EXPEDIENTE Nº 2019-410 Visto el escrito de pruebas, consignado en fecha 17 de noviembre de 2021 oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio, por los abogados KATHLEEN BARRIOS BALZÁN Y FERNANDO JAVIER DELGADO RIVAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 246.803 y 235.150 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de INVERSIONES CARDENALES, S.A. (ICASA), identificada en autos parte demandante en el presente juicio, este Juzgado de Sustanciación siendo la oportunidad procesal correspondiente para decidir acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas, pasa a pronunciarse en los siguientes términos: DEL MÉRITO FAVORABLE DE AUTOS En relación a las pruebas promovidas por la parte demandante, en el Capítulo I, promueve las “DOCUMENTALES”, de la siguiente manera: “(…) Ratificamos el Aviso Oficial DRPI-AO Nº 41, publicado en el Boletín Oficial Nº 588 del Registro de la Propiedad Industrial Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI) en fecha 12 de noviembre de 2018, el cual fue anexado en el libelo de la demanda, y procedemos a promoverlo nuevamente, en virtud de que el expediente administrativo aún no ha sido remitido por el Registro de la Propiedad Industrial. (…)”. -Vid folios 71 y 72 del expediente judicial-. (Negrillas del Juzgado). Ahora bien, aprecia este Órgano Sustanciador, que las documentales supra descritas invocadas por la parte demandante en el presente proceso, efectivamente consta y forma parte del presente expediente, específicamente en los folios 30 y 31 del expediente judicial, identificados como anexo con la letra “A” constante de dos (02) folios útiles, los mencionados folios -se reitera- forma parte del presente expediente, lo que constituye a juicio de este Juzgado mérito favorable de los autos, ello así, se debe indicar que ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia el hecho que la solicitud de apreciación de lo que consta en autos no constituye per se medio de prueba alguno, sino que más bien está dirigida a la apreciación del principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de la exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil; razón por la cual le corresponde al Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital la valoración de los autos que conforman el proceso, en la oportunidad de decidir acerca del fondo del asunto debatido. Asimismo, en atención al mérito favorable de autos, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en decisión Nº 350 de fecha 9 de octubre de 2014, recaída en el caso: “Inversiones Iznete, C.A. Vs. La sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A.” estableció que “(…) se advierte que la misma no es un medio de prueba per se, sino la solicitud que hacen los promoventes de la aplicación del Principio de la Comunidad de la Prueba que rige en el sistema probatorio venezolano (vid. sentencia líder Nro. 02595, de fecha 5 de mayo de 2005, caso: Sucesión Julio Bacalao Lara, dictada por la Sala Político-Administrativa). En consecuencia, será la Sala, en su condición de Juez de mérito, la encargada de valorar las actuaciones que reposan en autos en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva. Así se decide”. En consecuencia, insiste este Juzgado en que una vez que estas pruebas son incorporadas al proceso, dejan de pertenecer al litigante que la ha producido para transformarse en común, pudiendo cada parte servirse indistintamente de su prueba como de la producida por la contraparte, y el Juez puede utilizar las resultas probatorias para fines diferentes a los que contemplaron las partes que la promovieron, pudiendo el Juez -de acuerdo a este principio- valorarlas libremente, conforme a las reglas de la Sana Crítica, indistintamente de quien las haya promovido; para así formar su convicción de acuerdo al mérito de las mismas. Así se decide. Ahora bien, observa este Juzgado de Sustanciación, en cumplimiento a la decisión dictada en fecha 15 de octubre de 2019, ORDENÓ de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, solicitar al ciudadano REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), el expediente administrativo relacionado con el presente caso, en tal sentido se libró oficio Nº JS/JNSCARC-2019-00381, de fecha 15 de octubre de 2019, el cual fue recibido en la Dirección General de dicho INSTITUTO en fecha 18 de octubre de 2019, tal y como consta mediante sello húmedo, -Vid folio cuarenta y ocho (48) del expediente judicial-. Siendo que hasta la presente fecha el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), no ha remitido a esta Jurisdicción, las documentales requeridas, por lo tanto el expediente administrativo no se encuentra incorporado al proceso. En tal sentido, se ORDENA oficiar nuevamente al ciudadano al ciudadano REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), a los fines de la remisión de los antecedentes administrativos que se relacionan con la presente causa, todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para lo cual se le concede un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de la constancia en autos del recibo del presente oficio. Cúmplase lo ordenado. Líbrese oficio. Dada, firmada y sellada, en la Sala del Despacho del Juzgado de Sustanciación del Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los dos (02) día del mes de diciembre de 2021. Año 211° de la Independencia y 162° de la Federación. LA JUEZA SUPLENTE DE SUSTANCIACIÓN, ANA TERESA OROPEZA DE MÉRIDA EL SECRETARIO, MARCO TULIO URIBE GARAY En fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2021), se publicó la anterior decisión bajo el Nº AW422021000046 EL SECRETARIO, MARCO TULIO URIBE G. ATOM/MTUG/FEB Exp. N° 2019-410