JUEZ PONENTE: YOAHN ALI RONDON MONTAÑA
EXPEDIENTE N° 2020-098

En fecha 9 de abril de 2018, se dio por recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el oficio N° 0028-2020de fecha 27 de enero de 2020, anexo al cual el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSE WILLIAM TORRES, titular de la cédula de identidad N°12.325.551, debidamente asistido por el abogado Franklin Martínez Rodríguez,inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº83,239, contra el acto administrativo Nº 004-2019 de fecha 6de febrero de 2019, emanado del INSTITUTO DE CREDITO ARTESANAL Y LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO APURE (INCARPEM).

Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta por el apoderado judicial del querellante contra la sentencia dictada en fecha 5 de diciembre de 2019, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En fecha 27 de febrero de 2020, se dio cuenta este Juzgado,se ordenó pasar el procedimiento de segunda instancia, se designó ponente,y se fijó el lapso de diez (10) días para la fundamentación de la apelación.

En fecha 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de este Juzgado certificó que: “…desde el día veintisiete (27) de enero de dos milveinte(2020), fecha en que se fijó el lapso para la fundamentación de la apelación, exclusive, hasta el día trece (13) de octubre de dos milveinte (2020), fecha en que terminó dicho lapso, inclusive, transcurrieron 10 días de despacho, correspondientes a los días 4,5,10,11,12 (sic) de marzo de dos mil veinte (2020) y los días6,7,8,3 (sic) y 14 deoctubre de dos mil veinte (2020).Asimismo (sic) , se deja constancia que transcurrieron cinco (5) días continuos del término de la distancias correspondiente a los días 28,29 (sic) de febrero y 1,2 y 3de (sic) marzo de (2020).”.

En fecha 11 de mayo de 2021, se reconstituyó este Juzgado Nacional, se ratifico la ponencia al Juez YOANH RONDON, y se paso el expediente a los fines de que sea dictada la decisión correspondiente.

En fecha 25 de mayo de 2021, en virtud de la incorporación a este Órgano Jurisdiccional de la Jueza BLANCA ELENA ANDORFATTO CORREA, en sesión de fecha 24 de mayo de 2021, se reconstituyo este Juzgado Nacional Primerio de lo Contencioso Administrativo, quedando de la siguiente manera YOANH RONDÓN Juez Presidente encargado, DANNY JOSÉ RON ROJAS, Juez Vicepresidente encargado y BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA Juez Suplente, este juzgado se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Ahora bien, se ratifica la ponencia al Juez YOANH RONDÓN, a quien se ordena pasar el presente expediente a los fines de que se dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasa el expediente al Juez ponente.

Realizada la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, pasa a dictar sentencia, previa las consideraciones siguientes:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL

En fecha 7 de mayo de 2019, el ciudadano José William Torres, debidamente asistido de Abogado, interpuso el recurso contencioso administrativo funcionarial contra el acto administrativo de fecha 6 de febrero de 2019, emanado Instituto de Crédito Artesanal y la Micro, Pequeña y Mediana empresa del estado Apure (INCARPEM), con base en los siguientes alegatos de hecho y de derecho.

Expone, que es agraviado por efectos del acto administrativo de efectos particulares, emanado de la Presidencia del Órgano recurrido, contenido en la Resolución Nº 004-2019, generado de un procedimiento disciplinario, que resolvió removerlo y retirarlo del cargo de Contador que desempeñaba en esa Institución.

Expuso que inicio su relación funcionarial en el órgano querellado en fecha 1º de septiembre de 2000, que posteriormente fue requerido en comisión de servicio por el Instituto Autónomo de Salud del estado Apure (INSALUD), por el lapso de un año a partir del 15 de noviembre de 2017, para ejercer el cargo adjunto en el departamento de administración del Hospital General Dr. Pablo Acosta Ortiz, cargo que desempeñó hasta el 17 de septiembre de 2018, cuando fue removido y reincorporado al organismo comitente.

Argumentó que el acto impugnado incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, dado que fue objeto de una sanción por haberlo considerado inmerso en la falta de abandono de trabajo pues se le imputo varias faltas al trabajo, haciendo caso omiso al reposo debidamente certificado por el Instituto de los Seguros Sociales.

Señaló que secuencialmente también violó expresas normas constitucionales que garantizan el derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad social.

Finalmente solicitó que se declare la nulidad absoluta del acto administrativo de efectos particulares mediante el cual se le destituye del cargo de contador que venía ejerciendo en la Institución recurrida.

II
COMPETENCIA

Este Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capitalse declara COMPETENTE para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de febrero de 2020, por el Apoderado Judicial de la parte recurrente, contra la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2019, dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, a tenor de lo establecido en el artículo 24.7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en concordancia con el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se declara.

III
DEL FALLO EN CONSULTA

V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el caso de autos el ciudadano José William Torres, Venezolano, mayor de edad de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V 12.325.55, solicita la Nulidad del Acto Administrativo de Efectos Particulares contenido en la Resolución Nº 004-2019, de fecha 06 de febrero de 2019, mediante la cual se le destituye del cargo Contador, alegando que el acto administrativo presenta los vicios constitucionales y legales como lo son : el derecho a la salud, a la seguridad social y el trabajo, asimismo destaco que el acto impugnado a su parecer se encuentra viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 19-1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por presentar vicios en la causa al haber sida dictado estando el mismo amparado por reposo medico, de igual forma denuncia que la administración incurrió el vicio del falso supuesto al no comprobar los hechos que le sirvieron de pase para la destitución.

(…Omissis…)

Del vicio por Falso Supuesto de Hecho

A los fines de resolver el referido particular, se hace necesario señalar, que la doctrina patria ha establecido que el vicio de falso supuesto se considera de dos maneras, en el Falso (sic) Supuesto (sic) de Hecho (sic) cuando la Administración al dictar un Acto (sic) Administrativo (sic) fundamenta su decisión en hechos falso o inexistentes o que no están relacionados con el asunto objeto de la decisión. Y en el Falso (sic) Supuesto (sic) de Derecho (sic), que se origina cuando los hechos que dan origen a la decisión que corresponden con lo acontecido son verdaderos, pero la Administración al dictar el Acto (sic) lo subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión.

(…omissis…)

Siendo así a los fines de dilucidar sin efecto en el caso de autos la Administración incurrió en violaciones anteriormente esbozadas, es conveniente destacar que el Acto (sic) denominado resolución Nº 0004-2019, dictado del ciudadano José William Torres , lo motiva las inasistencias injustificadas a su sitio de trabajo durante los días 18,19,20,21,24,25,26 y 27 de septiembre de 2018, tal como se evidencia en copias certificadas de las actas que rielan en el Expediente (sic) Administrativo (sic), del cual observa esta sentenciadora , que la administración cumple con el procedimiento plenamente en lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, ajustado a los principios Constitucionales en cada una de las fases de sustanciación del procedimiento administrativo incoado en c otra del ciudadano José William Torres, basándose en hechos existentes tal como fueron las faltas injustificadas al sitio de trabajo durante los días arriba descritos, e igualmente dicho procedimiento fue en base a la norma existente y correcta dentro del universo normativo.

De manera tal, que no encuadra la violación de orden legal por falso supuesto de Hecho (sic), ya que se cumplieron con los extremos legales establecidos en el artículo 86 numerales 8y 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública basada en hechos existentes, en consecuencia se desecha el vicio alegado. Y así decide.
(…Omissis…)

De lo antes mencionado se desprende que efectivamente la Administración, dejo constancia por escrito de que el ciudadano José William Torres se ausentó de su lugar de trabajo durante los días 18,19,20,21,24,25,26 y 27 de septiembre de 2018, sin notificar ante la administración del estado de salud en que presuntamente se encontraba, sino hasta el día 11 de enero de 2019 fecha está en que consignó ante la administración reposo medico tal como se desprende del folio 19 y 20 considerando por la misma parte recurrente con su escrito libelar, así como al folio 86 y 87 cursantes en el expediente, aun cuando observa este Tribunal que en el mismo se encuentra convalidado por el Instituto Venezolana de Seguros Sociales (IVSS), y recibido por el ente recurrido, el mencionado reposo medico, fue consignado de manera extemporánea, por cuanto vale la pena recalcar, que todo funcionario público está en la obligación de hacer del conocimiento a la administración de cualquier estado de incapacidad por motivo de enfermedad, y siendo que el mismo amerite un reposo medico el mismo debe ser convalidado por el seguro social tal como lo señalan nuestras leyes y jurisprudencias y dentro del lapso de lo establecido para ello, siendo que en el presente caso, habían transcurrido con creces los días en los cuales debía ser consignado el mencionado reposo, por lo que la administración no tuvo conocimiento de tal situación , en tal sentido y en virtud de las mencionadas faltas injustificada, dio origen a la apertura del procedimiento disciplinario en su contra, que tuvo como resultado la destitución del hoy recurrente, por lo que permite concluir a esta sentenciadora según a fundamentación antes expuesta, que el mencionado reposo medico fue consignado de forma extemporánea y por lo tanto carece de toda validez. Y así se decide.

En atención antes expuesto y una vez analizadas todas y cada una de las denuncias formuladas por el recurrente relacionado a los vicios de nulidad del acto contenido en Resolución Nº 004-2019, de fecha 06 de febrero de 2019, dictado por la ciudadana Msc. Sulma Concepción Contreras, concluye esta sentenciadora, que la administración no incurrió en ninguno de ellos, por cuanto se desprende de las actas procesales que conforman el presente expediente, que al ciudadano José William Torres, le fue resguardo el derecho a la defensa y el debido proceso, así como tampoco le fue vulnerado el derecho consagrado en los artículos 83,86 y 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se declara.

En antes lo expuesto, este Tribunal declara Sin Lugar el Presente (sic) Recurso Contencioso Administrativo de nulidad, interpuesto por el ciudadano José Willliam Torres, contra el Instituto de Crédito Artesanal y la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado Apure (INCARPEM). Y así se declara.

(…omissis…)

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

Primero: Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo de nulidad, interpuesto por el ciudadano José William Torres, Venezolano, mayor de edad de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº 12.325.551, representado judicialmente por el abogado en ejercicio y de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado (I.P.S.A) bajo el 83.239, contra el Instituto de Crédito Artesanal y La Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado (sic) Apure (INCARPEM)


IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de esta Alzada para conocer del recurso de apelación interpuesto, se pasa a decidir el mismo en los siguientes términos:

El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la carga de la parte apelante de presentar dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente en el Tribunal de Alzada, escrito en el cual indique las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su apelación y, en caso de no cumplir con dicha carga procesal, el Juez procederá a declarar el desistimiento del recurso de apelación interpuesto.

En ese sentido, se evidencia que no basta con la declaración de apelación que solo conlleva a la deducción de ella, sino que se requiere agregar motivos o fundamentos que deben ir referidos al acto impugnado concretamente, es decir, que se demuestre el interés y el perjuicio que debe invocar la parte para que prospere la apelación.

En el caso sub iudice, se desprende del cómputo realizado por la Secretaría de este Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital,, que“…“…desde el día veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), fecha en que se fijó el lapso para la fundamentación de la apelación, exclusive, hasta el día trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020), fecha en que terminó dicho lapso, inclusive, transcurrieron 10 días de despacho, correspondientes a los días 4,5,10,11,12 de marzo de dos mil veinte (2020) y los días 6,7,8,3 y 14 de octubre de dos mil veinte (2020).Asimismo ,(sic) se deja constancia que transcurrieron cinco (5) días continuos del término de la distancias correspondiente a los días 28,29 (sic) de febrero y 1,2 y 3de marzo de dos mil veinte (2020)(sic).”, evidenciándose que la parte apelante no presentó durante dicho lapso, ni con anterioridad al mismo, escrito en el cual indicara las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta el recurso de apelación, motivo por el cual resulta aplicable la consecuencia jurídica prevista en el citado artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Conforme a lo anterior, este Juzgado declara DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de marzo de 2018 por el Apoderado Judicial del ciudadano José William Torres. Así se decide.

Ahora bien, observa este Juzgado que mediante sentencia Nº 1.542 de fecha 11 de junio de 2003, (caso: Municipio Pedraza del Estado Barinas), la SalaConstitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que en los casos donde opere la consecuencia jurídica del desistimiento tácito de la apelación, examinar de oficio el contenido del fallo apelado con el objeto de constatar si el mismo: a) no viola normas de orden público y, b) no vulnera o contradice interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal, sobre el sentido y aplicación que debe dársele a determinadas normas del ordenamiento jurídico para garantizar su armonía con las disposiciones del Texto Fundamental.

De data más reciente es la sentencia Nº 150 de fecha 26 de febrero de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República (caso: Monique Fernández Izarra), mediante la cual se reiteró el criterio ut supra, estableciéndose lo que a continuación se expone:

“Conforme a lo dispuesto en el párrafo 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como ley procesal aplicable al caso, la sanción al incumplimiento de la carga de fundamentar el recurso de apelación consiste en que ésta se tenga como desistida, lo que conlleva la extinción del procedimiento en segunda instancia y la consecuente declaratoria de firmeza del fallo apelado, salvo dos importantes excepciones establecidas por la aludida disposición, como se observa de su texto:
De la norma surgen dos importantes excepciones que impiden al juez de la Alzada declarar firme el fallo aun (sic)cuando hayan operado las condiciones para declarar el desistimiento de la apelación o la perención de la instancia, de ser el caso; a saber: (i) que el fallo o acto recurrido violente normas de orden público y (ii) que por expresa norma legal corresponda al Tribunal Supremo de Justicia el control jurídico de la decisión o acto de que se trate.
Interesa en el presente caso destacar que la Sala ha ampliado las anteriores excepciones, fijando también como obligación del juez de Alzada la de examinar que el pronunciamiento jurisdiccional no contraríe interpretaciones dadas por esta Sala Constitucional en el ejercicio de la labor de interpretación encomendada por el Constituyente de 1999 en el artículo 335 del Texto Constitucional vigente. En tal sentido, dejó sentado en sentencia N° 1.542 del 11 de junio de 2003, caso: ‘Municipio Pedraza del Estado Barinas’, que:
(…)
Tal imperativo precisa entonces que la labor de juzgamiento en las instancias correspondientes no se limita a la mera confrontación de la inactividad de la parte en el cumplimiento de la carga prevista en la ley procesal, sino que exige un examen por parte del juez de Alzada de los elementos cursantes a los autos para verificar, de forma razonada, que no existe vulneración de alguna norma de orden público o que no se ha obviado la aplicación de algún criterio vinculante dimanado de esta Sala que obligue a su corrección oficiosa, antes de declarar la firmeza del fallo apelado…” (Destacado de este Juzgado).

Ahora bien, esta Alzada observa que habiéndose declarado en el presente caso la consecuencia jurídica del desistimiento del recurso de apelación por falta de fundamentación, conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta aplicable el criterio jurisprudencial expuesto, en virtud del cual aprecia esta Alzada que no se desprende del texto del fallo apelado, que el Juzgado A quo haya dejado de apreciar la existencia de alguna norma de orden público, ni tampoco que la resolución del asunto debatido vulnere o contradiga algún criterio vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

En virtud de lo expuesto, este Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declara FIRME el fallo dictado en fecha 5 de diciembre de 2019, dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinasque declaró Parcialmente con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esteJuzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de febrero de 2020por lapor el ciudadanoJOSE WILLIAM TORRES, titular de la cédula de identidad N°12.325.551, debidamente asistido por el Abogado Franklin Rodríguez Torres, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 83.239, contra el acto administrativo de fecha 6 de febrero de 2019, emanado del INSTITUTO DE CREDITO ARTESANAL Y LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO APURE (INCARPEM).

2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto.

3. FIRME el fallo apelado.

Publíquese, regístrese y remítase al Tribunal de Origen para su correspondiente notificación. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los () días del mes de dos mil veintiuno (2021). Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

El Juez Presidente (E),



YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA
Ponente


El Juez Vicepresidente (E),



DANNY JOSÉ RON ROJAS


La Jueza Suplente,


BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA

La Secretaria
DELIA PAREDES SANOJA


Exp. N° 2021-098
YARM/13

En fecha _______ (___) de dos mil veintiuno (2021), siendo la (s) _____________ de la _________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

La Secretaria.