la letra “D”, de DICTAMEN emanado de la CONSULTORIA JURIDICA, DESPACHO DEL CONSULTOR Nº C.J-D.C.-0150, de fecha 18 de julio de 2006, a efectumvidendi previa certificación del secretario de este despacho, la misma riela a los folios cuarenta y siete (47) al folio cincuenta (50); Copias Certificas marcado con la letra “E” de asunto Nro: 17-494-A2, llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, contentivo de Medida Autónoma de protección, riele inserto de los folios cincuenta y uno (51) al folio doscientos diez (210); Original de Notificación emitida por el Instituto Nacional de Tierras, que acompaña al presente recurso marcado “F”, donde se hace saber a la Sociedad Mercantil Agroindustrial La Yunta C.A., que el Directorio de ese Organismo en Sesión del Directorio Nº: ORD 1203-19, Punto de Cuenta Nº: 04, de fecha 19-11-2019, acordó DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCATE CON ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO SOBRE UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO “SAN GERONIMO”, riela inserto del folio doscientos once (211) al folio doscientos cuarenta y siete (247) Copia Simple del acta constitutiva y de asamblea extraordinaria que acompaña marcado “A” y “B”, de la compañía mercantil AGROINDUSTRIAL “LA YUNTA”, C.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº RIF J-002303603, domiciliada en la ciudad de Caracas Distrito Capital y constituida originalmente por documento inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27-05-1986, bajo el Nº: 66, Tomo 50-A SGDO, modificados sus estatutos según acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 05-11-2018, inscrita por el mismo Registro del Distrito Capital, en el registro de comercio bajo el número 19, Tomo 269-A SDO, riela inserta en los folios veintisiete (27) al treinta y tres (33) y del folio treinta y cuatro (34) al folio cuarenta (40); Copia Fotostática simple marcado con la letra “C”, de documentos públicos de los derechos de propiedad asentados por ante la Oficina de Registro Subalterno del Distrito Jiménez del Estado Lara, bajo el Nº 6, Folios 14 fte. al 18 vto., Protocolo Primero, Tomo Primero, Cuarto Trimestre de 1986, de fecha 14 de Octubre de 1986, el cual corre inserto a los folios cuarenta y uno (41) al folio cuarenta y seis (46); Original y Copia fotostática marcada con la letra “D”, de DICTAMEN emanado de la CONSULTORIA JURIDICA, DESPACHO DEL CONSULTOR Nº C.J-D.C.-0150, de fecha 18 de julio de 2006, a efectumvidendi previa certificación del secretario de este despacho, la misma riela a los folios cuarenta y siete (47) al folio cincuenta (50); Copias Certificas marcado con la letra “E” de asunto Nro: 17-494-A2, llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, contentivo de Medida Autónoma de protección, riele inserto de los folios cincuenta y uno (51) al folio doscientos diez (210); Original de Notificación emitida por el Instituto Nacional de Tierras, que acompaña al presente recurso marcado “F”, donde se hace saber a la Sociedad Mercantil Agroindustrial La Yunta C.A., que el Directorio de ese Organismo en Sesión del Directorio Nº: ORD 1203-19, Punto de Cuenta Nº: 04, de fecha 19-11-2019, acordó DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCATE CON ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO SOBRE UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO “SAN GERONIMO”, riela inserto del folio doscientos once (211) al folio doscientos cuarenta y siete (247), necesarias para verificar la admisibilidad de la presente acción.
7° Revisado como ha sido el archivo de este Tribunal, no se evidencia alguna otra pretensión relacionada con el presente Recurso, por lo que, salvo prueba en contrario no existe algún Recurso paralelo que impida la admisibilidad de la presente acción.
8° De la lectura realizada al Escrito Recursivo, determina este Tribunal que el mismo fue realizado de forma legible, no contradictoria y respetuosa a la Majestad del Poder Judicial por lo que no se encuentra incurso en esta causal.
9° Que en el Escrito Recursivo el cual riela del folio uno al folio veintiséis (26) del presente expediente, el recurrente Ciudadano Raúl Armando Torres Lara, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.794.328; en su carácter de Administrador Único de la Compañía Mercantil AGROINDUSTRIAL “LA YUNTA”, C.A, según acta constitutiva que cursa en actas, asistido por el Abogado MANUEL IGNACIO ROJAS YANEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 14.559, hacen mención al artículo 25 de la Constitución de la República de Venezuela (CRBV): “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo”; del mismo modo citan textualmente el artículo 49 Ordinal 1 de la CRBV el cual establece: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para su defensa. Serán las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso.”.
En lo atinente al numeral 10º, este Tribunal desconoce si el Recurrente ejercio algún Recurso en Sede Administrativa, por lo que hasta esta oportunidad procesal, salvo prueba en contrario se presume que no se encuentre incurso en el presente numeral, lo cual se verificara una vez el Instituto Nacional De Tierras (I.N.Ti.), remita los antecedentes administrativos correspondientes.
En lo que se refiere a los numeral 11º y 12º del artículo 162 ejusdem, el Tribunal deja sentado que los mismos no resultan aplicables al recurso en cuestión.
13° Por último, este Tribunal considera que la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley ni de los preceptos constitucionales que rigen la materia.
En consecuencia y satisfechas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en la legislación especial, se ordena la Admisión del presente Recurso de Nulidad por haber lugar a su sustanciación y así lo hará esta Juzgadora en el dispositivo de la presente decisión. ASI SE DECIDE.
-VII-
Decisión

En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, actuando como Tribunal de Primera Instancia Regional de lo Contencioso Administrativo Especial Agrario, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto el ciudadano RAÚL ARMANDO TORRES LARA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.794.328; en su carácter de Administrador Único de la Compañía Mercantil AGROINDUSTRIAL “LA YUNTA”, C.A, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº RIF J-002303603, domiciliada en la ciudad de Caracas Distrito Capital y constituida originalmente por documento inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 27-05-1986, bajo el Nº 66, Tomo 50-A SGDO, modificados sus estatutos según acta de asamblea extraordinaria de accionista de fecha 05-11-2018, inscrita por el mismo Registro del Distrito Capital, en el registro de comercio bajo el Nº 19, Tomo 269-A SDO, asistido por el Abogado MANUEL IGNACIO ROJAS YANEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 14.559. ASI SE DECIDE. SEGUNDO: SE ADMITE el presente Recurso Contencioso Administrativo Agrario de Nulidad conjuntamente con Solicitud de Medida de Suspensión de Efectos del Acto Administrativo Impugnado y Solicitud de Medida Cautelar de Protección y a tal efecto se ordena la notificación del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 166 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mediante oficio con copia certificada de todo el expediente, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), mediante oficio con copia certificada del recurso, para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, pasados como sean noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación en autos de la notificación que se practique al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, más cuatro (04) días que se les conceden como término de distancia y a los terceros que hayan sido notificados o participado en vía administrativa, mediante un cartel que deberá ser publicado en el Diario La Prensa, una vez cumplidas todas las notificaciones ordenadas anteriormente, para que comparezcan a oponerse al presente recurso, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la publicación del mismo, con la advertencia que dicho cartel deberá ser consignado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere expedido, teniendo la parte recurrente un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado, todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y a la sentencia Nº 1708 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de noviembre de 2011 (Exp. Nº 09-0695, Solicitud de Revisión-Instituto Nacional de Tierras).
Se ordena oficiar al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) a objeto que remita a este Tribunal, los Antecedentes Administrativos del caso sub-iudice, lo cual deberá ser cumplido por parte de la Autoridad Administrativa.
Se insta a la parte recurrente a consignar los medios necesarios a los fines de librar las copias certificadas correspondientes.
Se insta al recurrente a compulsar por la Secretaria de este despacho copia certificada del escrito recursivo a fin de formar los Cuadernos de Medidas correspondiente y proceder en su oportunidad a resolver sobre la Solicitud de Medida de Suspensión de Efectos del Acto Administrativo Impugnado y Solicitud de Medida Cautelar de Protección.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en Barquisimeto a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). Años: 210º de la Independencia y 162º de la Federación.

La Jueza Provisoria,
Abg. KARINA LISBETH NIEVES MARTÌNEZ

La Secretaria,
Abg. LUCIA R. FRANQUIZ G.

En esta misma fecha se registró y público la anterior decisión.

La Secretaria,
Abg. LUCIA RAIZA FRANQUIZ

Exp: KP02-A-2021-000003
KLNM/lrf/ag