JUEZ PONENTE: YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA
EXPEDIENTE Nº 2020-051

En fecha 17 de enero de 2019, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, oficio N° 009-20, de fecha 13 de enero de 2020, emanado del Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, anexo al cual remitió copias certificadas del expediente judicial Nº 9692, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano EVERTH ENRIQUE COBO PALLARES, debidamente asistido por la abogadaYenifer Carolina Sotillo Muñoz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.708, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS).

Dicha remisión se efectuó, en virtud de haberse oído en ambos efectos en fecha 13 de enero de 2020, el recurso de apelación ejercido en fecha 20 de septiembre de 2017, por la abogada Cristina Meléndez Ramírez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 143.560, en su carácter de Apoderada Judicial del querellado, contra la decisión dictada por el referido Juzgado Superior, el 8 de noviembre de 2016, mediante la cual se declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
En fecha 22 de enero de 2020, se dio cuenta a este Juzgado, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se designó ponente, y se fijó el lapso de diez (10) días para la fundamentación de la apelación.

En fecha 18 de febrero de 2020, se dejó constancia de que venció el lapso para fundamentación de la apelación, se ordenó a la Secretaría de este Juzgado hacer el respectivo cómputo de los días de despacho transcurridos para fundamentar; se le pasó el expediente al Juez Ponente . En esta misma fecha la Secretaria certificó que: “…desde el día veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020), fecha en que se fijó el lapso para la fundamentación de la apelación, exclusive, hasta el día trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), fecha en que terminó dicho lapso, inclusive, transcurrieron 10 días de despacho, correspondientes a los días 23,28, 29 y 30 de enero de dos mil veinte (2020), y los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de febrero de dos mil veinte (2020)…”

En fecha 25 de mayo de 2021, en virtud de la incorporación a este Órgano Jurisdiccional de la Jueza Blanca Elena Andorfatto Correa, en sesión de fecha 24 de mayo de 2021, se reconstituyó este Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo, quedando de la siguiente manera Yoanh Rondón Juez Presidente encargado, Danny José Ron Rojas, Juez Vicepresidente encargado y Blanca Elena Andolfatto Correa Juez Suplente, este juzgado se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Ahora bien, se ratifica la ponencia al Juez Yoanh Rondón, a quien se ordena pasar el presente expediente a los fines de que se dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasa el expediente al Juez ponente.
Realizado el estudio individual de las actas procesales, pasa este Juzgado a decidir previa las consideraciones siguientes:

-I-
DEL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

En fecha 28 de mayo de 2015, el ciudadano EVERTH COBO, asistido por la abogada Yenifer Carolina Sotillo Muñoz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.708, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiaria de medida cautelar contra el Ministerio del Poder Popular para la Salud, sobre la base de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Manifestó, en su escrito que el acto administrativo que se recurre es el contenido en los oficios números A/RRHDESDC-00017, CAL-15-00037, CAL-15-0038, CAL-15-0039, según oficio de notificación identificado con el número 141, de fecha 27 de febrero de 2015, mediante el cual se le informó de la decisión del Ministerio del Poder de Salud de egresarlo de la referida institución, alegando que el cargo de “practicante” que él ocupaba, no existía en el manual de cargos de la administración pública y que no había cumplido con las condiciones de permanencia en el tiempo y de documentación.

Indicó, que en fecha 1º de julio de 2015, comenzó a prestar sus servicios en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en el área de Secretaria de Salud, Distrito Sanitario Nº 3, ocupando el cargo de practicante, Código 6718, según convenio de transferencia suscrito en ese entonces con el Ministerio de Salud.

Destacó, que desde ese momento y hasta la fecha ha laborado para el sector salud, permaneciendo en la nómina del hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud, tiempo en el cual le ha sido otorgado constancias de trabajo tanto como practicante y asistente administrativo.

Acotó, que tal como se desprende del acto administrativo dictado por el Ministerio que hoy se querella, el mismo carece de fundamento jurídico válido, encontrándose viciado de falsos supuestos de hecho, en vista que fue dictado sin un procedimiento administrativoprevio, el cual es la forma válida de la administración pública para la remoción, retiro o destitución de un funcionario.

Señaló, que la Administración fundamento su decisión en hechos falsos e inexistentes, por lo que incurrió en el denominado vicio de falso supuesto de hecho, en virtud que el acto administrativo objeto de impugnación se basa en un egreso ilegal, por cuanto es un funcionario de carrera, lo cual se puede constatar mediante el punto de cuenta e ingreso, constancias de trabajo y recibos de pago.

Agregó, que del acto administrativo impugnado se evidencia que el ente querellado alega falsamente que el cargo de practicante no existe y luego se contraria al decir que no ha cumplido con los requisitos del mismo, cuando todos los documentos mencionados evidencian que es un funcionario de carrera, razón por la cual en caso de retiro, deben de efectuar la apertura de un procedimiento administrativo de destitución, por las causales taxativas establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Añadió, que se evidencia un flagrante violación al Debido Proceso y al Derecho a la Defensa, por cuanto el acto administrativo impugnado fue dictado con la ausencia de un procedimiento administrativo para su egreso, lo cual viola de esta manera el debido proceso que debe seguirse en el caso de querer retirar o destituir a un funcionario, violentándose desde todo punto de vista todos los derechos y garantías constitucionales.

Alegó, que fundamenta su solicitud de amparo cautelar de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud que le fueron violados sus derechos constitucionales al Debido Proceso y a la Defensa, así como el Derecho Constitucional al Trabajo, razón por la cual solicita que le sea otorgada la tutela cautelar, restituyendo con ello su situación jurídica.

Esgrimió, que en caso de no ser otorgada la acción de amparo cautelar, solicita subsidiariamente, se le otorgue la procedencia de la suspensión de efectos del acto administrativo impugnado como medida cautelar y preventiva mientras dure el juicio de nulidad.

Finalmente solicitó, que se declare la nulidad del acto administrativo resolutorio por medio del cual se ordenó su egreso, que se declare procedente la medida cautelar, que le sea cancelado los sueldos y demás beneficios dejados de percibir desde el momento de su irrito egreso hasta la fecha de su efectiva reincorporación, igualmente que dicho lapso sea considerado efectivamente para todos aquellos cálculos derivados de su derecho al pago de prestaciones sociales.
-II-
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente recurso.

En este sentido, se observa que dentro del ámbito de competencias de los Juzgados Nacionales Contencioso Administrativo, se encuentra el conocimiento de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo, a tenor de lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En virtud de lo anterior,este Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo se declara COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de septiembre de 2017, contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Así se decide.

-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de este Órgano Colegiado para conocer del recurso de apelación interpuesto, se pasa a decidir en los siguientes términos:

De conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la carga de la parte apelante de presentar dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente en el Tribunal de Alzada, escrito en el cual indique las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su apelación y, en caso de no cumplir con esta obligación legal, el Juez procederá a declarar el desistimiento del recurso de apelación interpuesto.

Conforme a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional observa que el día 18 de febrero de 2020, la Secretaría de este Juzgado certificó: “…desde el día veintidós(22) de enero de dos mil veinte (2020), fecha en que se fijó el lapso para la fundamentación de la apelación, exclusive, hasta el día trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), fecha en que terminó dicho lapso, inclusive, transcurrieron 10 días de despacho, correspondientes a los días 23,28, 29 y 30 de enero de dos mil veinte (2020), y los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de febrero de dos mil veinte (2020)…”; evidenciándose que, la parte apelante no consignó escrito alguno en el cual indicara las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su apelación en dicho lapso ni con anterioridad al mismo, resulta aplicable la consecuencia jurídica prevista en el citado artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Conforme a lo anterior, este Juzgado Nacional declara DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada. Así se decide.

Ahora bien, declarado el desistimiento del recurso de apelación, aprecia este Órgano Colegiado que el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece la figura de la consulta obligatoria de aquellas sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza de definitiva que hayan sido contrarias a las pretensiones o defensas opuestas por la República dentro del proceso.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció en sentencia N° 902 de fecha 14 de mayo de 2004 (caso: C.V.G. Bauxilum C.A.), ratificada mediante sentencia Nº 150 de fecha 26 de febrero de 2008 (caso: Monique Fernández Izarra), que toda sentencia contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente, cuando se verifica el desistimiento tácito del recurso de apelación por falta de fundamentación, prerrogativa cuyo propósito es impedir afectaciones en el cumplimiento de los objetivos fundamentales establecidos en el ordenamiento jurídico, a los fines de resguardar el interés general como bien jurídico tutelado.
Asimismo, la Sala Constitución abordó el tema de la consulta en la sentencia N° 1071 dictada en fecha 10 de agosto de 2015 (Caso: María del Rosario Hernández Torrealba), en la cual dejó por sentado lo siguiente:

“Ahora bien, de conformidad con el criterio esbozado la institución de la consulta es un medio de revisión o de examen de la adecuada subsunción de la sentencia al derecho y un mecanismo de control judicial en materias relacionadas con derechos y garantías constitucionales, orden público e interés general, que ameritan un doble grado de cognición.
De igual forma, esta institución entendida como prerrogativa procesal es una ventaja a favor de la República, los Estados y cualquier órgano o ente que le sea extensible dicha prerrogativa, que representa una flexibilización al principio de igualdad entre las partes en juicio, cuyo objeto es lograr un control, por parte del Juez de alzada, sobre aspectos de la sentencia de instancia, que por su naturaleza inciden negativamente en los principios atinentes al orden público, constitucional y del interés general. Por tanto, la consulta no puede concebirse como un medio de impugnación de decisiones jurisdiccionales, pues esa concepción tendría su fundamento en la deficiencia de los representantes judiciales de los órganos o entes beneficiados por esa prerrogativa, que omiten presentar dentro de los lapsos correspondientes, los respectivos recursos de apelación, y en razón de ello, al no haber controversia en segunda instancia, tampoco puede el Juez de alzada reportar al órgano o ente favorecido, ventajas excesivas frente a su oponente, pues desvirtuaría el sentido y alcance del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que privilegia el control subjetivo respecto a la esfera de protección de derechos de la ciudadanía (vid. Sentencia N° 989/2013 dictada por esta Sala).
Como corolario de lo anterior, se reitera que en todos los juicios incoados contra la República subyace un eventual menoscabo económico para su patrimonio, que puede llegar a afectar la situación patrimonial de la población y mermar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, de allí que, el Juez de alzada se encuentra en la obligación –aun cuando no medie recurso de apelación- de revisar el fallo de instancia para evitar perjuicios económicos ilegítimos al Estado…”.(Resaltado de este Órgano Jurisdiccional).

Del criterio parcialmente transcrito, se desprende que en todos los juicios incoados contra la República subyace un eventual menoscabo económico para su patrimonio, que puede llegar a afectar la situación patrimonial de la población y mermar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, de allí que, el Juez de alzada se encuentra en la obligación de revisar el fallo de instancia para evitar perjuicios económicos ilegítimos al Estado, aun cuando no medie recurso de apelación, siendo que cuando un Juez se encuentre en sede de la consulta obligatoria a tenor de lo instituido por el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Orgánica de la Procuraduría General de la República, debe circunscribirse a revisar si el fallo de instancia se apartó del orden público, violentó normas de rango constitucional o de interpretaciones y criterios vinculantes sentadospor la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quebrantamientos de formas sustanciales en el proceso o de las demás prerrogativas procesales o de una incorrecta ponderación del interés general.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se observa que en el caso sub iudice, la parte recurrida es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el cual es un órgano que pertenece a la Administración Pública Central. Por tal razón, goza de los privilegios y prerrogativas procesales que goza la República, por lo cual resulta PROCEDENTE la prerrogativa procesal de la consulta prevista en el artículo 84 del aludido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se declara.

Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional pasa a revisar la sentencia dictada en fecha 21 de mayo de 2018, por el Juzgado Superior Estadal PrimeroContencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual se declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Everth Cobo, debidamente asistido por la abogada Yennifer Carolina Sotillo Muñoz, en su condición de Defensora Pública Auxiliar con competencia en materia Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas,contra el Ministerio del Poder Popular para la Saludy, por efecto de ello, la nulidad del acto administrativo contenido el oficio Nº 141, de fecha 27 de febrero de 2015, mediante el cual se decidió su egreso del cargo que ocupaba de Practicante; ordenándose su reincorporación al cargo que ocupaba, o a otro similar o superior jerarquía; el pago de la salarios dejados de percibir, desde el cese laboral producto del acto administrativo antes mencionado hasta su efectiva reincorporación, incluyendo los aumentos y variaciones que hubiere experimentado dicho sueldo, los cuales serían calculados mediante una experticia complementaria del fallo.

Siendo ello así, este Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, pasa a conocer en consulta la sentencia dictada en fecha 21 de mayo de 2018 por el Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Ahora bien, en consideración con el fallo dictado por el A quo, este Jurisdicente considera pertinente hacer mención de la normativa legal vigente de nuestro ordenamiento jurídico, en ese sentido, a el artículo 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que “La ley establecerá el Estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública”.

Según la norma antes citada, se evidencia que el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, se rigen por el estatuto de la función pública dictado por ley, siendo la normativa legal vigente en nuestro ordenamiento jurídico la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En ese sentido, en el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se establece lo siguiente:

“Artículo 19: Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción.

Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo ganado el concurso público, superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter permanente.

Serán funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y remoción aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley” (Negrillas de y resaltado de este Juzgado Nacional).

De la lectura de la norma anteriormente transcrita, se desprende que dentro de la Administración Pública existen dos categorías de funcionarios, a saber, los de carrera y los de libre nombramiento y remoción, siendo los primeros, aquellos funcionarios quienes habiendo participado y ganado un concurso público de oposición y superado el período de prueba, se les confirma en la prestación del servicio a través de un nombramiento definitivo en un determinado cargo, siendo esta la regla general.

En segundo lugar, tenemos a los funcionarios denominados de libre nombramiento y remoción, siendo aquellos funcionarios que ingresan a la administración pública sin haber presentado el concurso de oposición para el cargo que ocupan, y que para ser removidos de su cargo, no es necesaria la apertura de un procedimiento de destitución, salvolas limitaciones establecidas en la ley, a diferencia de los de carrera.

En tal sentido, para determinar la naturaleza de un cargo especifico, es imperioso realizar un análisis de las funciones encomendadas a dicho cargo, y siendo la prueba fundamental para ello el Manual Descriptivo de Cargos, el cual deberá ser estudiado por los operadores de justicia al momento de dictar el fallo, y en caso de la ausencia de estos dentro de las actas que conforman el expediente judicial, el juez podrá basar su decisión en todos aquellos medios de prueba idóneos para el caso, con el fin de determinar las funciones de un cargo o el nivel de confidencialidad del cargo calificado como de confianza o libre remoción y nombramiento.(Vid. Sentencia de la Corte Segunda Nº 2007-1730 de fecha 16 de octubre de 2007, caso Luz Marina Hidalgo Briceño Vs. Instituto Autónomo Dirección de Aeropuertos del Estado Lara “Iadal”).

Por tal motivo, este Tribunal Colegiado procede a realizar un análisis de las distintas actas del expediente judicial y administrativo con el fin de determinar la naturaleza del cargo desempeñado por el querrellante, con vista a los distintos elementos de convicción existentes en ellos.

Corre inserto en el folio catorce (14) del expediente judicial oficio Nº 141, de fecha 27 de febrero de 2015, mediante el cual se remiten copias de los oficios Nros. A/RRHDESDC-00017, CAL-15-00037, CAL-15-00038, CAL-15-0039, donde se informa del egreso del ciudadano Everth Cobo del cargo que ha mantenido como practicante desde el año 2005, donde indican que además de su precariedad, el mismo no existe en el Manual de Cargos de la Administración Pública, y que de igual manera no cumplía con las características y documentación del mismo, siendo inevitable su egreso de la nómina del personal activo de la institución.
Corre inserto en el folio ciento cuarenta y cuatro (144) del expediente administrativo oficio que guarda relación con el acta de INGRESO, de fecha 1 de julio de 2005, a través de la cual se solicitó la consideración y aprobación del ingreso a favor del ciudadano Everth Cobo, en el cargo de Practicante, quedando registrado bajo el código de nómina: 6718, grado: 99.

De igual forma corre inserto en los folios (72, 82, 86,96) las constancias de trabajo y (25-29) los Objetivos de Desempeño Individual (ODI).

En el caso de marras, nos encontramos con que el querrellante ingreso en fecha 01 de julio de 2005, ocupando el cargo de practicante, desempeñando funciones inherente al cargo, siendo ello así, observa esta Alzada que para determinar la naturaleza de un cargo dentro de la Administración Pública, según el caso, la norma que regula la materia funcionarial, es la que permite determinar cuáles cargos son de confianza o de libre nombramiento y remoción, en virtud de ello, es posible determinar la naturaleza del mismo de acuerdo a las funciones asignadas o propias de un determinado cargo en particular, visto lo anterior, aprecia este Jurisdicente que la naturaleza del cargo desempeñando por el recurrente es de libre nombramiento y remoción. Así se establece.

De modo que, cuando un funcionario adquiere la condición de libre nombramiento y remoción, no es obligación de la Administración Pública realizar un procedimiento administrativo disciplinario o que se invoque alguna causal de destitución, por lo que basta con la sola notificación de su egreso, para proceder con el retiro del funcionario del cargo que venga desempañando.

Siendo ello así, queda determinado por este Juzgado Nacional que el cargo desempeñado por el ciudadano Everth Cobo Pulido es de libre nombramiento y remoción, por este motivo no ostenta la condición de funcionario público, en virtud de ello podía ser removido del cargo de Practicante, Grado 99, sin la necesidad de aplicar procedimiento administrativo previo, sin que la falta de realización de algún procedimiento en estos casos pueda ser considerado como violatorio al derecho a la defensa o el debido proceso. Razón por la cual estima este sentenciador que el ente querellado procedió correctamente con el retiro del hoy recurrente Así se decide.

Visto lo anterior, este Jurisdicente discurre que el Juzgado de Instancia debió pronunciarse sobre la naturaleza del cargo del recurrente, determinando la condición de libre nombramiento y remoción del cargo ocupado, y proceder a declarar la no incorporación del ciudadanoEverth Cobo. Así se decide.

Asimismo, visto que la relación de empleo público que existió entre el ciudadano Everth Cobo y el Distrito Sanitario Nº 3 del Distrito Capital, inicio en el año 2005 hasta el año 2015, tiempo en el cual quedo demostrado en las actas que reposan en el expediente administrativo que el recurrente prestaba servicios como médico practicante, y en consecuencia ejercía un cargo de libre nombramiento y remoción, por ende podía ser removido de su cargo sin necesidad previa de la apertura de un procedimiento administrativo, al no tener la cualidad funcionario público. Así se decide.

Como se ha afirmado en los párrafos que anteceden, en relación a la naturaleza del cargo que detentaba el accionante, esteTribunal Colegiado pudo apreciar que las funciones del querellante no eran otras que las de un médico practicante, quedando sujeto a las consecuencias que se derivan de un cargo de libre nombramiento y remoción, conforme a lo anterior se ORDENAla desincorporación del ciudadano Everth Enrique Cobos Pallares, del cargo de Medico Pasante, el cual venía desempeñando desde el año 2005, y al efecto ORDENA el pago correspondiente de las prestaciones sociales, calculadas desde el momento de su ingreso hasta la fecha efectiva de su egreso de la Administración Pública, por ser un derecho inviolable consagrado en nuestra Carta Magna, asimismo declara FIRMEel acto administrativo contenido en el oficio Nº 141 de fecha 27 de febrero de 2015; y los oficios subsidiarios signados con los Nros. A/RRHDESDC-00017, CAL-15-00037, CAL-15-00038, CAL-15-00039. Así se decide.

De manera que, este Órgano Jurisdiccional conociendo en consulta obligatoria de Ley REVOCA PARCIALMENTE el fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Juncial de la Región Capital, dictado en fecha 21 de mayo de 2018, mediante el cual declaro Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con acción de amparo y solicitud subsidiaria de medida cautelar. Así se decide.

En consideración a los vicios demandados por la parte querellante en el Juzgado de Instancia, resulta para este Tribunal Colegiado INOFICIOSO pronunciarse sobre los vicios denunciados, pues este Juzgado Nacional considera que fueron desarrollados conforme a derecho. Así decide.

-IV-
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara:

1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por las abogadas Cristina Meléndez Ramírez y Nubia Trompis, en su carácter de apoderadas judiciales de la parte querellada, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial delaRegión Capital, enfecha 21 de mayo de 2018, mediante el cual se declaro Parcialmente Con Lugar el recurso contenciosos administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano EVERTH ENRIQUE COBO PALLARES, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS).

2. DESISTIDO el Recurso de Apelación.

3. PROCEDENTE conocer en Consulta de Ley Obligatoria.

4. REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado, bajo la motiva expuesta en la presente decisión, conociendo en Consulta de Ley.

5. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano EVERTH ENRIQUE COBO PALLARES, debidamente asistido por la abogada Yenifer Carolina Sotillo Muñoz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.708, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS).

6. FIRME el acto administrativo contenido en el oficio Nº 141 de fecha 27 de febrero de 2015, y los subsidiarios Nº A/RRHDESDC-00017, CAL-15-00037, CAL-15-00038, CAL-15-00039, suscrito por la Coordinación de Recursos Humanos del Distrito Sanitario Nº 3 del Distrito Capital.

7. ORDENA el pago correspondiente de las prestaciones sociales, calculadas desde el momento de su ingreso hasta la fecha efectiva de su egreso de la Administración Pública.

Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Tribunal de origen para que libre las respectivas notificaciones.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones del Juzgado Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en Caracas a los _____________ ( ) días del mes de __________________de dos mil veintiuno (2021).
Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

El Juez Presidente Encargado,


YOAHN ALÍ RONDÓN MOTAÑA
Ponente

El Juez Vicepresidente Encargado,


DANNY RON ROJAS

El Juez Suplente,


BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA


La Secretaria,


DELIA PAREDES SANOJA
Exp. Nº 2020-051
YARM/6

En fecha ________________________ ( ) de _________________________ de dos mil veintiuno (2021), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

La Secretaria.